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En uno de los momentos más tensos de la reunión de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, éste les dijo que su lucha por la verdad y la justicia está siendo manipulada por las organizaciones de derechos humanos que los acompañan, y por los medios de comunicación.
Fiel a su estilo, el presidente dijo que el caso Ayotzinapa ha sido utilizado para golpear a su gobierno y, especialmente, a las Fuerzas Armadas.
Los padres defendieron el acompañamiento de las cuatro organizaciones que integran la <a href="http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/es/Comision_para_la_Verdad#005">Comisión de la Verdad y la Justicia</a>, creada desde diciembre de 2018 por decreto presidencial: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C.; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y SERAPAZ, Servicios y Asesoría para la Paz.
<figure id="attachment_1325347" aria-describedby="caption-attachment-1325347" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1325347" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Estos-son-los-perpretadores-Ayotzinapa.jpg" alt="Plantón de familiares de Ayotzinapa en el campo militar no. 1, para presionar a las autoridades a que les entreguen toda la información del caso." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Estos-son-los-perpretadores-Ayotzinapa.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Estos-son-los-perpretadores-Ayotzinapa-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Estos-son-los-perpretadores-Ayotzinapa-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Estos-son-los-perpretadores-Ayotzinapa-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1325347" class="wp-caption-text">Plantón de familiares de Ayotzinapa en el campo militar no. 1, en exigencia de que las autoridades les entreguen toda la información del caso. Foto: Manu Ureste.</figcaption></figure>
Presentes en la reunión, los representantes de estas organizaciones fueron defendidos por las madres y padres, quienes le dijeron al presidente que, si no fuera por su acompañamiento y asesoría jurídica, probablemente su gobierno no los atendería.
Mario César González Hernández, padre de uno de los normalistas desaparecidos, mencionó que las organizaciones impidieron que la anterior administración diera carpetazo al asunto con la llamada “verdad histórica”.
El encuentro, <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/amlo-reunion-padres-normalistas-ayotzinapa" target="_blank" rel="noopener">celebrado el miércoles pasado en Palacio Nacional</a>, fue calificado como ríspido por los asistentes, pues confrontó a un presidente que asegura que su administración ya ha entregado toda la información que tiene sobre el caso Ayotzinapa, con padres y madres que aún reclaman que el Ejército mexicano diga todo lo que sabe sobre la Noche de Iguala.
Sin embargo, los padres y madres -y las organizaciones que los acompañan- actuaron con prudencia, evitaron romper lanzas, y se llevaron de Palacio Nacional una nueva promesa de López Obrador: la de revisar qué información no han entregado las Fuerzas Armadas y entregárselas en una nueva reunión, que se celebrará el lunes 25 por la tarde, un día antes de la jornada de lucha por los nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al día siguiente, en la conferencia mañanera, el presidente aseguró que el lunes entregará a cada padre y madre un expediente sin testar con la información que aún no hubiese entregado la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, como hizo en la reunión con los padres, volvió a descalificar a las organizaciones sociales.
“Tenemos el compromiso de conocer la verdad, de que haya justicia sin impunidad, no queremos que estos falsarios pseudo defensores de derechos humanos usen este asunto para afectar al Gobierno y en especial al Ejército… porque, si son responsables, como está sucediendo, ya hay como 15 o 20 militares encarcelados, pues que sean juzgados y que se demuestre que fueron responsables”, <a href="https://www.animalpolitico.com/politica/amlo-expedientes-sin-testar-padres-de-ayotzinapa" target="_blank" rel="noopener">dijo el presidente en la mañanera</a>.
Además, dijo que entre 15 y 20 militares han sido detenidos para ser juzgados por su presunta responsabilidad en los hechos, aunque <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/fact-checking/ayotzinapa-militares-detenidos-falso" target="_blank" rel="noopener">en realidad se trata de 14 elementos</a>.
<figure id="attachment_1325350" aria-describedby="caption-attachment-1325350" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1325350" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/El-ejercito-ordeno-ayotzinapa.jpg" alt="Plantón de familiares de Ayotzinapa en el campo militar no. 1, para presionar a las autoridades a que les entreguen toda la información del caso." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/El-ejercito-ordeno-ayotzinapa.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/El-ejercito-ordeno-ayotzinapa-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/El-ejercito-ordeno-ayotzinapa-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/El-ejercito-ordeno-ayotzinapa-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1325350" class="wp-caption-text">En el plantón de madres y padres de Ayotzinapa, en el campo militar no. 1. Foto: Manu Ureste.</figcaption></figure>
<h2>El decreto de 2018 y la promesa de verdad y justicia</h2>
En un sexenio en el que los militares han adquirido poder, influencia y relevancia política -cedidas voluntariamente por el presidente-, no es un asunto menor que el punto de discrepancia entre López Obrador y los padres de Ayotzinapa sea la resistencia del Ejército a decir toda la verdad.
En efecto, desde el inicio de su administración, López Obrador dio pasos que su antecesor, Enrique Peña Nieto, no quiso dar: el 4 de diciembre de 2018 publicó un decreto en el que instruyó “establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia”.
El decreto creó la Comisión de la Verdad y la Justicia e instruyó a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Alejandro Encinas, a implementar los mecanismos necesarios para que las investigaciones del Estado mexicano se llevaran a cabo sin sesgos, con independencia, imparcialidad y estricto apego a la verdad.
Y se instruía: “las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que cuenten con información o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, en búsqueda de la verdad, deberán de facilitarla a la Comisión, para que ésta a su vez la haga llegar a la autoridad competente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.
Con base en ese decreto, y ante la negativa de las Fuerzas Armadas a entregar toda la información que posee sobre el caso &#8211;<a href="https://animalpolitico.com/sociedad/giei-ayotzinapa-obstaculos-militares-informe" target="_blank" rel="noopener">como fue denunciado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes</a>, antes de anunciar su salida definitiva del país, el pasado 25 de julio-, los padres se ampararon ante la justicia reclamando toda la información.
Y lograron que el Poder Judicial ordenara, el pasado 4 de septiembre, que el Ejército no destruya ninguno de los documentos que tiene en su poder que podría conducir al esclarecimiento de los hechos. Esto, tras <a href="https://www.animalpolitico.com/seguridad/mensajes-texto-ineditos-nyt-ayotzinapa-43-normalistas" target="_blank" rel="noopener">revelaciones periodísticas sobre la existencia de mensajes que confirman la colusión de autoridades y criminales</a> durante la Noche de Iguala.
<figure id="attachment_1325351" aria-describedby="caption-attachment-1325351" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1325351" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/madres-de-ayotzinapa-en-el-campo-militar-no-1.jpg" alt="Madres de Ayotzinapa en la entrada del Campo Militar no. 1" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/madres-de-ayotzinapa-en-el-campo-militar-no-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/madres-de-ayotzinapa-en-el-campo-militar-no-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/madres-de-ayotzinapa-en-el-campo-militar-no-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/madres-de-ayotzinapa-en-el-campo-militar-no-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1325351" class="wp-caption-text">Madres de Ayotzinapa en el plantón frente al Campo Militar no. 1. Foto: Manu Ureste.</figcaption></figure>
Hoy, en la víspera de una nueva reunión con el presidente, la expectativa gira en torno a los expedientes prometidos por el presidente.
¿Entregará López Obrador los documentos no testados que prometió? ¿Le habrá entregado el Ejército todo lo que posee en sus archivos de inteligencia militar para que, a su vez, él los entregue a los padres? ¿La voluntad del presidente será, efectivamente, que se conozca toda la verdad? ¿O prevalecerá la opacidad con la que se ha protegido al Ejército durante estos nueve años?
La promesa de esclarecer el caso la hizo López Obrador aun antes de ser presidente, y la reafirmó el día de su toma de posesión ante el Congreso de la Unión.
