Nueve meses sin fiscal general en Nuevo León… y nada sereno
Parece mentira, pero el fiscal general de Nuevo León presentó su renuncia el 5 de octubre del año pasado, y quien fungía como vicefiscal jurídico hoy todavía se desempeña como encargado del despacho al frente de la institución. El procedimiento para la designación del nuevo fiscal se encuentra suspendido por orden judicial desde principios de noviembre, con todo y que el procedimiento de designación fue objeto de una reciente reforma constitucional impulsada por el Congreso local. Este tema ha sido motivo de confrontación constante entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, y aunque diversos actores locales perciben que la vía política sería la más idónea para resolver el impasse, las partes involucradas no logran llegar a un acuerdo.
Desde hace tres años en México Evalúa hemos analizado el desempeño del sistema de justicia penal en Nuevo León a partir de información pública, así como de datos recolectados y proporcionados ex profeso por las autoridades. En el marco de este trabajo y de un proyecto específico para dar seguimiento al nombramiento de fiscales generales en el país, también monitoreamos el procedimiento de designación de fiscal general en Nuevo León, tras la publicación de la convocatoria pública por parte del Congreso local en octubre de 2022. Analizamos la normatividad aplicable al procedimiento y los acuerdos legislativos emitidos. Revisamos con lupa los perfiles de las personas candidatas y observamos las audiencias públicas ante el Congreso. Este acompañamiento al desarrollo de cada una de las etapas del procedimiento, hasta su suspensión, nos permitió identificar deficiencias.
Hoy, con una Fiscalía General que lleva acéfala nueve meses, el diagnóstico es claro: hemos llegado a esto porque tal institución, como en otros estados, sigue siendo un espacio de poder que diversos actores quieren controlar para la protección de sus intereses políticos o partidistas. Un clima político caracterizado por tanto enfrentamiento es la continuación de una historia cuyo antecedente es un procedimiento de designación deficiente, desahogado sólo de manera formal para disimular los intereses que ahora están a la vista de todo mundo. Ya lo sabíamos, pero de pronto cabe decirlo con todas sus letras: el procedimiento de designación fue una total simulación. Y en el corazón de esta historia, como ya habíamos advertido, está la independencia de la que aún carecen las fiscalías, y que es una condición necesaria para procurar justicia de calidad.
Un procedimiento opaco y sin equidad
Como decimos, en términos formales el procedimiento cumplió con lo establecido en el texto constitucional vigente y la legislación secundaria. No obstante, observamos que no cumplió plenamente con los estándares internacionales de objetividad, imparcialidad, transparencia e igualdad necesarios para una designación pública de tal relevancia. Veamos por qué.
En efecto, se emitió una convocatoria pública, y un Comité de Selección ciudadano examinó las candidaturas. Sin embargo, dicho comité no pudo cumplir con su mandato a cabalidad. Y es que tenía la facultad constitucional para analizar los perfiles y, de manera fundada y motivada, decidir quiénes integrarían la lista inicial de personas candidatas, pero se limitó a revisar si éstas habían entregado la documentación completa y a realizar entrevistas públicas. Sólo excluyó a dos de las 65 personas que se postularon. La labor, hay que decirlo, de una mera oficialía de partes.
Luego, de manera sorprendente (¿o no tanto), el Congreso local supuestamente revisó las 63 candidaturas en menos de 48 horas, y definió la lista de cuatro finalistas que habría de ser enviada al Poder Ejecutivo para la selección de una terna. Así, se puso en evidencia que la decisión legislativa sobre quiénes integrarían esta lista fue tomada tras bambalinas, seguramente desde antes de que se emitiera la convocatoria. El procedimiento llegó hasta este punto y fue suspendido luego de las acciones judiciales que algunas de las partes involucradas emprendieron. Cabe subrayar también que, aunque al menos dos de las siete mujeres candidatas que se presentaron a la convocatoria tenían 10 o más años de experiencia en la procuración de justicia, ninguna fue considerada para integrar la lista de cuatro finalistas.
Todo lo anterior ilustra la necesidad de dotar a los procedimientos y a los mecanismos institucionales establecidos para la designación de altos cargos en el sector justicia de verdaderas garantías que favorezcan el escrutinio público y la toma de decisiones basada en altos estándares de competencia e idoneidad para el puesto.
La llave: participación ciudadana
Ante la confrontación política que prevalece en Nuevo León, es necesario volver a colocar al centro del debate la necesidad de asegurar la independencia de las fiscalías. Desde México Evalúa observamos y reconocemos los avances que se han registrado en la operación del sistema de justicia penal en la entidad, y así lo hemos documentado en Hallazgos y Hallazgos desde lo local. De hecho, se coloca entre las entidades con mejores resultados en este ámbito. No obstante, la independencia sigue siendo una agenda pendiente que involucra no sólo a la Fiscalía, sino claramente también al Poder Ejecutivo y al Congreso, como ahora queda evidenciado.
En este contexto, el procedimiento de designación del fiscal general es de enorme relevancia. Si el procedimiento se hubiera desahogado de manera objetiva e imparcial; si la toma de decisiones hubiera sido transparente y con espacios reales para la participación ciudadana, se hubieran ofreciendo condiciones de certidumbre para todos los actores y Nuevo León tendría fiscal general desde hace meses. Recordemos que las fiscalías son piezas clave en la justicia penal, y sus titulares ejercen un papel fundamental en la definición e implementación de la política criminal en el estado. El clima de confrontación e incertidumbre no hace más que debilitar a la Fiscalía como institución y al sistema de justicia en su conjunto, con lo que ello significa en términos de retrasar la transformación institucional, de no poder responder eficazmente a las principales demandas y reclamos de la ciudadanía, y de no poder potenciar los resultados y la atención que se brinda.
Es verdad que la institución no ha detenido su operación mientras ha contado con una persona encargada del despacho, pero hay que subrayar que la toma de decisiones y el impulso a la política de persecución penal requieren de un entorno de certidumbre, así como de un liderazgo capaz de articular esfuerzos al interior de la institución y de coordinarse y colaborar al exterior con las fuerzas de seguridad pública. Recordemos que el modelo de investigación criminal en el estado tiene como pilar el trabajo conjunto de células conformadas por elementos de la Fiscalía, ministerios públicos y peritos, y también de policías de investigación adscritos a la fuerza civil. La justicia penal no puede concebirse sin ese trabajo sistémico y coordinado.
El llamado
La confrontación entre los principales actores y fuerzas políticas y el impasse institucional debilitan cualquier ejercicio público. Es urgente revitalizar el espacio con la participación de otros actores locales, tales como instituciones académicas, organizaciones civiles y representantes del sector privado, que convoquen a un entorno de civilidad y entendimiento, y que se favorezca una participación y vigilancia real del eventual proceso de designación en la Fiscalía General, a fin de dotar de certidumbre y entendimiento en el sector justicia.
Desde México Evalúa nos honramos de colaborar, a nivel nacional y en Nuevo León, con diversos actores públicos y privados que desean que la justicia penal mejore, que brinde servicios dignos y acordes a la realidad del país, sin discriminación ni distinciones. Como parte de esos esfuerzos y de la necesidad de dialogar más, realizaremos una mesa de análisis sobre “Designaciones en las fiscalías, movimientos clave para una justicia independiente”. Invitamos a todas y todos a sumarse este miércoles 28 de junio a las 11:00 a través de nuestras redes.
* Denise González (@dns_glz) es investigadora del programa de Justicia de México Evalúa. Chrístel Rosales (@Chris_Ros) es coordinadora de dicho programa.
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
“Mercenarios”
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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