Regular la cocaína: una apuesta desde los expresidentes de Colombia
El miércoles 9 de noviembre en Bogotá, Colombia, la Comisión Global de Políticas de Drogas presentó su última publicación: un paper de posición sobre la situación actual en Colombia y recomendaciones claves para el gobierno entrante del presidente Gustavo Petro.
Desde el Instituto RIA hemos escrito sobre la importancia de la Comisión en romper el tabú y llevar la discusión de la reforma de las políticas de drogas a todos los rincones del mundo. Desde 2011, la Comisión Global ha abogado por la descriminalización efectiva y, desde 2014, de la regulación legal de todas las drogas. Quienes integran la Comisión han tenido la oportunidad de implementar políticas innovadoras, como en el caso de Ruth Dreifuss (expresidenta de Suiza), mientras otros han impulsado acuerdos de paz como el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Para recordar, el gobierno de Petro ha sido claro con sus intenciones de “acabar con la guerra”, de buscar alternativas y de llamar a una discusión regional y global sobre el fracaso de la misma con un enfoque en crear un cambio de paradigma. La discusión legislativa sobre la regulación de cannabis para uso adulto avanza en el país, pero aún faltan varios debates, y aún así, tendríamos que ver cómo se incorporan los principios de justicia social y reparación del daño.
La Oficina de Drogas y Delito de las Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en inglés) recientemente sacó su nuevo informe sobre el cultivo de hoja de coca en Colombia, con un incremento sustancial en los últimos años. Se reporta un aumento del 43% de zonas sembradas con coca, empezando con 143,000 hectáreas en 2020 y llegando a 204,000 en 2021. Las mismas estrategias dejan los mismos resultados y los mismos daños.
Por esta razón, la Comisión Global ha sido muy coherente y congruente al hacer recomendaciones hacia el gobierno colombiano que pueden ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo. Las cinco recomendaciones que hacen en esta instancia son:
- Regulación legal de las drogas. Sí, todas. Con una visión de inclusión, datos, y justicia social.
- Un enfoque sobre las políticas de drogas basado en los derechos humanos, contemplando la reducción de daños, el acceso a los medicamentos como derecho a la salud, y la participación de los pueblos históricamente marginados.
- Transformar las relaciones mediante la despenalización de todas las actividades, incluido el cultivo, reforzando la excarcelación y la confianza entre las instituciones y la ciudadanía.
- Una agenda sobre políticas de drogas que sea autónoma y no securitizada. Esto se logra buscando desnarcotizar la agenda de seguridad y yendo hacia la desmovilización y reinserción.
- Fortalecimiento institucional con el fin de aumentar la capacidad del gobierno.
La presentación, donde participaron los expresidentes Ruth Dreifuss (Suiza), Ernesto Zedillo (México) y Juan Manuel Santos (Colombia), fue moderada por María Alejandra Vélez del Centro de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes.
Previo a la presentación, la Comisión Global sostuvo diálogos con expertas y expertos y autoridades sobre la implementación de las recomendaciones.
Ernesto Zedillo reportó que el debate internacional había aumentado con el acuerdo de paz en Colombia en 2016 y la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés); y luego se estancó con el cambio de gobierno a uno más conservador. Ahora hay un renacimiento político en Colombia con la llegada del presidente Petro.
La Comisión Global apoya la regulación legal de los mercados de todas las drogas, aunque los mercados ilegales no siempre pueden ser eliminados, pero pueden ser reducidos. El expresidente Santos, de Colombia, cuestionó las recientes declaraciones del Ministro de Justicia, del mismo país, sobre la no regulación de la cocaína. Santos enfatizó: “si no regulamos la cocaína, no vamos a lograr la paz total”.
Si quieren conocer el informe completo, les invitamos a descargarlo aquí. Pueden ver la presentación aquí. Estos personajes de alto nivel buscan romper el tabú, entendiendo y reconociendo que ellos no hicieron suficiente durante sus mandatos y que ahora buscan promover reformas basadas en los derechos humanos, el desarrollo y la reducción de daños, desde la mano de la sociedad civil.
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
“Mercenarios”
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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