México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la operación gubernamental a través de la elaboración de estudios especializados y el desarrollo de indicadores que sirvan para transparentar, evaluar y comparar acciones de gobierno.  En México Evalúa tenemos vocación por la incidencia. Buscamos proveer a la sociedad mexicana de parámetros para evaluar al gobierno; y nos interesa ofrecer al Congreso y a los tomadores de decisión ideas y propuestas para mejorar su función en la elaboración de mejores políticas públicas.

Lo que México Evalúa

Sin categoría

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los resultados de la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2023/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023</a>, uno de los instrumentos más completos y confiables para conocer las percepciones y experiencias sobre seguridad y justicia en México.
Entre los datos que han avivado la conversación está la relativa reducción del porcentaje de hogares que contaron con al menos un integrante víctima del delito, que pasa de 29 % en 2021 a 27.4 % en 2022. Sin duda, ésta es una buena noticia y una motivación para seguir trabajando con miras a mantener esta tendencia a la baja. Pero subyace un reto: la prevalencia de una cifra negra por arriba del 90 % desde el inicio de la serie de Envipe, en 2011. 
Más allá de estos contrastes, hay un elemento adicional que queremos destacar entre los resultados de la Envipe 2023, a la luz del cúmulo de datos de los levantamientos anteriores: visos de un descenso en la confianza en las Fuerzas Armadas, y el sugerente inicio de la recuperación de la confianza en las policías estatales y municipales.
Como resultado de un contexto permeado por la violencia y la impunidad, las percepciones ciudadanas en torno a la efectividad de las instituciones de seguridad y justicia locales, y la confianza que inspiran, han sido consistentemente bajas. En contraste, frente al combate militarizado contra el crimen organizado en México, las percepciones positivas sobre las Fuerzas Armadas han permanecido al alza. Sin embargo, una revisión de la Envipe desde su primer levantamiento (2011) a la fecha revela que si bien el personal militar sigue gozando de un lugar muy privilegiado en la opinión pública mexicana, se comienza a mostrar un proceso de desgaste, particularmente en las categorías de ‘mucha’ confianza y ‘muy’ efectivo, en las cuales se solía cosechar un apoyo mayoritario.
Como mostramos en la Figura 1, el porcentaje de personas que expresan ‘mucha’ confianza en el Ejército y la Marina ha ido a la baja. En particular se identifica una reducción sostenida desde 2019, con caídas de cinco y seis puntos porcentuales respectivamente. De hecho, la disminución es mayor que la observada en el inicio del Gobierno de Peña Nieto, cuando ambas instituciones gozaban de ‘mucha’ confianza entre más de la mitad de la población mexicana.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1324606" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Nivel-de-confianza-institucional.jpg" alt="Gráfica con el nivel de confianza que la gente le tiene a las instituciones, como Ejército, Marina y policías." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Nivel-de-confianza-institucional.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Nivel-de-confianza-institucional-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Nivel-de-confianza-institucional-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Nivel-de-confianza-institucional-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Si bien la serie para el caso de la Guardia Nacional es más corta, igualmente se revela una ligera disminución del porcentaje de quienes confían ‘mucho’ en esta fuerza del orden: de 33.9 % en 2020 a 30 % en 2023. Estas tendencias van de la mano de reducciones en la percepción de un desempeño ‘muy’ efectivo (Figura 2). En realidad, desde hace una década, las Fuerzas Armadas no han logrado posicionarse como instituciones ‘muy’ efectivas entre la mayoría de la población mexicana, y eso tampoco sucede con la Guardia Nacional, institución relativamente nueva que se debate entre un ‘alma’ militar y civil y que aún no se destaca por un desempeño ‘muy’ efectivo, dado que sólo el 28 % de la población así la percibe.
¿Se está erosionando tanto la confianza institucional en México que incluso sufre el bastión militar, considerado inconmovible hasta hace poco? La construcción de percepciones positivas sobre el desempeño de las instituciones de seguridad en el país es un reto mayúsculo frente al <a href="https://www.animalpolitico.com/2022/05/mexico-100-mil-desaparecidos-impunidad" target="_blank" rel="noopener">crecimiento de desapariciones</a>, <a href="https://votar-entre-balas.datacivica.org/" target="_blank" rel="noopener">numerosos ataques criminales a autoridades y personas candidatas</a>, <a href="https://www.nytimes.com/es/2023/06/21/espanol/ayotzinapa-ordenes-aprehension-militares.html" target="_blank" rel="noopener">escándalos de corrupción y encubrimiento a grupos criminales</a>. Sin embargo, de manera casi contraintuitiva, ahí están los destellos de recuperación que comienzan a mostrar las percepciones ciudadanas sobre la efectividad de las policías municipales y estatales.
Las corporaciones policiales subnacionales registran ‘algo’ de confianza sostenida desde 2016, a la vez que el porcentaje de quienes expresan ‘poca’ confianza se ha mantenido constante también. Adicionalmente, se registra un aumento paralelo en las percepciones de efectividad en el desempeño de las policías estatales y municipales. En el caso de la policía estatal, tras ser considerada como ‘algo’ efectiva por apenas un tercio de la población (34.3 %) en 2011, actualmente, casi la mitad (47.1 %) comparte tal percepción. La opinión sobre el desempeño de la policía municipal muestra un patrón similar, con un aumento de 13 puntos porcentuales en su percepción como institución ‘muy’ o ‘algo’ efectiva. Siguiendo con el nivel local, incluso la policía de tránsito ha registrado ligeras mejoras en cuanto a confianza y desempeño efectivo.
El comportamiento de las percepciones de desempeño de las instituciones de seguridad tiene implicaciones relevantes. Primero, el conjunto de levantamientos de Envipe, desde 2011 a la fecha, nos sugiere que la <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/Transferencia-de-facultades-a-las-Fuerzas-Armadas-2018-2020_-3.pdf" target="_blank" rel="noopener">expansión de funciones y responsabilidades de las Fuerzas Armadas</a>, <a href="https://www.wola.org/es/analisis/transformacion-militarizada-derechos-humanos-controles-democraticos-militarizacion-mexico/" target="_blank" rel="noopener">abusos y falta de transparencia</a> y <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2021/04/BRIEFING-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">violaciones de derechos humanos</a> por integrantes de estas instituciones han permeado en la opinión pública mexicana. Si bien preocupan las <a href="https://www.latinobarometro.org/lat.jsp" target="_blank" rel="noopener">actitudes a favor de políticas de mano dura</a> y <a href="https://www.mitofsky.mx/post/ejercicio-participativo-presencia-militar-en-calles-oct-22" target="_blank" rel="noopener">el apoyo a la permanencia del Ejército en las calles</a>, estos datos abren la posibilidad de trabajar, desde el electorado, en la demanda por políticas de seguridad que no expandan más las funciones de los militares y su resonancia para las personas candidatas en el próximo año electoral.
Segundo, la recuperación de manera consistente de las percepciones en torno a las policías subnacionales, tanto en confianza como en efectividad, sugieren la posibilidad de construir más acuerdos para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad desde lo local. Esto requiere de un trabajo conjunto, no sólo de autoridades, sino también de la sociedad civil, para encabezar ejercicios de rendición de cuentas claros y abiertos. En particular, el trabajo para el fortalecimiento de las policías municipales es crucial, ya que son las primeras en responder ante cualquier conflicto a nivel local. Tal es la apuesta del Programa de Seguridad de México Evalúa. Buscaremos multiplicar las vías para la construcción de capacidades desde las policías locales y abonar así a que su confianza y efectividad crezca.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1324610" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/efectividad-institucional.jpg" alt="Gráfica con la opinión de la gente sobre el nivel de efectividad en instituciones como el ejército, la marina, policías." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/efectividad-institucional.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/efectividad-institucional-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/efectividad-institucional-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/efectividad-institucional-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
* Sandra Ley (<a href="https://twitter.com/sjleyg" target="_blank" rel="noopener">@sjleyg</a>) es Coordinadora del Programa de Seguridad de <a class="css-4rbku5 css-18t94o4 css-901oao css-16my406 r-1cvl2hr r-1loqt21 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0" dir="ltr" role="link" href="https://twitter.com/mexevalua">@mexevalua</a>. Céline González (<a href="https://twitter.com/celinefa" target="_blank" rel="noopener">@celinefa</a>) es investigadora del mismo programa.

