Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos.

Ruta Crítica

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El pasado 13 de septiembre, un mes antes de cumplir cinco años, el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX publicó el número 15 de la serie Descifrando la conferencia de prensa presidencial, colección que traduce al público y analiza una parte de la información oficial en torno a la militarización de la seguridad pública y el militarismo del sistema político mexicano. Como es costumbre, esta nueva entrega presenta <a href="https://seguridadviacivil.ibero.mx/2023/09/13/el-desequilibrio-civil-militar-en-la-seguridad/" target="_blank" rel="noopener">evidencia inédita</a> soportada en fuentes oficiales de información -en su mayoría-.
Ha sido un lustro de monitoreo permanente sobre estos temas; <a href="https://seguridadviacivil.ibero.mx/wp-content/uploads/2021/03/Informe_PSC_2019.pdf" target="_blank" rel="noopener">por aquí se puede ver</a> la mayoría de lo publicado que incluye un informe sobre la militarización de la seguridad pública con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y otro con la continuación de este fenómeno, más la fase superior: <a href="https://seguridadviacivil.ibero.mx/wp-content/uploads/2021/03/PSC-Militarizacion-4T_24-07-20.pdf" target="_blank" rel="noopener">la ideología del militarismo encabezada por López Obrador</a>.
La serie Descifrando reúne documentos cortos, acompañados de gráficos y mapas interactivos que hacen mucho más accesible su lectura y ponderación analítica. Ya se cuentan por miles las lecturas de estos documentos, destacando el que responde a la pregunta ¿Qué es la Guardia Nacional?, <a href="https://seguridadviacivil.ibero.mx/2021/08/25/que-es-la-guardia-nacional/" target="_blank" rel="noopener">publicado en agosto de 2021</a>, entrega que fue a su vez actualizada en abril pasado con el lanzamiento del Descifrando que responde la misma pregunta, <a href="https://seguridadviacivil.ibero.mx/2023/04/18/que-es-la-guardia-nacional-en-2023/" target="_blank" rel="noopener">pero con datos hasta 2023</a>.
Regresando al más reciente producto, hemos informado que, por vez primera, ya hay más militares en operaciones de seguridad pública que policías estatales y municipales; hemos dado a conocer también que en 2022 ya había más militares que policías desplegados en 11 entidades de la República Mexicana y mostramos además la coincidencia entre el incremento de personal militar y el declive del policial.
La evidencia cuantitativa, el análisis de la información oficial y la investigación de otros actores independientes nos ha permitido confirmar que “la Guardia Nacional se ha posicionado como una institución suplementaria a las policías del país”. Orientado el crecimiento de esta institución (militar en los hechos y civil en la Constitución) a la sustitución de las policías civiles, se supondría que el despliegue guarda coherencia con la proporción del delito. No es el caso.
El número 15 de la serie Descifrando incluye un gráfico también inédito que compara tasa de personal policial y militar por cada mil habitantes contra tasa de víctimas de homicidio y femicidio. No pierdan la oportunidad de navegar el cuadro interactivo usando los filtros que permiten confirmar la incoherencia de la estrategia de despliegue, sean civiles o militares los que se comparan con la victimización.
Queremos invitar a mirar la militarización y el militarismo con atención al paso del tiempo, reconociendo estos fenómenos como la más grave alteración estructural al régimen constitucional de derechos, donde aún hoy la norma suprema ordena que las instituciones de seguridad pública tendrán carácter civil. Estamos observando el silencio respecto a todo esto desde la inmensa mayoría de la llamada clase política y de la sociedad y también estamos buscando descifrarlo.
En todo caso, nuestro trabajo es poner a discusión pública nuestras hipótesis. La más importante hasta hoy es que la militarización y el militarismo no son principalmente un proyecto de seguridad, sino uno de reconstrucción del régimen y del sistema político. Creemos que se viene construyendo un cinturón político de protección militar en torno a una nueva hegemonía que va insertando a las Fuerzas Armadas en un nuevo rol partícipe en la disputa por el poder público.
Afirmamos que si en estricto sentido el despliegue militar fuera un proyecto de seguridad, la evidencia del impacto sería relevante en el discurso oficial. Y hay quienes creen que lo es porque presidencia habla de reducción de algunos delitos, independientemente de que no se haya publicado la comprobación de relación alguna entre el despliegue y esa supuesta disminución (<a href="https://www.mexicoevalua.org/dos-de-cada-tres-entidades-federativas-sin-estadisticas-de-homicidio-confiables-mexico-evalua/" target="_blank" rel="noopener">el registro de homicidios violentos lleva años bajo cuestionamiento</a>).
Desde acá vemos más hacia lo que no se habla; por ejemplo, no hay rendición de cuentas alguna sobre el despliegue militar de cara a la multiplicación de bolsas territoriales de gobernanza criminal, muchas de ellas, por cierto, donde ese despliegue intensivo lleva más tiempo, cual es el caso de Guerrero.
Se reportaban 40 mil efectivos militares desplegados en el 2015 y hoy suman poco más de 260 mil; un crecimiento quizá sin paralelo global en un país que aporta 11 de las 15 ciudades con <a href="https://x.com/stats_feed/status/1698038744446579051?s=20" target="_blank" rel="noopener">las más altas tasas de homicidios violentos del mundo</a>. ¿Para qué?
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

6.5 veces más militares en seguridad pública en 8 años, ¿para qué?