Los normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos, los padres y madres de los desaparecidos, Guerrero y la sociedad en su conjunto siguen esperando la verdad. Sin ella, en efecto, el caso seguirá siendo objeto de uso político, motivo de vergüenza internacional, arenga en múltiples manifestaciones y sujeto de nuevas promesas en las campañas por venir.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Ayotzinapa, el Ejército y la promesa de López Obrador

En las calles de nueve estados del país han comenzado a aparecer las fotografías de políticos en anuncios espectaculares que promocionan revistas que no existen; sus nombres -a veces convertidos en hashtags- son pintados en bardas o impresos en folletos y volantes que se reparten en mercados, autobuses y plazas públicas. Sus redes sociales rebosan mensajes en los que presumen su trayectoria, su compromiso con la “transformación” o su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La guerra de bardas y espectaculares anuncia la contienda por las candidaturas de Morena en las entidades donde habrá elecciones por la gubernatura: Brugada contra Harfuch, Mier contra Armenta, Manuela contra Sasil, Margarita contra Rabindranath, May contra Osuna, Nahle contra Gutiérrez Luna…
La lista de aspirantes es larga, pues al menos 57 políticos militantes de la llamada “cuarta transformación” quieren -creen que pueden- ser abanderados del lopezobradorismo y gobernar su estado.
El caso más absurdo quizás sea el de Cuauhtémoc Blanco, quien gobernó de la patada Cuernavaca y, aun así, fue adoptado por López Obrador como candidato del PES en las elecciones de 2018, y ahora -purificado por su registro como militante de Morena, aunque con resultados igualmente desastrosos como gobernador- busca participar en la encuesta para abanderar al “movimiento” en la Ciudad de México.
Pero en el desfile de “mini corcholatas” hay de todo: la exdirectora de la Lotería Nacional, el exdirector de Fonatur, la secretaria de Energía, el procurador federal del Consumidor, el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, la auditora fiscal del Servicio de Administración Tributaria, el secretario general del INFONAVIT, delegados de Programas del Bienestar, senadores, diputados, presidentes municipales, funcionarios de gobiernos estatales y parientes, como Manuela Obrador, quien podría pasar de prima a gobernadora de Chiapas.
La contienda tiene meses, pero este lunes será formalizada por la dirigencia nacional de Morena, cuando el dirigente Mario Delgado dé a conocer la convocatoria para la selección de las “coordinaciones de defensa de la transformación” en las nueve entidades donde se elegirán gubernaturas en 2024.
De las nueve, Morena gobierna actualmente seis: Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. Y es oposición en tres: Guanajuato y Yucatán (gobernados por el PAN), y Jalisco, una de las dos entidades gobernadas por Movimiento Ciudadano.
Según se ha adelantado, la convocatoria de Mario Delgado establecerá un plazo para registrarse como aspirantes, del 25 al 26 de septiembre, por lo que es previsible que sea en octubre cuando las llamadas “mini corcholatas” lleven a cabo sus recorridos estatales y sus asambleas informativas, emulando lo ocurrido a nivel nacional en el proceso del que resultó electa Claudia Sheinbaum.
El proceso será, como ocurrió a nivel nacional, un abierto desafío a la legislación electoral, pues en todos los nueve estados las precampañas deberían arrancar hasta el mes de noviembre, pero es previsible que la violación a la ley por parte de los partidos Morena, PT y PVEM, y sus aspirantes tenga las mismas consecuencias que en lo nacional: ninguna.
Más bien, los procesos terminarán siendo imitados por las candidatas y candidatos del Frente Amplio, donde también se perfilan ya competidores, aunque con severos problemas para concretar las alianzas en lo local.
Como también ocurrió a nivel nacional, los Organismos Públicos Locales Electorales de las nueve entidades en cuestión se llenarán de quejas y denuncias, y serán rebasados por la carga de trabajo, la presión política y sus problemas presupuestales. Cuatro de las nueve entidades han aparecido en el informe que realiza el INE sobre la situación financiera de los OPLE con riesgo alto o medio: CDMX, Morelos, Jalisco y Puebla.
La gran duda es si los OPLE terminarán generando lineamientos similares a los que se emitieron en el INE para tratar de contener a los aspirantes a la Presidencia de la República, y si serán capaces de crear mecanismos de fiscalización de estas campañas adelantadas que, desde hace meses, están implicando un gasto millonario.
Basta viajar a Puebla para ver las carreteras y avenidas tapizadas con espectaculares del diputado Ignacio Mier y el senador Alejandro Armenta. O pasear por el Periférico de la Ciudad de México, para encontrarse con decenas de anuncios de una revista llamada P4TRIOTAS, que hace meses entrevistó a la exalcaldesa de Iztapalapa y aún sigue promocionando la venta de sus ejemplares.
Es previsible que las quejas y denuncias en contra de las “mini corcholatas” rebasen a los OPLE, lleguen a los Tribunales Electorales de los estados y terminen en las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Todo ello implicará tiempo, recursos humanos y presupuesto, pero puede anticiparse que quienes compitan terminarán por no rendir cuentas, ni de sus gastos, ni de sus actos anticipados de campaña.
Haber permitido que se adelantaran los tiempos a nivel federal, haber tolerado lo ilegal con resoluciones aprobadas por la mayoría de consejeros y magistrados electorales, seguirá teniendo consecuencias.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

El desfile de las “mini corcholatas”

La escena es inédita: Andrés Manuel López Obrador entrega a Claudia Sheinbaum un bastón de mando similar al que los pueblos indígenas usaban para designar al jefe de la tribu. El palo de madera, tocado con una cabeza de águila en la parte superior y adornado con listones de colores, es semejante al que recibió el propio López Obrador en el Zócalo el 1º de diciembre de 2018. Al fondo, en una noche nublada, el Templo Mayor sirve de escenografía perfecta para el insólito perfomance.
Probablemente sea una excentricidad, pero la ceremonia carece de ilegalidad. Es un acto simbólico de transmisión de liderazgo de un movimiento, y no un evento oficial, por lo que se equivocan quienes se rasgan las vestiduras queriendo encontrar la ilegalidad en una puesta en escena a la que, por cierto, sólo fueron convocados los líderes tribales del movimiento.
El acto incluye, sin embargo, ciertos elementos cuestionables no por la entrega del bastón de mando en sí misma, sino por la parafernalia de la que está rodeada.
Es decir, lo ilegal no está en el acto simbólico, sino en la presencia de funcionarios públicos que, en principio, están obligados a la neutralidad e imparcialidad para preservar el principio de equidad en la próxima contienda electoral.
Por la mañana de ese mismo jueves 7 de septiembre, las autoridades electorales dieron inicio formal y legal al proceso electoral 2023-2024 en una ceremonia ignorada por el gobierno federal y los gobiernos estatales de Morena, volcados todos en el final de la contienda entre sus llamadas “corcholatas”.
En una lógica de legalidad electoral, lo cuestionable no es el bastón de mando, sino la asistencia de 22 gobernadores en funciones y de la próxima gobernadora del Estado de México, quienes anunciaron con su sola presencia su decisión de actuar como líderes locales del movimiento, y no como mandatarios obligados a no entrometerse en los comicios.
Amén del uso de recursos públicos, vehículos oficiales, asistentes y asesores, y del tiempo de su agenda como gobernadores de estados que, por cierto, viven graves problemas.
“Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como de la Ciudad de México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, dice el cada vez menos atendido artículo 134 constitucional.
El colmo en todo esto es Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena que, en sus ratos libres, despacha como gobernador de Sonora, entidad en la que el crimen organizado ha sentado sus reales.
Ciertamente, el 1º de diciembre de 2018 López Obrador pasó primero por la Cámara de Diputados para la investidura oficial como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y pronunció en sesión de Congreso General su primer discurso a la nación. Horas más tarde, en su plaza de mil batallas, se dirigió a sus seguidores y encabezó una ceremonia ritual, ya sin validez oficial, pero con la investidura de presidente.
