El desfile de las “mini corcholatas”
En las calles de nueve estados del país han comenzado a aparecer las fotografías de políticos en anuncios espectaculares que promocionan revistas que no existen; sus nombres -a veces convertidos en hashtags- son pintados en bardas o impresos en folletos y volantes que se reparten en mercados, autobuses y plazas públicas. Sus redes sociales rebosan mensajes en los que presumen su trayectoria, su compromiso con la “transformación” o su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La guerra de bardas y espectaculares anuncia la contienda por las candidaturas de Morena en las entidades donde habrá elecciones por la gubernatura: Brugada contra Harfuch, Mier contra Armenta, Manuela contra Sasil, Margarita contra Rabindranath, May contra Osuna, Nahle contra Gutiérrez Luna…
La lista de aspirantes es larga, pues al menos 57 políticos militantes de la llamada “cuarta transformación” quieren -creen que pueden- ser abanderados del lopezobradorismo y gobernar su estado.
El caso más absurdo quizás sea el de Cuauhtémoc Blanco, quien gobernó de la patada Cuernavaca y, aun así, fue adoptado por López Obrador como candidato del PES en las elecciones de 2018, y ahora -purificado por su registro como militante de Morena, aunque con resultados igualmente desastrosos como gobernador- busca participar en la encuesta para abanderar al “movimiento” en la Ciudad de México.
Pero en el desfile de “mini corcholatas” hay de todo: la exdirectora de la Lotería Nacional, el exdirector de Fonatur, la secretaria de Energía, el procurador federal del Consumidor, el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, la auditora fiscal del Servicio de Administración Tributaria, el secretario general del INFONAVIT, delegados de Programas del Bienestar, senadores, diputados, presidentes municipales, funcionarios de gobiernos estatales y parientes, como Manuela Obrador, quien podría pasar de prima a gobernadora de Chiapas.
La contienda tiene meses, pero este lunes será formalizada por la dirigencia nacional de Morena, cuando el dirigente Mario Delgado dé a conocer la convocatoria para la selección de las “coordinaciones de defensa de la transformación” en las nueve entidades donde se elegirán gubernaturas en 2024.
De las nueve, Morena gobierna actualmente seis: Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. Y es oposición en tres: Guanajuato y Yucatán (gobernados por el PAN), y Jalisco, una de las dos entidades gobernadas por Movimiento Ciudadano.
Según se ha adelantado, la convocatoria de Mario Delgado establecerá un plazo para registrarse como aspirantes, del 25 al 26 de septiembre, por lo que es previsible que sea en octubre cuando las llamadas “mini corcholatas” lleven a cabo sus recorridos estatales y sus asambleas informativas, emulando lo ocurrido a nivel nacional en el proceso del que resultó electa Claudia Sheinbaum.
El proceso será, como ocurrió a nivel nacional, un abierto desafío a la legislación electoral, pues en todos los nueve estados las precampañas deberían arrancar hasta el mes de noviembre, pero es previsible que la violación a la ley por parte de los partidos Morena, PT y PVEM, y sus aspirantes tenga las mismas consecuencias que en lo nacional: ninguna.
Más bien, los procesos terminarán siendo imitados por las candidatas y candidatos del Frente Amplio, donde también se perfilan ya competidores, aunque con severos problemas para concretar las alianzas en lo local.
Como también ocurrió a nivel nacional, los Organismos Públicos Locales Electorales de las nueve entidades en cuestión se llenarán de quejas y denuncias, y serán rebasados por la carga de trabajo, la presión política y sus problemas presupuestales. Cuatro de las nueve entidades han aparecido en el informe que realiza el INE sobre la situación financiera de los OPLE con riesgo alto o medio: CDMX, Morelos, Jalisco y Puebla.
La gran duda es si los OPLE terminarán generando lineamientos similares a los que se emitieron en el INE para tratar de contener a los aspirantes a la Presidencia de la República, y si serán capaces de crear mecanismos de fiscalización de estas campañas adelantadas que, desde hace meses, están implicando un gasto millonario.
Basta viajar a Puebla para ver las carreteras y avenidas tapizadas con espectaculares del diputado Ignacio Mier y el senador Alejandro Armenta. O pasear por el Periférico de la Ciudad de México, para encontrarse con decenas de anuncios de una revista llamada P4TRIOTAS, que hace meses entrevistó a la exalcaldesa de Iztapalapa y aún sigue promocionando la venta de sus ejemplares.
Es previsible que las quejas y denuncias en contra de las “mini corcholatas” rebasen a los OPLE, lleguen a los Tribunales Electorales de los estados y terminen en las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Todo ello implicará tiempo, recursos humanos y presupuesto, pero puede anticiparse que quienes compitan terminarán por no rendir cuentas, ni de sus gastos, ni de sus actos anticipados de campaña.
