El costo oculto del Banco del Bienestar
La ambiciosa expansión del Banco del Bienestar en lo que va del sexenio no ha sido gratis. Ante el escaso crecimiento de los ingresos públicos, el Gobierno federal ha echado mano de los recursos de la banca de desarrollo, a costa de debilitar instituciones del Estado que son necesarias para el impulso del sector productivo y la promoción del ahorro, en general, como Nafin, Bancomext o Banobras. Veamos.
Mediante un esquema de cobro de aprovechamientos y transferencias, el Gobierno ha extraído 28.1 mil millones de pesos (mmdp) de los bancos de desarrollo entre 2019 y 2022, para transferir 20.9 mmdp al Banco del Bienestar y el resto (7.2 mmdp) para financiar el gasto corriente. De Nafin se han obtenido 7.5 mmdp; de Banobras, 12.1 mmdp; de Bancomext, 6.4 mmdp, y de Banjército, 2 mmdp. Estos cobros se han traducido en pérdidas operativas para los bancos.
Aprovechamiento… de la discrecionalidad
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) faculta a la Secretaría de Hacienda para cobrar aprovechamientos a los bancos de desarrollo de forma discrecional. Estos recursos cobrados pueden utilizarse para financiar el gasto público o pueden reinvertirse en los bancos de fomento. No existen normas sobre cuánto se puede cobrar a los bancos, bajo qué circunstancias y qué bancos reciben sus recursos de vuelta. Además, el Gobierno puede darle a un banco más transferencias que lo cobrado por aprovechamientos, usando recursos obtenidos de otros bancos, con lo que logra redistribuir recursos entre las instituciones.
En el sexenio pasado esta facultad ya se usaba de forma discrecional: durante el gobierno de Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda realizó cobros de aprovechamientos a los bancos de desarrollo por 52.4 mmdp y devolvió mediante transferencias sólo 45.6 mmdp. En suma, se extrajeron de la banca de desarrollo 6.8 mmdp para financiar el gasto corriente.
Sin embargo, el uso discrecional de esta facultad se ha profundizado: de 2019 a 2022, el Gobierno ha cobrado a la banca de desarrollo 100 mmdp en aprovechamientos (el doble que el sexenio pasado) y ha regresado vía transferencias 92.8 mmdp. De tal forma, en sólo cuatro años el Gobierno ha extraído recursos de esta banca por 7.2 mmdp para el gasto corriente, monto superior al de todo el sexenio pasado.
La parte más cuestionable ha sido la reasignación de recursos dentro de la banca de desarrollo. Si bien la Federación ha regresado a la banca de desarrollo 92.8 mmdp de los 100 mmdp cobrados por aprovechamientos, la devolución no ha sido equitativa: de 2019 a 2022 a Nafin le cobraron 30.7 mmdp en aprovechamientos, pero recibió en transferencias sólo 23.1 mmdp; a Banobras le cobraron 44.7 mmdp y recibió sólo 32.5 mmdp; a Bancomext le cobraron 22.1 mmdp y recibió sólo 15.6 mmdp; a Banjército le cobraron 2 mmdp y no recibió nada a cambio. Al considerar los menores recursos ‘regresados’ a los anteriores bancos frente a lo cobrado, se tiene que el Gobierno extrajo de ellos 28 mmdp. Por el contrario, al Banco del Bienestar le cobraron sólo 500 mdp pero recibió 21.4 mmdp en transferencias, provenientes de los 28 mmdp obtenidos de los otros bancos.
En el sexenio pasado, luego de considerar los aprovechamientos cobrados y las transferencias obtenidas, la única institución con pérdidas significativas fue Banobras, con una descapitalización neta 16.4 mmdp, mientras que Bancomext obtuvo incrementos de capital por 3.2 mmdp, y el antecesor del Banco del Bienestar, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), recibió 6.6 mmdp de parte de Hacienda.
Sin embargo, en lo que va del sexenio sólo el Banco del Bienestar ha sido beneficiado, a costa de descapitalizaciones del resto de los bancos. Como mencionamos anteriormente, se han extraído 28 mmdp de los distintos bancos de desarrollo y con ello se han dado apoyos financieros al Banco del Bienestar por 21.4 mmdp, 222% (14.8 mmdp) por arriba de lo que se dio en el gobierno pasado a Bansefi (6.6 mmdp). Además, de los 21.4 mmdp otorgados al Banco del Bienestar, el 92% (19.7 mmdp) fue por encima de lo aprobado por el Congreso. Si consideramos que en 2022 el Banco del Bienestar realizó un pago de aprovechamientos por 550 mdp por primera vez desde 2013, la ganancia de capital neto en el sexenio acumula 20.9 mmdp.
