Solo pocas adolescentes acceden a la NOM-046, para abortar en casos de violación; el Estado no garantiza este servicio: expertas
A casi un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que las adolescentes de 12 a 18 años pueden acceder sin restricciones a la NOM-46, que permite abortar en casos de violación, la aplicación de esta medida es mínima: 16 entidades del país informaron que, en sus respectivos servicios de salud, menos de 10 adolescentes han accedido a ella, mientras que en otras seis entidades han sido apenas entre 10 y 20, y solo en Coahuila han sumado 23.
En tanto, la Secretaría de Salud federal desconoció su aplicación y responsabilizó a IMSS, ISSSTE e Insabi. El 24 de mayo de 2022, el máximo tribunal determinó que las instituciones públicas de salud debían prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación a las adolescentes de 12 a 18 años, sin autorización de sus padres y únicamente con una solicitud bajo protesta de decir verdad.
Esto se ha convertido en una realidad para muy pocas, en un contexto en el que hay un promedio de 350 mil embarazos adolescentes al año. A nivel regional, en América Latina siguen pendientes de resolución los casos de maternidades forzadas en niñas víctimas de abusos sexuales enmarcados en la campaña Niñas, No Madres, con los que el Comité de Derechos Humanos de la ONU podría establecer criterios generales para la región.
Mediante solicitudes de información, 23 estados dieron cuenta de un total de 170 abortos realizados por casos de violencia sexual entre mayo de 2022, cuando la SCJN determinó las modificaciones a la NOM-046 para adolescentes, y febrero de 2023. De hecho, cuatro estados, Baja California, Michoacán, Oaxaca y Querétaro, reportaron que en sus territorios ninguna adolescente ha accedido a la norma que permite interrumpir el embarazo en casos de violación.
En contraste, las estadísticas de abuso sexual han incrementado en un 78% en los últimos seis años, al pasar de un total anual de 3 mil 925 en 2016 a 6 mil 977 en 2022, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En tanto, UNICEF calcula que en México un 32.8% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido alguna forma de violencia sexual en el ámbito comunitario, mientras que la ENDIREH 2021 registró un incremento de 9.4% a 12.6% de las mujeres encuestadas que vivieron abuso sexual en la infancia.
Algunos estados consultados detallaron —según se solicitó— edades y unidades de atención, como en Guerrero, donde la NOM-046 se ha aplicado a 11 adolescentes, una con la edad mínima de 12, y la mayoría en el municipio de Tlapa. También Tlaxcala, que reportó solo cinco casos: dos niñas de 13 años, una de 15, una adolescente de 17 y otra de 18, realizados en el Hospital de la Mujer y el Regional Emilio Sánchez Piedras. La Secretaría de Salud de la CDMX reportó solo seis abortos de adolescentes por NOM-046, todos en el Hospital Materno Infantil Inguarán.
El contexto y los pendientes regionales
Las altas tasas de embarazo adolescente en la región llevaron en mayo de 2019 a la presentación de cuatro casos de maternidades forzadas producto de abusos sexuales en América Latina y el Caribe, que después dieron pie a la campaña Niñas, No Madres, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Norma, Fátima, Susana y Lucía hoy siguen a la espera de una resolución.
“Esperamos que alrededor de mediados de año el Comité de Derechos Humanos pueda emitir su dictamen en los cuatro casos, y que ahí establezca no solamente las violaciones particulares a los derechos humanos que enfrentaron, sino también que pueda establecer un estándar claro sobre la necesidad de que todas las niñas y personas que requieran una interrupción del embarazo puedan acceder a él en condiciones de igualdad”, señala Carmen Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.
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La organización espera que el comité se manifieste en el mismo sentido que los más recientes lineamientos de la OMS, donde se establece que el aborto, al ser un servicio esencial, no debería estar regulado en legislaciones penales. Martínez detalló que estas decisiones son profundamente necesarias porque América Latina y el Caribe es la región con la segunda tasa más alta de embarazos en niñas menores de 15 años, y la única en el mundo donde la tendencia sigue en aumento.