Haber permitido que se adelantaran los tiempos a nivel federal, haber tolerado lo ilegal con resoluciones aprobadas por la mayoría de consejeros y magistrados electorales, seguirá teniendo consecuencias.
Profesores y maestros han estado protestando durante semanas en todo el país exigiendo mayores derechos en las aulas.
Tras varias semanas de protestas realizadas por profesores en Corea del Sur, el gobierno aprobó una nueva ley para proteger más a los docentes de los padres que se quejan y los acosan.
Durante nueve semanas, profesores y maestros han estado protestando para exigir mayores derechos del ejercicios de sus funciones dentro de las aulas.
Afirman haber sido frecuentemente acosados por los padres de los alumnos que algunas veces los acusan maliciosamente de abuso infantil, para que los destituyan de sus cargos.
La ola de protestas se desató tras el suicidio de una joven maestra que había sido bombardeada por las quejas de los padres en Corea del Sur.
La maestra, que llevaba poco más de un año enseñando escribió que se había sentido tan abrumada por la locura de su trabajo que “quería dejarse ir”.
La situación de los profesores se ha vuelto imposible desde su punto de vista. Varios afirman que han sido denunciados por sujetar y restringir a un niño violento, o por simplemente llamarle la atención a un alumno.
Los profesores acusaron a los padres de aprovecharse de la ley de Bienestar Infantil, aprobada en 2014, que establece el despido automático de los profesores acusados de abuso infantil.
Más investigación y evidencia para acusar a profesores en Corea del Sur
Según la nueva legislación, conocida como el proyecto de ley para el Restablecimiento de los Derechos de Profesores, los docentes no serán destituidos tan pronto se reporte el abuso infantil; se necesitará realizar más investigaciones y tomar más evidencia.
También habrá apoyo financiero disponible para la defensa legal de los profesores demandados y se impondrá mayor responsabilidad a los directores y rectores de las escuelas para que protejan a su plantel.
Las protestas de los profesores estallaron después del suicidio en julio de una maestra de primaria de 23 años que estaba abrumada por las quejas de los padres.
La joven maestra cumplía su sueño de infancia de ejercer la misma profesión de su madre y adoraba a los niños, contó uno de sus primos que descubrió el diario que había dejado atrás.
En éste describía las presiones de su trabajo, de un alumno que había herido en la cabeza a otro con un lápiz y cómo ella se había enzarzado en acaloradas llamadas telefónicas y mensajes con los padres.
Los profesores afirmaron que la cultura de denuncias maliciosas los habían dejado incapaces de enseñar o mantener la disciplina de los alumnos.
Chatbots y llamadas grabadas
La Federación de Sindicatos de Maestros de Corea del Sur recibió con beneplácito la nueva legislación, declarando que tanto “expandiría el derecho a enseñar como proteger el derecho de los estudiantes para aprender”.
El sindicato expresó su “más profundo agradecimiento” a los profesores que se lanzaron a las calles durante nueve semanas seguidas, exigiendo mejores condiciones, y dijo que el resultado de hoy se debía a la fortaleza de ellos.
En las semanas recientes, el gobierno y las autoridades locales ya habían implementado una serie de medidas para proteger a los profesores y facilitarles el ejercicio de su trabajo, pero ninguna de estas era legalmente vinculante.
Las nuevas directivas del gobierno, formuladas a principios de este mes, estipulan que los profesores tienen el derecho a retirar de las aulas a los estudiantes indisciplinados y sujetarlos si es necesario.
Además de eso, la Oficina de Educación de Seúl anunció planes esta semana de grabar todas las llamadas de los padres hechas a los profesores y de instalar un chatbot (un simulador digital de conversación) para que actúe como primera línea de defensa contra las quejas de los padres.
Más cambios serán necesarios, dicen los profesores en Corea del Sur
Sin embargo, algunos maestros arguyen que las nuevas leyes no van suficientemente lejos.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores, Kim Yong-seo, llamó la nueva legislación “un gran paso hacia la protección de los profesores y estudiantes”, pero señaló que había áreas que todavía necesitaban mejorarse.
Hizo un llamado a los políticos para que enmienden el Acta de Bienestar Infantil, sosteniendo que no debería ser posible que una simple acción disciplinaria de los alumnos sea catalogada como abuso infantil.
Unos profesores también quieren que se penalicen a los los padres que hagan acusaciones falsas de abuso infantil.
Kim Jin-seo, una profesora de 28 años que habló con la BBC durante una de las protestas, dijo que la nueva ley no impediría las denuncias infundadas de abuso infantil, porque sin el temor de repercusiones, los padres continuarían acusando maliciosamente a los profesores que no les cayeran bien.
Se estima que la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur es en parte responsable de la cultura de hostigamiento por parte de los padres.
Los resultados académicos son considerados el mejor indicador del éxito, lo que significa que los estudiantes compiten ferozmente para obtener las mejores calificaciones desde una edad muy temprana para garantizar la entrada a las principales universidades.
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