México busca cumplir metas de ONUsida; persiste desabasto y falta de acceso a tratamiento
“Pensemos en cualquier enfermedad, vas con el doctor y te dice tienes esta enfermedad, pero te dice ‘espérate un año a que te dé tu medicina, ¿ustedes qué le dirían a ese doctor?’”, cuestiona Rodrigo Moheno, secretario general de la fundación México Vivo, sobre lo que enfrentan los pacientes con VIH.
Rodrigo se refiere a la situación que existe en México: una persona puede recibir el diagnóstico de ser positivo a VIH y por burocracia, estigmas y falta de atención, recibirá el medicamento hasta un año después.
Él es uno de los cinco exponentes en el foro “¡Igualdad Ya!”, el primero en su tipo en el Congreso de Jalisco.
Un foro cuyo objetivo es hablar sobre los retos de México, un país donde 3 de cada mil habitantes vive con VIH, y que busca cumplir la meta de ONUSIDA para 2030.
Acompáñanos al Foro: IGUALDAD YA en la explanada del H. Congreso del Estado de Jalisco.
Estaremos transmitiendo en punto de las 10:00 hrs. Sé parte de este valioso foro sobre los desafíos actuales en VIH. pic.twitter.com/IjlXx4DDw5— Fundación México Vivo (@fundmexicovivo) April 26, 2023
La meta consiste en que 95% de las personas con VIH en el país sepan que lo tienen; un 95% de quienes lo saben esté en tratamiento y de ese porcentaje el 95% se vuelva indetectable —lo que significa que ya no es transmisible—.
Pacientes con VIH, entre la burocracia, desabasto y falta de tratamiento
Si bien los ponentes consideran que México tiene recursos económicos y la posibilidad de cumplir con la meta, denuncian que por ahora, el estigma, la burocracia y la falta de programas públicos para su atención generan el desabasto de tratamientos preventivos o de atención frente a un posible transmisión.
Por ejemplo, a tres años del compromiso federal, la mayoría de las entidades del país no tienen disponibles tratamientos de profilaxis de preexposición, —mejor conocido como PrEP—, que son antirretrovirales en tableta que se toman una vez al día para prevenir la transmisión de VIH.
En nueve entidades, ninguna persona recibió tratamiento PrEP entre 2021 y 2022, mientras que en otras 15 entidades menos de 50 personas tuvieron acceso a estos medicamentos; en otras cinco entidades únicamente de 50 a 100 personas. Solo hubo tres entidades con mayor atención y fueron Chiapas (544), Jalisco (732) y Ciudad de México (5,500).
Además, detallan que la entrega de estos tratamientos preventivos son sostenidos con dinero y gestiones de cinco organizaciones de la sociedad civil con sede en Ciudad de México y Jalisco.
También enfatizan que existe una atención tardía a personas detectadas como positivos al virus del VIH y la falta de campañas nacionales en la materia.
En el caso de la entrega de antirretrovirales, que sirven para disminuir la carga viral y convertirse en pacientes indetectables, denuncian puede llegar a tardar un año.
Adherencia al tratamiento y acompañamiento, retos de la autoridad para los pacientes con VIH
Uno a uno, los participantes expusieron desde distintos abordajes los retos que tiene el sector público en el país frente a ciudadanía, integrantes de colectivos que trabajan en la materia, médicos del sector público e integrantes del Congreso de Jalisco.
Jaime Andrade Villanueva, director del Hospital Civil de Guadalajara, celebró el avance medicinal en el tratamiento del virus y el sida.
Dijo que para la década de 1980 una persona diagnosticada con sida tenía de 1 a 2 años de esperanza de vida, pero actualmente con la prevención a través del PrEP y la atención del virus del VIH con antirretrovirales, el promedio de vida supera los 56 años.
Por ello, enfatiza, ahora el reto se centra en lograr que los pacientes puedan continuar su tratamiento, especialmente en el primer año.