¿Les cuesta trabajo entender por qué por un lado se informa que hay menos delitos y víctimas y por el otro se multiplica la información sobre todo tipo de violencias? En el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX nos pasa lo mismo y estamos tratando de entender qué está pasando realmente.
Apenas fue publicada la nueva <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENVIPE/ENVIPE_23.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023</a> y se registró la tasa de víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes (prevalencia delictiva) más baja desde que se hace este estudio anual hace una década. La misma encuesta registra también la más baja tasa de delitos (incidencia delictiva). En ambos casos medido según la respuesta de la gente.
A la vez, está comprobado el colapso del sistema de justicia penal: “<a href="https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/" target="_blank" rel="noopener">la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9 %</a>”. Y para nadie es un secreto que la inmensa mayoría de delitos no se denuncian (92.4 % según el INEGI); de hecho, a cielo abierto esto ya suena completamente normalizado.
En las 11 aplicaciones anuales de la ENVIPE la cifra negra o subdenuncia se ha mantenido arriba de 90 % y hay extremos como la extorsión, que el porcentaje sin reporte a la autoridad llega a 97.4, es decir, es casi imposible que alguien denuncie.
Nuestras preguntas comienzan a encontrar otras repuestas. Se nos ha informado que la victimización ha tenido cambios relevantes desde la pandemia de COVID-19; por ejemplo, menos robos y más fraudes.
Pero apenas se nos dijo algo aún más relevante: parece desplazarse el delito hacia actividades de organizaciones criminales que “difícilmente pueden captarse en una encuesta”.
Hay quienes celebran que hay menos delitos y menos víctimas. Lo que nos comentan sugiere que al registro de por sí ínfimo de la incidencia se le estaría sumando un registro cada vez menos confiable de víctimas de actividades delictivas predatorias crecientes.
¿Hay o habrá manera de ponderar el universo de la victimización ahí donde han sedimentado las bolsas territoriales de la gobernanza criminal? De no ser así, nos quedaremos con la ya normalizada subdenuncia superior a 90 %, más el relato oficial que se refugia en reportar las migajas del problema que están representadas en las cifras oficiales.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

¿Qué tanto está creciendo el subregistro de delitos y víctimas?

Las políticas de seguridad pública en México son chatas. El Estado ha construido una narrativa hegemónica que las reduce a un tema de “índice de delitos”. La barrera de resistencia política multicolor ha impedido en la inmensa mayoría del país que exista siquiera una noción básica respecto al carácter multidimensional de una política de seguridad cuyo rezago histórico empieza por el nombre. Véase la Constitución del país, que aún le llama seguridad pública, mientras el Constituyente de la Ciudad de México saltó hacia el concepto que hace décadas llegó a la región: seguridad ciudadana.
Reducir la seguridad ciudadana a un asunto de índice delictivo es una monumental artimaña política. Los gobiernos saben que el registro de los delitos es apenas una parte simbólica entre los que realmente se cometen (ni el cinco por ciento), pero también saben que la experiencia de victimización enseña el colapso del sistema de justicia penal, de manera que la masificación de los daños a la integridad y al patrimonio, por ejemplo a través de la extorsión, alcanzan en más y más territorios el umbral de la impunidad absoluta.
Muchos gobiernos han llevado a la perversidad extrema un discurso que simplifica tanto como puede una crisis de violencias e impunidad que hace exactamente lo contrario: se complejiza. Quizá la más lamentable síntesis de todo esto aparece cuando alguien puede reportar el supuesto estado de la seguridad invisibilizando las desapariciones. El caso enseña por qué la seguridad pública es sustituida por la seguridad ciudadana, siendo la primera un instrumento de auto protección del Estado que narra lo que sea y la segunda una caja de herramientas cuya validez depende de la protección a la gente.
Todo esto viene a cuento a propósito de una pregunta que parece más que oportuna ante el cambio del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sustituyendo Pablo Vázquez a Omar García Harfuch: ¿en qué estado se encuentra la política en la materia en la Ciudad de México?
¿Hay aquí una política menos chata? ¿La CDMX ha llevado a la práctica la evolución que incluyó en su Constitución? ¿El gobierno capitalino ha abrazado la complejidad que antepone la prevención al control penal y a través de ella ha tematizado las violencias, produciendo intervenciones diferenciadas? ¿Quién ha evaluado o está evaluando qué, además de las autoevaluaciones de las instituciones implicadas? ¿Hay una colección de aprendizajes de lo que funciona y no funciona que espera ser documentada? ¿Hasta dónde ha llegado la construcción inédita de evidencias, algunas de las cuales sí se han divulgado?
En este Cafecito Sereno convocado por el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX, el ahora secretario Pablo Vázquez enseñó su especialidad en prevención y al menos parte de la base teórica y metodológica asociadas a la misma. ¿Podemos pensar que esta nueva designación confirma una vocación institucional auténticamente propia de la seguridad ciudadana que, como tal, supera la centralización del enfoque policial?
<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/ZUtvdiP1Y3I?si=1jC1LjMNr2f0ZfK6" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Todas estas preguntas requieren investigación para ser adecuadamente contestadas. Hay quienes afirman que la CDMX ha resuelto la seguridad; no lo creo. Otras personas dicen que todo ha salido mal; no es el caso. Creo que hay avances importantes y problemas graves. Es un escenario gris, no hay blanco o negro y desafortunadamente la posible candidatura de García Harfuch a la jefatura de Gobierno empujará la manipulación político electoral del tema a favor y en contra.
La simulación de las mejoras es absolutamente deplorable, exactamente como lo es su negación. Por eso, como decimos en el PSC, que habla la evidencia.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

Seguridad ciudadana en la Ciudad de México, ¿y ahora qué?