Llama la atención que esta vez decidió hacerlo al revés: primero la transferencia del liderazgo y, después, si las elecciones le salen bien a Morena, la transmisión oficial del poder presidencial.
Es decir, con el bastón de mando jamás pretendió convertir a Claudia Sheinbaum en presidenta -como se ha criticado-, sino ungirla como lideresa de la corriente ideológica a la que el propio López Obrador llama “movimiento”.
<h2>Bastón, mando ¿y liderazgo?</h2>
Por méritos propios y también por los errores que han llevado al descrédito a los partidos de la transición (PRI, PAN, PRD), el presidente López Obrador ha creado y dirigido la corriente política más importante del siglo XXI mexicano.
Forjado en tres campañas electorales, aunque formalizado como partido hasta 2014, “el movimiento” es un ente que trasciende incluso a Morena y que, más que 4T, podría definirse en una palabra como lopezobradorismo.
Con sus poderosos instrumentos de propaganda, hoy aceitados con cuantiosos recursos públicos desplegados desde Palacio Nacional, el lopezobradorismo es una corriente ideológica y política y, para sus más fieles seguidores, una especie de religión en la que el credo del líder se acepta, se acata, se propaga y se impone.
En la secta es más importante la doctrina que los argumentos; los fines de la causa justifican los medios.
Lo cierto es que, a partir de 2018, el movimiento se convirtió en partido oficial y en una poderosa máquina de ganar elecciones. Como suele ocurrir, con su crecimiento el movimiento se fue llenando de todo tipo de arribistas y oportunistas, atraídos por el poder y no por la causa, movidos por la posibilidad de llegar a los cargos públicos, más que por las “nobles causas del pueblo” que aún pregona López Obrador.
Son impresionantes las cifras que dan cuenta del poder acumulado por Morena y sus aliados PT, PVEM y el extinto PES en apenas cinco años: 23 gubernaturas, mayorías en más de 20 congresos estatales, más de mil 200 municipios, la mayor parte de las capitales estatales, la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado; 2.3 millones de militantes en Morena, 592 mil en el Verde y 457 mil en el PT.
Ésa es la plataforma de despegue de la campaña de Claudia Sheinbaum, pero también el tamaño de la responsabilidad que conlleva el liderazgo del movimiento.
Ciertamente, López Obrador estará a su lado durante el próximo año y, sin duda, seguirá siendo el factótum de la política y la voz que imponga la agenda pública desde la conferencia mañanera.
Pero, en teoría, corresponderá a ella dirigir las decisiones programáticas, la selección de candidaturas, la política de alianzas y la estrategia de campaña para cumplir eso que hace unos meses parecía un mero trámite: ganar la elección del 2 de junio de 2024.
Para ello, fue vital la sesión de ayer del Consejo Nacional de Morena, en la que Mario Delgado, Citlali Hernández, Alfonso Durazo, los gobernadores y el resto de la cúpula del partido la declararon lideresa, aunque con un poder acotado por un plan de gobierno en el que se compromete a continuar el lopezobradorismo. Eso, en los hechos, es lo que significa la “coordinación de defensa de la transformación”.
La precandidatura de Omar García Harfuch podría ser la primera decisión tomada por Sheinbaum con el bastón de mando en sus manos, pues se sabe que él es su candidato, mientras que el presidente parecía inclinarse por la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien estuvo acompañada ayer en su último informe antes de pedir licencia al cargo por el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.
En la construcción de su propio liderazgo, Sheinbaum tendrá que adoptar decisiones propias, incluso a contracorriente de los deseos presidenciales. Ésa será su verdadera prueba. Ahí es donde se medirá el auténtico poder del bastón de mando que ya tiene en sus manos.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco </a>

Claudia Sheinbaum, bastón de mando ¿y liderazgo?

Las dos autoridades encargadas de las elecciones 2024 están en crisis: el Instituto Nacional Electoral, por la evidente división entre consejeros y la falta de acuerdos para integrar en su totalidad su Junta General Ejecutiva, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la inminente renovación de dos de sus siete magistraturas.
En ese contexto, esta semana iniciará formalmente el proceso electoral “más grande de la historia”. El silbatazo inicial lo dará el INE, con una sesión del Consejo General que se celebrará el jueves 7 de septiembre. De manera nunca antes vista, el arranque ocurrirá cuando las dos principales coaliciones políticas ya hayan nombrado a sus candidatas a la Presidencia.
El adelantamiento ilegal de los tiempos muestra las causas y efectos de la crisis. La diferencia de criterios y posturas entre consejeras y magistrados, la división y, finalmente, la rendición de los colegiados ante el desafío de los partidos.
Para algunas consejeras y magistradas, esto debió detenerse a tiempo; otros -la mayoría- decidieron adaptar la Constitución y la Ley a los deseos de la “clase política”, avalar el proceso iniciado por Morena e imitado por la oposición, e iniciar el proceso con un nuevo lema institucional: “quién dice que la ley es la ley”.
Incluso, hasta se generaron lineamientos para tratar de “regular” el preámbulo electoral. Los lineamientos no frenaron los presuntos actos anticipados de campaña, pero con algo de suerte, quizás lleguemos a conocer un poco de cómo se financiaron esos recorridos.
<h2>La renovación del Tribunal</h2>
La integración actual de la Sala Superior del TEPJF tiene sus días contados, pues en noviembre llegan a su fin los nombramientos de los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante.
La sala se integra con siete magistraturas, por lo que seguirán en sus puestos las magistradas Janine Otalora y Mónica Soto, y los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y el actual presidente, Reyes Rodríguez.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó a andar ya el proceso de renovación de las dos próximas vacantes, pues les corresponde a los ministros proponer las ternas para que el Senado apruebe los nombramientos.
Llama la atención que, entre quienes se han inscrito para buscar esas plazas, figuran dos exconsejeros que salieron en abril del INE: Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, además de una veintena de magistrados locales y exintegrantes de Salas Regionales.
La renovación del Tribunal que habrá de declarar la validez de las elecciones y emitir la sentencia para declarar a alguien presidente o presidenta electa, se dará en medio de la tormenta, pues el presidente López Obrador ha desatado una ofensiva contra el Poder Judicial y ya puso en la mira al presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, a quien descalificó en la mañanera del pasado 18 de agosto.
El presidente vinculó al magistrado con Felipe Calderón, y atribuyó a sus presuntos nexos laborales las recientes sentencias del Tribunal en las que se le ha señalado por su intromisión en el proceso electoral y por haber podido ejercer violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez.
Si la animadversión presidencial es leída por la bancada de Morena en el Senado como una orden de desmantelamiento, el Tribunal podría correr la misma suerte del INAI -es decir, los no nombramientos-, y llegar “mocho” a las elecciones.
La integración parcial someterá a fuertes presiones a la Sala Superior, aumentará la carga de trabajo de las cinco magistraturas en la que ya se perfila como la elección más litigiosa de la historia, y obligará a llamar a dos magistrados de salas regionales -los de más años de servicio, dice la ley- para decisiones en las que se requieran los siete votos, como la calificación de la elección presidencial, por ejemplo.
<h2>La crisis del INE</h2>
En el INE, renovado apenas en abril, la crisis ya está presente: la forma en la que se ha conducido el instituto desde la presidencia de la consejera Guadalupe Taddei no ha permitido concretar los nombramientos de funcionarios clave.
El INE de Taddei mantiene descabezada la Secretaría Ejecutiva, que es la cabeza operativa de toda la estructura, debido a que un grupo de consejeras y consejeros se negaron a votar en favor de Flavio Cienfuegos, el funcionario más cercano a Taddei, quien -desde la jefatura de oficina de la Presidencia del Consejo- se ha convertido en la voz de mando en muchas de las decisiones estratégicas.
La falta de nombramiento en la Secretaría Ejecutiva obligó a Taddei a nombrar como encargada de despacho a María Elena Cornejo, quien acababa de ser nombrada directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Es decir, al tapar el hueco en la Secretaría Ejecutiva, se abrió otro en la llamada Deceyec, el área encargada de capacitar a más de un millón de ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla y de las campañas de difusión del instituto.