El problema de esta política pública es que el Banco del Bienestar ya no es en sentido estricto un banco de desarrollo (pues ya no otorga préstamos), sino que se ha convertido en el dispersor de los programas sociales del Gobierno. Es decir, se han sacrificado bancos de desarrollo productivos, para expandir una institución asistencialista.
Resultado: desplome en el otorgamiento de créditos
Los recursos fiscales extraídos han provocado que desde 2020 la banca de desarrollo, en su conjunto, haya cerrado con pérdidas operativas. En particular, Nafin y Bancomext han caído en números rojos, mientras que las ganancias de Banobras y Banco del Bienestar han disminuido (a pesar de los apoyos otorgados a éste último). La única institución con una mejora considerable ha sido Banjército, pero sus ganancias no han sido suficientes para compensar las pérdidas del resto de las instituciones.
Se destaca que de 2019 a 2022 Nafin ha cerrado con pérdidas operativas por 5.5 mmdp en promedio cada año, cuando en el sexenio pasado promedió ganancias de 2.2 mmdp. Por su parte, Bancomext promedió en el sexenio pasado un resultado neto de operaciones de 999 mdp, pero de 2019 a 2022 promedió pérdidas de 2.3 mmdp. Por su parte, Banjército promedió ganancias de 3.9 mmdp, 83% (1.7 mmdp) más que con Peña Nieto, y el Banco del Bienestar obtuvo ganancias promedio de 37 mdp, inferiores a los 129 mdp del sexenio pasado.
En suma, los bancos de desarrollo promedian un déficit de 207 mdp de 2019 a 2022, mientras que en el sexenio pasado obtuvieron un resultado neto positivo por 8.9 mmdp en promedio. Si bien en 2019 se registró una ganancia por 5.1 mmdp, para 2020 se cayó en un déficit de 2 mmdp, en 2021 de 1.4 mmdp y en 2022 de 2.5 mmdp, el peor que se tenga registro. Estas pérdidas fueron causadas principalmente por la extracción de recursos de parte del Gobierno federal.
El debilitamiento fiscal de la banca de desarrollo, aunado a la falta de certidumbre económica nacional e internacional y a la falta de estrategias de promoción del crédito, ha desplomado el otorgamiento de créditos de los bancos de fomento por primera vez desde el sexenio de Zedillo.
En 2022 los créditos otorgados por la banca de desarrollo ascendieron a 789.9 mmdo, 12% (105 mmdp) inferiores a los de 2018. Bancomext fue el banco con el mayor retroceso en el financiamiento al sector privado y público: -21% (-58 mmdp) frente a 2018, seguido de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) (-66% o -21.1 mmdp), Banobras (-13% o -17.5mmdp) y Nafin (-2% o -9.4 mmdp). Asimismo, como ya señalamos, el Banco del Bienestar dejó de dar créditos en 2021, cuando en 2018 llegó a dar 1.3 mmdp. El único banco que presenta incrementos en su otorgamiento de créditos es Banjército: logró 56.5 mmdp en 2022, un incremento de 27% (12.8 mmdp).
Si bien parte de la caída del crédito se debe a situaciones coyunturales del mercado, como la crisis del covid-19, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado que los bancos de desarrollo han carecido de estrategias de promoción del crédito al no contar con diagnósticos sobre su población objetivo, métricas para evaluar el impacto de sus actividades y de acciones para diversificar su otorgamiento de créditos. En otras palabras, los bancos de fomento se han visto envueltos en una inercia de menor colocación de créditos, sin hacer lo suficiente para revertir esta tendencia, cuando su papel principal es justamente emprender políticas contracíclicas o, mejor dicho, ‘sacar el pecho’ en momentos difíciles de la economía.
Profesores y maestros han estado protestando durante semanas en todo el país exigiendo mayores derechos en las aulas.
Tras varias semanas de protestas realizadas por profesores en Corea del Sur, el gobierno aprobó una nueva ley para proteger más a los docentes de los padres que se quejan y los acosan.
Durante nueve semanas, profesores y maestros han estado protestando para exigir mayores derechos del ejercicios de sus funciones dentro de las aulas.