Un nuevo hallazgo del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX confirma, con base en información oficial, que el total desplegado operativo de efectivos militares para la seguridad pública en 2023 supera al total de policías estatales y municipales. La noticia no tiene precedentes en el México contemporáneo.
Como se aprecia en el gráfico y la tabla, el total desplegado operativo de efectivos militares para la seguridad pública ya asciende a 261,644, mientras las policías estatales y municipales suman 251,760 (las cifras del despliegue de las Fuerzas Armadas (FFAA) en 2023 parecen incluir personal involucrado en “actividades diversas en apoyo a las operaciones”, que antes se clasificaron por separado). Es decir, en este año el gobierno federal considera que toda la fuerza operativa de las FFAA está desplegada en operaciones de seguridad.
<figure id="attachment_1319682" aria-describedby="caption-attachment-1319682" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1319682" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Despliegue-de-fuerzas-de-seguridad.jpg" alt="Gráfica con la información del despliegue de personal militar en actividades de seguridad pública y el estado de fuerza operativa de las policías estatales y municipales." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Despliegue-de-fuerzas-de-seguridad.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Despliegue-de-fuerzas-de-seguridad-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Despliegue-de-fuerzas-de-seguridad-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Despliegue-de-fuerzas-de-seguridad-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1319682" class="wp-caption-text">Gráfica: personal militar desplegado en actividades de la seguridad pública y estado de fuerza operativa de las policías estatales y municipales. Fuentes: Solicitudes de acceso a la información: Guardia Nacional 2800100042720 y 2800100004521, Informe anual de actividades 2022; SEDENA 0000700116321 y 330026423000879; SEMAR 00001300080321; SESNSP 330027622000089. Gobierno de México: Informe Anual de Seguridad 2020, Informe Mensual de Seguridad Diciembre 2021, e Informe de Seguridad Agosto 2023.</figcaption></figure>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1319685" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Despliegue-de-fuerzas-militares-en-tareas-de-seguridad.jpg" alt="Tabla con información sobre el despliegue de fuerzas militares en territorio nacional realizando tareas de seguridad." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Despliegue-de-fuerzas-militares-en-tareas-de-seguridad.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Despliegue-de-fuerzas-militares-en-tareas-de-seguridad-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Despliegue-de-fuerzas-militares-en-tareas-de-seguridad-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/Despliegue-de-fuerzas-militares-en-tareas-de-seguridad-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Nuestro país vive <a href="https://estepais.com/home-slider/de-la-militarizacion-al-militarismo-ciclo-incontenible/" target="_blank" rel="noopener">5 tendencias superpuestas de militarización</a>: la primera es la directa, que equivale al despliegue de militares en tareas internas; la segunda se llama indirecta, la cual ocurre cuando las instituciones civiles adquieren características y lógicas propias de las instituciones militares; la tercera tendencia consiste en cambios estructurales dentro de las filas militares para adaptarse a la prolongación de tareas diferentes a su misión original de seguridad exterior; la cuarta es la acumulación de poder estructural mostrado en la influencia política para reformas, funcionando como como actor hegemónico en la seguridad, y la quinta es la llegada de México a un gobierno militarista que celebra las cualidades superiores de las instituciones castrenses y las coloca por encima de las civiles.
Todas las tendencias son fácilmente verificables ya que la evidencia es abrumadora; pero las novedades no cesan en la medida que, como lo dijimos hace años, estamos ante lo que parece ser un ciclo incontenible.
El sistema de monitoreo permanente de la militarización y el militarismo del PSC ha creado un repositorio donde, desde 2018, venimos agregando material diverso de consulta. Nuestro más reciente lanzamiento fue el mapa interactivo de enfrentamientos de la Sedena 2007-2022 que, entre muchos otros hallazgos, confirma en promedio un enfrentamiento armado al día entre miembros del ejército y personas civiles en los 15 años de la llamada “guerra contra las drogas”, a la vez que enseña la multiplicación exponencial del número  de civiles muertos en comparación con lo heridos, en algunas partes del país.
Queremos reiterar la confirmación de las 5 tendencias mencionadas, desde la militarización directa hasta el militarismo. Se corrobora que el Estado mexicano viene entregando a los militares cada vez más amplios márgenes de atribuciones, recursos, influencia y presencia territorial, haciéndose el gobierno civil a un lado en múltiples funciones tanto formalmente como de facto.
Dijimos antes que este camino comprometía el Estado constitucional y democrático de derechos; ahora, a la luz de un sexenio que termina con un presidente que sigue negando la militarización y el militarismo, calificando el asunto como una agenda de “opositores”, lo que nos preguntamos ahora es si este impulso de los civiles para desocupar funciones y de los militares para ocuparlas ha terminado por trastocar de manera irreversible la subordinación de los segundos.
Siendo más precisos, ¿el poder de veto militar compromete ya el margen de decisión superior de la presidencia actual y la siguiente?
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>
Colaboró Samuel Storr, responsable de la construcción de datos producidos desde el sistema de monitoreo referido.