Envipe 2023: datos y esperanzas para apostar por la vía local

La semana pasada, la Secretaría de Hacienda presentó el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024. Uno de los temas más comentados ha sido la deuda, y con razón: para el siguiente año se estima un endeudamiento histórico de 5.4 % del PIB, aproximadamente de 1.8 billones de pesos, el más cuantioso jamás registrado.
Esto impulsará el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la medida más amplia de endeudamiento– a 49.8 % del PIB, cuando al cierre del sexenio pasado la deuda cerró en 44.9 %. Todo, a pesar de la promesa por parte del Ejecutivo de no endeudar al país. Recordemos que en aras de mantener finanzas públicas sanas, el presidente plasmó en el <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&amp;fecha=12/07/2019#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">Plan Nacional de Desarrollo</a>:
El gobierno de la Cuarta Transformación recibió la pesada herencia de una deuda pública de 10 billones de pesos, resultado de la irresponsabilidad y la corrupción del régimen anterior, lo que obliga a destinar 800 mil millones de pesos del presupuesto para pagar el servicio de esa deuda. En este sexenio no se recurrirá a endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni para ningún otro propósito (el énfasis es nuestro).
El mayor problema es que la deuda no se utilizará sólo para inversión (como debe ser) sino para el gasto corriente. En la iniciativa de Ley de Ingresos de 2024, el Gobierno solicita, como hemos dicho, que el Congreso autorice un endeudamiento de alrededor de 1.8 billones de pesos, pero plantea un gasto en la inversión física de apenas 889 mmdp. De esta manera, el Gobierno federal volverá a romper la ‘regla de oro’ del financiamiento sostenible, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> la cual reza que la deuda pública debe ser, por lo menos, del mismo nivel que la inversión física.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1322906" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/deuda-publica-2024.jpg" alt="Gráfica con los datos del comportamiento de la deuda pública propuesta para 2024, monto histórico y mayor a la inversión, lo que viola el artículo 73 de la CPEUM." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/deuda-publica-2024.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/deuda-publica-2024-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/deuda-publica-2024-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/deuda-publica-2024-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
<h2>¿Para qué nos endeudamos? No se sabe</h2>
No sólo se romperá una regla de oro; también se pasará por encima de la Constitución, que establece que la deuda que se contrate debe ser para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> En los informes trimestrales remitidos al Congreso, Hacienda desglosa el destino de la deuda interna y externa del Gobierno federal. Se trata de un desglose que se caracteriza por su generalidad, lo que impide conocer de manera precisa el uso del endeudamiento.
Por ejemplo, los reportes del <a href="https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2022/ivt/03aedp/itapdpdc_202204.pdf" target="_blank" rel="noopener">cierre de 2022</a> desglosan que el destino del 99.7 % de la deuda interna ha sido para el “Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos”, mientras que “Aplicación por Ley del ISSSTE” representa el 0.3 %. Por lo que hace a la deuda externa, el 79.7 % se destinó al “Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos”, 5.9 % a “Políticas de Desarrollo de Crecimiento Económico Inclusivo y Sostenible”, 4 % a “Propósitos Generales del Gobierno Federal”, y sólo en el 10.4 % podemos identificar de manera específica los programas financiados por la deuda externa.
Esta falta de especificidad también se observa en los informes de transparencia. Hacienda está obligada a publicar la información sobre el destino de la deuda pública, pero en los contratos de deuda pública registrados en estos reportes de 2022 se plasma como destino “Financiar el Déficit”.
Por último, los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también son (o deberían ser) una fuente de información para conocer el destino de la deuda del Gobierno federal, pues la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF_200521.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley de Fiscalización</a> prevé que la Auditoría debe verificar el cumplimiento legal en el manejo de la deuda, incluida su aplicación.
En los informes de 2016, 2017 y 2018 la ASF estableció que el destino de la deuda pública del Gobierno federal fue para financiar el PEF y para el canje o refinanciamiento de pasivos, mientras que en los informes 2019, 2020, 2021 y 2022 no se fiscalizó la aplicación de la deuda.
<h2>Menos vigilancia del destino de la deuda</h2>
Durante éste y el pasado Gobierno federal, las auditorías de la ASF se han relajado en cuanto a la aplicación de la deuda. La Auditoría ya no se pronuncia respecto de la legalidad de su uso. Comparemos: en la <a href="https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo2/2009_0824_a.pdf" target="_blank" rel="noopener">auditoría de desempeño</a> a la deuda relativa a la Cuenta Pública de 2009, la ASF dictaminó negativamente a la SHCP al considerar que no cumplió con las disposiciones normativas que integran la deuda directa y contingente del Sector Público federal porque, entre otros motivos, no se comprobó que los recursos procedentes de financiamientos se destinaran a proyectos, actividades y empresas que produzcan ingresos para su pago.
Asimismo, la ASF concluyó que la autorización de endeudamiento para cubrir el déficit del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 no debía ser para gasto social o corriente, sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.
Posteriormente, en los informes de auditoría de desempeño de las cuentas públicas de <a href="https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gobierno/2011_0104_a.pdf" target="_blank" rel="noopener">2011</a> y <a href="https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0200_a.pdf" target="_blank" rel="noopener">2012</a>, la ASF dictaminó que en ambos ejercicios el manejo de la deuda por parte de la SHCP cumplió en términos generales con las obligaciones de ley, excepto por las siguientes acciones:
<ul>
<li>De 2006 a 2011, el 69 % del endeudamiento neto del Gobierno federal se utilizó para pagar el costo financiero de la deuda, cuando debería destinarse a la ejecución de obras.</li>
<li>En 2011, el 73.5 % del endeudamiento neto del Gobierno federal fue para cubrir el costo financiero de la deuda, lo que significa que de los recursos que se obtienen de la deuda se aplican para el pago de los intereses.</li>
<li>No cuidó que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de deuda se destinaran para la ejecución de obras que directamente produjeran un incremento en los ingresos públicos, o para la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyaran los planes de desarrollo económico y social, que generaran ingresos para su pago; o que fueran para fines de inversión pública productiva.</li>
</ul>
Este tipo de auditorías no siguieron adelante. En los últimos años se han mantenido auditorías de deuda pública del Gobierno federal, pero ya no verifican que el destino de la deuda se apegue a la Constitución.
<h2>¿Una ley que va en contra de la Constitución?</h2>
La discusión en torno a la deuda es todavía más amplia. En la Evaluación de la Política Pública de Deuda, correspondiente a la Cuenta Pública <a href="https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gobierno/2011_0126_a.pdf" target="_blank" rel="noopener">2011</a>, la ASF concluyó que la Ley Federal de Deuda Pública (LFDP) “va más allá del mandato constitucional”, y que promueve su uso para un fin no establecido en la Constitución: el financiamiento del presupuesto público.
La LFDP establece que la SHCP puede emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, para canje o refinanciamiento de obligaciones; cuidar que los recursos procedentes de financiamientos se destinen a proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, y contratar y manejar la deuda pública del Gobierno federal siempre que se destinen a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que generen los recursos suficientes para el pago del crédito.
No obstante, la LFDP también prevé en su artículo 12 que “los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión serán la base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de los Presupuestos de Egresos de la Federación”. Por lo tanto, pareciera que este artículo contempla un supuesto no previsto en el marco constitucional. El financiamiento del PEF es un concepto tan amplio que, dependiendo la clasificación contable que se utilice, podemos presumir que se está destinando tanto a gasto de capital o inversión pública, como a gasto corriente o pensiones y jubilaciones, por ejemplo.
Este concepto y precepto señalado en el artículo 12 de la LFDP ha permitido que éste y los anteriores gobiernos, en la respectiva iniciativa de Ley de Ingresos, hayan solicitado la autorización de contratar deuda para el “financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal” correspondiente, y que así se haya aprobado.
Sin embargo, esto no elimina la posibilidad de que un bloque de legisladores pudiera promover una acción de inconstitucionalidad ante una Ley de Ingresos que apruebe la contratación de deuda para el financiamiento del PEF, al ser un concepto que se extralimita de los preceptos constitucionales, y en consecuencia, que la Corte deba pronunciarse.
De hecho, en 2013 diversos senadores <a href="https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2016-11-22/MP_AccInconst-38-2013_4.pdf" target="_blank" rel="noopener">promovieron una acción de inconstitucionalidad</a> por la invalidez del artículo 2 de Ley de Ingresos de la Federación 2014. Uno de sus argumentos fue que este artículo autoriza la celebración de empréstitos con un fin distinto a los autorizados en la fracción VIII del artículo 73 constitucional, ya que en ellos se establece que la deuda será para el financiamiento del Presupuesto de Egresos.
La Corte determinó que era infundada la acción de inconstitucionalidad y un par de argumentos que sostiene la <a href="https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2013/19/3_160134_2148.doc" target="_blank" rel="noopener">sentencia</a> es que:
Sólo si el monto de la deuda sobrepasara el monto de este rubro, es que podríamos verificar que la deuda se estaría dedicando o dirigiendo a otros rubros distintos al de inversión, como podría ser el gasto corriente estructural.
El monto de la deuda no sobrepasa el monto de la inversión física, por lo que nos encontramos debajo del margen establecido constitucionalmente por la fracción VIII del artículo 73 constitucional.
Esos argumentos fueron de 2014, cuando el monto de la inversión física en el PEF era mayor al monto de endeudamiento de la Ley de Ingresos (LI). Pero ahora sí nos encontramos en un escenario en el que el monto de la deuda sobrepasa la inversión física. Por esta razón, vuelve a presentarse la oportunidad de que ciertos legisladores puedan promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Ingresos 2024, después de publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Si los ministros son consistentes con sus votos, la Corte podría determinar la inconstitucionalidad del artículo 2 de la LI 2024, la cual permite que la deuda sirva para el financiamiento del PEF, mientras que el PEF plantea montos menores para la inversión.
<h2>¿Qué hacer?</h2>
La responsabilidad sobre la sostenibilidad y la gestión de la deuda no es exclusiva del Gobierno. Actualmente, el Congreso también es partícipe de sus procesos de contratación, al tener prerrogativas para autorizar los montos de deuda que solicita el Poder Ejecutivo y para recibir información sobre su manejo. Estas atribuciones, en todo caso, son limitadas, y estamos convencidos que los tiempos ameritan que los legisladores tengan un rol más profundo en materia de deuda pública.
Nuestra propuesta: reformar la Ley Federal de Deuda Pública y alinearla con la Constitución:
<ul>
<li>Eliminar las disposiciones de la ley que permiten la contratación de deuda para el financiamiento del presupuesto de egresos, y únicamente prever que el uso de la deuda sea para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos; para propósitos de regulación monetaria, operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda bajo las mejores condiciones de mercado; o cuando nos encontremos en un estado de excepción (como se establece en la Constitución).</li>
<li>Definir en la ley la “ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”. Esta definición reducirá los márgenes de interpretación sobre los programas y proyectos que podrá financiar el Gobierno, como ya lo define la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM). <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a></li>
<li>Prohibir expresamente que la deuda se destine a gasto corriente, como ahora lo señala la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución para la contratación de deuda pública de los estados.</li>
<li>Incluir en el capítulo III de la LFDP para que la contratación de deuda que el Congreso autorizó se materialice mediante la expedición de decretos expedidos por la SHCP o las empresas productivas del estado (EPE), en los que se indique el monto contratado, el plazo máximo autorizado para el pago, el destino específico (las obras específicas a financiar), y las fuentes de pago. La expedición de decretos es una práctica ejercida en <a href="https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1188830" target="_blank" rel="noopener">Chile</a> y se establece en sus <a href="http://bibliotecadigital.dipres.gob.cl/bitstream/handle/11626/18921/DO_Ley_21516_Ppto%202023.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y" target="_blank" rel="noopener">presupuestos de egresos</a>.</li>
<li>Otorgar atribuciones a una institución especializada para evaluar las necesidades de financiamiento del Sector Público y su capacidad de pago, analizar los programas de financiamiento, y recomendar políticas para mantener un endeudamiento sostenible. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a></li>
</ul>
También es necesario reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH):
<ul>
<li>Adicionar una disposición al artículo 40 de la ley, la cual regula el contenido de los proyectos de las leyes de ingresos, para que la SHCP incluya un listado de las obras que se prevén financiar con deuda del Gobierno federal y sus organismos, así como de las Empresas Productivas del Estado.</li>
</ul>
Y por último, conviene adicionar una disposición en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para garantizar que la Auditoría Superior de la Federación, en la emisión de sus auditorías anuales de deuda pública del Gobierno federal y de las EPE, verifique que el destino de la deuda se apega al mandato constitucional y no al gasto corriente.
* Ramiro Suárez y Jorge Cano son investigadores del programa de Gasto Público de México Evalúa.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> La regla de oro del endeudamiento es que la inversión debe ser por lo menos igual a la deuda. Para 2024 se propone el mayor endeudamiento desde 1990, pero un recorte de la inversión física de 23%. Como resultado por cada peso de endeudamiento sólo se gastarán 0.59 pesos en inversión, la proporción más baja desde 2009 y el resto se usará para financiar el gasto corriente.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Adicionalmente, el marco constitucional permite la celebración de empréstitos para propósitos de regulación monetaria, operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda bajo las mejores condiciones de mercado; o durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República cuando nos encontremos en un estado de excepción.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> El artículo 2 de la LFDFEFM define inversión pública productiva como toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Anteriormente, la LFDP contemplaba una Comisión Asesora de Financiamientos Externos que contemplaba esas atribuciones para financiamientos externos, pero fue eliminada con la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdp/LFDP_ref06_27abr16.pdf" target="_blank" rel="noopener">reforma</a> a esta Ley en 2016.