Los pacientes se enfrentan a violencias como la inseguridad alimentaria y de vivienda, enfermedades mentales, olvido, estigma y el consumo de drogas, pues en este última caso pierden adherencia en su tratamiento y existe mayor riesgo de que no sea un tratamiento exitoso.
Llaman a crear programas de salud mental para personas que viven con VIH
Al respecto, otro de los participantes, Ángel Pimentel Pinedo, subsecretario general del Colegio de Psicólogos Profesionales de Jalisco, enfatizó que para lograr que un paciente continúe su tratamiento, el sector salud tiene que crear programas públicos en materia de salud mental.
Pimentel guardó silencio, se acercó más al micrófono, dirigió su mirada al público sentado en las butacas negras del patio central y señaló que lamentaba que estas intervenciones no fueran tomadas en cuenta por los tomadores y tomadoras de decisiones del estado, haciendo referencia Enrique Velazquez, Mara Robles y Hortensia Noroña, diputados del Congreso de Jalisco, que tras inaugurar el foro y asegurar que las personas con VIH “no estaban solas” se fueron a sus respectivas oficinas.
“Cuando hablamos de detección oportuna no solamente hablamos de una prueba, hablamos de todo lo que conlleva, hablamos de cómo incorporar al paciente al sistema de salud, pero ¿qué pasa cuando el sistema no tiene lo necesario para dar la atención que requiere? (…).
“Estamos hablando de un usuario que no tiene aceptación familiar por su orientación sexual o por su identidad de género, que tienen un padecimiento psicológico grave o moderado.
“Cuando la atención en salud mental, les dan cita para una consulta psicológica cada 3 meses, si van a atención psicológica cada tres meses y a psiquiatría cada 6 meses, entonces no están recibiendo la atención oportuna del sistema de salud”.
Una de cada 3 personas desconoce que vive con VIH
Por su parte, Jesús Felipe Roldán, especialista en la materia y ex presidente de la Sociedad Mexicana Salud Pública, señaló que la falta de campañas preventivas es otro de los retos a cumplir .
Advirtió, que contrario a lo que se piensa, las personas heterosexuales son las más afectadas por la falta de campañas de prevención, pues se trata una comunidad con mayor reticencia al uso de métodos de protección y donde hay más cambio de parejas sexuales.
Roldán enfatizó que esta falta de campañas, también hace que existan un estigma en pacientes y “en médicos, personal que hace las pruebas e informadores, son discriminados de su mismo gremio”, cuenta.
En su presentación mostró la opinión de los pacientes con VIH sobre los retos del país en la materia:
- Garantizar la disponibilidad de pruebas de detección en todas las instituciones de salud.
- Pruebas en centros no especializados.
- Masificar el número de pruebas a realizar.
- Fortalecer la confidencialidad del resultado.
- Contar con personal de salud sensibilizado y capacitado.
- Generar campañas de conciencia de que el VIH puede afectar a todos.
- Erradicar la cultura del castigo.
La deuda del sector salud para personas con VIH
Al respecto, Rodrigo Moheno, secretario general de la fundación México Vivo, comentó que la falta de dichas campañas de concientización y de tamizaje masivo, ocasiona que 1 de cada 3 personas con VIH en México desconozca su diagnóstico.
Lamentó que las personas no sepan su diagnóstico, pues “se trata de una infección perfectamente tratable (…) México tiene los mejores antirretrovirales del mundo, en muy corto tiempo, como un mes, una persona puede pasar como indetectable (… ) y otro problema es que pueden tardar hasta un año en dar el medicamento”.
Recordó que lo que hace el sistema de salud es “no te doy anticonceptivos y tampoco antirretrovirales”.
Además de tener que resolver estos retos, recuerda que uno que se aproxima es el grupo de personas que superan los 60 años, tienen VIH y consumieron antirretrovirales cuyo contenido sí generaban consecuencias físicas y mentales.
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Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
“Lujoso”
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
“Los Chapitos”
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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