Otras áreas clave que operan con encargados de despacho son: la Unidad Técnica de Fiscalización, encargada de auditar los ingresos y gastos de partidos y candidatos; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos, que entre muchas otras cosas administra el acceso de los partidos a la radio y televisión; la Dirección Jurídica, la Unidad Técnica de Transparencia y la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA).
En la llamada DEA, Taddei había nombrado ya como titular a un funcionario de larga trayectoria en el INE: Ignacio Ruelas, quien presentó su renuncia días antes de la aprobación del proyecto de presupuesto del INE para 2024.
Otra área descabezada, donde la ausencia de un responsable se ha traducido en incidentes públicos, es la Coordinación Nacional de Comunicación Social, acéfala desde abril. Esta área es la responsable de tareas que resultan clave en una elección de grandes dimensiones, como la que está en puerta: la organización de los debates, la elaboración de mensajes y campañas para que la ciudadanía emita un voto informado, el combate a la desinformación y, en general, la explicación del complejo proceso electoral a la sociedad, en unos comicios ya marcados por la polarización entre los actores políticos y la clara intervención desde Palacio Nacional.
Si se analizan los votos y debates en la llamada herradura del Consejo General, en el INE se han ido decantando dos bloques claros de consejeras y consejeros; de un lado, la presidenta Guadalupe Taddei, acompañada por de los recién nombrados Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López y Arturo Castillo; además de Uuc-kib Espadas y Norma Irene de la Cruz, nombrados en 2020. Del otro lado, las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel y Carla Humphrey, y los consejeros Jaime Rivera y Martín Faz.
Esta división ha sido cara en la aprobación, no sólo de nombramientos, sino de acuerdos que, aunque han escapado de la atención mediática, pueden resultar importantes en la compleja organización electoral. Un ejemplo es la estrategia de capacitación recientemente aprobada, en la que el bloque de seis accedió a eliminar un candado que impedía que militantes de partidos políticos pudieran ser contratados como capacitadores y supervisores electorales. Un cambio mínimo que provocó una agria discusión y mostró que la herradura está partida en dos.
En ese ambiente, el 8 de septiembre se podría librar otra cruda batalla, cuando consejeras y consejeros renueven las comisiones del INE, que son los órganos donde se aprueban proyectos esenciales. Un ejemplo: las medidas cautelares que emite la Comisión de Quejas y Denuncias en contra de actores políticos que violan el marco legal, entre otros, el presidente de la República.
* * * *
El 7 de septiembre será el arranque formal del proceso electoral “más grande de la historia”; a partir de ahí, se detonan 612 actividades, 116 procesos y 53 subprocesos; la maquinaria que hará posible la jornada electoral del 2 de junio de 2024.
<a href="https://twitter.com/chamanesco" target="_blank" rel="noopener">@chamanesco</a>

Árbitros en crisis

El último día resume lo que fue esta contienda: movilizaciones sufragadas con dinero de sindicatos, organizaciones y gobiernos locales; autobuses estacionados en las inmediaciones de plazas y centros de convenciones; mítines atiborrados con gente vestida de guinda; reparto a mansalva de gorras, camisetas, banderines, aguas, lunchs y hasta pedazos de pizza; venta de pejeluches y otros souvenirs con la efigie del líder, y discursos que prometen que la “cuarta transformación” no concluirá en octubre de 2024.
Claudia Sheinbaum cierra en Veracruz con un acto masivo en el que ya anuncia la gira del agradecimiento. Marcelo Ebrard echa la casa por la ventana en un acto amenizado por la Sonora Dinamita y la Sonora Santanera en la Arena Ciudad de México. Adán Augusto López presume haber llenado la Plaza de la República con cien mil morenistas… “almas libres” que descendieron de cientos de camiones provenientes principalmente de Tabasco, Chiapas y Oaxaca.
No había pasado aún el último corredor del Maratón de la Ciudad de México, cuando los morenistas ya deambulaban bajo la sombra del Monumento de la Revolución. A la altura del kilómetro 37, las y los maratonistas se encontraron con potentes bafles que amenizaban la larga espera de quienes fueron acarreados para servir de marco en un mensaje de apenas 17 minutos de Adán Augusto.
Ricardo Monreal se conformó con un mitin virtual que, hasta las 5 de la tarde de este domingo, sumaba 133 mil reproducciones. Monreal hizo la última de sus movilizaciones el sábado, en mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en su pequeño bastión de la alcaldía Cuauhtémoc.
Nada qué ver con los mítines sabatinos de Adán Augusto en Toluca, Ebrard en Jalisco y Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, donde partido y gobierno mostraron el músculo de su exjefa de Gobierno.
Sólo en este fin de semana, los cuatro aspirantes pudieron haberse gastado los cinco millones de pesos que, según Morena, era el límite máximo de gasto por aspirante a la “coordinación de defensa de la transformación”. Pero eso es imposible averiguarlo, pues la opacidad es otro sello de este proceso, tolerado por las autoridades electorales e imitado por el frente opositor.
En sus cierres de campaña, todos aseguran haber recorrido todo el país y plagan sus discursos con elogios a Andrés Manuel López Obrador y anécdotas que pretenden demostrar que todos son los más cercanos a él.
Y la palabra unidad es mencionada con solemnidad y devoción. Todos apelan a ella, sobre todo Claudia Sheinbaum -que se sabe favorita en las encuestas- y Adán Augusto López, que actúa con cierta resignación.
En realidad, aún antes de que se levanten las encuestas ya hay premios de consolación repartidos y asignados: Adán Augusto será el coordinador de los diputados de Morena en la LVI Legislatura, a partir de agosto de 2024; Ricardo Monreal podría obtener la nada despreciable candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en caso de que se discipline.
Para ello, el zacatecano necesita que el presidente baje a quienes ya se apuntaron desde Morena capitalina, empezando por la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien ya se vio tras una intensa campaña de medios presumiendo que las exitosas Utopías demuestran que “la ruta es clara”.
La duda real es Marcelo Ebrard, a quien le han ofrecido la coordinación de Morena en el Senado, pero parece renuente a volver a renunciar a “la grande”. Hace 11 años, Ebrard vio con resignación cómo López Obrador le ganaba la candidatura presidencial y, como él mismo presume, supo aguantar y sumarse en 2018. Hoy, a sus 63 años, el tiempo ya no juega a su favor.
El partido en el gobierno se encamina a una semana extraña, en la que Claudia y compañía deberán guardar silencio, para que la militancia se pronuncie en la encuesta y la dirigencia de Mario Delgado procese los últimos reclamos de quienes no ven que haya habido piso parejo en la contienda.
Dentro de diez días habrá candidata y berrinches silenciados por los premios de consolación que ya tiene listos el presidente López Obrador, a quien todos ubican como el único y real elector de la candidatura oficial.
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Fin de “fiesta” en Morena: AMLO alista los premios de consolación

Al grito de “no al dedazo”, un grupo de personas se manifiesta en las rejas del Instituto Nacional Electoral. Exigen piso parejo y que el presidente no meta las manos en la contienda. Lanzan consignas en contra de Claudia Sheinbaum y denuncian que los Servidores de la Nación son utilizados para hacer proselitismo. Un hombre grita con histeria: “¡no robar, no engañar y no traicionar al pueblo!”. No son simpatizantes del PAN, PRI o PRD, pero exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacar las manos de las elecciones. Las mujeres y hombres que irrumpen en la sede del INE son simpatizantes de Marcelo Ebrard, y la dureza de su discurso en contra del presidente contrasta con su supuesta militancia en Morena.
Media hora después de ellos, llega al INE el excanciller Marcelo Ebrard, cuya tranquilidad también contrasta con los gritos rabiosos de sus huestes.