Frenar la deuda es tarea del Congreso

Al inicio del sexenio el Gobierno prometió que se garantizaría a los mexicanos “atención médica, medicamentos gratuitos”, hasta llegar al punto de contar con un “sistema de salud de primera como el de Canadá o el de países nórdicos (<a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/580709/100_compromisos_1_de_septiembre_2020.pdf" target="_blank" rel="noopener">compromiso que dio por cumplido en 2020</a>, gracias a la creación del Insabi). Sin embargo, la evidencia en la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) dice otra cosa.
En 2022, ya superada la pandemia, las familias mexicanas gastaron al trimestre, en salud, 54 % (469 pesos) más que en 2018, y la proporción de ellas que se atendieron en el sector privado ascendió a 59%, cuando en 2018 era 46 %. Estos son indicios de que las brechas de acceso a la salud se han ampliado. Son, pues, señales de un retroceso que (y esto es lo más grave) se ha concentrado en los estados más vulnerables del país, en las personas mayores y en la población indígena.
<h2>El camino hacia los gastos catastróficos</h2>
Empecemos analizando el gasto de bolsillo por entidad federativa. Recordemos que el compromiso era ayudar a las zonas más marginadas del país; sin embargo, la población en ellas es la que ha tenido que desembolsar más dinero para los cuidados de la salud. Por ejemplo, en Oaxaca los hogares destinaron el 5.9 % de su gasto para este fin en 2022; esto es 2.5 puntos porcentuales por arriba del promedio nacional (3.5 %). De hecho, entre 2022 y 2018 las familias oaxaqueñas han tenido que incrementar su gasto para el cuidado de la salud: en 2018, gastaron en promedio 819 pesos al trimestre, mientras que para 2022 tal gasto se incrementó a 1,578 pesos. El crecimiento real es de 93 % (759 pesos).
Para fines de evaluación de políticas públicas de salud, es útil notar que los estados en los que los hogares tienen que desembolsar más dinero para acceder a servicios de salud son también los más rezagados en términos económicos. Vamos de nuevo a Oaxaca: es el estado con mayor gasto de bolsillo en salud y el tercero con menor ingreso monetario por hogar (43,342 pesos al trimestre). Baja California Sur, por su parte, es el estado con el ingreso monetario de los hogares más alto del país, (91,417 pesos al trimestre), y el segundo con menor gasto de bolsillo.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1320960" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/gasto-de-bolsillo-en-salud.jpg" alt="Gráfica con el gasto de bolsillo en salud que se realiza en los estados" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/gasto-de-bolsillo-en-salud.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/gasto-de-bolsillo-en-salud-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/gasto-de-bolsillo-en-salud-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/gasto-de-bolsillo-en-salud-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
El fenómeno puede ser explicado, en parte, por el hecho de que en el grupo de estados en los que se ha incrementado en mayor medida este tipo de gasto de bolsillo también se encuentran algunos en los que hay una privatización del sector salud más extendida. Por ejemplo, en Oaxaca en 2018 el 46.1 % de las personas que tuvieron problemas médicos asistieron al sector privado –a eso nos referimos con ‘privatización’ del sector–, una proporción que en 2022 llegó a 60.7 %; en el mismo periodo, este gasto aumentó, como ya dijimos, 93 % al trimestre. Por otro lado, tenemos a Sinaloa, estado en el que en 2018 el 41.5 % de la población se atendió en el sector privado, y en 2022 lo hizo el 60.3 %; en el mismo periodo su gasto de bolsillo para salud se incrementó 36.7 % (382.4 pesos). En Puebla, donde la privatización del sector salud pasó de 44.8 % en 2018 a 58.6 % en 2022, el gasto de bolsillo se incrementó 25.3 % (226.3 pesos).
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1320962" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/privatizacion-de-los-servicios-de-salud-en-los-estados.jpg" alt="Gráfica con los datos de la privatización de los servicios de salud en los estados." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/privatizacion-de-los-servicios-de-salud-en-los-estados.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/privatizacion-de-los-servicios-de-salud-en-los-estados-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/privatizacion-de-los-servicios-de-salud-en-los-estados-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/privatizacion-de-los-servicios-de-salud-en-los-estados-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
El incremento en el desembolso que los hogares tienen que hacer para atender la salud de alguno de sus integrantes puede ponerlos en la puerta de lo que se conoce como ‘gastos catastróficos’, es decir, cuando tal monto representa 30 % o más de la capacidad de pago de los hogares, definida como los ingresos efectivos que están por encima del gasto mínimo requerido para mantener un nivel de vida básico.
Pues bien, en 2022 poco más de un millón de hogares (el 2.7 % del total) incurrieron en gastos catastróficos de salud. Si comparamos contra 2018, el incremento es de 341 mil hogares. Veracruz es el estado en el que se encuentra la mayor cantidad de hogares que incurrieron en este tipo de gasto: 106 mil y fracción, seguido del Estado de México, con 82 mil hogares. Por contra, los estados en los que hay menor número de hogares que incurrieron en gastos catastróficos son Baja California Sur (2,760 hogares) y Colima (3,788 hogares).
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1320964" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/estados-donde-hubo-mayor-gasto-catastrofico-en-los-servicios-de-salud-por-hogares.jpg" alt="Grafica con los datos de los estados donde hubo mayor gasto catastrófico en los servicios de salud por hogares." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/estados-donde-hubo-mayor-gasto-catastrofico-en-los-servicios-de-salud-por-hogares.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/estados-donde-hubo-mayor-gasto-catastrofico-en-los-servicios-de-salud-por-hogares-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/estados-donde-hubo-mayor-gasto-catastrofico-en-los-servicios-de-salud-por-hogares-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/estados-donde-hubo-mayor-gasto-catastrofico-en-los-servicios-de-salud-por-hogares-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Huelga decir que incurrir en gastos catastróficos puede llevar a que los hogares caigan en un ‘gasto empobrecedor’; cuya definición formal es la de un gasto que reduce los recursos de los hogares por debajo del nivel de subsistencia. Para esto último, el nivel de subsistencia se define como el gasto mínimo requerido para mantener un nivel de vida básico, y se calcula como el gasto de consumo mínimo en alimentos por persona en un hogar. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Al comparar los resultados de la ENIGH 2018 y 2022, observamos un incremento en el número de hogares empobrecidos: en 2018, a nivel nacional eran 179 mil 685 hogares los que cayeron en esa condición debido al desembolso para el cuidado de la salud, mientras que para 2022 el número se incrementó a 288 mil 639 hogares (de nuevo, Veracruz el estado en el que se verificó el mayor incremento).
<h2>Hogares en situación de carencia</h2>
Lo que estamos presenciando, virtualmente, es el abandono de los hogares por parte del Gobierno. Otra manera de decirlo: los hogares se empobrecen para poder cubrir la insuficiencia del sistema de salud pública. Esta idea se refuerza al analizar cuántas personas carecen de algún servicio de salud. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Como mencionamos al inicio, su número ascendió a 50.3 millones en 2022, lo cual representó un incremento de 151% o 30.3 millones de personas frente a 2018. El 49% de esta población (sin servicios de salud) se concentra en apenas seis estados: Estado de México (7.6 millones de personas), Veracruz (4 millones), Chiapas (3.7 millones), Puebla (3.2 millones) y Jalisco (3.1 millones).
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1320965" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/estados-con-mayor-incremento-en-el-numero-de-personas-con-carencias-de-acceso-a-servicios-de-salud.jpg" alt="Gráfica con los datos por estado con mayor incremento en la carencia de acceso a los servicios de salud" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/estados-con-mayor-incremento-en-el-numero-de-personas-con-carencias-de-acceso-a-servicios-de-salud.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/estados-con-mayor-incremento-en-el-numero-de-personas-con-carencias-de-acceso-a-servicios-de-salud-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/estados-con-mayor-incremento-en-el-numero-de-personas-con-carencias-de-acceso-a-servicios-de-salud-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/estados-con-mayor-incremento-en-el-numero-de-personas-con-carencias-de-acceso-a-servicios-de-salud-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
No sólo es preocupante el aumento generalizado del número de personas que cayeron en situación de carencia de acceso a los servicios de salud; sino también el hecho de que este aumento se ha dado en grupos vulnerables de la población. En 2022, el 48% (cerca de 16.4 millones de personas) de la población indígena se encuentra en esta situación de carencia; un incremento importante con respecto a 2018, cuando llegó al 15% (5.4 millones de personas). En efecto: se ha triplicado el número de personas indígenas que han caído en la carencia de los servicios de salud pública.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1320966" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/personas-indigenas-con-carencia-de-servicios-de-salud.jpg" alt="Gráfica con los datos de personas indígenas con carencia de acceso a los servicios de salud." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/personas-indigenas-con-carencia-de-servicios-de-salud.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/personas-indigenas-con-carencia-de-servicios-de-salud-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/personas-indigenas-con-carencia-de-servicios-de-salud-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/personas-indigenas-con-carencia-de-servicios-de-salud-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Si analizamos desde una perspectiva de género, observamos asimismo un desorbitante crecimiento en el número de mujeres que se han vuelto carentes de servicios de salud: en 2018 eran nueve millones de mujeres en tal circunstancia; en 2022 llegó a&#8230; 25.1 millones de mujeres. En cuatro años cayeron en carencia 16.1 millones de mujeres. Respecto al total de población por género, en 2018 las mujeres que no tenían acceso a servicios de salud representaron el 14 %, mientras que para 2022 llegaron a 37 % del total; en hombres, fue 18 % en 2018 y 41 % en 2022.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1320967" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/incremento-de-mujeres-con-carencia-de-acceso-a-servicios-de-salud.jpg" alt="Gráfica con el incremento en el número de mujeres con carencia de acceso a los servicios de salud." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/incremento-de-mujeres-con-carencia-de-acceso-a-servicios-de-salud.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/incremento-de-mujeres-con-carencia-de-acceso-a-servicios-de-salud-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/incremento-de-mujeres-con-carencia-de-acceso-a-servicios-de-salud-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/incremento-de-mujeres-con-carencia-de-acceso-a-servicios-de-salud-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
El retroceso en el acceso a los servicios del cuidado de la salud es reflejo del manejo clientelar del presupuesto: mientras que en 2023 los recursos para las pensiones para adultos mayores <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2022/10/04/el-presupuesto-unidimensional-subsidios-en-el-pef-2023/">aumentaron en </a><a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2022/10/04/el-presupuesto-unidimensional-subsidios-en-el-pef-2023/"> </a><a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2022/10/04/el-presupuesto-unidimensional-subsidios-en-el-pef-2023/" target="_blank" rel="noopener">629 %</a> frente a 2018, los recursos del Insabi e IMSS-Bienestar fueron en conjunto 6.2% menores. Vaya ironía: el número de personas mayores que se encuentran en situación de carencia de acceso a servicios de salud pasó de 1 millón en 2018 a 3.7 millones en 2022.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1320969" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/incremento-en-menores-de-edad-y-adultos-mayores-en-carencia-de-acceso-a-servicios-de-salud.jpg" alt="Gráfica con el incremento en menores de edad y adultos mayores en carencia de acceso a servicios de salud." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/incremento-en-menores-de-edad-y-adultos-mayores-en-carencia-de-acceso-a-servicios-de-salud.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/incremento-en-menores-de-edad-y-adultos-mayores-en-carencia-de-acceso-a-servicios-de-salud-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/incremento-en-menores-de-edad-y-adultos-mayores-en-carencia-de-acceso-a-servicios-de-salud-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/incremento-en-menores-de-edad-y-adultos-mayores-en-carencia-de-acceso-a-servicios-de-salud-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
En conclusión, los hechos contradicen fuertemente las profecías autocumplidas del actual Gobierno. Más que buenos deseos, México requiere de un replanteamiento total del sistema de salud pública, el cual empieza con la aceptación del lugar donde estamos parados. Tres temas no pueden pasar desapercibidos: 1) es necesario analizar en términos de población: cuántas personas, en dónde se localizan y cuáles son sus características económicas y demográficas; 2) hay que hablar de financiamiento: ¿cuánto se requiere para el sistema de salud y con cuánto se cuenta actualmente? y 3) hay que idear mecanismos institucionales y legales para lograr tal financiamiento sin caer en la opacidad o simulación del ejercicio de recursos públicos.
* Carlos Vázquez y Jorge Cano son investigadores del programa de Gasto Público de México Evalúa (<a href="https://twitter.com/mexevalua" target="_blank" rel="noopener">@mexevalua</a>).
&nbsp;
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> De acuerdo con la metodología del Coneval, una persona se considera carente cuando no se encuentra afiliado a un sistema de salud público o privado.

