Oposición al aborto, al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental, temas que defienden nuevos aliados de Sheinbaum
De cara a la encuesta que definirá la candidatura presidencial de Morena, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, sumó la simpatía del Partido Encuentro Solidario (PES), que se ha pronunciado en contra del aborto, del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental, entre otros temas.
Además del PES, otros partidos locales que se pronunciaron por la candidatura de Sheinbaum fueron Nueva Alianza y Fuerza por México, que también perdieron su registro a nivel nacional en 2021.
De los tres partidos, el PES ha sido el más polémico desde su creación, pues siempre ha estado relacionado con grupos evangélicos y sus propuestas han sido radicales, específicamente respecto del derecho a la vida desde la concepción.
“Por la vida y la familia decimos no al aborto” y “Madre solo hay una, no dos. Padre solo hay uno, no dos. En la adopción el derecho es de las niñas y los niños, no de los que adoptan. En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar” son algunos de los mensajes que divulgó en 2021 y que el INE ordenó bajar de sus redes sociales.
De hecho, en 2018 el PES respaldó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador como Partido Encuentro Social, pero perdió el registro al no obtener el 3% de los votos por sí mismo en las elecciones federales.
En 2020, volvió a tramitar su registro como partido nacional, ahora bajo el nombre de Partido Encuentro Solidario.
El Tribunal Electoral le otorgó el registro provisional, pero en los comicios de 2021 lo volvió a perder, por no obtener el porcentaje mínimo para refrendarlo.
En ese año, Hugo Eric Flores, líder del PES, dijo en un video que subió a redes sociales, y que el periódico La Jornada registró, que fue un error haber apoyado a López Obrador en las elecciones de 2018.
“Mucha gente me dijo que debíamos presentar un candidato propio a la presidencia y yo en ese momento estaba buscando ganar espacios políticos, que el partido creciera, y creció; se ganaron muchos espacios, pero también mucha gente se fue, traicionándonos”.
“Decidimos tomar como bandera la vida y la familia, pero nuevamente las traiciones de propios y extraños buscaron atomizar el voto confundiendo a la Iglesia. La Iglesia fue apática, un montón de vividores medrando con esta causa, que no es una política, que no es una causa social, es finalmente la causa de nuestro Señor”, agregó en su mensaje, de acuerdo con la información publicada por La Jornada.
Nueva Alianza, por su parte, consiguió su registro en 2005 y hasta 2018 tuvo presencia nacional. Desde su fundación, estuvo vinculado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y desde sus inicios Elba Esther Gordillo, lideresa del sindicato, fue considerada la cabeza de facto del instituto político.
Este partido tampoco ha estado fuera de la controversia. Por ejemplo, durante el cierre de campaña de sus diputados aspirantes a la Asamblea Constituyente, hubo edecanes con body paint —con el busto desnudo—, lo que desató un sinnúmero de críticas pues se consideró un acto sexista.
En 2006, el partido de “la maestra” postuló al expriista Roberto Campa Cifrián a la presidencia; en 2012, compitió en las elecciones presidenciales con la candidatura de Gabriel Quadri y, en 2018, hizo alianza con el PRI para postular a José Antonio Meade.
“No tenemos dinero, no tenemos prerrogativas, pero tenemos toda la intención y la emoción. Hay una estructura para desdoblar este apoyo para que, cuando lleguen las encuestas, sepa la gente qué contestar y qué nombre mencionar”, dijo en conferencia de prensa Sonia Rincón Chanona, líder nacional de Nueva Alianza.
En tanto, Fuerza por México es un partido que recién se creó en 2020 de la mano de Gerardo Islas Maldonado y del líder sindical Pedro Haces Barba.
Desde su nacimiento, este partido se colocó en la polémica porque el INE de inicio le negó el registro y fue el Tribunal Electoral quien terminó dándole luz verde, a pesar de que se registraron presuntas irregularidades como la participación de líderes de organizaciones gremiales y aportaciones económicas por parte de personas que no fueron identificadas.
En 2021, al apenas registrar el 2.5% de los votos, el Consejo General del INE emitió una declaratoria para cancelar su registro nacional, pues la Constitución exige al menos el 3% de la votación.