Afirman haber sido frecuentemente acosados por los padres de los alumnos que algunas veces los acusan maliciosamente de abuso infantil, para que los destituyan de sus cargos.
La ola de protestas se desató tras el suicidio de una joven maestra que había sido bombardeada por las quejas de los padres en Corea del Sur.
La maestra, que llevaba poco más de un año enseñando escribió que se había sentido tan abrumada por la locura de su trabajo que “quería dejarse ir”.
La situación de los profesores se ha vuelto imposible desde su punto de vista. Varios afirman que han sido denunciados por sujetar y restringir a un niño violento, o por simplemente llamarle la atención a un alumno.
Los profesores acusaron a los padres de aprovecharse de la ley de Bienestar Infantil, aprobada en 2014, que establece el despido automático de los profesores acusados de abuso infantil.
Más investigación y evidencia para acusar a profesores en Corea del Sur
Según la nueva legislación, conocida como el proyecto de ley para el Restablecimiento de los Derechos de Profesores, los docentes no serán destituidos tan pronto se reporte el abuso infantil; se necesitará realizar más investigaciones y tomar más evidencia.
También habrá apoyo financiero disponible para la defensa legal de los profesores demandados y se impondrá mayor responsabilidad a los directores y rectores de las escuelas para que protejan a su plantel.
Las protestas de los profesores estallaron después del suicidio en julio de una maestra de primaria de 23 años que estaba abrumada por las quejas de los padres.
La joven maestra cumplía su sueño de infancia de ejercer la misma profesión de su madre y adoraba a los niños, contó uno de sus primos que descubrió el diario que había dejado atrás.
En éste describía las presiones de su trabajo, de un alumno que había herido en la cabeza a otro con un lápiz y cómo ella se había enzarzado en acaloradas llamadas telefónicas y mensajes con los padres.
Los profesores afirmaron que la cultura de denuncias maliciosas los habían dejado incapaces de enseñar o mantener la disciplina de los alumnos.
Chatbots y llamadas grabadas
La Federación de Sindicatos de Maestros de Corea del Sur recibió con beneplácito la nueva legislación, declarando que tanto “expandiría el derecho a enseñar como proteger el derecho de los estudiantes para aprender”.
El sindicato expresó su “más profundo agradecimiento” a los profesores que se lanzaron a las calles durante nueve semanas seguidas, exigiendo mejores condiciones, y dijo que el resultado de hoy se debía a la fortaleza de ellos.
En las semanas recientes, el gobierno y las autoridades locales ya habían implementado una serie de medidas para proteger a los profesores y facilitarles el ejercicio de su trabajo, pero ninguna de estas era legalmente vinculante.
Las nuevas directivas del gobierno, formuladas a principios de este mes, estipulan que los profesores tienen el derecho a retirar de las aulas a los estudiantes indisciplinados y sujetarlos si es necesario.
Además de eso, la Oficina de Educación de Seúl anunció planes esta semana de grabar todas las llamadas de los padres hechas a los profesores y de instalar un chatbot (un simulador digital de conversación) para que actúe como primera línea de defensa contra las quejas de los padres.
Más cambios serán necesarios, dicen los profesores en Corea del Sur
Sin embargo, algunos maestros arguyen que las nuevas leyes no van suficientemente lejos.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores, Kim Yong-seo, llamó la nueva legislación “un gran paso hacia la protección de los profesores y estudiantes”, pero señaló que había áreas que todavía necesitaban mejorarse.
Hizo un llamado a los políticos para que enmienden el Acta de Bienestar Infantil, sosteniendo que no debería ser posible que una simple acción disciplinaria de los alumnos sea catalogada como abuso infantil.
Unos profesores también quieren que se penalicen a los los padres que hagan acusaciones falsas de abuso infantil.
Kim Jin-seo, una profesora de 28 años que habló con la BBC durante una de las protestas, dijo que la nueva ley no impediría las denuncias infundadas de abuso infantil, porque sin el temor de repercusiones, los padres continuarían acusando maliciosamente a los profesores que no les cayeran bien.
Se estima que la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur es en parte responsable de la cultura de hostigamiento por parte de los padres.
Los resultados académicos son considerados el mejor indicador del éxito, lo que significa que los estudiantes compiten ferozmente para obtener las mejores calificaciones desde una edad muy temprana para garantizar la entrada a las principales universidades.
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