Los que han perdido más en la caída de los servicios de salud

En nuestra <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/lo-que-mexico-evalua/condiciones-laborales-de-policias-municipales" target="_blank" rel="noopener">entrega anterior </a>activamos un tema desdibujado en la agenda pública: la necesidad de fortalecer a las policías municipales. Presentamos evidencia de que la mayoría de las corporaciones de policías municipales del país no cuentan con las prestaciones laborales mínimas establecidas en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC). Una muestra: 50 % de los policías reciben sólo bono anual, vacaciones, bono vacacional y seguro de vida; el 22 % goza de beneficios médicos institucionales y menos del 10 % cuenta con crédito a la vivienda y pensión de jubilación, todo eso con un sueldo promedio de menos de 13,639 pesos.
La anterior circunstancia nos motivó a proponer un estándar básico y uno complementario de las condiciones de trabajo mínimas que deberían tener los agentes de estas corporaciones, con el fin de mejorar su vida, promover el engrosamiento de sus filas y, sobre todo, regenerar su capacidad de prevenir y atender la violencia en el país.
Sin embargo, no hay estándar ambicioso que pueda cumplirse si no averiguamos primero cuánto cuesta hacerlo realidad, y si no se incrementa –y se sostiene en el largo plazo– el presupuesto de estas policías.
Actualmente, los recursos que financian a las corporaciones policiales municipales provienen de las secretarías de Seguridad de los municipios, fondeadas con recursos municipales y estatales, así como por fondos federales. Pues bien, estos recursos en la mayoría de los municipios no son suficientes, y menos para dar a los policías las prestaciones establecidas en la ley. Una muestra más: los recursos provenientes de la Federación destinados a seguridad estatal y municipal han pasado de 36,100 millones en 2012 a 25,500 millones en 2022, caída que ha afectado particularmente a los municipios, ya que algunos dependen en gran medida de estos recursos.
En México Evalúa consideramos que se pueden diversificar las fuentes de financiamiento y ampliar los montos disponibles si se logra una mayor recaudación de impuestos y derechos municipales y estatales. Allí está la gran área de oportunidad, junto con la colaboración del sector privado y la sociedad.
El área con mayor potencial está en el cobro del predial, ya que la mayoría de los municipios se encuentran muy lejos de su potencial recaudatorio en este sentido<a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2021/" target="_blank" rel="noopener">. Mientras que en unos pocos municipios 80 % de las propiedades de bienes raíces pagan su predial,</a> como Zapopan, hay otros, como Mexicali, en los que menos del 50 % de ellas lo pagan. Adicionalmente, los valores catastrales de las propiedades se encuentran lejos de los valores comerciales actuales; por ejemplo, San Pedro Garza García tiene valores catastrales equivalentes al 70 % del valor comercial, pero Hermosillo tan sólo de 10 %.
Se puede instrumentar una variedad de cambios para maximizar el potencial recaudatorio del predial (sin subir la tasa impositiva). Entre los más evidentes están la actualización del valor catastral, la formalización de propiedades, la implementación de un programa de inspecciones, la mejora de la infraestructura pública y la diversificación de los métodos de pago del impuesto. Además, sería conveniente minimizar la captura política de las juntas catastrales, las cuales impiden la evolución del cobro del predial al limitar cambios tendientes a incrementar la recaudación.
Otra oportunidad para obtener fondos adicionales está en la sobretasa al Impuesto Sobre la Nómina (ISN). <a href="https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/audit/2023/Matriz-simplificada-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Este impuesto estatal,</a> que actualmente va desde 2 % al 4 % en el conjunto de entidades, podría incrementarse a través de una sobretasa en las entidades que tengan margen para hacerlo. Una empresa pequeña promedio, por ejemplo, pagaría cerca de 10 mil pesos al año con un incremento de 0.5 puntos porcentuales al ISN. En todo caso, es recomendable que la sobretasa se destine a un fideicomiso que incluya un porcentaje específico para el mejoramiento de las condiciones de los policías municipales. Allí está el ejemplo exitoso de Chihuahua, donde se creó el <a href="https://ficosec.org" target="_blank" rel="noopener">Ficosec</a>, un fideicomiso apartidario y sin fines de lucro fondeado por el incremento al ISN, cuya finalidad es impulsar la competitividad y la seguridad locales. Una de las características más importantes de Ficosec es la transparencia y la participación del sector privado en la decisión sobre el uso de los recursos.
Implementar un Derecho de Protección Policial, propuesto en el MNPJC vigente, a través del cobro de una cuota fija a los negocios (dependiendo de su tamaño), es también una prometedora fuente de ingresos municipales. Para hacer realidad esta propuesta se requeriría de un diálogo cercano y cuidadoso con la comunidad de empresarios, cuyas necesidades y preocupaciones deben ser consideradas a la hora de definir los lineamientos de operación de los ingresos colectados.
Desde México Evalúa proponemos a los municipios grandes la creación de fundaciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad a través de la mejora de las condiciones de los policías. Este tipo de <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Police_foundation" target="_blank" rel="noopener">fundaciones</a> deberían poder recibir donativos, a partir de los cuales se financiarían con toda transparencia programas que impacten en el bienestar de los policías municipales. Este tipo de esquemas son muy capaces estrechar la relación entre la policía y las comunidades.
Independientemente de las formas de financiamiento elegidas, lo más importante para lograr la sostenibilidad en el largo plazo es la creación de instrumentos que garanticen que los recursos se invierten en el mejoramiento de las condiciones de los policías; que sean transparentes, fiscalizables y que consideren las necesidades de los empresarios y de la ciudadanía.
Es relevante preguntarnos: ¿cómo cuidamos a las personas en cuyas manos ponemos nuestra seguridad e, incluso, nuestra vida? ¿Estamos todos de acuerdo en que un policía debería poder comprar una casa o tener una pensión? ¿Estamos dispuestos a hacer algo al respecto?
Esperen pronto los detalles de nuestras propuestas.
* Elsy Alcalá es investigadora del programa de Gasto Público de México Evalúa.

Policías municipales: mejorar su vida es una prioridad ciudadana

10 alertas sobre los libros de texto gratuitos y los planes de estudio de educación básica

<div class="css-1dbjc4n r-1wbh5a2 r-dnmrzs r-1ny4l3l" tabindex="-1">
<div class="css-1dbjc4n">
<div class="css-901oao css-1hf3ou5 r-14j79pv r-18u37iz r-37j5jr r-1wvb978 r-a023e6 r-16dba41 r-rjixqe r-bcqeeo r-qvutc0" dir="ltr">
En México tenemos una gran deuda con las policías municipales. No obstante hoy, en materia de seguridad, la apuesta está en las fuerzas del orden federal, lo que equivale a ignorar <a href="https://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v26n1/1405-1079-gpp-26-01-00139.pdf" target="_blank" rel="noopener">el papel crucial que desempeñan las policías municipales</a> a la hora de mantener el orden, prevenir la violencia y alimentar (o torpedear) la confianza ciudadana en las instituciones. Además, tal priorización debilita aún más al <a href="https://www.nexos.com.mx/?p=24024" target="_blank" rel="noopener">municipio, la unidad que el crimen organizado busca primeramente controlar</a> o en la que quiere incidir, y <a href="https://votar-entre-balas.datacivica.org/" target="_blank" rel="noopener">en cuyas autoridades concentra la mayor parte de sus ataques de alto perfil</a>. Así, se genera un círculo vicioso cuyo principal efecto es el desmantelamiento de las policías municipales: <a href="https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-municipios-sin-policias-estados-datos-secretaria-gobernacion/1547460" target="_blank" rel="noopener">más de 200 municipios en todo el país hoy no cuentan con tales corporaciones</a>.
Comenzar a pagar esa deuda supone, entre otras cosas, mejorar las condiciones laborales de las policías municipales. Por ley, deberían recibir prestaciones laborales mínimas. Sin embargo, una serie de contradicciones legales, la falta de apoyo institucional y la debilidad de las finanzas locales obstaculizan la viabilidad y sostenibilidad de esos beneficios, situación que se agrava porque no hay una discusión completa sobre qué tanto influyen las condiciones laborales en el adecuado rendimiento de la función policial. Por ello, desde México Evalúa nos hemos dado a la tarea de desarrollar un estándar de condiciones laborales para estas policías, lo que ha requerido un cuidadoso análisis de sus condiciones actuales y de sus marcos regulatorios, que describiremos a continuación.
La arquitectura legal que regula las prestaciones laborales de las policías municipales tiene su anclaje en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica –éste último detalla el mayor número de ellas, desde la extensión máxima de turnos hasta procesos de profesionalización policial y de evaluación de confianza y desempeño–. En la práctica, el modelo y los mecanismos de provisión de beneficios no son claros, y quedan a consideración de las autoridades locales, sin cubrir la totalidad del paquete de prestaciones que requiere la policía municipal. Esto abre aún más espacio a contradicciones legales entre lo que se establece en leyes estatales, regulaciones internas de las secretarías de Seguridad Pública y el contrato que finalmente firman las y los policías. Más aun, ninguno de estos instrumentos considera la definición de fuentes de financiamiento sostenido para estos beneficios.
Con información del <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2021/" target="_blank" rel="noopener">Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021</a>, publicado por el Inegi, identificamos que, a pesar de la abundante regulación sobre las condiciones laborales de los policías en México, en general son pocas las que realmente se otorgan. Al menos el 50% de las y los policías a nivel nacional reciben sólo cuatro beneficios: bono anual, vacaciones, prima vacacional y seguro de vida. La mayoría de los policías locales a lo largo del país no cuentan con las condiciones específicas de trabajo exigidas por la legislación federal, tales como apoyo de vivienda, fondos de retiro, acceso a actividades recreativas, entre otras. De hecho, los beneficios de seguridad social son percibidos por un menor porcentaje de policías. Solo el 22% goza de servicios médicos institucionales. Menos del 10% tiene acceso a beneficios patrimoniales como crédito para vivienda, crédito automotriz o comercial y pensiones de jubilación. Este déficit implica que las y los agentes enfrentan, de facto, condiciones de pobreza, sin bienes ni patrimonio. A ello se debe añadir una tasa de mortalidad en ascenso, dado el ya mencionado <a href="https://drive.google.com/file/d/1rhVGdAq_5csrJcZqrlVm7F38ctGB9x6k/view?usp=drive_link" target="_blank" rel="noopener">crecimiento de ataques directos a las policías municipales en años recientes</a>.
Mejorar las condiciones de trabajo de las policías municipales es un paso necesario para incrementar el tamaño y profesionalización de estas corporaciones. El estándar que proponemos desde México Evalúa busca guiar esta mejora, con dos conjuntos de componentes: 1. beneficios básicos que todas las corporaciones deben poner a disposición de sus agentes, dado que están legalmente establecidos en las normas de la ley federal, y 2. beneficios laborales complementarios, definidos por los gobiernos locales, y cuya implementación efectiva puede tomar más tiempo dependiendo de las capacidades locales y las oportunidades de financiamiento, pero que no dejan de ser importantes dada la naturaleza del trabajo policial y sus riesgos asociados.
Dentro del primer componente, identificamos tres grupos esenciales de condiciones laborales: 1. beneficios legalmente establecidos en la ley federal (salario, aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional, días de descanso obligatorio, jornadas y turnos de trabajo definidos), 2. derechos básicos de seguridad social (atención médica a través de instituciones públicas de salud, licencias pagadas por maternidad/paternidad, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, pensiones de jubilación y préstamos para vivienda), y 3. la satisfacción de los requisitos mínimos de uniformes y equipo de los agentes de policía, de acuerdo con sus funciones específicas. En cuanto a las prestaciones complementarias, consideramos como esenciales las siguientes: régimen complementario de prestaciones sociales (apoyo psicológico); apoyo institucional relacionado con el trabajo (apoyo legal); prestaciones familiares (becas); seguro adicional contra riesgos; y complementos económicos (bonos por desempeño, cajas de ahorro, vales de despensa, préstamos y crédito).
A partir de este estándar, encontramos que los turnos de trabajo de las y los agentes suelen no ser respetados y tampoco son remunerados por sus horas extra de trabajo; carecen de derechos básicos de seguridad social; la renovación de sus uniformes y equipos es limitada, y a pesar de los altos niveles de estrés que padecen, los servicios de apoyo psicológico no están debidamente establecidos. Las carencias son amplias, y no se van a empezar a subsanar si no buscamos vías para incrementar el espacio fiscal a nivel local y desarrollar propuestas de cofinanciamiento entre distintos actores políticos y sociales, para así lograr el financiamiento sostenible del estándar propuesto. Sobre esta agenda nos referiremos en nuestra siguiente entrega.
* Sandra Ley (<a href="https://twitter.com/sjleyg" target="_blank" rel="noopener">@sjleyg</a>) es colaboradora del programa de Seguridad de México Evalúa.
</div>
</div>
</div>

