Quien crea que la Presidencia de la República sabe o debe saber cómo construir la seguridad, la justicia y la paz, se equivoca. Quien ocupa la silla presidencial, sea cual sea su apoyo popular, es una persona de carne y hueso que, como cualquier otra, no tiene poderes sobrenaturales para reunir en ella la sabiduría absoluta (lamento mucho que haya quien aún cree lo contrario). Lo que sí debe reunir esa persona son las competencias y habilidades suficientes para reunir los saberes que deben converger para resolver los problemas de interés público, en especial los que más lastiman a la sociedad.
Uno de los más prestigiados especialistas en estudios endoscópicos declaró apenas que actualmente todas las encuestas aplicadas por entidades públicas y privadas colocan a la inseguridad en el primer lugar de los problemas percibidos por la mayoría. Todas. El 29 de agosto el periódico Reforma mostró que entre 2020 y 2023 se ha duplicado la proporción entre quienes así lo responden, llegando al sesenta y seis por ciento. Será un sexenio federal más con la misma historia: política de seguridad reprobada.
He observado sistemáticamente el tema durante cinco presidencias y encuentro perfecta consistencia transexenal en lo que llamo el síndrome del “autoencierro”. Es un padecimiento que afecta a todos los presidentes; comienza inmediatamente después de ser electos y se agudiza todo el periodo de gobierno. Es más o menos fácil de apreciar si pones atención. El síntoma principal es la construcción de una interpretación de la inseguridad y de su solución que convence al Ejecutivo Federal, no porque está basada en el conocimiento idóneo, sino porque está a cargo de personas y grupos cercanos y sobre todo leales a aquel.
Es un caso típico de adecuación de “la realidad” a una interpretación mediada por preconcepciones políticas. Más en concreto, lo que sucede es que quienes van a tener el control de la política de seguridad construyen una idea que se ajusta precisamente a lo que responde a sus intereses. Quizá el ejemplo más elocuente son los militares, quienes ven a la seguridad como un asunto de fuerza y a eso alinean las decisiones.
El “autoencierro” presidencial en seguridad opera exactamente en sentido contrario a lo que hemos necesitado que construya el Estado hace décadas: políticas integrales, multidimensionales e inclusivas. Miren este contraste: mientras ese “autoencierro” delega la gestión de la seguridad en el grupo compacto de leales, las políticas referidas implican la gestión política personal y directa para, desde la cabeza, liderar la construcción de lo que el especialista argentino Marcelo Saín denomina gobierno político de la seguridad. A la manera, por ejemplo, de lo que pude constatar en las dos alcaldías de Antanas Mockus en Bogotá, Colombia.
Con las personas leales se nubla la vista, con la otra vía se abre la mirada a diversos mundos de posibilidades para reducir las violencias, la delincuencia y la impunidad. El enorme giro es gestionar o no gestionar la auténtica acción colectiva desde el liderazgo presidencial.
Desafortunadamente hay fuertes incentivos sociales para que la presidencia se encierre con sus leales porque domina el alineamiento desde arriba y desde abajo hacia la simplificación de todo esto, haciendo fácil (y a la vez extraordinariamente destructivo) seguir tomando las mismas decisiones que ponen en el centro la fuerza del Estado, a pesar de la monumental evidencia del fracaso de ese enfoque hegemónico.
La persona que ocupará la silla presidencial en 2024 tendrá sobre sus hombros la llave que en estricto sentido definirá si México termina o no en manos de la gobernanza criminal. Tendrá esa persona la llave que abrirá o cerrará la puerta para construir políticas integrales, multidimensionales e inclusivas que podrían evitarlo. Si la cierra, será un sexenio más de desgobierno político de la seguridad; si la abre, será lo contrario.
A pesar de la negociación, dos de las jugadoras han abandonado la concentración, pero no serán sancionadas.