Cualquiera diría que Ebrard va a aprovechar su viaje hasta el sur de la Ciudad de México para denunciar ante las autoridades correspondientes el uso de recursos públicos para favorecer a una de las aspirantes a la Presidencia de la República, pero no. En realidad va a entregar a la Oficialía de Partes un comprobante bancario por diez mil pesos, correspondiente a una multa que le fue impuesta por una queja en su contra presentada por Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, Ebrard habla poco de eso ante la prensa y mucho de sus quejas por lo que está pasando en el proceso de selección de la Coordinación de la Defensa de la Transformación.
En el rosario de irregularidades incluye la proliferación de anuncios espectaculares en carreteras y avenidas del país para promover la imagen de Sheinbaum; la interferencia de gobiernos estatales y municipales en favor de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y el uso de los miles de Servidores de la Nación para promover a la favorita de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
Muchas veces la oposición ha advertido que ese ejército de “servidores” fue creado al inicio del sexenio como una estructura electoral al servicio de Morena. Se trata de los funcionarios encargados de levantar los registros para los padrones de los programas sociales, entregar las tarjetas del Bienestar y promover las acciones del Gobierno.
Según denuncian Ebrard y sus simpatizantes, Ariadna Montiel los está poniendo al servicio de la exjefa de Gobierno, pues aprovechan sus recorridos y visitas domiciliarias para decirle a la población que Claudia es la favorita de AMLO.
Además, se les acusa de repartir folletos impresos con la leyenda #EsClaudia, de bajar mantas y borrar bardas que promueven a Marcelo.
La denuncia es muy grave, y es tan sólo un pequeño preámbulo del polémico papel que jugarán esos ejércitos de promotores -que recorren el país con la chequera de miles de millones de pesos de programas sociales- en el proceso electoral de 2024.
Esa misma tarde, al salir del INE, Ebrard se encuentra a un grupo de brigadistas con cubetas de pintura blanca borrando una barda suya sobre avenida San Fernando, para repintar la pared con la leyenda #EsClaudia.
“Oye, ¿por qué estás borrando mi barda?”, pregunta Ebrard a los trabajadores que, evidentemente, sólo cumplen lo que “alguien” les ha ordenado.
A esas mismas horas, el senador Ricardo Monreal le echa un cable a Marcelo, renunciando a su propuesta de casa encuestadora para que entre una de las que propuso el excanciller, con lo que se conjura la posibilidad de un rompimiento por el desacuerdo con la selección de las empresas que harán las cuatro encuestas espejo de las que saldrá la candidatura presidencial de Morena.
<h2>Resignarse o romper</h2>
En la penúltima semana del proceso interno de Morena, Marcelo Ebrard ha optado por presionar al dirigente Mario Delgado y, de algún modo, al presidente López Obrador.
Sus denuncias lo colocan en el filo de la navaja, pues gana protagonismo en las portadas de periódicos, menciones en redes sociales y programas de radio, pero también agita las aguas de un proceso que en el que el líder había ordenado no atacarse.
Ebrard crece, pero también aumentan las posibilidades de que sea repudiado por el ala más radical de Morena, en donde ya se cruzan apuestas: ¿el excanciller admitirá su derrota? ¿Será capaz de impugnar el proceso y dejarlo en manos del odiado (por Morena y el presidente) Tribunal Electoral? ¿Se irá del partido?
El aspirante está maniatado, pues hace 60 días firmó una carta compromiso que le impediría desconocer el resultado de las encuestas.
Ebrard podría argumentar que, en el documento firmado el 11 de junio, los aspirantes también se habían comprometido a no beneficiarse de recursos públicos y estructuras de gobierno. Pero escalar su reclamo fuera de la dirigencia de Morena lo obligaría a romper con López Obrador, que no aceptaría que la decisión sobre su posible sucesora dependa de una resolución de las autoridades electorales a las que ha repudiado durante todo su sexenio.
Si impugnar y buscar que se limpie el proceso no es opción para Ebrard, su único camino sería el rompimiento, y colocarse como un posible candidato, ya no del frente opositor, sino de Movimiento Ciudadano. Pero eso provocaría su destierro del lopezobradorismo y, muy probablemente, el uso del aparato oficial para desacreditarlo, investigarlo, abrirle expedientes.
Queda una semana para que concluyan los recorridos y las asambleas informativas; después del domingo 27, se levantarán las encuestas para determinar quién gana. En la semana decisiva, Ebrard seguirá estirando la liga, mientras Sheinbaum parece dispuesta a apretar el paso, con alcaldes y gobernadores operando para llenarle plazas y auditorios.
La legitimidad de su candidatura dependerá del reconocimiento de sus rivales, después de un proceso en el que fueron evidentes los apoyos de autoridades y de instancias partidistas para allanarle el camino.
La unidad dependerá de que los vencidos acepten los premios de consolación que ha dispuesto el presidente: la coordinación de Morena en la Cámara de Diputados, para Adán Augusto López; la jefatura de Gobierno, para Ricardo Monreal, ¿y el Senado para Ebrard?
A sus 63 años, Marcelo sabe que ésta es su última oportunidad. Ya en 2011 se hizo a un lado, cuando las encuestas del PRD indicaron que López Obrador fuera el candidato en los comicios de 2012, y volver a esperar lo convertiría en un candidato de 69 años en 2030.
Ahí su dilema: ¿aceptar que no es el favorito del presidente y resignarse a ver otra vez los toros desde la barrera? ¿O arriesgar todo en una candidatura opositora?
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Marcelo Ebrard, ante el dilema de resignarse o romper

Para el año 2024, los siete partidos políticos con registro nacional se repartirán al menos 10 mil millones de pesos para sus actividades ordinarias y su gasto de campaña. Se trata de la cifra más alta en la historia de la democracia mexicana y, probablemente, la bolsa de dinero público más grande que se distribuya entre partidos políticos a nivel mundial.
Esta cantidad equivale a cuatro veces el presupuesto que en 2023 están ejerciendo hospitales como el Instituto Nacional de Pediatría (2 mil 328 millones de pesos); el Instituto Nacional de Nutrición (2 mil 226 millones de pesos) o el Hospital Juárez de México (2 mil 120 millones de pesos).
Es cuatro veces el presupuesto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (2 mil 524 millones de pesos), casi el triple de lo que ejerce el Instituto Nacional de Bellas Artes (3 mil 460 millones de pesos) y más del doble de lo asignado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (4 mil 739 millones de pesos).
Sin embargo, esta asignación multimillonaria de recursos públicos no es un capricho de la autoridad electoral, una decisión del presente gobierno o una maniobra más del “perverso neoliberalismo”. Se trata de un mandato constitucional, producto de un acuerdo político de hace casi 30 años, cuando se fijaron las reglas del financiamiento público como un mecanismo para generar equidad en la contienda política.
La regla está en el artículo 41 de la Constitución, y ha sobrevivido ya a múltiples reformas políticas y a un sinfín de iniciativas que han buscado reducir esos montos que, a la fecha, lucen absolutamente desproporcionados.
<h2>Cómo se calcula</h2>
La Constitución establece que el Instituto Nacional Electoral debe calcular anualmente el financiamiento público que se otorga a los partidos para sus actividades ordinarias, multiplicando el número de personas registradas en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
En elecciones federales añadirá montos adicionales para financiar sus gastos de campaña: el 30 por ciento del gasto ordinario en elecciones donde sólo se renueve la Cámara de Diputados, y el 50 por ciento en las que se renueve la Presidencia de la República. Es por ello que para 2024 los partidos se repartirán alrededor de 10 mil millones de pesos.
Según el corte del padrón electoral al 31 de julio de 2023, un total de 98 millones 75 mil 53 personas se encuentran registradas. Esto representa un incremento de alrededor de 9 millones de votantes, en comparación con los 89 millones de las elecciones de 2018.