Es hora de hablar de las condiciones laborales de las policías municipales

La ambiciosa expansión del Banco del Bienestar en lo que va del sexenio no ha sido gratis. Ante el escaso crecimiento de los ingresos públicos, el Gobierno federal ha echado mano de los recursos de la banca de desarrollo, a costa de debilitar instituciones del Estado que son necesarias para el impulso del sector productivo y la promoción del ahorro, en general, como Nafin, Bancomext o Banobras. Veamos.
Mediante un esquema de cobro de aprovechamientos y transferencias, el Gobierno ha extraído 28.1 mil millones de pesos (mmdp) de los bancos de desarrollo entre 2019 y 2022, para transferir 20.9 mmdp al Banco del Bienestar y el resto (7.2 mmdp) para financiar el gasto corriente. De Nafin se han obtenido 7.5 mmdp; de Banobras, 12.1 mmdp; de Bancomext, 6.4 mmdp, y de Banjército, 2 mmdp. Estos cobros se han traducido en pérdidas operativas para los bancos. 
<h2>Aprovechamiento&#8230; de la discrecionalidad</h2>
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) faculta a la Secretaría de Hacienda para cobrar aprovechamientos a los bancos de desarrollo de forma discrecional. Estos recursos cobrados pueden utilizarse para financiar el gasto público o pueden reinvertirse en los bancos de fomento. No existen normas sobre cuánto se puede cobrar a los bancos, bajo qué circunstancias y qué bancos reciben sus recursos de vuelta. Además, el Gobierno puede darle a un banco más transferencias que lo cobrado por aprovechamientos, usando recursos obtenidos de otros bancos,  con lo que logra redistribuir recursos entre las instituciones.  
En el sexenio pasado esta facultad ya se usaba de forma discrecional: durante el gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda realizó cobros de aprovechamientos a los bancos de desarrollo por 52.4 mmdp y devolvió mediante transferencias sólo 45.6 mmdp. En suma, se extrajeron de la banca de desarrollo 6.8 mmdp para financiar el gasto corriente. 
Sin embargo, el uso discrecional de esta facultad se ha profundizado: de 2019 a 2022, el Gobierno ha cobrado a la banca de desarrollo 100 mmdp en aprovechamientos (el doble que el sexenio pasado) y ha regresado vía transferencias 92.8 mmdp. De tal forma, en sólo cuatro años el Gobierno ha extraído recursos de esta banca por 7.2 mmdp para el gasto corriente, monto superior al de todo el sexenio pasado.
La parte más cuestionable ha sido la reasignación de recursos dentro de la banca de desarrollo. Si bien la Federación ha regresado a la banca de desarrollo 92.8 mmdp de los 100 mmdp cobrados por aprovechamientos, la devolución no ha sido equitativa: de 2019 a 2022 a Nafin le cobraron 30.7 mmdp en aprovechamientos, pero recibió en transferencias sólo 23.1 mmdp; a Banobras le cobraron 44.7 mmdp y recibió sólo 32.5 mmdp; a Bancomext le cobraron 22.1 mmdp y recibió sólo 15.6 mmdp; a Banjército le cobraron 2 mmdp y no recibió nada a cambio. Al considerar los menores recursos ‘regresados’ a los anteriores bancos frente a lo cobrado, se tiene que el Gobierno extrajo de ellos 28 mmdp. Por el contrario, al Banco del Bienestar le cobraron sólo 500 mdp pero recibió 21.4 mmdp en transferencias, provenientes de los 28 mmdp obtenidos de los otros bancos. 
<figure id="attachment_1306884" aria-describedby="caption-attachment-1306884" style="width: 590px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-1306884" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-1-BANCA-DE-DESARROLLO-600x534.jpg" alt="De 2019 a 2022, el Gobierno ha cobrado a la banca de desarrollo 100 mmdp en aprovechamientos" width="600" height="534" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-1-BANCA-DE-DESARROLLO-600x534.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-1-BANCA-DE-DESARROLLO-1024x911.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-1-BANCA-DE-DESARROLLO-768x684.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-1-BANCA-DE-DESARROLLO.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-1306884" class="wp-caption-text">De 2019 a 2022, el Gobierno ha cobrado a la banca de desarrollo 100 mmdp en aprovechamientos</figcaption></figure>
En el sexenio pasado, luego de considerar los aprovechamientos cobrados y las transferencias obtenidas, la única institución con pérdidas significativas fue Banobras, con una descapitalización neta 16.4 mmdp, mientras que Bancomext obtuvo incrementos de capital por 3.2 mmdp, y el antecesor del Banco del Bienestar, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), recibió 6.6 mmdp de parte de Hacienda. 
Sin embargo, en lo que va del sexenio sólo el Banco del Bienestar ha sido beneficiado, a costa de descapitalizaciones del resto de los bancos. Como mencionamos anteriormente, se han extraído 28 mmdp de los distintos bancos de desarrollo y con ello se han dado apoyos financieros al Banco del Bienestar por 21.4 mmdp, 222% (14.8 mmdp) por arriba de lo que se dio en el gobierno pasado a Bansefi (6.6 mmdp). Además, de los 21.4 mmdp otorgados al Banco del Bienestar, el  92% (19.7 mmdp) fue por encima de lo aprobado por el Congreso.  Si consideramos que en 2022 el Banco del Bienestar realizó un pago de aprovechamientos por 550 mdp por primera vez desde 2013, la ganancia de capital neto en el sexenio acumula 20.9 mmdp.
El problema de esta política pública es que el Banco del Bienestar ya no es en sentido estricto un banco de desarrollo (pues ya no otorga préstamos), sino que se ha convertido en el dispersor de los programas sociales del Gobierno. Es decir, se han sacrificado bancos de desarrollo productivos, para expandir una institución asistencialista. 
<figure id="attachment_1306885" aria-describedby="caption-attachment-1306885" style="width: 590px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-1306885" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-2-BANCA-DE-DESARROLLO-600x591.jpg" alt="El Banco del Bienestar ya no es en sentido estricto un banco de desarrollo (pues ya no otorga préstamos), sino que se ha convertido en el dispersor de los programas sociales" width="600" height="591" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-2-BANCA-DE-DESARROLLO-600x591.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-2-BANCA-DE-DESARROLLO-1024x1009.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-2-BANCA-DE-DESARROLLO-768x756.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-2-BANCA-DE-DESARROLLO.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-1306885" class="wp-caption-text">El Banco del Bienestar ya no es en sentido estricto un banco de desarrollo (pues ya no otorga préstamos), sino que se ha convertido en el dispersor de los programas sociales</figcaption></figure>
<h2>Resultado: desplome en el otorgamiento de créditos</h2>
Los recursos fiscales extraídos han provocado que desde 2020 la banca de desarrollo, en su conjunto, haya cerrado con pérdidas operativas. En particular, Nafin y Bancomext han caído en números rojos, mientras que las ganancias de Banobras y Banco del Bienestar han disminuido (a pesar de los apoyos otorgados a éste último). La única institución con una mejora considerable ha sido Banjército, pero sus ganancias no han sido suficientes para compensar las pérdidas del resto de las instituciones. 
Se destaca que de 2019 a 2022 Nafin ha cerrado con pérdidas operativas por 5.5 mmdp en promedio cada año, cuando en el sexenio pasado promedió ganancias de 2.2 mmdp. Por su parte, Bancomext promedió en el sexenio pasado un resultado neto de operaciones de 999 mdp, pero de 2019 a 2022 promedió pérdidas de 2.3 mmdp. Por su parte, Banjército promedió ganancias de 3.9 mmdp, 83% (1.7 mmdp) más que con Peña Nieto, y el Banco del Bienestar obtuvo ganancias promedio de 37 mdp, inferiores a los 129 mdp del sexenio pasado. 
En suma, los bancos de desarrollo promedian un déficit de 207 mdp de 2019 a 2022, mientras que en el sexenio pasado obtuvieron un resultado neto positivo por 8.9 mmdp en promedio. Si bien en 2019 se registró una ganancia por 5.1 mmdp, para 2020 se cayó en un déficit de 2 mmdp, en 2021 de 1.4 mmdp y en 2022 de 2.5 mmdp, el peor que se tenga registro. Estas pérdidas fueron causadas principalmente por la extracción de recursos de parte del Gobierno federal. 
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1306886" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-3-BANCA-DE-DESARROLLO-600x464.jpg" alt="" width="600" height="464" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-3-BANCA-DE-DESARROLLO-600x464.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-3-BANCA-DE-DESARROLLO-1024x791.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-3-BANCA-DE-DESARROLLO-768x593.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-3-BANCA-DE-DESARROLLO.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
&nbsp;
El debilitamiento fiscal de la banca de desarrollo, aunado a la falta de certidumbre económica nacional e internacional y a la falta de estrategias de promoción del crédito, ha desplomado el otorgamiento de créditos de los bancos de fomento por primera vez desde el sexenio de Zedillo.
En 2022 los créditos otorgados por la banca de desarrollo ascendieron a 789.9 mmdo, 12% (105 mmdp) inferiores a los de 2018. Bancomext fue el banco con el mayor retroceso en el financiamiento al sector privado y público: -21% (-58 mmdp) frente a 2018, seguido de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) (-66% o -21.1 mmdp), Banobras (-13% o -17.5mmdp) y Nafin (-2% o -9.4 mmdp). Asimismo, como ya señalamos, el Banco del Bienestar dejó de dar créditos en 2021, cuando en 2018 llegó a dar 1.3 mmdp. El único banco que presenta incrementos en su otorgamiento de créditos es Banjército: logró 56.5 mmdp en 2022, un incremento de 27% (12.8 mmdp). 
Si bien parte de la caída del crédito se debe a situaciones coyunturales del mercado, como la crisis del covid-19, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado que los bancos de desarrollo han carecido de estrategias de promoción del crédito al no contar con diagnósticos sobre su población objetivo, métricas para evaluar el impacto de sus actividades y de acciones para diversificar su otorgamiento de créditos. En otras palabras, los bancos de fomento se han visto envueltos en una inercia de menor colocación de créditos, sin hacer lo suficiente para revertir esta tendencia, cuando su papel principal es justamente emprender políticas contracíclicas o, mejor dicho, ‘sacar el pecho’ en momentos difíciles de la economía.  
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1306887" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-4-BANCA-DE-DESARROLLO-600x312.jpg" alt="" width="600" height="312" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-4-BANCA-DE-DESARROLLO-600x312.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-4-BANCA-DE-DESARROLLO-1024x532.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-4-BANCA-DE-DESARROLLO-768x399.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-4-BANCA-DE-DESARROLLO-1536x798.jpg 1536w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/07/GRAFICA-4-BANCA-DE-DESARROLLO.jpg 1540w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
&nbsp;
<a href="https://twitter.com/mexevalua">@mexevalua</a>
&nbsp;

