Medios públicos y cuentas dedicadas a “desmentir” información difundieron en redes sociales que los pacientes contagiados por COVID-19 en la CDMX no fueron atendidos con ivermectina.
Pero esto es falso porque la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) confirmó que incluyeron el tratamiento en los pacientes diagnosticados con COVID-19 con síntomas leves, basándose en la evidencia científica disponible a nivel mundial desde el 2020.
“La Secretaría de Salud de la Ciudad de México aclara que la inclusión de Ivermectina en el tratamiento de pacientes diagnosticados con COVID-19 con sintomatología leve tuvo soporte en la evidencia científica disponible a nivel mundial en el año 2020”, señala el comunicado compartido por la dependencia.
📢Se informa lo siguiente respecto a la Ivermectina:
Más información: https://t.co/A0rbuo0RqM pic.twitter.com/uDS44ZJYXI
— Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) February 5, 2022
La farmacéutica Merck, quien actualmente produce la ivermectina (para personas), dijo desde el 4 de febrero de 2021 que “no hay evidencia significativa de actividad clínica o eficacia clínica en pacientes con enfermedad COVID-19”.
De hecho, en agosto de 2021 el Gobierno Federal emitió la Guía Clínica para el tratamiento de la COVID-19 en México en donde no recomienda su uso, y por esa razón el gobierno de la Ciudad de México dejó de incluirlo como tratamiento en el mes de septiembre.
En esa misma guía indica que la ivermectina no cuenta con ningún beneficio demostrado.
Y recordaron que la vacunación contra COVID-19 es la estrategia principal del gobierno capitalino desde que lo aprobó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en diciembre de 2020.
Animal Político publicó que desde 2020 y hasta enero de 2022 el gobierno de la Ciudad de México gastó 29 millones 290 mil pesos para comprar 293 mil cajas de ivermectina, 100 mil de ácido acetilsalicílico y 93 mil de azitromicina para tratar el COVID-19.
Estos medicamentos se entregaron a unas 200 mil personas que resultaron positivas al virus y no están recomendados ni aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS, que es la máxima autoridad sanitaria a nivel mundial.
El viernes pasado se conoció que el sitio SocArXiv eliminó el estudio a través del cual el Gobierno de la Ciudad de México defendió la entrega de ivermectina a pacientes enfermos de COVID-19.
El documento fue firmado por José Merino, Eduardo Clark, Lila Petersen y Saúl Caballero de la Agencia de Innovación Pública (ADIP); Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México y Víctor Hugo Borja, titular de la Unidad de Educación e Investigación del IMSS.
En conclusión, el gobierno de la Ciudad de México sí atendió pacientes contagiados por COVID-19 con ivermectina y entregó kits de este tratamiento que no está validado por las autoridades mundiales de salud.
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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