He ahí una primera razón para entender por qué 2024 será la elección más costosa de la historia. La población en edad de votar se ha incrementado, y ha mejorado la capacidad del INE para incluir en el Registro Federal Electoral a los mayores de 18 años. Hoy en día, casi todos los mexicanos y mexicanas adultas tienen una credencial para votar con fotografía, independientemente de que vayan a las urnas.
Por otro lado, la Unidad de Medida y Actualización es de 103.74 pesos en 2023, y el 65 por ciento de ella equivale a 67.4 pesos. La UMA, que es el equivalente aproximado a un salario mínimo, estaba en 75.4 pesos en 2018. He ahí la segunda razón del incremento en las prerrogativas.
Si se multiplica el padrón actual (98.7 millones) por el 65% de una UMA, el financiamiento para actividades ordinarias de los partidos políticos para 2024 asciende a 6 mil 613 millones de pesos.
Y la mitad de esa cantidad (3 mil 306 millones de pesos) será el financiamiento para gastos de campaña. Sumados ambos rubros, arrojan una bolsa total de 9 mil 919 millones de pesos, a repartir entre los siete partidos.
A eso hay que agregar un 3 por ciento del financiamiento para actividades ordinarias (198.3 millones de pesos), que la ley establece que se deben otorgar a los partidos para el rubro “actividades específicas”; esto es, educación, investigación, capacitación y tareas editoriales.
Ahí ya van 10 mil 117 millones de pesos, a los que aún se suman pequeños montos para franquicia postal y franquicia telegráfica, además de que los partidos reciben tiempos en radio y televisión como parte de sus prerrogativas. Con estas cifras, la de 2024 será la elección federal más costosa de la historia.
En 2015, con un padrón de 85.8 millones de votantes y la UMA en 70.1 pesos, el financiamiento a los partidos a nivel federal fue de 5 mil 356 millones de pesos.
Para las presidenciales de 2018, con un padrón de 87.5 millones de electores y la UMA en 75 pesos, las prerrogativas fueron de 6 mil 745 millones de pesos.
Y en las intermedias de 2021, con un padrón de 92.9 millones de electores, los partidos se repartieron 7 mil 186 millones de pesos.
La bolsa crece en casi 3 mil millones de pesos para 2024, gracias a una fórmula establecida en la Constitución por los propios partidos en los años noventa, con la que se aseguraron recursos inagotables y crecientes de por vida.
Cambiar eso implica una reforma constitucional en la que los partidos nunca van a estar de acuerdo, pues siempre habrá grupos minoritarios que digan que reducir su financiamiento público es una maniobra excluyente y antidemocrática.
<h2>Cómo se reparte la bolsa</h2>
La Constitución también establece la forma en la que se reparten estos montos entre los partidos políticos: el 30 por ciento del monto total para gasto ordinario se distribuye de forma equitativa entre los siete partidos, y el 70 por ciento restante de forma proporcional de acuerdo con los resultados de la última elección federal.
Cabe destacar que no importa el número de partidos que existan, pues el financiamiento se calcula sin importar eso. De hecho, mientras menos partidos haya, más recursos les toca a los que tienen registro.
Para 2024, de los 6 mil 613 millones de pesos a los que podría llegar el financiamiento para actividades ordinarias, una tercera parte (mil 983 millones de pesos) se repartirán de forma equitativa, por lo que le correspondería a cada uno de los siete partidos alrededor de 283 millones de pesos.
El 70 por ciento de la bolsa para gasto ordinario (4 mil 629 millones de pesos) se repartirán de forma proporcional, conforme a los resultados de las elecciones federales de 2021: Morena, 38.1 %; PAN, 20.3 %; PRI, 19.8 %; MC, 7.8 %; PVEM, 6%; PRD, 4 % y PT, 3.6 %.
Con base en esos porcentajes, Morena recibiría 2 mil 42 millones de pesos para actividades ordinarias, más mil 21 millones de pesos para gastos de campaña. Es decir, se llevaría más de 3 mil 63 millones de pesos, por ser el partido más votado en 2021.
Aplicando la misma fórmula, los montos aproximados que recibirán los partidos para las elecciones federales de 2024, serían: PAN, mil 883 millones de pesos; PRI, mil 798 millones; MC, 966 millones; PVEM, 840 millones; PRD, 702 millones y PT, 673.5 millones.
Adicionalmente, los partidos políticos reciben prerrogativas de los 32 Congresos de las entidades federativas, para gastos ordinarios de sus franquicias a nivel local y gastos de campaña en los procesos locales. Históricamente, esa bolsa ha sido equivalente al dinero que reciben a nivel federal, por lo que la bolsa global que recibirán los partidos políticos en 2024 podría llegar a los 20 mil millones de pesos.
Será, sin duda alguna, la elección más costosa de la historia sólo en prerrogativas para financiamiento público de los partidos, un mecanismo creado para evitar que los partidos cayeran en la tentación de buscar patrocinios ilegales.
Bajo esa ilusión hemos vivido casi 30 años; pero todos sabemos que, adicionalmente, los partidos reciben recursos en las Cámaras del Congreso federal y los Congresos locales; apoyos ilegales -pero innegables- de gobiernos estatales y municipales, más lo que cada candidato ingresa burlando la fiscalización de la autoridad electoral, recurriendo muchas veces a fuentes oscuras, por no llamarles criminales.
La democracia se ha convertido en un tema de dinero, en el que es imposible ganar sin carretadas de dinero, legal e ilegal, reportado y no reportado, fiscalizado o manejado debajo de la mesa. Quizás ha llegado el momento de revisar las reglas que hacen que nuestro sistema político tenga partidos ricos y una democracia pobre en resultados.
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Las elecciones más caras de la historia

Dentro de un año, aproximadamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral deberá emitir la declaratoria de validez del proceso electoral federal 2023-2024; calificará la elección y declarará presidenta o presidente electo a quien haya ganado los comicios del 2 de junio.
Para ese momento, las magistradas y magistrados tendrán en su escritorio un voluminoso expediente de impugnaciones a un proceso electoral que, desde ahora, ya ha sido tocado por al menos dos factores disruptivos de la legalidad: el proselitismo anticipado de los contendientes y la intervención franca y abierta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El primer factor es fácil de describir: se trata de las acciones de proselitismo iniciadas desde 2022 por Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y en menor medida por Ricardo Monreal, que hasta la fecha suman más de 700 quejas interpuestas por la oposición, pero también por personas contratadas por las propias “corcholatas” de Morena para denunciarse entre sí.
El adelantamiento de los tiempos propició la convocatoria de la elección de la Coordinación de la Defensa de la Transformación, una simulación que muy pronto fue copiada por la oposición bajo la forma de elección del responsable de construir el Frente Amplio por México.
Ambos procesos están siendo tolerados por las autoridades electorales, tanto del INE como del Tribunal, pero no están exentos de futuras impugnaciones, tanto por la violación de las reglas que se han puesto para tratar de regularse, como por la legalidad de los procesos en sí mismos.
Tanto la magistrada Janine Otalora como la consejera Claudia Zavala han vertido argumentos suficientes para considerar que ambos procesos implican una “burla a la ley”, pues en los hechos adelantan precampañas que debieron comenzar hasta noviembre.
El segundo factor que dificultará la calificación del proceso electoral es aún más grave y, al provenir del Poder Ejecutivo y beneficiar a uno solo de los polos del espectro político, hace que flote sobre el proceso electoral la sensación de que la cancha no será pareja en 2024. Me refiero a la intervención del presidente.
Andrés Manuel López Obrador ha decidido ser un actor político en el proceso electoral 2023-2024, y no un factor de estabilidad, neutralidad y certeza para los competidores.
De hecho, el presidente se ha convertido en el factótum de las elecciones. No sólo quiere controlar el proceso interno de Morena, al definir “corcholatas” y crear un proceso para disfrazar el destape de su favorita, sino que pretende ser la voz que anticipe lo que ocurrirá en el frente opositor.