El acuerdo se ha alcanzado prácticamente en el tiempo de descuento. Cuando apenas quedan dos días para que España tenga que enfrentarse a Suecia en la Liga de las Naciones, la mayor parte de la selección femenina de futbol ha aceptado poner fin al boicot, según ha anunciado el secretario de Estado de Deportes, Víctor Francos.
Tras siete horas de reuniones, el acuerdo por fin se alcanzó a las 05:00 hora local del miércoles.
Francos aseguró que la Federación Española de Fútbol (RFEF) se había comprometido a realizar “cambios inmediatos y profundos”.
Las jugadoras iniciaron el boicot después de que el entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, besó a la delantera Jenni Hermoso tras el triunfo de España sobre Inglaterra en la final del Mundial femenil el mes pasado.
El beso, que Hermoso asegura no fue consensuado, provocó la dimisión de Rubiales, mientras que el técnico español Jorge Vilda fue despedido.
Dos de las 23 jugadoras convocadas para los partidos de la Liga de Naciones de este mes, Mapi León y Patri Guijarro, han optado por retirarse de la plantilla.
Francos agregó que las jugadoras que han decidido no jugar no se enfrentarán a sanciones, y que su decisión era “absolutamente respetable”.
Las jugadoras podrían haber recibido multas o una sanción por parte de la selección nacional por no presentarse a la convocatoria internacional.
España jugará contra Suecia el viernes y contra Suiza el martes en la Liga de las Naciones.
“Es una buena noticia poder decir que el equipo jugará los dos próximos partidos con garantías”, afirmó Francos, presidente del Consejo Nacional de Deportes (CSD).
El acuerdo se alcanzó, aseguró, tras mantener conversaciones “amistosas” en Valencia en las que participaron las jugadoras, dirigentes de la RFEF, el CSD y el sindicato de jugadoras Futpro.
“Se creará una comisión mixta entre la RFEF, el CSD y las jugadoras para hacer el seguimiento de los acuerdos, que se firmarán mañana”, afirmó Francos. “Las jugadoras han manifestado su preocupación por la necesidad de llevar a cabo cambios profundos en la RFEF, que se ha comprometido a realizar estos cambios de forma inmediata”.
El lunes, la nueva entrenadora, Montse Tomé, seleccionó a 15 jugadoras que ya formaron parte del equipo de la Copa del Mundo para el combinado que jugará la Liga de Naciones.
Tras el anuncio de la convocatoria el lunes, las jugadoras publicaron un comunicado diciendo que el boicot seguía vigente, y que habían sido puestas “en una posición en la que nunca quisimos estar”.
Aseguraron, asimismo, que tenían la intención de explorar las posibles implicaciones legales de ser convocadas en contra de sus deseos.
Tome dejó fuera de la plantilla a Hermoso para, según ella, “protegerla”.
Pero Jenni Hermoso aseguró que el hecho de seleccionar a jugadoras que estaban haciendo el boicot al equipo demostraba que “nada ha cambiado” en la RFEF.
Según ha explicado ahora el CSD, se va a establecer una comisión para monitorear los cambios acordados, que se centrará en políticas de igualdad, avances en la equiparación salarial y la mejora de la infraestructura del deporte femenino.
“Las jugadoras lo ven como un acercamiento de posiciones. La gran mayoría ha decidido quedarse por el bien de este acuerdo”, afirmó la presidenta de Futpro, Amanda Gutiérrez. “Es el comienzo de un largo camino por delante”.
Las jugadoras españolas viajaron el martes a la concentración en Valencia.
Cuando los periodistas en el aeropuerto de Barcelona le preguntaron cómo se sentía acerca de la situación, la centrocampista y dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, fue tajante: “Bueno, mal”.
A Rubiales se le ha prohibido acercarse a menos de 200 metros de Hermoso después de que ella presentara una demanda judicial.
Al comparecer ante el tribunal por primera vez el viernes, Rubiales negó haber agredido sexualmente a Hermoso.
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