El costo oculto del Banco del Bienestar

¿Alguien sabe qué sucedió en la <a href="https://revistafortuna.com.mx/2023/07/06/representantes-comerciales-de-mexico-eu-y-canada-celebran-tercera-reunion-de-comision-de-libre-comercio/">Cumbre</a> de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, en Cancún, los pasados 6 y 7 de julio? Estimado lector: si esta es la primera noticia que tiene de tal acto, no se sienta mal. Pocos se enteraron. 
La cumbre se caracterizó por una falta de transparencia y comunicación con la ciudadanía respecto a los acuerdos alcanzados, sobre todo en relación con la disputa energética que prevalece desde el año pasado. 
A pesar de que en una <a href="https://enforcementalliance.org/wp-content/uploads/2023/06/AFTE-Mexico-Letter.pdf">carta abierta</a>, enviada el 29 de junio, firmada por los empresarios estadounidenses (agrupados en la Alliance for Trade Enforcement o <a href="https://enforcementalliance.org/">AFTE</a>) y dirigida a la representante comercial de su gobierno, Katherine Tai, se planteaban, entre muchos asuntos, enérgicas inconformidades producto del incumplimiento de México de los términos del acuerdo (que no hicieron más que unirse a la preocupación manifiesta de las empresas de este lado de la frontera), los gobiernos de los tres países optaron por reducir al máximo las expectativas y restringir la cobertura periodística nacional, así como la participación de la sociedad civil.
Y así, aunque la cumbre pasó sin pena ni gloria, en el mundo ‘de acá afuera’ los problemas se multiplican y los costos suben. No hay anestesia posible. 
Es comprensible que de cara a los procesos electorales que se vivirán en Estados Unidos, México y Canadá en los próximos meses, la opción que parece menos mala sea la parálisis en las<a href="https://www.animalpolitico.com/politica/trump-migracion-vacunas-ebrard-sre"> negociaciones</a>. Un enfoque de ‘teoría de juegos’ lo explicaría: éstos son actores que enfrentan dificultades particulares y que toman, quizá, acciones en beneficio de todos. 
Pero el hecho es que tres años de vida del T-MEC (por cierto, con un diseño de solución de conflictos que es referente mundial), arrojan hechos concretos como consultas y disputas, que dan cuenta de la incomodidad por parte de los empresarios respecto de la dinámica y los efectos de las políticas proteccionistas de nuestro país, contrarias a los principios de competencia económica previamente acordados en el tratado y consagrados en nuestra Constitución. 
Entre esas políticas, <a href="https://www.mexicoevalua.org/la-paradoja-energetica-motivos-para-abandonarla/">la energética es emblemática</a>, dada su importancia para toda la economía y para la integración energética y comercial de Norteamérica. La preocupación en torno a ella es tan seria como inaceptable la falta de incentivos políticos para transparentar (y acelerar) los procesos de negociación. ¿La última muestra? El <a href="https://www.gob.mx/se/prensa/declaracion-conjunta-de-mexico-estados-unidos-y-canada-sobre-la-tercera-reunion-de-la-comision-de-libre-comercio-del-t-mec-usmca-cusma-339553">comunicado conjunto</a> de las tres autoridades que fue publicado una semana después de finalizada la Cumbre y que no menciona la energía como un tema discutido ahí, aparentemente…
<h2>Matar a la gallina de huevos de oro</h2>
El T-MEC es el pilar fundamental de la relación comercial trilateral. Es el motor de la economía regional. En 2022, las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos a sus socios en el T-MEC se valoraron en aproximadamente 790 mil millones de dólares, lo que supone un aumento del 31% con respecto a 2012, y del 366% con respecto a 1993. 
En 2021, las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos a Canadá y México respaldaron a cerca de 2.1 millones de puestos de trabajo. Por su parte, con <a href="https://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosportipodeinversion.xls">datos oficiales</a>, México es el tercer socio más grande de Canadá en comercio de mercancías (después de Estados Unidos y China), y en 2022 la inversión directa de Canadá en México en 2022 fue de 3.7 mil millones de dólares. Estados Unidos y Canadá representan una parte significativa de la inversión extranjera directa en México, con un 56.6 % y 10.2%, respectivamente.
Por todo lo anterior, la solución a la disputa energética no puede ser tomada a la ligera ni simplemente ser pospuesta: la falta de aseguramiento del suministro energético limpio (sólo por poner un ejemplo) es uno de los riesgos cruciales que definirán si las empresas extranjeras se instalan en las zonas industriales del país para el largo plazo. 
Adentrémonos un poco en el origen de los desacuerdos. 
En julio de 2022, las empresas y asociaciones gremiales representadas en la AFTE solicitaron a Katherine Tai que procediera con lo establecido en el artículo 31 del T-MEC y solicitara el establecimiento de un panel (artículo 31.6.1). A partir de entonces se activaron las consultas y las conversaciones entre los actores involucrados de los tres gobiernos. Sin embargo, a juicio de los más afectados –los empresarios estadounidenses–, no se observan acciones contundentes y México continúa violando sus obligaciones bajo el T-MEC, con medidas que dificultan el libre flujo de bienes energéticos e inversiones a través de las fronteras.
Ejemplos no faltan: los reguladores gubernamentales y formuladores de política energética incumplen con las normas legales y reglamentarias existentes al negar, retrasar o limitar el otorgamiento de permisos para que las estaciones de importación, almacenamiento y servicio operen en el mercado de hidrocarburos, o las centrales eléctricas que cumplen con sus requisitos puedan operar. Esto lo hemos detallado desde México Evalúa en nuestro <a href="https://www.mexicoevalua.org/competencia-economica-y-transicion-energetica-ii/">análisis trimestral</a>, que enviamos a suscriptores de el boletín <a href="https://mailchi.mp/151fb777bb49/nuestras-ms-recientes-ideas-hm40iumh2c-1134090">El Sextante</a>. 
Los empresarios nacionales también han alzado la voz y mantienen el reclamo en torno a modificaciones poco transparentes del marco regulatorio y administrativo, que dificultan a las empresas conocer con claridad sus obligaciones. Además, están preocupadas la coerción e intimidación que autoridades como la Guardia Nacional o la Procuraduría del Consumidor realizan sobre los empresarios en el ejercicio de actividades de inspección y verificación, como también lo hemos descrito desde <a href="https://www.mexicoevalua.org/tambien-hay-obstaculos-regulatorios-en-el-mercado-de-gasolinas/">México Evalúa</a>. Y un dato de contexto: si bien México ha reanudado los permisos para nuevas estaciones de servicio de petrolíferos, el registro público de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) da cuenta de que de 2021 a mayo de 2023, más del 95% de dichos permisos han sido otorgados a estaciones de servicio marca Pemex, en perjuicio de la competencia. Esto vendría a confirmar que los reclamos ante el T-MEC son ciertos: la política energética desprecia la participación del sector privado en mercados donde debería prevalecer la libre competencia, y continúa sin cumplir con el TMEC (y tampoco cumple con la Constitución, por cierto).
<h2>La competencia en un pantano</h2>
Regresemos a lo que alega la AFTE. Tras el inicio de las consultas energéticas del T-MEC en 2022, la organización ha señalado que el Gobierno mexicano comete tres incumplimientos: 1. propone reglamentaciones con requisitos adicionales para permisos nuevos y existentes (incluida la prohibición de las transacciones de comercializador a comercializador de combustible); 2. limita, desde abril de 2023, el número de nuevas solicitudes de permisos para todo el mercado de hidrocarburos a 50 por mes (con lo que el rezago cada vez es mayor, y apuntemos que a la fecha aproximadamente 1,500 permisos están en espera), y 3. reduce los plazos de los permisos de nuevas estaciones de servicio a periodos verdaderamente ridículos (los permisos de importación los otorga, por ejemplo, a cinco años, cuando antes eran de 20 años), con lo que hace inviables los planes de negocio. 
En materia eléctrica, la cuestión es quizá aún más grave. La AFTE señala que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presuntamente incumple los compromisos establecidos en el T-MEC al no dar aviso adecuado de las licitaciones públicas, no proporcionar suficiente tiempo para que los proveedores respondan y no utilizar especificaciones tecnológicamente neutrales. El resultado: los inversionistas no pueden competir en igualdad de condiciones y con información transparente en el mercado de contratación pública del Gobierno mexicano.  
Los llamados de atención del empresariado mexicano tampoco carecen de elocuencia. Por ejemplo, Carlos Aurelio Hernández, vicepresidente de Energía Renovable de Coparmex Nacional, <a href="https://coparmex.org.mx/democratizacion-o-apagones/">señala</a> que el operador y la empresa estatal han detenido arbitrariamente la entrada de centrales eléctricas privadas pretextando diferentes asuntos, lo que impide la integración de los proyectos de generación de las empresas. Esto, con todo y que es el mismo Estado el que se beneficia de una integración bien hecha, pues las obras de infraestructura privadas –la construcción de ampliaciones de subestaciones y líneas de transmisión– para lograr la interconexión de los proyectos nuevos de generación a la Red Nacional de Transmisión (RNT) deben, por norma, ser donadas a la subsidiaria productiva del Estado: CFE Transmisión. Carlos Aurelio hace un apunte relevante: el problema es que las autoridades y la empresa estatal cotizan a los privados para este propósito obras financieramente inviables, sin dar justificación técnica, lo que no hace más que paralizar los proyectos de infraestructura y, de nuevo, mantener el impasse. Además, y por lo que toca a las líneas de distribución, en los nodos donde se deben ampliar las subestaciones, de acuerdo con el empresario, la CFE no destina inversiones suficientes (como ya lo hemos mencionado desde <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2023/03/01/5-evidencias-sobre-las-finanzas-publicas-anual-2022%ef%bf%bc/">México Evalúa</a> entre muchas voces más, como la de nuestro querido colega <a href="https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Asi-es-como-la-CFE-ordena-la-red-electrica-20230703-0001.html">Pablo Zárate</a>).
<h2>De cara a 2026: la revisión del T-MEC</h2>
El T-MEC tiene un horizonte de 16 años, es decir, hasta 2036. Sin embargo, según su cláusula de revisión (artículo 34.7), al sexto aniversario de su entrada en vigor una comisión representativa de las partes se reunirá para realizar una revisión conjunta sobre su desempeño, y será necesario considerar, a partir de diagnósticos y recomendaciones, los ajustes o medidas que se requieran para perfeccionar su funcionamiento. Pensemos en esto: de aquí a 2026 en realidad hay muy poco tiempo, considerando que en los tres países habrá periodos electorales y cambios de gobierno, y que las disputas vigentes no son menores.
El T-MEC sólo puede tener legitimidad si se cumplen los compromisos y los procesos de resolución de conflictos, siguiendo el marco que el mismo Tratado tiene establecido. Las disposiciones comerciales fueron diseñadas para ser plenamente implementadas y ejecutadas con base en todas las herramientas de aplicación que el acuerdo dispone para las partes. La AFTE pone énfasis en la importancia que tiene la credibilidad de los procedimientos para la solución de conflictos, y estamos de acuerdo. 
Los tratados comerciales desempeñan un papel crucial en la economía global. Pero, más allá, la forma en que se negocian y se implementan tiene un impacto significativo en la sociedad y la economía de los países involucrados. Por ello, la transparencia y la apertura al diálogo, con más participación de la sociedad civil, deben ser elementos fundamentales para evitar que los incentivos políticos pasen por encima de las necesidades económicas y sociales.
Recordemos cuando <a href="https://www.project-syndicate.org/commentary/us-secret-corporate-takeover-by-joseph-e--stiglitz-2015-05">Joseph E. Stiglitz</a>, premio Nobel de Economía, alertó, en el marco de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, sobre los riesgos de la falta de transparencia en los procesos de negociación e implementación de los tratados comerciales. 
La secrecía en estas negociaciones socava la democracia y favorece los intereses de las grandes corporaciones y de los grupos de presión, en detrimento de los intereses de los consumidores y de la sociedad en general. Por ello, la opacidad en las negociaciones crea un desequilibrio de poder entre las partes involucradas. Por descontado, la falta de transparencia impide un debate público informado sobre los detalles y las implicaciones de la toma de decisiones, lo que limita nuestra capacidad como ciudadanos para entender y discutir los términos, avances, retrocesos y ajustes en el marco de los acuerdos. Justo lo que acabamos de vivir hace un par de semanas. 
* Ana Lilia Moreno es coordinadora del programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa.