En sólo un mes, el presidente de la República ha sumado cinco sanciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE por sus dichos en las conferencias mañaneras, algunas de ellas ya confirmadas por el Tribunal Electoral.
El 30 de junio, 13 y 20 de julio, la Comisión dictó medidas cautelares por sus descalificaciones al Frente Opositor, al considerar que las conferencias mañaneras son un acto financiado con recursos públicos y distribuido en las plataformas oficiales, que no debería utilizarse para hablar de los actores políticos.
El 29 de julio, la Comisión sancionó al presidente por la exhibición de encuestas que favorecen a Morena: ordenó bajar esos fragmentos de los archivos públicos y emitió lo que en el mundo electoral se conoce como “tutela preventiva”, con el objetivo de que el titular del Ejecutivo se abstenga de realizar o emitir manifestaciones relacionadas con el proceso electoral 2023-2024, al considerar que éstas pueden vulnerar los principios de neutralidad e imparcialidad.
Apenas en el cuarto día de agosto, el presidente sumó una quinta amonestación: aquella en la que se le pide que frene sus dichos en contra de Xóchitl Gálvez -y de las mujeres en general-, pues expresiones como “es un títere” pueden constituir Violencia Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género.
El presidente dice no entender eso, y ha pedido que le expliquen “¿cuál violencia?”, pues según él sólo está describiendo una realidad.
El viernes, en la sesión de la Comisión de Quejas, las consejeras se lo explicaron con peras y manzanas: decir que Xóchitl Gálvez será candidata porque así lo decidieron, “en lo oscurito”, hombres como Carlos Salinas de Gortari y Claudio X González, es invisibilizar la trayectoria de la senadora y deslegitimar su trayectoria y aspiraciones políticas legítimas.
Aun así, López Obrador insistirá en que no entiende dónde está la violencia, y se mantendrá firme en su convicción de que lo quieren callar y censurar. Eso alimenta su narrativa de que en el INE y el Tribunal no “están del lado de la transformación”, sino “al servicio de la élite corrupta”.
No son correctas, pero tampoco extrañan estas declaraciones de un presidente que lleva todo su sexenio preparando el terreno de la deslegitimación de las autoridades que deberán organizar y calificar las elecciones en las que se decidirá a su sucesor. La pregunta es si esa narrativa le será útil al final del proceso electoral, y con qué fin: ¿estar listo para descalificar desde el púlpito presidencial unas elecciones en las que no gane Morena?  
Lo cierto es que el presidente suma cientos de expedientes en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, pues durante todo su sexenio ha decidido ser una voz activa e influyente en procesos electorales locales, los federales de 2021 y los procesos de Consulta Popular y Revocación de Mandato.
Con su conferencia mañanera -ese fenómeno disruptivo e inédito-, su voz se ha vuelto incontenible con el marco legal vigente. Y es muy poco probable que cese en sus intervenciones sobre las elecciones de 2024.
Mientras tanto, el calendario avanza inevitablemente: falta un mes para el inicio formal del proceso electoral federal (4 de septiembre); tres meses para el arranque de las precampañas (5 de noviembre); siete meses para el inicio de las campañas (1º de marzo) y 10 meses para los comicios del 2 de junio.
En el camino se seguirán acumulando las declaraciones mañaneras y, con ellas, las quejas, las denuncias, las medidas cautelares del INE, las sentencias del Tribunal, las decenas de veces en las que se pedirá al presidente “se abstenga de…” y los respectivos desacatos.
Todo ello alimenta una enorme incógnita que, cada vez con más frecuencia, se hace en círculos políticos, académicos y mediáticos: ¿se están creando las condiciones para la nulidad de las elecciones de 2024?
La pregunta ronda ya los pasillos del Tribunal Electoral, donde siete magistradas y magistrados tendrán la última palabra, en agosto de 2024.
Paradójicamente, a quien más convendría que el presidente deje de hablar de las elecciones, y evite aportar más elementos para una descalificación del proceso, es a Claudia Sheinbaum o a quien vaya a ser candidato presidencial del oficialismo. La historia ya la vivimos en 2006, cuando la intervención de Vicente Fox obligó a Felipe Calderón a iniciar su sexenio con el fardo de la ilegitimidad.
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La elección ya está tocada

Más de 15 millones de jóvenes podrán votar por primera vez en unas elecciones presidenciales en los comicios de 2024.
Para entonces encontrarán en la boleta electoral muy probablemente a dos mujeres nacidas en los años 60 disputándose la Presidencia; a miles de candidatos y candidatas compitiendo por una curul, un escaño o una presidencia municipal, y un montón de logos de partidos y coaliciones que, muy seguramente, no les dirán nada.
Se trata de la generación nacida entre 2001 y 2006 que prácticamente creció con un teléfono inteligente en la mano. Esas niñas y niños que cuando sus papás querían comer con tranquilidad les daban un iPad para entretenerse.
Es la generación que ya ni de bebé conoció el régimen de partido único. De hecho, muchos de ellos nacieron cuando Vicente Fox ya había demostrado que la alternancia no basta para construir una auténtica democracia.
Es la generación de la pandemia y del classroom; la que tuvo que aprender a enamorarse a través de mensajes de WhatsApp o Instagram; que supo hacer travesuras a través de Meet o que asistió a su graduación de secundaria en una sesión masiva de Zoom.
Son los fans del reguetón de Bad Bunny y de los corridos tumbados. Las chicas y chicos que pasan más horas en TikTok que frente a un televisor. Los que probablemente nunca han tenido un periódico en sus manos.
Nombrados con la última letra del abecedario, son aquellos que llegaron a suplir a los millennials, que se niegan a ser conocidos como otra generación de cristal y que han normalizado la inclusión y la diversidad.
La generación Z no definirá la próxima elección presidencial, pero sí será la que pague los platos rotos de lo que en ella ocurra. Según los datos actuales del Registro Federal de Electores, hay 11 millones 355 mil personas que actualmente tienen entre 20 y 24 años; 2 millones 136 mil que tienen 19 años, y un millón 717 mil que apenas cumplieron 18 años.
Es decir, 15 millones 219 mil personas están entre los 18 y los 24 años. Y, aunque los de 24 se salen del rango de primeros votantes, estos serán sustituidos por los que cumplan 18 antes del 2 de junio de 2024, por lo que la cifra de los que por primera vez podrían votar oscilará en alrededor de los 15 millones. Por cierto, fue el mismo número de personas que pudieron votar por primera vez en las elecciones de 2018.
Estos 15 millones de jóvenes representan el 15.8 por ciento del padrón electoral, en el que actualmente hay 95.8 millones de personas registradas. Su peso en el padrón es semejante al de las personas de más de 65 años, que actualmente suman 12 millones 400 mil votantes.
El problema de los más jóvenes es que la elección, si el comportamiento es semejante al de procesos anteriores, será definida por las personas de 40 a 75 años, y no por ellos. En 2018, las chicas y chicos de 18 que estrenaron su credencial del INE votaron en niveles de casi 65 por ciento; un poco por arriba del promedio nacional, que fue del 63.4 por ciento.
Pero, según <a href="https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2019/08/EMPC-2018.pdf" target="_blank" rel="noopener">el estudio muestral realizado por el INE</a>, entre los 19 y los 29 años la participación cayó estrepitosamente: 57.1 % los de 19 años; 52 % los de 20 a 24 y 52.8 % los de 25 a 29.
Es decir, más de 13 millones de personas entre 19 y 29 años (un poco más de la mitad de los 25 millones que estaban en ese rango de edad) no se sintieron atraídos a las urnas, en una elección en la que había un candidato presidencial joven (Ricardo Anaya), y un espíritu de cambio y renovación encarnado por Andrés Manuel López Obrador. Veremos si eso cambia en 2024.
