Embriones humanos sintéticos: ¿y la bioética?
La creación de embriones humanos sintéticos desencadena un conflicto bioético y plantea interrogantes éticas y jurídicas de envergadura. Al posibilitar la investigación del desarrollo embrionario sin recurrir a embriones humanos reales, este tema demanda un análisis minucioso y complejo.
Una postura argumenta que estos embriones sintéticos carecen de la capacidad para desarrollarse hasta el punto de dar vida, y, por ende, no deberían considerarse como seres humanos con plenos derechos. Al no poseer la viabilidad para sobrevivir fuera de un entorno controlado, se argumenta que su estatus difiere de los embriones humanos concebidos naturalmente. Sin embargo, esta perspectiva plantea cuestionamientos éticos fundamentales: ¿cuál es el criterio para determinar qué nivel de desarrollo es necesario para otorgar derechos a un organismo? ¿Deberíamos basarnos únicamente en la capacidad de viabilidad fuera del útero materno como criterio para su consideración jurídica? Estas preguntas desafían las suposiciones tradicionales y ponen de manifiesto la complejidad inherente a este tema.
Por otro lado, la dotación genética humana y la capacidad de desarrollo inicial de estos blastoides y embrioides sintéticos suscitan preocupaciones éticas en cuanto a su trato y protección adecuados. A pesar de no contar con la misma capacidad de desarrollo de los embriones humanos reales, comparten características genéticas y se asemejan a las primeras etapas del desarrollo humano. Esto plantea la cuestión de si deberíamos considerarlos como seres humanos en desarrollo y, por lo tanto, otorgarles ciertos derechos y protecciones.
Recientemente se informó sobre la generación de blastoides a partir de células madre humanas en un estudio publicado en la revista National Geografic. Estos blastoides se implantaron en un útero artificial con el objetivo de investigar el fenómeno de la implantación y comprender mejor las causas de los abortos espontáneos. El uso de células madre embrionarias y pluripotentes inducidas permitió la obtención de estructuras que se asemejan a embriones con una alta eficiencia. Aunque estos embriones artificiales no se desarrollan hasta el punto de dar vida, plantean dilemas éticos, ya que comparten la dotación genética humana y demuestran capacidad de desarrollo en las etapas iniciales. Por tanto, resulta necesario considerarlos como seres humanos y tratarlos con el debido respeto y protección.
Los avances en la generación de blastoides y embrioides a partir de células madre han proporcionado conocimientos valiosos sobre el desarrollo embrionario y podrían tener aplicaciones en la comprensión de enfermedades y el desarrollo de terapias. La posibilidad de estudiar estas etapas tempranas del desarrollo, sin recurrir a embriones humanos reales, supone un avance significativo en el campo de la investigación médica. Sin embargo, el uso de células madre embrionarias implica la destrucción de embriones humanos en el proceso, lo que suscita preocupaciones éticas y jurídicas en relación con el debido respeto a la vida humana en sus primeras etapas.
Además, se ha informado sobre investigaciones que exploran nuevas fases del desarrollo embrionario humano, incluso sin recurrir a la fecundación. Por ejemplo, el trabajo del doctor Jacob Hanna y su equipo (Instituto Weizmann de Ciencia de Israel) ha sido aclamado por lograr imitar una fase desconocida del desarrollo embrionario humano utilizando células madre embrionarias. Han logrado el desarrollo de todas las estructuras embrionarias, lo que representa un avance científico significativo. Sin embargo, esta investigación también plantea preocupaciones adicionales desde una perspectiva biojurídica. La manipulación genética de las células madre embrionarias, para lograr el desarrollo completo de las estructuras embrionarias, introduce incertidumbre sobre las posibles consecuencias y sus implicaciones éticas y legales.
La creación de embriones humanos sintéticos representa un área de investigación fascinante y prometedora, pero también plantea inquietudes éticas y biojurídicas. La evaluación adecuada de estos embriones artificiales y la determinación de sus derechos y protecciones exigen un análisis minucioso de su estatus jurídico y de los límites éticos implicados en su creación y uso. El debate sobre este tema continuará evolucionando a medida que se realicen más investigaciones y se discutan las implicaciones éticas y legales de la creación de embriones humanos sintéticos.
La manipulación genética de las células precursoras del embrión podría tener consecuencias impredecibles, lo que suscita inquietudes éticas y legales sobre el posible desarrollo de estas modificaciones hasta el nacimiento.
En cuanto a la valoración bioética, es importante destacar que estos experimentos parten de células madre embrionarias obtenidas de embriones humanos, lo que conlleva su destrucción. Aunque los investigadores argumentan que estos embriones no pueden desarrollarse hasta el punto de dar vida, descartar fácilmente su estatus como individuos humanos resulta complicado. La incertidumbre sobre las diferencias entre estos embriones sintéticos y los embriones humanos concebidos por fecundación dificulta su clasificación y exige precaución. Hasta que se resuelva esta cuestión, resulta necesario, por principio de precaución, tratar a estos embriones sintéticos como seres humanos, con los derechos y protecciones correspondientes.
La creación de embriones humanos sintéticos plantea desafíos éticos y biojurídicos significativos. Aunque ofrecen oportunidades valiosas para la investigación, su estatus moral y los derechos que les corresponden deben ser considerados con detenimiento. La capacidad de desarrollo, la dotación genética humana y la manipulación genética son aspectos fundamentales que deben abordarse en el debate y la regulación de esta área de investigación. La participación de la sociedad y los expertos en bioética resulta crucial para garantizar un enfoque ético y responsable en la creación y uso de embriones humanos sintéticos. Solo a través de un diálogo informado y una evaluación rigurosa de los aspectos éticos y legales involucrados podremos tomar decisiones éticas y asegurar el debido respeto a la vida humana en todas sus etapas.
* Juan Manuel Palomares Cantero es abogado, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Fue director de Capital Humano, director y coordinador general en la Facultad de Bioética, donde actualmente se desempeña como investigador, y de la Revista Medicina y Ética de la misma Universidad. Miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética.
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Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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