A tres años del T-MEC, una cumbre borrascosa 

El reciente episodio de la detención de la jueza estatal de Veracruz, Angélica Sánchez, ha demostrado, una vez más, lo dañina que puede resultar la captura política de los más altos cargos judiciales.
A estas alturas no queda duda de que la mente detrás de la detención fue el gobernador de Veracruz, quien en reiteradas ocasiones acusó a la juzgadora de ser corrupta y de haber liberado a un delincuente (incriminaciones, por cierto, que violan no solamente la presunción de inocencia de la jueza, sino también la del presunto delincuente, cuya no vinculación a proceso ella dictó después de que un juez federal le ordenara revalorar las pruebas y reponer su sentencia).
Sin embargo, alguien más jugó un papel relevante en este episodio: la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. En primer lugar, hay que considerar que la misma jueza Sánchez <a href="https://aristeguinoticias.com/0906/mexico/presidenta-del-tribunal-de-justicia-de-veracruz-me-amenazo-jueza-angelica-sanchez/" target="_blank" rel="noopener">explicó</a> que la presidenta solía dar línea a los jueces, y así lo hizo cuando le instruyó vincular a proceso a ese imputado. Por otra parte, <a href="https://imagendeveracruz.mx/veracruz/poder-judicial-seria-brazo-ejecutor-del-gobierno-anilu/50395908" target="_blank" rel="noopener">trascendió</a> que al día siguiente de que se impusiera prisión preventiva a la jueza, la presidenta supuestamente reunió a los juzgadores de la entidad para decirles que, si no acataban sus órdenes, les podría pasar lo mismo que a la jueza Sánchez. Esto, casi sobra decirlo, representa una flagrante violación a la independencia judicial.
He aquí una ilustración detallada de lo que pasa cuando los magistrados son designados no con base en criterios meritocráticos, sino por sus <a href="https://www.milenio.com/estados/congreso-de-veracruz-aprueba-nombramientos-de-nuevos-magistrados" target="_blank" rel="noopener">afinidades políticas</a>. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
<h2>Retratos de lo inadecuado</h2>
Lamentablemente, la mayoría de los procesos de designación judiciales en el país siguen respondiendo a una lógica que puede generar nefastas consecuencias. Es recurrente que tanto a nivel federal como local los nombramientos de magistrados o consejeros de la judicatura estén cobijados por la opacidad, la discrecionalidad y el reparto de cuotas, o están ‘congelados’ por falta de acuerdo político.
No olvidemos que hace <a href="https://twitter.com/designaciones/status/1670874325170409472?s=20" target="_blank" rel="noopener">más de un año</a> que el Senado no designa a un consejero(a) de la judicatura federal, proceso que antes de mandarse a la congeladora se caracterizó por su falta de <a href="https://www.mexicoevalua.org/le-importa-al-senado-el-consejo-de-la-judicatura/" target="_blank" rel="noopener">transparencia y de participación ciudadana</a>. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Como se ve, en ocasiones no se realiza el proceso; en otras se realiza, pero con deficiencias, y en otras los perfiles designados no sean idóneos para el cargo, ni independientes. Esto nos preocupa porque incumple con los estándares internacionales <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> referentes a los procesos y perfiles para las designaciones del personal judicial.
Recientemente dos de estos procesos llamaron en particular nuestra atención. Uno, la designación de cuatro personas magistradas en Jalisco, y otro más de una persona consejera de la Judicatura en Chiapas.
En el caso de Jalisco, las vacantes se ‘abrieron’ cuando dos magistrados <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> se retiraron por haber alcanzado los 70 años de edad; uno más optó por la jubilación <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> de retiro voluntario y otro más <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> <a href="https://www.congresojal.gob.mx/boletines/rechaza-pleno-ratificar-luis-enrique-villanueva-g-mez-como-magistrado-del-stjj" target="_blank" rel="noopener">no fue ratificado</a> para ocupar el cargo en un segundo periodo. Así, en la primera quincena de diciembre se emitieron dos convocatorias <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> públicas para designar a quienes ocuparían las cuatro vacantes disponibles, supuestamente bajo el principio de paridad de género. <a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a>
Ambas convocatorias preveían la postulación y publicación de perfiles en enero, la realización de las evaluaciones –de entorno social, examen de conocimientos, entrevistas individuales y evaluaciones de currículum por parte del Comité de Participación Social– durante febrero y la designación por parte del Pleno del Congreso de Jalisco a más tardar el 9 de marzo. Sin embargo, llegamos a mitad del año y las designaciones no se han realizado.
Sólo se dio a conocer el motivo de tal omisión en el caso de una de las vacantes. El mismo 12 de diciembre, cuando se aprobaron las convocatorias, se supo que el magistrado Villanueva había presentado un amparo y obtenido una <a href="https://udgtv.com/noticias/con-juicio-amparo-luis-enrique-villanueva-mantiene-cargo-magistrado/" target="_blank" rel="noopener">suspensión provisional</a>, por lo cual se mantendría en el ejercicio del cargo hasta en tanto se resolviera el fondo del litigio. En consecuencia, la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco, en sesión extraordinaria del 18 de enero, <a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a> <a href="https://congresoweb.congresojal.gob.mx/servicios/sistemas/agenda/Documentos/SistemaIntegral/InfoleJComisiones/132%2027466%2018-01-2023%20112134.docx" target="_blank" rel="noopener">acordó suspender</a> la convocatoria respecto a esta vacante, precisando que la otra vacante de la misma convocatoria seguiría su curso.
Sin embargo, el 24 de enero el Congreso <a href="https://congresoweb.congresojal.gob.mx/servicios/sistemas/agenda/Documentos/SistemaIntegral/Estados/139149.pdf" target="_blank" rel="noopener">suspendió</a> en su totalidad las dos convocatorias sin explicar por qué, y hasta hoy no las ha reactivado ni ha emitido nuevas, lo que ha generado afectaciones en el Tribunal, pues a decir de su presidente, tres magistrados han tenido que trabajar el doble para ‘sacar’ el trabajo.
El <a href="https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=197153" target="_blank" rel="noopener">presidente también reconoció</a> que no hay impedimento legal para que se realicen los nombramientos de las tres vacantes que no están afectadas por la suspensión concedida al magistrado Villanueva, y que es posible que esas designaciones no se hayan realizado debido a cuestiones políticas. Si nos remitimos a lo <a href="https://www.mexicoevalua.org/sombra-de-ilegitimidad-en-el-consejo-de-la-judicatura-de-jalisco/" target="_blank" rel="noopener">ya visto en Jalisco</a>, es posible que la situación se deba a que, con la designación pospuesta, el acuerdo político que habían alcanzado las fuerzas políticas para ‘repartirse’ las cuatro vacantes se haya roto, y no se lograra encontrar un nuevo acuerdo cuando solamente quedaba tres vacantes a distribuirse.
En Chiapas, por su parte, la designación de una consejera de la Judicatura sí se realizó, pero el proceso no cumplió con estándares de objetividad, rigor, transparencia y participación ciudadana, lo cual impide saber si la persona nombrada es idónea.
La Constitución de Chiapas establece que la composición del Consejo es de cinco miembros, el presidente y cuatro personas que sean o que hayan sido magistrados/as o jueces/zas, las cuales son designadas por el Legislativo, dos a propuesta de quien presida el Tribunal Superior de Justicia del Estado y dos a propuesta del titular del Poder Ejecutivo.
La designación más reciente correspondió con este último supuesto; es decir, intervinieron únicamente órganos políticos: el Poder Ejecutivo para la propuesta y el Legislativo a cargo de la decisión final. En contraste con la recomendación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que apunta a que un órgano independiente sea el que realice este tipo de designaciones.
Por lo demás, no fue posible encontrar una convocatoria o documento con el que se diera inicio al proceso de selección emitido por el Ejecutivo. Esto no es extraño, ya que por lo regular no se realiza una convocatoria (por lo que no hay nada que publicar), ni existe un proceso de selección como tal, pues se trata de una decisión unilateral del Ejecutivo. El problema entonces es que resulta imposible saber bajo qué criterios el Ejecutivo llegó a la propuesta que presentó.
Es así que a mitad de la opacidad y sin un proceso objetivo y meritocrático visible, el gobernador de Chiapas <a href="https://www.sgg.chiapas.gob.mx/po2018/archivos/descargas.php?f=C-278-19042023-1710.pdf" target="_blank" rel="noopener">entregó</a> al Congreso el oficio OG/0020/2023 (que tampoco se encuentra publicado) por medio del cual hizo del conocimiento de los diputados y diputadas  locales “que nombró como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a la licenciada Zelmira Perla de Rocío Gutiérrez Beltrán, quien se desempeña como Jueza de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.
El proceso en el Congreso fue exprés, sin transparencia, participación ciudadana ni un análisis minucioso. En efecto, según el acta de la <a href="http://congresochiapas.gob.mx/pdf/gacetas/LXVIII-II-Num.64-Gaceta%2013%20de%20Abril%202023-Segundo%20Periodo%20Ordinario.pdf" target="_blank" rel="noopener">sesión del Congreso del 13 de abril</a>, apenas tres días después de la recepción del oficio del Ejecutivo se dio lectura a dicho oficio y al currículum de la jueza Gutiérrez, y se sometió a discusión. Ésta debió permitir la intervención de dos oradores en contra y de dos a favor, lo cual no tuvo lugar, ya que nadie solicitó el uso de la voz. Por ello, acto seguido el nombramiento se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad, o para ser más precisos, por 31 votos a favor y cero en contra, aun y cuando la lista de asistencia de esta sesión solamente comprendía a 30 legisladores(as). En ese mismo momento se tomó protesta a la jueza, ahora como consejera.
De la consejera Gutiérrez <a href="#_ftn10" name="_ftnref10">10</a> se sabe que es licenciada en Derecho, con maestría en Ciencias Penales y doctorado en Derecho Penal, con varios cursos acreditados, un par de actividades docentes y, una trayectoria de casi 30 años en el Poder Judicial estatal, donde inició su carrera como actuaria. En la prensa se reporta que en 2019, cuando era jueza de control, fue cambiada de adscripción, luego de <a href="https://www.diariodelsur.com.mx/policiaca/remueven-a-la-jueza-de-control-region-2-de-tapachula-corrupcion-denuncias-trafico-de-influencias-derecho-abuso-de-autoridad-3721698.html" target="_blank" rel="noopener">señalamientos</a> por parte de policías y abogados en su contra, supuestamente por haber ordenado la no vinculación a proceso de presuntos delincuentes a cambio de sobornos. No se sabe si estas acusaciones fueron investigadas, <a href="#_ftn11" name="_ftnref11">11</a> comprobadas o desmentidas. De cualquier forma, la simple existencia de los señalamientos ameritaba que los órganos encargados de la designación realizaran el análisis, con mayor razón cuando la designación corresponde a un puesto que tiene entre sus responsabilidades la vigilancia, disciplina y sanción del personal del Poder Judicial.
Por todas estas deficiencias, el proceso deja inquietudes, más que otra cosa. Eso sí: al menos la designación se realizó, cosa que no se puede decir para los casos del Poder Judicial de Jalisco o del Consejo de la Judicatura Federal. De no haberse hecho, el Pleno del Consejo de la Judicatura no podría sesionar <a href="#_ftn12" name="_ftnref12">12</a> ya que actualmente sólo tiene <a href="https://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/paginas/directorio.php" target="_blank" rel="noopener">tres miembros</a>, es decir, funciona apenas con el quorum mínimo, y no se sabe por qué siguen vacantes las dos posiciones cuyos aspirantes deben ser propuestos por quien presida el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
<h2>De la preocupación a la acción</h2>
Éstos solamente son ejemplos (de nuevo, no aislados, y que vemos a nivel federal y local año tras año) de la baja calidad de los procesos de designación, de su escasa transparencia y nulos espacios para la participación ciudadana, que generan incertidumbre en torno a la idoneidad de los perfiles seleccionados. Es un tema que nos debe preocupar a todas, porque de ello depende recibir justicia independiente y de calidad. De lo contrario, nos arriesgamos a episodios de corrupción inaudita, como el de Veracruz.
Con este ánimo elaboramos desde México Evalúa una <a href="https://www.mexicoevalua.org/guia-para-el-monitoreo-de-designaciones-judiciales/" target="_blank" rel="noopener">Guía para el monitoreo de designaciones judiciales</a>, con la que proponemos una metodología para dar seguimiento a los procesos de designación y analizar los perfiles de las y los aspirantes. Con ella, esperamos conformar una red nacional de monitoreo de designaciones judiciales <a href="#_ftn13" name="_ftnref13">13</a> que contribuya eventualmente a mejorarlas.
* Alejandra Quezada (<a href="https://twitter.com/quezada_as" target="_blank" rel="noopener">@quezada_as</a>) es investigadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. La autora agradece el apoyo en la búsqueda de insumos por parte de Juliana Ramírez, por sus comentarios a Laurence Pantin y la revisión de Pablo García.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> La magistrada Jiménez y cinco magistrados más <a href="https://www.milenio.com/estados/congreso-de-veracruz-aprueba-nombramientos-de-nuevos-magistrados" target="_blank" rel="noopener">fueron nombrados en 2020</a> a propuesta del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y con aprobación del Congreso estatal. Además, Roberto Rodríguez Cruz, presidente de Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz, recordó que <a href="https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-ilegal-eleccion-de-lisbeth-jimenez-como-presidenta-del-poder-judicial-abogado-379613.html" target="_blank" rel="noopener">un juez federal habría dejado sin efecto el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez como magistrada</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Eso ha sucedido también en designaciones que rebasan el ámbito judicial, como es el caso de tres vacantes de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que el Senado no ha realizado, limitando nuestro derecho de acceso a la información, ya que por esta situación, hace más de dos meses que el INAI no tiene quorum para sesionar.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Pueden consultarse el compilado de estándares en la <a href="https://www.mexicoevalua.org/guia-para-el-monitoreo-de-designaciones-judiciales/" target="_blank" rel="noopener">Guía para el monitoreo de designaciones judiciales</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Guillermo Valdez Angulo y Gonzalo Julián Rosa
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Manuel Higinio Ramiro Ramos
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Luis Enrique Villanueva Gómez
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Disponible <a href="https://www.congresojal.gob.mx/sites/default/files/convocatorias/178_20221212175955.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> y <a href="https://www.congresojal.gob.mx/sites/default/files/convocatorias/179_20221212180217.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Bajo el argumento de alternancia para la paridad de género se publicó una convocatoria exclusiva para mujeres, lo cual es una medida afirmativa, y otra exclusiva para hombres. Esto demuestra el mal entendimiento de la perspectiva de género y de las medidas afirmativas, que están destinadas a igualar las condiciones para un grupo en desventaja.
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> En la misma sesión se aprobaron <a href="https://congresoweb.congresojal.gob.mx/servicios/sistemas/agenda/Documentos/SistemaIntegral/InfoleJComisiones/132%2027468%2018-01-2023%20112540.docx" target="_blank" rel="noopener">dos convenios</a>, uno de colaboración entre el Poder Legislativo del Estado de Jalisco y la Coordinación General Estratégica de Seguridad Pública del Estado de Jalisco para la aplicación de las evaluaciones de control de confianza y otro con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior para el diseño,  aplicación  y  emisión de resultados del examen teórico práctico de conocimientos.
<a href="#_ftnref10" name="_ftn10">10</a> Véase <a href="https://comisiones.senado.gob.mx/justicia/docs/nombramientos/magistrados/CHIAPAS/ZPDR/anexo_4.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>, <a href="https://transparencia.poderjudicialchiapas.gob.mx/archivos/Anexos/2018/D50BFD96-BFFF-4814-BDCE-8B6B4F8AEC76.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>, <a href="https://rotativoenlinea.com/noticias/2023/04/14/nueva-consejera-del-poder-judicial-destaca-por-su-carrera-judicial" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> y <a href="https://transparencia.poderjudicialchiapas.gob.mx/archivos/Anexos/2018/D50BFD96-BFFF-4814-BDCE-8B6B4F8AEC76.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref11" name="_ftn11">11</a> En la Plataforma Nacional de Transparencia no se observa (2018-2022 no publicaron información) que la funcionaria haya sido sancionada, y en el portal institucional del Poder Judicial, de 2019 a 2022 se reportó que la funcionaria no tenía sanciones. En una solicitud presentada en 2021 se preguntó por las quejas presentadas en contra de algunos jueces, incluyendo la actual consejera, y la respuesta institucional fue que la entonces jueza tenía 0 quejas en  2019, 2020 y 2021. Ver <a href="https://tinyurl.com/2hao5hcl" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref12" name="_ftn12">12</a> Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Artículo 143. El Pleno del Consejo de la Judicatura se integrará por cinco Consejeros, pero bastará la presencia de su Presidente y dos más de sus miembros para que sesionen.
<a href="#_ftnref13" name="_ftn13">13</a> Si quieren sumarse a esta red, pueden enviar un correo a la dirección <a href="mailto:transparencia.justicia@mexicoevalua.org" target="_blank" rel="noopener">transparencia.justicia@mexicoevalua.org</a>.