Esta semana, el centro desarrollará, junto con organizaciones de Brasil, una audiencia temática sobre embarazos y maternidades forzadas de niñas en ese país y los graves efectos de las barreras en el acceso al aborto, en el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, derivado del caso de una niña de 10 años embarazada por segunda vez como consecuencia de una violación sexual y quien no pudo acceder a un aborto. La primera vez, el Estado tampoco le brindó el servicio.
“No solamente el Estado le niega el acceso a la interrupción del embarazo y a la salud integral que ella merece, sino que además es un caso profundamente lamentable que refleja la desidia estatal frente a la desprotección de las niñas ante la violencia sexual, porque claramente el primer episodio que ella enfrentó ya era del conocimiento del Estado; que vuelva a pasar por lo mismo es la forma más aberrante de revictimización”, relató Martínez.
La campaña Niñas, No Madres, que hoy está evolucionando hacia un movimiento permanente, busca un impacto regional amplio. En el caso de México, como en el resto de la región, los efectos de esta iniciativa serán importantes para que cada Estado tome medidas y reduzca no solamente los índices de violencia sexual, sino también los embarazos no deseados y las maternidades forzadas.
En México, según cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), de enero a octubre de 2020 se registraron 3 mil 581 casos de egresos hospitalarios de infancias por violencia sexual: 3 mil 325 de niñas y 256 de niños. En ese año, hubo 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes, de las que 8 mil 876 eran menores de 14 años. En su mayoría, estos últimos fueron consecuencia de una violación sexual.
Según el gobierno federal, uno de los componentes de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) es la prevención de embarazos en menores de 15 años, que demanda acciones para eliminar la violencia sexual en niñas y adolescentes, así como garantizar el acceso a la interrupción del embarazo por causal de violación en cumplimiento a la NOM-046.
Martínez adelantó que las medidas que va a establecer el Comité de la ONU, especialmente en casos de niñas, deben ser relevantes en varios sentidos: reconocer que el servicio de aborto tiene que estar siempre disponible para cualquier persona que lo necesite, y de manera reforzada para niñas sobrevivientes de violencia sexual; reconocer el derecho de las niñas a ser escuchadas y que se respeten sus decisiones en torno a su autonomía reproductiva, y establecer que la educación sexual integral no solamente es un derecho, sino que niños, niñas y adolescentes tienen que contar con las herramientas necesarias para entender las implicaciones de las relaciones afectivas y sexuales basadas en el consentimiento.
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Los lugareños de islas griegas defienden su derecho a acceder gratuitamente a playas tomadas por negocios que cobran precios exorbitantes por una reposera.
En toda Grecia, los lugareños están actuando por cuenta propia y tirando sus toallas en la arena para reclamar libre acceso a sus playas y a la naturaleza sin pagar un alto precio por ello.
Era cerca del atardecer del domingo 3 de septiembre en Paros, una popular isla turística en la región griega de las Cícladas.
Unas 50 personas se reunieron en la playa de Parikia, cerca del puerto principal de la isla. Detrás de ellos, el cielo brillaba con un color naranja intenso sobre el mar azul. A un lado, un icónico molino de viento de las Cícladas se recortaba contra el horizonte. Al otro, una franja de reposeras pertenecientes a un bar se extendía sobre la arena.
Incluso si nunca has visitado Grecia, algunas partes de esta escena probablemente te suenen familiares. Sin embargo, ese día también hubo algunos detalles inusuales. Tres de las personas que se habían congregado sostenían un enorme cartel que decía: “Reclamen la playa”. Junto a ellos había un hombre con un altavoz.
Mientras el público observaba, el hombre leyó en voz alta partes de la Constitución griega, que establece que las playas y otras áreas naturales pertenecen a los ciudadanos del país.
La protesta fue parte de una campaña que los medios han denominado la “revuelta de las toallas de playa”, en la que los lugareños reclaman el acceso gratuito a las playas que han sido tomadas por bares y otros negocios que ofrecen reposeras y sombrillas a precios exorbitantes.
Si bien el movimiento comenzó en Paros, ahora se ha extendido por toda Grecia e incluso a la vecina Turquía. Los activistas exigen espacio para dejar sus toallas de forma gratuita.