México ya despliega más militares que policías en seguridad pública

Quien crea que la Presidencia de la República sabe o debe saber cómo construir la seguridad, la justicia y la paz, se equivoca. Quien ocupa la silla presidencial, sea cual sea su apoyo popular, es una persona de carne y hueso que, como cualquier otra, no tiene poderes sobrenaturales para reunir en ella la sabiduría absoluta (lamento mucho que haya quien aún cree lo contrario). Lo que sí debe reunir esa persona son las competencias y habilidades suficientes para reunir los saberes que deben converger para resolver los problemas de interés público, en especial los que más lastiman a la sociedad.
Uno de los más prestigiados especialistas en estudios endoscópicos declaró apenas que actualmente todas las encuestas aplicadas por entidades públicas y privadas colocan a la inseguridad en el primer lugar de los problemas percibidos por la mayoría. Todas. El 29 de agosto el periódico Reforma mostró que entre 2020 y 2023 se ha duplicado la proporción entre quienes así lo responden, llegando al sesenta y seis por ciento. Será un sexenio federal más con la misma historia: política de seguridad reprobada.
He observado sistemáticamente el tema durante cinco presidencias y encuentro perfecta consistencia transexenal en lo que llamo el síndrome del “autoencierro”. Es un padecimiento que afecta a todos los presidentes; comienza inmediatamente después de ser electos y se agudiza todo el periodo de gobierno. Es más o menos fácil de apreciar si pones atención. El síntoma principal es la construcción de una interpretación de la inseguridad y de su solución que convence al Ejecutivo Federal, no porque está basada en el conocimiento idóneo, sino porque está a cargo de personas y grupos cercanos y sobre todo leales a aquel.
Es un caso típico de adecuación de “la realidad” a una interpretación mediada por preconcepciones políticas. Más en concreto, lo que sucede es que quienes van a tener el control de la política de seguridad construyen una idea que se ajusta precisamente a lo que responde a sus intereses. Quizá el ejemplo más elocuente son los militares, quienes ven a la seguridad como un asunto de fuerza y a eso alinean las decisiones.
El “autoencierro” presidencial en seguridad opera exactamente en sentido contrario a lo que hemos necesitado que construya el Estado hace décadas: políticas integrales, multidimensionales e inclusivas. Miren este contraste: mientras ese “autoencierro” delega la gestión de la seguridad en el grupo compacto de leales, las políticas referidas implican la gestión política personal y directa para, desde la cabeza, liderar la construcción de lo que el especialista argentino Marcelo Saín denomina gobierno político de la seguridad. A la manera, por ejemplo, de lo que pude constatar en las dos alcaldías de Antanas Mockus en Bogotá, Colombia.
Con las personas leales se nubla la vista, con la otra vía se abre la mirada a diversos mundos de posibilidades para reducir las violencias, la delincuencia y la impunidad. El enorme giro es gestionar o no gestionar la auténtica acción colectiva desde el liderazgo presidencial.
Desafortunadamente hay fuertes incentivos sociales para que la presidencia se encierre con sus leales porque domina el alineamiento desde arriba y desde abajo hacia la simplificación de todo esto, haciendo fácil (y a la vez extraordinariamente destructivo) seguir tomando las mismas decisiones que ponen en el centro la fuerza del Estado, a pesar de la monumental evidencia del fracaso de ese enfoque hegemónico.
La persona que ocupará la silla presidencial en 2024 tendrá sobre sus hombros la llave que en estricto sentido definirá si México termina o no en manos de la gobernanza criminal. Tendrá esa persona la llave que abrirá o cerrará la puerta para construir políticas integrales, multidimensionales e inclusivas que podrían evitarlo. Si la cierra, será un sexenio más de desgobierno político de la seguridad; si la abre, será lo contrario.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">ErnestoLPV</a>

Seguridad: la llave presidencial que definirá el futuro

¿Cuántas veces has decidido tu voto aprobando o censurando una política de seguridad? ¿A cuántas personas conoces que lo han hecho? Cualquiera podría pensar que hay una relación obvia entre los resultados de un gobierno en seguridad y el voto; no es el caso. Nada de esto es obvio y de hecho estamos encontrando indicios múltiples de lo que podría ser una muy mala noticia: la inmensa mayoría de la gente quizá decide su voto por razones que tienen que ver poco o nada con las condiciones de seguridad o inseguridad en las que viven.
¿Por qué es una muy mala noticia? Porque algunos gobiernos podrían venir aprendiendo que son otras las pulsiones detrás del voto, de manera que hacerlo bien o hacerlo mal en seguridad puede pasar a segundo plano en la lista de prioridades. Insisto, esto puede parecer contrario a la intuición, pero la escasa investigación, la evidencia sistematizada insuficiente, el análisis precario y la casi inexistente deliberación pública al respecto no nos permiten concluir nada, si bien algo parece claro: es posible que un gobierno sea popular y a la vez repruebe en seguridad, cual es el caso de la presidencia de López Obrador.
Desde la demoscopia, hace tiempo se ha afirmado que<a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-violencia-no-influye-en-los-resultados-electorales-20120510-0015.html" target="_blank" rel="noopener"> la violencia influye poco o nada en los resultados electorales</a>. Una investigación analizó los resultados de Nuevo León en 2009 y concluyó que “<a href="https://regionysociedad.colson.edu.mx/index.php/rys/article/view/364/1099" target="_blank" rel="noopener">la alta percepción de inseguridad ciudadana y las cifras de ejecuciones en narcotráfico, no tienen un efecto determinante para un resultado electoral adverso</a>”, habiendo retenido la gubernatura el PRI.
El asunto es mucho más complejo de lo que parece si se indaga cómo juegan las emociones y la razón en la decisión del voto: “algunos estudios recientes indican que es altamente factible que<a href="http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/1542/1606" target="_blank" rel="noopener"> la intuición y las simpatías por un candidato primen sobre la supuesta valoración racional y reflexiva del programa o de la plataforma electoral</a> de la formación política a la que pertenece. De hecho, se considera que la justificación racional se hace a posteriori de la toma de decisión, ante los otros e incluso frente a nosotros/as mismos/as”.
Muy interesantes reflexiones <a href="https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N28-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">han identificado la decisión del voto “sobre la base de imágenes</a> y ‘las imágenes constituyen en realidad representaciones políticas simplificadas y esquemáticas’ que tienen contenido político… Las imágenes pueden ser definidas como… atajos en términos de reglas informales de pensamiento que simplifican el procesamiento de la información y el proceso de toma de decisiones”.
¿Qué quiere decir todo esto? Son apenas algunas viñetas de algo extraordinariamente complejo: qué pensamos y qué sentimos antes, durante y después de votar. En el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX estamos buscando respuestas porque lo que tenemos a la mano nos hace dudar cada vez más de que el voto en efecto reprueba la crisis de violencias e impunidad o en su caso aprueba la reducción de ambas. Es más, nos han explicado que <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pnVql9O16cU&amp;list=PLiA5ZPAxjNt96BRH7K2klR5CJKcEOaAq3&amp;index=18" target="_blank" rel="noopener">hay evidencia empírica que confirma la resignación</a> y personas que han asesorado campañas por décadas nos explicaron recientemente que, en efecto, la mayoría de la gente de todas maneras no espera ya mejoras en este y otros temas.
Así que, en lo que hace a la intención del voto y colocando a un lado los contextos donde el voto es de alguna manera cooptado de manera directa por poderes criminales, tenemos que dudar de la relevancia de las crisis de violencias e impunidad en las elecciones, primero, porque en algunas partes ha sido comprobada la disociación entre la experiencia de las personas en contextos de alta violencia y delincuencia y el sentido de su voto y, segundo, porque un gobernante puede ser popular cuando su política de seguridad es impopular.
Imposible terminar sin una pregunta más: ¿qué saben de todo esto las personas que aspiran a cargos de representación y, en su caso, cómo lo usan?
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

¿Qué tan irrelevante será la inseguridad en el voto 2024?