La captura política de los puestos judiciales todo lo corrompe

Parece mentira, pero el fiscal general de Nuevo León presentó su renuncia el 5 de octubre del año pasado, y quien fungía como vicefiscal jurídico hoy todavía se desempeña como encargado del despacho al frente de la institución. El procedimiento para la designación del nuevo fiscal se encuentra suspendido por orden judicial desde principios de noviembre, con todo y que el procedimiento de designación fue objeto de una reciente reforma constitucional impulsada por el Congreso local. Este tema ha sido motivo de <a href="https://abcnoticias.mx/local/2023/6/15/propone-samuel-hacer-nuevo-proceso-para-elegir-fiscal-191238.html" target="_blank" rel="noopener">confrontación constante</a> entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, y aunque diversos actores locales perciben que la vía política sería la más idónea para resolver el impasse, las partes involucradas no logran llegar a un acuerdo.
Desde hace tres años en México Evalúa hemos analizado <a href="https://redjusticia.mexicoevalua.org/nuevo-leon-hallazgos-locales-2/" target="_blank" rel="noopener">el desempeño del sistema de justicia penal en Nuevo León</a> a partir de información pública, así como de datos recolectados y proporcionados ex profeso por las autoridades. En el marco de este trabajo y de un proyecto específico para dar seguimiento al nombramiento de fiscales generales en el país, también monitoreamos el procedimiento de designación de fiscal general en Nuevo León, tras la publicación de la convocatoria pública por parte del Congreso local en octubre de 2022. Analizamos la normatividad aplicable al procedimiento y los acuerdos legislativos emitidos. Revisamos con lupa los perfiles de las personas candidatas y observamos las audiencias públicas ante el Congreso. Este acompañamiento al desarrollo de cada una de las etapas del procedimiento, hasta su suspensión, nos permitió <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fbJ_3kXXUUA" target="_blank" rel="noopener">identificar deficiencias</a>.
Hoy, con una Fiscalía General que lleva acéfala nueve meses, el diagnóstico es claro: hemos llegado a esto porque tal institución, como en otros estados, sigue siendo un espacio de poder que diversos actores quieren controlar para la protección de sus intereses políticos o partidistas. Un clima político caracterizado por tanto enfrentamiento es la continuación de una historia cuyo antecedente es un procedimiento de designación deficiente, desahogado sólo de manera formal para disimular los intereses que ahora están a la vista de todo mundo. Ya lo sabíamos, pero de pronto cabe decirlo con todas sus letras: el procedimiento de designación fue una total simulación. Y en el corazón de esta historia, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IgQW-5TClBw" target="_blank" rel="noopener">como ya habíamos advertido,</a> está la independencia de la que aún carecen las fiscalías, y que es una condición necesaria para procurar justicia de calidad.
<h2>Un procedimiento opaco y sin equidad</h2>
Como decimos, en términos formales el procedimiento cumplió con lo establecido en el texto constitucional vigente y la legislación secundaria. No obstante, observamos que no cumplió plenamente con los estándares internacionales de objetividad, imparcialidad, transparencia e igualdad necesarios para una designación pública de tal relevancia. Veamos por qué.
En efecto, se emitió una convocatoria pública, y un Comité de Selección ciudadano examinó las candidaturas. Sin embargo, dicho comité no pudo cumplir con su mandato a cabalidad. Y es que tenía la facultad constitucional para analizar los perfiles y, de manera fundada y motivada, decidir quiénes integrarían la lista inicial de personas candidatas, pero se limitó a revisar si éstas habían entregado la documentación completa y a realizar entrevistas públicas. Sólo excluyó a dos de las 65 personas que se postularon. La labor, hay que decirlo, de una mera oficialía de partes.
Luego, de manera sorprendente (¿o no tanto), el Congreso local supuestamente revisó las 63 candidaturas en menos de 48 horas, y definió la lista de cuatro finalistas que habría de ser enviada al Poder Ejecutivo para la selección de una terna. Así, se puso en evidencia que la decisión legislativa sobre quiénes integrarían esta lista fue tomada tras bambalinas, seguramente desde antes de que se emitiera la convocatoria. El procedimiento llegó hasta este punto y fue suspendido luego de las <a href="https://abcnoticias.mx/local/2022/11/18/adrian-de-la-garza-se-ampara-por-proceso-de-eleccion-de-fiscal-175524.html" target="_blank" rel="noopener">acciones judiciales</a> que algunas de las partes involucradas emprendieron. Cabe subrayar también que, aunque al menos dos de las siete mujeres candidatas que se presentaron a la convocatoria tenían 10 o más años de experiencia en la procuración de justicia, ninguna fue considerada para integrar la lista de cuatro finalistas.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1298075" src="https://panel.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2023/06/ESQUEMA-LOQUEOBSERVAMOS-372x600.png" alt="" width="372" height="600" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/ESQUEMA-LOQUEOBSERVAMOS-372x600.png 372w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/ESQUEMA-LOQUEOBSERVAMOS-952x1536.png 952w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/ESQUEMA-LOQUEOBSERVAMOS-1269x2048.png 1269w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/ESQUEMA-LOQUEOBSERVAMOS-768x1239.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/06/ESQUEMA-LOQUEOBSERVAMOS-635x1024.png 635w" sizes="(max-width: 372px) 100vw, 372px" /> 
Todo lo anterior ilustra la necesidad de dotar a los procedimientos y a los mecanismos institucionales establecidos para la designación de altos cargos en el sector justicia de verdaderas garantías que favorezcan el escrutinio público y la toma de decisiones basada en altos estándares de competencia e idoneidad para el puesto.
<h2>La llave: participación ciudadana</h2>
Ante la confrontación política que prevalece en Nuevo León, es necesario volver a colocar al centro del debate la necesidad de asegurar la independencia de las fiscalías. Desde México Evalúa observamos y reconocemos los avances que se han registrado en la operación del sistema de justicia penal en la entidad, y así lo hemos documentado en <a href="https://www.mexicoevalua.org/hallazgos-2021-evaluacion-del-sistema-de-justicia-penal-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">Hallazgos</a> y <a href="https://redjusticia.mexicoevalua.org/nuevo-leon-hallazgos-locales-2/" target="_blank" rel="noopener">Hallazgos desde lo local</a>. De hecho, se coloca entre las entidades con mejores resultados en este ámbito. No obstante, la independencia sigue siendo una agenda pendiente que involucra no sólo a la Fiscalía, sino claramente también al Poder Ejecutivo y al Congreso, como ahora queda evidenciado.
En este contexto, el procedimiento de designación del fiscal general es de enorme relevancia. Si el procedimiento se hubiera desahogado de manera objetiva e imparcial; si la toma de decisiones hubiera sido transparente y con espacios reales para la participación ciudadana, se hubieran ofreciendo condiciones de certidumbre para todos los actores y Nuevo León tendría fiscal general desde hace meses. Recordemos que las fiscalías son piezas clave en la justicia penal, y sus titulares ejercen un papel fundamental en la definición e implementación de la política criminal en el estado. El clima de confrontación e incertidumbre no hace más que debilitar a la Fiscalía como institución y al sistema de justicia en su conjunto, con lo que ello significa en términos de retrasar la transformación institucional, de no poder responder eficazmente a las principales demandas y reclamos de la ciudadanía, y de no poder potenciar los resultados y la atención que se brinda.
Es verdad que la institución no ha detenido su operación mientras ha contado con una persona encargada del despacho, pero hay que subrayar que la toma de decisiones y el impulso a la política de persecución penal requieren de un entorno de certidumbre, así como de un liderazgo capaz de articular esfuerzos al interior de la institución y de coordinarse y colaborar al exterior con las fuerzas de seguridad pública. Recordemos que el modelo de investigación criminal en el estado tiene como pilar el trabajo conjunto de células conformadas por elementos de la Fiscalía, ministerios públicos y peritos, y también de policías de investigación adscritos a la fuerza civil. La justicia penal no puede concebirse sin ese trabajo sistémico y coordinado.
<h2>El llamado</h2>
La confrontación entre los principales actores y fuerzas políticas y el impasse institucional debilitan cualquier ejercicio público. Es urgente revitalizar el espacio con la participación de otros actores locales, tales como instituciones académicas, organizaciones civiles y representantes del sector privado, que convoquen a un entorno de civilidad y entendimiento, y que se favorezca una participación y vigilancia real del eventual proceso de designación en la Fiscalía General, a fin de dotar de certidumbre y entendimiento en el sector justicia.
Desde México Evalúa nos honramos de colaborar, a nivel nacional y en Nuevo León, con diversos actores públicos y privados que desean que la justicia penal mejore, que brinde servicios dignos y acordes a la realidad del país, sin discriminación ni distinciones. Como parte de esos esfuerzos y de la necesidad de dialogar más, realizaremos una mesa de análisis sobre “Designaciones en las fiscalías, movimientos clave para una justicia independiente”. Invitamos a todas y todos a sumarse este miércoles 28 de junio a las 11:00 a través de nuestras redes.
* Denise González (<a href="https://twitter.com/dns_glz" target="_blank" rel="noopener">@dns_glz</a>) es investigadora del programa de Justicia de México Evalúa. Chrístel Rosales (<a href="https://twitter.com/Chris_Ros" target="_blank" rel="noopener">@Chris_Ros</a>) es coordinadora de dicho programa.

Siguenos en:

Siguenos en:

Plumaje