BBC Travel habló con activistas y lugareños para comprender de qué se tratan las protestas, por qué son importantes y qué significa este movimiento tanto para los turistas como para los residentes locales.
¿Cómo comenzaron las protestas?
Las protestas comenzaron en Paros en mayo de 2023, cuando un grupo de residentes, que ya se reunían periódicamente para hablar sobre cuestiones medioambientales en la isla, comenzaron a discutir cómo los lugares donde era posible nadar y tomar el sol libremente (sin tener que pagar por una reposera) eran cada vez más escasos. El cambio es un síntoma de cómo la isla atiende cada vez más a los turistas a expensas de los locales.
Los negocios junto a la playa que instalan reposeras y sombrillas deben solicitar licencias al Ministerio de Finanzas para utilizar partes designadas de la playa. Deben realizarse controles periódicos para garantizar que esos negocios no ocupen más espacio del que permiten sus licencias. Sin embargo, los manifestantes alegan que estos controles rara vez (o nunca) se llevan a cabo.
Como resultado, los espacios libres son cada vez más escasos.
Los residentes crearon una página de Facebook llamada Save Paros Beaches y comenzaron a organizar manifestaciones, pidiendo medidas enérgicas contra estos operadores privados.
También utilizaron imágenes de drones para documentar las reposeras ilegales, comparando sus ubicaciones con las áreas designadas por el gobierno.
“Esto cambió las reglas del juego, porque el nivel de ilegalidad se podía ver muy claramente”, señaló Nicolas Stephanou, un residente local. Stephanou dice que su grupo encontró lugares donde las reposeras y sombrillas ocupaban hasta 10 veces el espacio permitido.
¿Dónde se han extendido las protestas?
El movimiento ganó impulso rápidamente. La manifestación del 3 de septiembre marcó el inicio de una nueva campaña a nivel nacional y fue la primera vez que se produjeron múltiples protestas con toallas de playa en diferentes regiones de Grecia el mismo día.
Ha habido manifestaciones en la isla vecina de Naxos y en la isla meridional de Creta. Más recientemente, se han sumado las islas de Rodas y Egina, así como Ática, la región continental donde se encuentra Atenas.
El lugar de la protesta de Paros es particularmente simbólico. La playa principal del pueblo central de la isla es el lugar más popular entre los lugareños para darse un chapuzón después del trabajo.
Eleni Andrianopoulou, portavoz de la campaña de Naxos, dijo que ella y otros lugareños se habían sentido frustrados por el desarrollo excesivo en las playas durante varios años, pero no estaban seguros de cómo actuar. Luego de enterarse de lo que estaba sucediendo en Paros, inmediatamente se inspiraron para comenzar su propia campaña en Facebook.
“Creo que este es un verdadero cambio de paradigma para Grecia“, afirmó.
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¿Por qué son tan importantes estas protestas?
Muchos griegos todavía sufren financieramente desde la crisis de deuda del país hace más de una década y no pueden permitirse pagar por una reposera cada vez que visitan la playa. El sol y el mar son una gran parte de la cultura griega. El azul de la bandera griega representa el mar Egeo y la mayoría de los griegos tienen fuertes recuerdos de la infancia de pasar veranos en la playa.
Sin embargo, los activistas dicen que las playas son sólo una parte de una lucha mayor. Grecia es uno de los destinos vacacionales más populares de Europa y los manifestantes dijeron a la multitud reunida que debe abordarse el turismo excesivo junto a los problemas sociales y ambientales que conlleva.
¿Qué hay detrás del problema?
El turismo es la mayor industria de Grecia. En 2021 el país recibió 15 millones de visitantes, una vez y media su población total. Sin embargo, muchos griegos sostienen que el auge del turismo no se ha gestionado adecuadamente. Los municipios locales no tienen capacidad para controlar el flujo de visitantes, y las instituciones débiles hacen que sea fácil para empresas de todo tipo eludir las reglas.
Por otra parte, en los últimos años, los sucesivos gobiernos han utilizado la industria del turismo para ayudar a la economía del país a recuperarse, primero de la crisis financiera de 2008 y luego de la pandemia de covid-19. Los políticos han promocionado fuertemente al país como un destino de sol y mar y han facilitado a los inversores extranjeros la apertura de negocios relacionados con el turismo.