Al confirmar que el Estado está roto en su capacidad de monopolizar la violencia y siendo claro que muchas instituciones son disfuncionales, la desesperación lleva a la inmensa mayoría a tolerar e incluso exigir más poderes a la burocracia rota. Ahí la más delicada y riesgosa paradoja de cara a las elecciones del 2024.
Mientras más atrocidades vemos y sufrimos, mejor entendemos que las autoridades no saben, no quieren o no pueden; pero a la vez nuestra desesperanza por el desamparo nos provoca el reflejo de creer, aceptar, tolerar y promover la entrega de más atribuciones a esas entidades públicas que sabemos disfuncionales.
La contradicción es a mi parecer más clara que nunca y representa bien la deriva en la que estamos: más violencias, más poderes a instituciones rotas, más violencias.
Resulta extraordinariamente difícil la pedagogía en torno a esta contradicción porque parece de sentido común aceptar que solo instituciones fortalecidas podrán contener la crisis de violencias e impunidad. Pero tal vez ayuda distinguir qué entendemos por fortalecidas.
Por ejemplo, cuando se promulgó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en 1996 el discurso oficial convenció a la mayoría con el argumento de que el gobierno federal ya tenía las herramientas necesarias para reducir a los grupos delictivos. Se aceptó sin más que las herramientas de esa ley, propias de un régimen jurídico de excepción, fortalecían al Estado. Y miren dónde estamos.
Cómo hacer para convencer a las mayorías de que cada vez que le damos más atribuciones, recursos, armas, tecnologías y equipo; cada vez que desplegamos más uniformados civiles y militares armados; cada vez que reducimos los estándares de prueba para procesar penalmente a alguien; cada vez que subimos las penas, cada vez que hacemos todo esto sin hacernos cargo de equilibrar todos estos poderes con sistemas de control y rendición de cuentas, o bien sin reparar en otros medios menos violentos para reconstruir la convivencia al final solo ayudamos a prolongar y profundizar la crisis de violencias e impunidad.
Cómo hacer para lograr la claridad a cielo abierto de que un policía o un policía militar en la calle con más atribuciones para detener, con armas más potentes, con mejores tecnologías, equipo, vehículos y demás, pero sin adecuada supervisión interna y externa, es una decisión más a favor de la arbitrariedad que cada vez con más frecuencia termina poniendo al Estado del lado del delito. O bien, cómo acordar que el principal veneno de las fiscalías no es que están maniatadas sino, justo al revés, que funcionan al margen de controles en su día a día, de manera que sus procesos y resultados pueden ser los que son, sin consecuencias mayores y sin reformas estructurales.
Es una paradoja terrible porque tenemos enfrente la masiva y crónica descomposición de las instituciones y, repito, el desamparo nos provoca el reflejo de darles más poderes sin hacernos cargo de los sistemas que aseguren el control en su uso.
Hay quienes creen en las evidencias construidas a través del método científico y hay quienes no. Cuando se cree en ellas, se puede mirar una montaña de investigaciones donde se comprueba que la fórmula del empoderamiento del Estado lleva décadas destruyendo vidas adentro y afuera del mismo. Esta forma de entender el Estado fortalecido, más que contener, en realidad acompaña, agudiza, profesionaliza y reproduce las violencias.
Tengo pocas esperanzas de lograrlo, en especial porque, como me enseñó hace tiempo la especialista Rachel Neild, a más violencias e impunidad, más presión política y social para dar resultados y menos espacio para los cambios institucionales, por más urgentes que estos sean.
Quiero llamarle la paradoja del Estado enfermo: sabemos que es un paciente terminal y le damos la misma medicina. Las personas candidatas a la presidencia 2024 serán más populares si ofrecen más veneno, desafortunadamente.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