Sin duda, los más de 15 millones de nuevos votantes serán un apetecible manjar para partidos, coaliciones y candidatos. Basta asomarse a TikTok para ver a los presidenciables perder hasta el decoro con tal de acercarse a un público que nunca ha votado. Ojalá que, además de payasadas tiktokeras, las candidatas y candidatos comiencen a darles un poco de esperanza.
Y es que la generación Zeta no sólo ha sido la del smart phone adaptado como una extremidad más del cuerpo, la de Bad Bunny y la pandemia. También ha sido la que fue obligada a vivir en medio de una guerra.
Mientras nuestras hijas e hijos crecían, iban a la escuela, maduraban, entraban a la prepa o a la universidad, o se insertaban en el mercado laboral, la violencia criminal se cobraba más de 30 mil vidas cada año por una irresponsable estrategia “de seguridad” iniciada en el sexenio de Felipe Calderón.
De acuerdo con el documentado <a href="https://panel.animalpolitico.com/mexico-destruyendo-el-futuro/violencia-en-jovenes.html" target="_blank" rel="noopener">reportaje publicado la semana pasada por Manu Ureste en Animal Político</a>, medio millón de jóvenes entre 15 y 29 años fueron víctimas directas o indirectas de la violencia y la criminalidad de 2015 a 2022: han sido asesinados, desplazados, desaparecidos u obligados a reclutarse en pandillas, ser halcones o abandonar sus estudios para tener un trabajo precario.
Entre los miles de mexicanos que cada año son descartados así por el sistema, hay un alto porcentaje de jóvenes que no vieron una sola oportunidad para vivir una vida distinta a la de la adicción a las drogas, la migración, la delincuencia o el sicariato.
Y, según lo investigado por Ureste en su reportaje, ni siquiera el cambio de enfoque intentado por López Obrador con programas como las Becas Benito Juárez o Jóvenes Construyendo el Futuro, han podido contrarrestar esa triste realidad. A esos chavos habrá que darles mucho más que una vil promesa de campaña; necesitan esperanza y creer que la democracia electoral vale la pena.
El Latinobarómetro, también dado a conocer la semana pasada, arroja un dato preocupante no sólo para México, sino para toda la región: el rango de edad en el que menos apoyo tiene la democracia es el de 16 a 25 años, en donde sólo el 41 por ciento la considera la mejor forma de gobierno.
Además, es la edad en la que más apoyo tendría el autoritarismo. El 20 por ciento de las personas de 16 a 25 años dijo que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”, según el estudio.
* * *
Mis dos hijos podrán votar por primera vez en las elecciones de 2024 y, desde ahora, percibo su escepticismo. Uno de ellos tendrá 20 años el día de la jornada electoral y estará en un momento clave para definir su futuro. El menor nació en 2006, mientras su padre cubría el conflicto postelectoral, y estará terminando la preparatoria.
Cuando les pregunto por quién van a votar, lo primero que responden es que ni siquiera saben si van a votar. Falta un año y ojalá que para entonces haya alguien que los entusiasme, algo que los mueva a las urnas, una idea de país que los convenza.
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Jóvenes y el 2024

Esta semana, las autoridades electorales intentarán poner orden en los procesos de selección de las candidaturas presidenciales, tanto del frente opositor, como del bloque oficialista.
Aunque la ley dice que las precampañas presidenciales deben empezar hasta noviembre, la realidad se ha impuesto sobre nuestro barroco marco normativo electoral: hay dos procesos en marcha, seis partidos políticos involucrados y 18 personas que han emprendido sus campañas de forma anticipada. 
Desde hace más de un mes, las y los aspirantes recorren el país amparados por dos eufemismos que intentan, sin lograrlo, ocultar la simulación; la búsqueda de la coordinación de la defensa de la transformación y de la dirección del Frente Amplio por México.
En el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fracasaron quienes intentaron frenar de tajo la simulación. La consejera Claudia Zavala y la magistrada Janine Otálora no pudieron convencer a sus pares para que respaldaran resoluciones en las que sugerían simple y llanamente aplicar la ley.
Por eso se han sobrepuesto acuerdo tras acuerdo y sentencia tras sentencia, en un afán por regular lo ilegal.
La última decisión jurisdiccional, adoptada el miércoles, pretende poner orden de manera definitiva: el Tribunal le ha ordenado al INE emitir lineamientos para regular los dos procesos e impedir que se desborde la ilegalidad sobre la ilegalidad.
Llama la atención que esta resolución se haya adoptado a la par de un acuerdo emitido por el INE para establecer los mecanismos de fiscalización de las precampañas adelantadas. Ahora, con base legal, los aspirantes y partidos deberán facilitar el trabajo de los fedatarios del INE que acuden a sus eventos a contabilizar sillas, utilitarios, gastos en templete, sonido, transporte de asistentes, agua y alimentos.
Además deberán informar el gasto en publicidad colocada en autobuses y parabuses, kioscos, bardas y anuncios espectaculares, e incluso el gasto en promoción en páginas de internet y redes sociales.
Gastos visibles, pero que hasta el momento han sido totalmente opacos.
Sin embargo, sobre el acuerdo aprobado el jueves en Consejo General del INE, con el voto en contra de su presidenta, Guadalupe Taddei, ahora deberán emitirse los lineamientos ordenados por el Tribunal, antes de cinco días y bajo los siguientes parámetros:
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Todos los actos que pudieran implicar un llamado expreso e inequívoco a votar a favor o en contra de una persona para una precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular siguen estando prohibidos y deberán investigarse, incluso de oficio, y sancionarse en los términos de la ley.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">No se podrá utilizar el pautado asignado a los partidos para la difusión de los procesos, ni para el posicionamiento de las personas que participan en ellos, ni se podrá contratar o adquirir tiempos de radio y televisión para estos fines.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">No está permitido el uso de recursos públicos para las actividades y procesos de posicionamiento político. Las personas servidoras públicas deberán abstenerse de participar en ellos en cualquier medida que pudiera implicar una vulneración a la equidad de la contienda.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">El INE deberá certificar la propaganda en espectaculares, vehículos del transporte público (como pueden ser las llamadas pegatinas, entre otras) y en la pinta de bardas en que aparezcan las personas participantes de los procesos partidistas en curso y, en su caso, garantizar el retiro inmediato de la propaganda que sea contraria a la naturaleza de estos procesos partidistas.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Los procesos podrán ser financiados con recursos del gasto ordinario que reciben los partidos políticos participantes, así como de financiamiento privado, en los términos y con los límites que determine el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sobre la fiscalización de los gastos en estos procesos, el INE deberá definir el periodo a fiscalizar en cada caso, distinguir entre gastos de actividades ordinarias de los partidos y los que puedan contabilizarse como de una posible precandidatura, y los partidos políticos deberán presentar, por cada una de las personas participantes, un informe de ingresos y gastos.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">El Consejo General deberá presentar un dictamen consolidado y una resolución de los resultados obtenidos con la revisión de los informes de ingresos y gastos que presenten los partidos políticos y los participantes, a más tardar, el mismo día en que se resuelvan los informes de precampaña. El Instituto Nacional Electoral deberá determinar las consecuencias que deriven de esta fiscalización.</li>
</ul>
Es decir, la regulación de las precampañas adelantadas ya no dependerá de la “buena voluntad” de los dirigentes de los partidos y los aspirantes, ni será optativa la transparencia y rendición de cuentas.
Ya no debería haber informes en servilletas.
Ya no deberían seguir cobrando sus dietas los legisladores que no han solicitado licencia y ya están apuntados en el proceso del frente opositor: Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera e Ignacio Loyola.
Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, ya no debería actuar como vocero de Morena o de una de las “corcholatas” de Morena.
Y el presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco debería usar los recursos públicos empleados para organizar y transmitir las conferencias mañaneras y hablar a favor de su proceso y en contra de la oposición.
Y las gobernadoras y gobernadores, alcaldes y legisladores no deberían usar sus tiempos y los recursos públicos en estas precampañas.
Eso es lo que debería ocurrir; ya veremos qué dice la realidad.

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