“Existe desde hace mucho tiempo una falta de supervisión, lo que ha llevado a una mayor impunidad“, afirmó Efthymia Sarantakou, analista de la Universidad de Ática Occidental.
Sarantakou señala que múltiples instituciones no han implementado controles y contrapesos, lo que ha dejado a algunas empresas en libertad para realizar comportamientos que califica de “mafiosos”.
“Hay denuncias de residentes que fueron intimidados por empleados de bares cuando intentaron sentarse en una parte libre de la playa.”
El alcalde de Naxos, Dimitris Lainos, afirma que muchas empresas en su isla respetan la ley. Sin embargo, “hemos visto que el Ministerio de Finanzas no dispone del personal necesario para realizar controles adecuados”, agregó.
¿Está funcionando la “revuelta de las toallas de playa”?
Parece que las protestas están surtiendo efecto. Gracias a la atención de los medios, las autoridades llevaron a cabo inspecciones en una de las playas más afectadas de Paros: una franja de arena en un área protegida que estaba cubierta de tumbonas a pesar de que no se habían emitido licencias para ello.
Como resultado, la playa ahora está libre de reposeras.
Sin embargo, la situación se mantiene sin cambios en otras playas. En Naxos se llevaron a cabo nuevos controles en respuesta a las protestas, pero muchos propietarios de negocios fueron alertados previamente y simplemente retiraron sus reposeras antes de que llegaran los inspectores.
“Quiero creer que estas protestas conducirán a una mayor participación ciudadana en la gestión de los destinos turísticos y, por supuesto, en la gestión de los espacios públicos”, afirmó Sarantakou. “Esto sólo puede lograrse mediante mejoras en el marco institucional y supervisión”.
¿Qué sucederá ahora?
Puede que la temporada alta de verano haya terminado, pero los activistas señalan que las protestas de septiembre marcaron el verdadero comienzo de su trabajo. En Naxos, Andrianopoulou recuerda que no sólo reclaman controles más frecuentes, sino también más transparencia sobre cómo y a quién se otorgan las licencias.
Y Stephanou, de la campaña de Paros, relata que su grupo quiere presentar una estrategia completa para un modelo de turismo más sostenible en Grecia.
“Ahora mismo los precios están fuera de control“, afirmó. “La mayoría de la gente no puede permitirse el lujo de ir a un bar o a un restaurante. El tráfico es insoportable”. Si no eres propietario de una casa es difícil encontrar una para alquilar que no sea Airbnb, lo que ha provocado escasez de trabajadores clave como médicos, enfermeras y profesores.
¿Qué significa el movimiento para los turistas?
Si se cumplen las exigencias de los manifestantes habrá más espacio en las playas griegas para tomar sol de forma gratuita, algo que muchos viajeros agradecerán.
En décadas anteriores, la mayoría de las islas griegas eran conocidas como destinos económicos para mochileros bohemios, y muchos lugareños sienten que el libre acceso a las playas está en consonancia con esta reputación tradicional.
A Stephanou le gustaría que se dejara de promocionar a las islas Cícladas como un destino de lujo. “Aquí hay una historia asombrosa, sitios arqueológicos, senderos para caminar, buen vino y productos agrícolas”, dijo. “Esto puede atraer a un visitante más responsable que aquellos que simplemente quieren sentarse en una reposera con un cóctel“.
Los viajeros que no quieran contribuir a los problemas del turismo excesivo pueden sentirse inspirados a explorar el lado menos conocido de Grecia, como las oportunidades de senderismo en el espectacular paisaje montañoso que cubre todo el país, una gran actividad fuera de los meses pico de verano, cuando el clima es un poco más fresco.
Sin embargo, si realmente deseas pasar un tiempo relajándote en una reposera, ten la seguridad de que no desaparecerán por completo: los activistas sólo quieren verlas restringidas a las áreas habilitadas por licencias. Los visitantes de Paros pueden comprobar si las reposeras son legales en el sitio web de la campaña.
Esta nota fue publicada originalmente en BBC Travel. Puedes ver la nota original en inglés haciendo clic aquí.
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