Seguridad 2024-2030, la paradoja del Estado enfermo

Ya lo sé, cuando se reconocen mejoras en una institución pública hay desde el descrédito hasta la agresión. En cambio, cuando se critican las fallas viene el aplauso. Toda mi carrera he enfrentado ambas cosas; hace poco una buena amiga me dijo “no te creo nada”, cuando le hablé de métodos inéditos de prevención en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y la invité a <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZUtvdiP1Y3I&amp;t=4165s" target="_blank" rel="noopener">conocerlos al menos en parte</a>.
Una de mis mayores cargas, luego de muchos años trabajando a favor de la seguridad ciudadana y la reforma policial democrática, es que las mejoras, muchas veces precisamente por no ser creíbles, se colapsan. Quien conoce mi trayectoria sabe de mi pulsión crítica enfocada en fortalecer métodos de rendición de cuentas. Siempre recuerdo a uno de mis principales maestros, referencia principal en seguridad ciudadana en América Latina, el chileno Hugo Frühling, quien me dijo hace mucho más o menos así: cuando te digan que algo mejoró, pide siempre la evaluación de soporte, siempre. Así lo hago.
Las personas somos trayectorias de vida; la mía es pública. Abracé la rendición de cuentas policial como mi propuesta pública principal desde inicios de este siglo y reenfoqué mi eje de aproximación a estos temas, investigando cuanto más he podido el grado de desarrollo de los sistemas de control interno y externo de las instituciones policiales en países de cuatro continentes.
Cuando entendí las implicaciones de la teoría sistémica de la rendición de cuentas policial, decidí buscar por todos los medios a mi alcance ayudar a superar el ciclo perverso y destructivo de repetición enfocado en cambiar a las personas sin reformar a las instituciones. Miles y miles de recambios personales en los mismos andamiajes institucionales, resultando en la prolongación interminable de la crisis policial que hoy alcanza la inmensa mayoría del país.
Puedo afirmar que la policía que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha vivido un ciclo reciente de mejoras inéditas. Conozco algunas metodologías y actores involucrados en evaluaciones realizadas y en curso. Igualmente puedo afirmar que esa institución padece problemas severos que incluso podrían incluir márgenes de autogobierno, en una proporción desconocida, vinculados a redes de criminalidad. En clase lo digo siempre: la pregunta no es si una institución tiene problemas sino de qué tamaño son y, sobre todo, como me enseñó otro maestro, el estadounidense Robert Varenik, qué herramientas tiene para enfrentarlos.
Terminará la gestión del secretario Omar García Harfuch y mi pregunta, bajo un enfoque institucional sistémico, es a mi parecer la más importante de todas: las mejoras, las que sean, se van o se quedan. Supongo que él y su equipo saben tan bien como cualquiera que en México muchas personas disponen de las instituciones a modo de patrimonio privado. Y supongo que saben que ningún liderazgo personal alcanza por sí mismo para garantizar nada.
Serán pronto quince años que llevo insistiendo, también públicamente, sobre la conveniencia de crear una <a href="https://www.nacole.org/" target="_blank" rel="noopener">figura de autoridad responsable de la supervisión externa especializada de la policía</a> con atribuciones para evaluar, evaluar y evaluar más a esa institución, como lo hacen centenas de ejemplos similares en otros países.
Estoy completamente seguro que todo lo que se haya hecho para fortalecer el control interno y cualquier esfuerzo a favor de las investigaciones penales y de derechos humanos desde las autoridades competentes no alcanza y jamás alcanzará porque esos controles no se hacen cargo de ponderar los procesos y en su caso reconocer y estimular las mejoras, o bien medir problemas estructurales y promover la reingeniería institucional que corresponda a través de metodologías idóneas e informes públicos, como sí lo hace la supervisión externa especializada.
El mejor liderazgo, en todo caso, es el que mira más allá de sí mismo.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

¿Se quedan o se van las mejoras de la policía de la Ciudad de México?

Seguramente no te imaginas vivir en una sociedad donde la presunción de inocencia estorba y es tirada a la basura con apoyo mayoritario. No te imaginas vivir bajo el riesgo de ser una persona acusada, procesada y sentenciada incluso de por vida, sin haber podido defenderte. No piensas que en cualquier momento y en cualquier lugar una autoridad viola tus derechos y no tienes manera de defenderte. ¿Pero qué tan lejos estamos de todo ello? Tal vez mucho menos de lo que te imaginas. Te invito a valorarlo con cuidado.
Parece un lugar común afirmar que la democracia fracasó, lo que no parece claro son las implicaciones y consecuencias de asumirlo así. Si en efecto podemos comprobar que los sistemas políticos llamados democráticos no han funcionado para que las mayorías ejerzan sus derechos y libertades, entonces la pregunta que sigue es qué necesitamos ante ello, más o menos democracia.
Hay muchas definiciones de democracia; para efectos de esta reflexión, solo entiendo como tal una forma de gobierno construida desde y para garantizar ese ejercicio; no puede llamarse democracia a una forma de gobierno donde una parte menor de la población disfruta del acceso a los derechos fundamentales, a costa de la mayoría que no lo hace.
En el mundo todas las llamadas democracias, incluso las que han logrado las más amplias porciones poblacionales en ejercicio de los derechos fundamentales, presentan contradicciones. Teorías y herramientas múltiples de clasificación global señalan que “El mundo es cada vez menos democrático”, de manera que más de la mitad de la población mundial “vive ya en regímenes que van de un autoritarismo moderado a la dictadura pura y dura. <a href="https://www.elcorreo.com/internacional/mundo-menos-democratico-20221231111234-ntrc.html#vtm_funnel=exito-registro-gis&amp;vtm_tipoProceso=gis&amp;vtm_procesoFinalizado=si&amp;vtm_proceso=registro-gis&amp;vtm_tipoRegistroLogin=registro-gis&amp;ref=https://www.elcorreo.com/internacional/mundo-menos-democratico-20221231111234-ntrc.html" target="_blank" rel="noopener">Solo un 6,4% disfruta de una ‘democracia plena</a>’”. En América Latina y el Caribe, solo Costa Rica y Uruguay caen en la clasificación de “democracia plena”.
Vale recordar que la llamada democracia procedimental, la referida a los procesos electorales, bajo ninguna perspectiva alcanza si asumimos que las elecciones se refieren solo a la llamada legitimidad de origen, pero no de ejercicio; se vive cada vez más, el voto puede favorecer a gobiernos cuyo proyecto es contraer o acabar con la democracia, en el sentido de restringir o suprimir los derechos y las libertades.
¿América Latina está perdiendo su ventana democrática? No hay manera de afirmar o negar esto de manera general, pero las señales, vistas desde la crisis de violencias, son muy delicadas.
Un mensaje del pasado 11 de agosto en X (antes Twitter) me sirve para ilustrar el argumento: “…necesitamos los huevos de Bukele en México”. Entender la seguridad como un asunto de valentía, valor, temeridad, audacia, etcétera es extraordinariamente popular y parece de sentido común. Por eso cada vez más figuras públicas quieren mostrar arrojo -armas, uniformes, tecnologías- antes que métodos basados en inteligencia y evidencias para reducir las violencias. Las causas profundas de esto deben mirarse en términos culturales e históricos, al menos.
En mi experiencia, cuando alguien habla de métodos por ejemplo para reducir homicidios violentos, provoca escaso o nulo impacto; en cambio, suele ser de muy alto impacto mostrar fuerza; la tracción social a favor del uso de la fuerza crece acaso precisamente en la medida que el Estado no quiere, no sabe o un puede contener, reducir y transformar las violencias.
Las medidas propias de un estado de excepción pueden llegar a cualquier extremo, como lo enseña El Salvador; <a href="https://cristosal.org/ES/informe-un-ano-bajo-el-regimen-de-excepcion-una-medida-permanente-de-represion-y-de-violaciones-a-los-derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> algunos ejemplos de reformas recién aprobadas:
<ul>
<li>Suprimir la posibilidad de que las personas que son señaladas como integrantes de pandillas accedan a medidas sustitutivas a la detención provisional y dar potestad a las autoridades para extender sin límite este internamiento sin condena (no estarán obligadas las autoridades a respetar el plazo máximo de dos años para la detención provisional que establece la ley).</li>
<li>Potestad de imponer penas de prisión a niños, niñas y adolescentes procesados que fueren señalados de pertenecer a pandillas, para que puedan recibir condenas como adultos (penas de prisión de 20 a 30 años para adolescentes entre 16 y 18 años; y penas de 10 a 15 años para niños y niñas entre 12 y 15 años).</li>
<li>Suprime las reglas de control para la legalidad de la prueba, reduciéndola en la práctica al ejercicio de la sana crítica del juzgador. La reforma también otorga calidad de “prueba documental” a la mera denuncia y también al acta policial de entrevista de testigos (que podría así sustituir la propia declaración del testigo en la vista pública).</li>
<li>Extiende la detención provisional hasta 2 años en este proceso especial (el plazo máximo anterior era 1 año). No obstante, una reforma al Código Procesal Penal de marzo 2022 permite la detención provisional hasta la finalización del proceso, por lo que el límite de los 2 años es un formalismo y la detención se puede volver indefinida.</li>
</ul>
Es una terrible paradoja: en la medida que el Estado muestra más su fractura, en esa medida se genera mayor tracción política y social para darle más poderes a ese aparato roto. Sangra la región más violenta del mundo y los liderazgos políticos hacen lo que merece creciente popularidad y a la vez lo que más destruye el régimen constitucional de derechos: decretar estados de excepción y así quitar los de por sí débiles controles del poder.
Todo esto quizá lo ves lejano y la urgencia de encontrar la paz te hace pensar que cualquier medida es necesaria. Y acaso te parece imposible que, de un día al otro, cambien las leyes y te puedan detener sin acusación penal formal por 15 días, en vez de 72 horas, como pasó en el país referido de Centroamérica.
Es cierto, las violencias sangran la región, pero la popularidad del uso de la fuerza y el castigo penal están sangrando el régimen constitucional de derechos. La disyuntiva entonces no es qué seguridad queremos; más bien estamos ante otra pregunta: ¿vamos a renunciar a nuestros derechos fundamentales a cambio de la promesa de seguridad? La historia lo enseña bien: ese camino termina por colapsar ambos: los derechos y la seguridad misma.
Parece ser tiempo de recordarlo: “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

