Intento de freno a precampañas en Morena provoca inédita discusión en comisión de quejas del INE
Cuatro consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) impulsaron un proyecto de medidas cautelares en el que se ordenaba a Morena suspender los actos públicos y limitar a militantes las “asambleas informativas” de sus aspirantes a la candidatura presidencial. De manera inédita, tres consejeros que no forman parte de la Comisión de Quejas intervinieron en ella para argumentar en favor del proyecto.
El acuerdo propuesto por la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas, fue respaldado por Dania Ravel, Jaime Rivera y Arturo Castillo, quienes de manera inusual pidieron intervenir (con voz, pero sin voto) en la sesión en la que se debatió el proyecto.
De manera textual, el proyecto proponía:
“Se ordena a MORENA que, una vez que sea notificado del presente acuerdo, suspenda todos y cada uno de los actos públicos abiertos referidos como recorridos o ‘asambleas informativas’ que, conforme al ‘ACUERDO DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA PARA QUE DE MANERA IMPARCIAL, DEMOCRÁTICA, UNITARIA Y TRANSPARENTE SE LOGRE PROFUNDIZAR Y DAR CONTINUIDAD A LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA DE MÉXICO’, se hayan programado por parte o en favor de Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
“Se ordena a Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña que, una vez que sean notificados del presente acuerdo, suspendan todos y cada uno de los actos públicos abiertos referidos como recorridos o “asambleas informativas” que hayan programado o que vayan a programar”.
Sin embargo, la consejera Rita Bell López y el consejero Jorge Montaño, quienes sí forman parte de la Comisión, votaron en contra y el proyecto no prosperó.
Esta es la segunda ocasión en la que una votación en el INE evidencia una división de criterios entre consejeras y consejeros electorales, respecto a cómo considerar jurídicamente el proceso interno en el que participan Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.
El proyecto, elaborado como respuesta a una queja de Movimiento Ciudadano, tenía como antecedente un acuerdo aprobado el 16 de junio por la Comisión de Quejas, en la que se dictaron medidas preventivas para que los aspirantes de Morena limiten sus actividades, evitando hacer llamados explícitos al voto, hacer propuestas de gobierno o hablar de la plataforma de Morena.
Consejeros del INE se confrontan por proyecto que limitaba proselitismo de Morena
En el proyecto de medidas cautelares se contenían actas levantadas por personal de las Juntas Locales del INE en los estados, en las que se documenta que, entre el 19 y el 26 de junio, los aspirantes realizaron actos dirigidos a toda la ciudadanía, y que no se apegaron a los límites establecidos por la propia Comisión.
El consejero Jaime Rivera aseguró que, aunque la convocatoria de Morena ya fue considerada como parte de las actividades partidistas ordinarias, en los hechos lo que llevan a cabo los aspirantes a la candidatura presidencial son actividades partidistas proselitistas, pues implican posicionamiento ante la sociedad de cara a un proceso electoral inminente.
“Los hechos están rebasando previsiones de ley”, advirtió Rivera.
Por su parte, la consejera Dania Ravel expuso que hay una presunción de ilegalidad y que por eso se puede dictar la medida cautelar propuesta en el proyecto.
“Aparentemente, los recorridos o asambleas informativas no fueron eventos partidistas a puerta cerrada, limitados a su militancia; se tiene constancia del reparto de objetos utilitarios, como camisetas, gorras y chalecos. Las personas denunciadas realizan expresiones alusivas a obras de gobierno, al proceso 2024 y en especial al cargo de Poder Ejecutivo. Todas estas expresiones son evidentes”, comentó Ravel.
La consejera Claudia Zavala, promovente del proyecto, comentó que en los diez días transcurridos en el proceso de Morena hay evidencia clara de que los eventos son abiertos a toda la ciudadanía, y no dirigida a militantes. En los actos se grita “presidenta-presidenta”, o “presidente-presidente”, y por si fuera poco, hay dos personas que, sin ser militantes de Morena, están participando en el proceso.
“Hoy tenemos evidencia documental, levantada por fedatarios de nuestro instituto, y esas constancias nos están diciendo que hay seis personas que públicamente han manifestado querer ser aspirantes a la Presidencia, y que esas seis personas, dos que no son de Morena, han hecho eventos públicos encaminados a eso”, explicó.
Zavala aseguró que todos estos actos ocurridos del 19 de junio a la fecha, ya pueden considerarse lesivos de la equidad en el proceso electoral 2023-2024.
Explicó que corresponderá a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral revisar el fondo, quién pudo violar la ley y determinar si son actos anticipados de campaña, o no. Sin embargo, con las evidencias que ya existen se pueden dictar medidas cautelares, precisamente para que no causar un daño irreversible al proceso electoral.
El consejero Arturo Castillo también pidió intervenir en la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, para argumentar en favor de las medidas cautelares con las que se buscaba detener o limitar el riesgo de vulneración de la equidad en la contienda.
Igualmente, enumeró conductas que han sido ya documentadas en diez días del proceso dentro de Morena: las manifestaciones de los aspirantes, la reacción de los asistentes ante la aparición de las llamadas “corcholatas” y toda la parafernalia que se da alrededor de su presencia en diversas ciudades.
En contraste, el consejero Jorge Montaño aseguró que no se acreditan violaciones a la ley ni actos anticipados de precampaña. E insistió en que no corresponde al INE, sino a la Sala Regional Especializada, valorar las pruebas contenidas en las actas levantadas por las Juntas Locales del INE.
La consejera Rita Bell López argumentó, en el mismo sentido de Montaño, que no hay elementos suficientes para dictar las medidas cautelares propuestas, y afirmó que los actos públicos que se han ido documentando no fueron parte de las previsiones que había adoptado el INE en sus medidas cautelares anteriores.
“Nunca se dijo que los eventos tenían que ser privados, ni solamente con militantes”, dijo.
Montaño y López criticaron que el proyecto de acuerdo -en el que se proponía otorgar las medidas cautelares pedidas por los denunciantes- se haya elaborado con premura y sin atender otros antecedentes jurídicos que lo hacen improcedente.
Rivera lamentó que se pretenda descalificar el trabajo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y que en la comisión se esgrimieran argumentos, no de autoridad electoral, sino de defensores de parte, lo que provocó la inconformidad de sus colegas.
“No se le va a decir a una funcionaria pública qué hacer y qué no, estoy en ejercicio de mis atribuciones y pido respeto”, reclamó la consejera Rita Bell López.
