Segalmex, ¿otro caso de impunidad?
Segalmex es el escándalo de corrupción más importante de su sexenio, así lo admitió la semana pasada el presidente de la República. El desvío en este caso va de los 9 mil 500 a los 15 mil millones de pesos. Pese a que los primeros señalamientos de irregularidades comenzaron en 2020, el Ejecutivo ha pedido esperar el resultado de las investigaciones. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha tenido un rol bastante deficiente en resolver los grandes casos de corrupción del pasado, por lo cual Segalmex podría sumarse a la larga la lista de casos y de altos y altas funcionarias sin investigar y que están impunes. Y con ello, se perderá la oportunidad de otorgar justicia pronta y expedita, particularmente a quienes afectaron estos actos de corrupción.
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) tiene la misión de promover la seguridad alimentaria y la nutrición, mediante programas de apoyo a pequeñas y pequeños productores, así como garantizar el acopio y distribución de alimentos básicos, con el fin de generar bienestar en la población más vulnerable del país. La canasta alimentaria de 2022 a 2023 aumentó su costo en 9% en lugares como Puebla, por ejemplo, 45.6% de la población que labora tiene un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria. UNICEF señala que 1 de cada 8 niños y niñas sufre desnutrición crónica.
Ante este contexto las acciones de Segalmex son clave para revertir la pobreza alimentaria del país.
No obstante, desde sus inicios esta institución comenzó a utilizar distintos esquemas y modus operandi irregulares, como el denominado “recepción jurídica”, que permite a las empresas proveedoras recibir la totalidad de los montos contratados y conservar los productos hasta que Segalmex los solicite. A su vez, se eliminaron de los contratos las cláusulas de devolución y fianzas a los proveedores por incumplimiento, ocasionando que éstos no entregaran el 100 % de los productos estipulados. Además, la institución firmó contratos por 73 millones de pesos para el abastecimiento de carne, de los cuales la paraestatal solo obtuvo productos por 60 millones de pesos. De igual manera, se ha documentado que, el organismo firmó contratos con empresas para la obtención de envases de plástico por cerca de 100 millones de pesos de los cuales recibió solo un tercio. Esto mismo sucedió con la compra de 7. 8 toneladas de azúcar por 142 millones de pesos que, según la FGR, Segalmex no recibió. Así como la venta de pilas –con logotipos de Segalmex– en Polonia y otros países, sin que se haya aclarado la situación. Pese a la falta de entrega del total de productos, por años, la institución continuó firmando contratos con varios entes proveedores que incumplieron las entregas.
Otras irregularidades ocurrieron cuando el titular a cargo de su administración de 2019 a 2022 autorizó la compra de bonos bursátiles, una actividad ilegal, por 950 millones de pesos y la desaparición de los rendimientos de dichos bonos por más de 10 millones de pesos.
Fue dos años después de la detección de las primeras irregularidades, vía investigaciones periodísticas y de instancias de fiscalización, que se creó una comisión intersecretarial formada por instituciones anticorrupción para investigar. Hasta el momento las instancias y medios de comunicación han informado el cúmulo de acciones que han realizado para resolver el caso. Entre las más detectadas se encuentran:
- Auditoría Superior de la Federación (ASF): realizó dos auditorías a la cuenta pública 2020 y 2021 en las que se detectaron algunas anomalías de la paraestatal. Y presentó al menos 12 denuncias relacionadas con dichas operaciones.
- Fiscalía General de la República: investiga 100 denuncias penales relacionadas con el caso. Ha interpuesto acusaciones por enriquecimiento ilícito, por la colocación de recursos de Segalmex en instituciones bursátiles, contra accionistas de la empresa que recibió esos recursos; y por defraudación fiscal.
- Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción: también abrió una carpeta de investigación por la colocación de estos bonos y recopiló pruebas para presentar el caso ante un juez federal por los delitos de ejercicio indebido de la función pública y lavado de dinero. Asimismo, empezó a investigar alrededor de 20 denuncias presentadas por la ASF y la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por diversas irregularidades tales como el desvío de recursos de productos comprados que no fueron entregados por las empresas.
- Secretaría de la Función Pública: mandató la fiscalización de los recursos públicos de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021 de Segalmex, Diconsa y Liconsa, y señaló tener abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas, además de haber practicado 84 actos de fiscalización desde 2019, incluyendo auditorías, visitas, verificaciones con montos observados; es decir, 6 mil millones de pesos pendientes por aclarar.
- Unidad de Inteligencia Financiera: investigó al exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex tras la publicación de información periodística que señalaba que los ingresos del exfuncionario no correspondían con sus declaraciones patrimoniales y fiscales.
Si bien estas instancias reportan la realización de diversas acciones, el cuello de botella al parecer estar en la búsqueda de justicia, la aplicación de sanciones a todas las personas del servicio público y particulares involucradas, la generación de condiciones que prevengan la repetición de estos hechos de corrupción y, sobre todo, la reparación de sus efectos. Al día de hoy, el ex titular de Segalmex no sólo no ha sido investigado, sino que sigue ocupando un cargo de alto nivel en el gobierno federal y es cercano al presidente. En este contexto, es importante recordar que la corrupción en la gestión de recursos públicos reduce la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, lo que tiende a impactar mucho más a grupos en situación de vulnerabilidad porque impide que accedan a bienes y servicios públicos. En este caso, la corrupción dificulta la compra de alimentos y otros insumos para venderlos a precios más bajos a las personas que lo requieren y reduce el número de personas que pueden ser beneficiarias de estas políticas, que buscan garantizar el derecho a la alimentación y nutrición.
Por ello, es necesario que las irregularidades en las políticas y programas que son destinados a la atención de la población con menos recursos como salud, alimentación o nutrición funcionen adecuadamente para lograr garantizar derechos. Y, en caso de que haya irregularidades o corrupción, éstas sean investigadas y sancionadas de manera ágil, abarcando también a las más altas esferas de las instituciones, de modo que, se envié un mensaje claro que desincentive la malversación de fondos públicos y sus afectaciones a los derechos humanos de la población más vulnerable.
* Anaid García Tobón es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
“Mercenarios”
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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