¿Por dónde sangra la democracia?

En mi <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/autores/ruta-critica/macrocriminalidad-giei-limite-de-lo-posible" target="_blank" rel="noopener">colaboración pasada</a> afirmé que “La crisis crónica del Estado de derecho en México es una construcción política y social y la trayectoria del GIEI puede ser leída en esa clave” y agregué que “estos ocho años de investigaciones independientes nos enseñan el máximo posible al que puede aspirar México de cara a la macrocriminalidad”. Nuevas revelaciones confirman que el trabajo del GIEI es como una ventana hacia donde nunca podemos ver, en particular con relación al rol de las Fuerzas Armadas. La oportunidad para aprender de la experiencia y transformarla es extraordinaria, igual que los desafíos que se asoman asociados a los límites insuperables que la investigación encontró.
Blanche Petrich publicó en La Jornada dos entrevistas imperdibles, la primera a <a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2023/08/06/politica/dejarse-tocar-por-el-dolor-de-los-padres-de-los-43-base-de-labor-de-expertos-del-giei/?from=homeonline&amp;block=ultimasnoticias" target="_blank" rel="noopener">Carlos Beristain</a> y la segunda a <a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2023/08/07/politica/archivos-militares-terreno-vedado-para-fiscales-en-mexico-buitrago/" target="_blank" rel="noopener">Ángela Buitrago</a>. Me concentro en la segunda.
Buitrago califica como “inimaginable” lo que en México es una práctica generalmente aceptada: la imposibilidad de los fiscales para acceder a los archivos militares. Ella reflexiona en torno a una combinación de motivos detrás de interpretaciones del derecho y decisiones políticas que restringen el alcance de las atribuciones de investigación: “el funcionario se cohíbe y no aplica el derecho internacional”.
Explica la jurista (recién nominada en la terna propuesta por el presidente Gustavo Petro para ocupar el cargo de Fiscal General de Colombia) que las atribuciones del GIEI dieron para avanzar, “a pesar de las mentiras, el ocultamiento y la desviación de líneas” de investigación. Y gracias a investigaciones contextuales e interpretaciones que aprovechan las herramientas del “bloque internacional” de derecho, trascendieron los límites que buscaba imponer una versión manipulada políticamente para poner en el centro la responsabilidad penal de autoridades locales e identificaron “que lo que afirmaba la Secretaría de la Defensa Nacional era diferente a la realidad qué [sic] se demostraba técnicamente”.
El relato no puede ser más elocuente: “ese bloque internacional no solamente es necesario sino definitivo para romper esos pactos de silencio que se generan en estos casos de delitos contra los derechos humanos. Y esto lleva a otra reflexión: si el país no quiere, no sabe o no puede llevar a juicio a estas personas por desaparición forzada hay instancias internacionales que lo van a hacer. Pienso en la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Buitrago enfatiza una de las más extendidas prácticas a favor de la impunidad en México: “muchos delitos de derechos humanos se tratan aquí como delito común”; y amplía: “la investigación en casos graves de violaciones a derechos humanos no puede ser igual a la investigación de un delito cualquiera”; de ahí la extraordinaria relevancia de “una mirada del contexto” impulsada por un grupo cuya experiencia permitió “exigir la acumulación de hechos para configurar un macro caso”. Fragmentar las investigaciones es una de las más enraizadas prácticas de la (in)justicia penal en nuestro país.
La acumulación de hechos mediante metodologías de análisis de contexto, permite descifrar la responsabilidad penal en la desaparición: “Si los cargos se quedan como delincuencia organizada los responsables pagan cuatro o cinco años de cárcel y después salen a pesar de haber participado en toda la acción que llevó a la desaparición de los muchachos”, explicó a Petrich la abogada del país sudamericano.
El cierre de la entrevista es brutal porque Buitrago recuerda que las investigaciones a cargo de las autoridades mexicanas incluyeron crímenes cometidos de manera sistemática: “Nosotros logramos comprobar en el tercero y segundo informe que el 80 por ciento de los detenidos habían sido torturados para confesar”. Y nos recuerda lo que en nuestro medio parece ya no ser escandaloso: “Si la autoridad es criminal toda la población está en riesgo”.
Lo anoté en mi colaboración anterior, lo reitero: el GIEI llegó al límite de lo posible -bajo las condiciones actuales- y construyó una ventana para que miremos al menos algo de la filigrana donde se tejen los pactos de silencio e impunidad.
Ángela Buitrago deja ver una voluntad presidencial que no alcanzó ante las fuerzas armadas; la investigadora revela que “la fiscalía nunca fue con nosotros a los archivos militares” y recuerda que el general Salvador Cienfuegos, como titular de la Sedena, afirmó públicamente que no iba a dejar que las personas extranjeras interrogaran a sus subordinados.
Trajo el GIEI parte de la experiencia acumulada para dilucidar un “macro caso” de criminalidad, solo que aquí, de facto, las herramientas jurídicas supranacionales y las experiencias de asistencia internacional para investigar los más graves delitos no necesariamente aplican, al menos, para las Fuerzas Armadas.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

No caerán los pactos de silencio sin el derecho internacional: GIEI

Fue larga la crónica del fracaso anunciado. Ocho años de investigaciones del GIEI sobre la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desde 2015 hasta 2023, y fue imposible develar la verdad en toda su dimensión.
Jamás dudé que el resultado final sería insuficiente. Nunca imaginé que la anterior PGR primero y la FGR ahora y la Presidencia de la República misma asumirían la verdad y la justicia hasta sus últimas consecuencias. Hoy ante la partida de Ángela Buitrago y Carlos Beristain no siento sorpresa. Y creo que estos ocho años de investigaciones independientes nos enseñan el máximo posible al que puede aspirar México de cara a la macrocriminalidad. La partida del GIEI cierra un capítulo único, inédito y muy probablemente irrepetible. Más no hay, es mi síntesis.
La crisis crónica del Estado de derecho en México es una construcción política y social y la trayectoria del GIEI puede ser leída en esa clave. Las personas extranjeras invitadas desnudaron con detalle sin precedentes al menos una parte de los entramados de corrupción y complicidades que operan con protección al más alto nivel en instituciones civiles de los tres órdenes de gobierno y también en instituciones militares. Pero miles de páginas con relatos precisos de conductas criminales, negligentes y de engaño y ocultamiento no alcanzaron para crear un impacto contundente a favor de la justicia y de la urgente reforma institucional.
Puede López Obrador calificar de “opinión” lo que fue casi una década de investigaciones basadas en evidencias y, al final, no pasa nada.
Por eso creo que hemos tocado el límite de lo posible para la justicia penal en México y la reforma institucional, si de macrocriminalidad se trata. La visita del GIEI es lo más cerca que México estará de una experiencia como la de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) de Guatemala, con la diferencia de que allá si sometieron a la justicia al menos a algunas figuras de la más alta jerarquía política e institucional.
Por décadas he afirmado que México no ha sedimentado un acuerdo político y social a favor del respeto a la ley. Ahora además hemos comprobado que tampoco lo tiene a favor de la seguridad, la justicia y la paz. La desaparición irresuelta de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa convocó a la más voluminosa inversión de recursos jamás reunida en caso penal alguno y, con todo, no alcanzó.
En cada aniversario de aquel ataque de septiembre de 2014 ha sido mucha más la gente que calla o la que se pregunta por qué nos debe seguir importando y somos mucho menos quienes, cada año, volvemos a exigir justicia. El saldo es profundamente desesperanzador porque la desaparición de los estudiantes se convirtió, vaya paradoja, en la confirmación paradigmática de que no hemos construido una apropiación masiva de la exigencia de justicia.
Si el GIEI no iba a ser apoyado hasta las últimas consecuencias de sus investigaciones, cabe preguntar entonces exactamente para qué se le invitó. Y esto admite hipótesis profundamente delicadas, una vez que hemos constatado que los informes del grupo invitado documentaron incluso con precisión el engaño y el ocultamiento hasta los últimos días de sus indagaciones. Cuáles fueron las agendas ocultas teniendo aquí al grupo internacional y a la vez impidiendo la justicia.
¿Mostró el GIEI más lo que no lograremos que lo que sí lograremos en la justicia en México? Es muy posible. Ahora ya sabemos que una investigación independiente es solo parcialmente posible, incluso habiéndose empeñado el compromiso presidencial para que se sepa la verdad y se castigue a todas las personas responsables. Ya sabemos que no emerge la presión social de mayor escala, incluso ante gravísimas revelaciones dadas a conocer con material videográfico de soporte mostrado en la televisión en horarios de mayor audiencia. Y quizá lo peor: más allá de toda duda, hemos confirmado que las evidencias, las que sean, no alcanzan para someter a la jerarquía superior del poder civil y militar a la justicia.
En lo que hace a la macrocriminalidad, el GIEI nos enseñó el límite de lo posible. Al menos en México, creo, no hay más.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

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