Balacera en juego de futbol deja cuatro muertos en Tecpan de Galeana, Guerrero
Una balacera en una cancha de futbol amateur en Tecpan de Galeana, Guerrero, dejó cuatro personas muertas el viernes por la noche. Uno de los fallecidos fue identificado como “el 90”, presunto líder criminal.
De acuerdo con los primeros reportes, una mujer ingresó a la cancha ubicada en la región de la Costa Grande de Guerrero y empezó a disparar. Entre los muertos está un menor de edad y la presunta agresora luego de que personas que escoltaban al supuesto líder criminal respondieran a la agresión.
Tras los hechos, la a Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero informó que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Fiscalía General de Estado acudieron a la Unidad Deportiva en el municipio de Tecpan de Galeana para recabar los datos preliminares.
Sin embargo, mencionaron que parecía tratar de de un enfrentamiento entre grupos delictivos de la localidad.
En un comunicado, el gobierno municipal de Tecpan de Galeana condenó los hechos de violencia en la Unidad Deportiva donde perdieron la vida cuatro personas.
“Desde el primer momento se ha mantenido una estrecha comunicación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y diversas instituciones de gobierno para brindar paz a la población”.
Violencia en Guerrero por vínculos entre autoridades y grupos criminares: organizaciones
Los acuerdos que existen entre los grupos criminales y autoridades de Guerrero son evidentes desde el momento en que no existe una estrategia real para contenerlos o frenarlos, coinciden organizaciones de derechos humanos ante los últimos hechos violentos ocurridos en la entidad.
En las zonas más violentas de Guerrero hay indicios que sugieren vínculos entre el poder político y grupos delictivos, porque, casualmente, ninguna operación policiaca funciona.
Por ejemplo, casos como el de Tierra Caliente, donde ocho de nueve alcaldes de la región son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntamente participar en un bloqueo carretero para exigir la salida de la institución. Esto ocurrió en abril, después de una operación policiaca donde fueron decomisados 12 vehículos de lujo y de colección propiedad de los hermanos Jhony y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes locales de La Familia Michoacana.
Los ediles de los municipios de Tierra Caliente son señalados por los propios pobladores de tener relación con La Familia Michoacana, organización que desde hace más de una década tiene operaciones en ocho de los nueve municipios: Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa, Cutzamala de Pinzón, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.
En Zirándaro, el noveno municipio de la región, son otros los acuerdos.
Esta organización criminal fija los precios de los productos de la canasta básica y de otros productos y servicios como la cerveza, el refresco, el transporte público y materiales de construcción.
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Profesores y maestros han estado protestando durante semanas en todo el país exigiendo mayores derechos en las aulas.
Tras varias semanas de protestas realizadas por profesores en Corea del Sur, el gobierno aprobó una nueva ley para proteger más a los docentes de los padres que se quejan y los acosan.
Durante nueve semanas, profesores y maestros han estado protestando para exigir mayores derechos del ejercicios de sus funciones dentro de las aulas.
Afirman haber sido frecuentemente acosados por los padres de los alumnos que algunas veces los acusan maliciosamente de abuso infantil, para que los destituyan de sus cargos.
La ola de protestas se desató tras el suicidio de una joven maestra que había sido bombardeada por las quejas de los padres en Corea del Sur.
La maestra, que llevaba poco más de un año enseñando escribió que se había sentido tan abrumada por la locura de su trabajo que “quería dejarse ir”.
La situación de los profesores se ha vuelto imposible desde su punto de vista. Varios afirman que han sido denunciados por sujetar y restringir a un niño violento, o por simplemente llamarle la atención a un alumno.
Los profesores acusaron a los padres de aprovecharse de la ley de Bienestar Infantil, aprobada en 2014, que establece el despido automático de los profesores acusados de abuso infantil.
Más investigación y evidencia para acusar a profesores en Corea del Sur
Según la nueva legislación, conocida como el proyecto de ley para el Restablecimiento de los Derechos de Profesores, los docentes no serán destituidos tan pronto se reporte el abuso infantil; se necesitará realizar más investigaciones y tomar más evidencia.
También habrá apoyo financiero disponible para la defensa legal de los profesores demandados y se impondrá mayor responsabilidad a los directores y rectores de las escuelas para que protejan a su plantel.
Las protestas de los profesores estallaron después del suicidio en julio de una maestra de primaria de 23 años que estaba abrumada por las quejas de los padres.
La joven maestra cumplía su sueño de infancia de ejercer la misma profesión de su madre y adoraba a los niños, contó uno de sus primos que descubrió el diario que había dejado atrás.
En éste describía las presiones de su trabajo, de un alumno que había herido en la cabeza a otro con un lápiz y cómo ella se había enzarzado en acaloradas llamadas telefónicas y mensajes con los padres.
Los profesores afirmaron que la cultura de denuncias maliciosas los habían dejado incapaces de enseñar o mantener la disciplina de los alumnos.
Chatbots y llamadas grabadas
La Federación de Sindicatos de Maestros de Corea del Sur recibió con beneplácito la nueva legislación, declarando que tanto “expandiría el derecho a enseñar como proteger el derecho de los estudiantes para aprender”.
El sindicato expresó su “más profundo agradecimiento” a los profesores que se lanzaron a las calles durante nueve semanas seguidas, exigiendo mejores condiciones, y dijo que el resultado de hoy se debía a la fortaleza de ellos.
En las semanas recientes, el gobierno y las autoridades locales ya habían implementado una serie de medidas para proteger a los profesores y facilitarles el ejercicio de su trabajo, pero ninguna de estas era legalmente vinculante.
Las nuevas directivas del gobierno, formuladas a principios de este mes, estipulan que los profesores tienen el derecho a retirar de las aulas a los estudiantes indisciplinados y sujetarlos si es necesario.
Además de eso, la Oficina de Educación de Seúl anunció planes esta semana de grabar todas las llamadas de los padres hechas a los profesores y de instalar un chatbot (un simulador digital de conversación) para que actúe como primera línea de defensa contra las quejas de los padres.
Más cambios serán necesarios, dicen los profesores en Corea del Sur
Sin embargo, algunos maestros arguyen que las nuevas leyes no van suficientemente lejos.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores, Kim Yong-seo, llamó la nueva legislación “un gran paso hacia la protección de los profesores y estudiantes”, pero señaló que había áreas que todavía necesitaban mejorarse.
Hizo un llamado a los políticos para que enmienden el Acta de Bienestar Infantil, sosteniendo que no debería ser posible que una simple acción disciplinaria de los alumnos sea catalogada como abuso infantil.
Unos profesores también quieren que se penalicen a los los padres que hagan acusaciones falsas de abuso infantil.
Kim Jin-seo, una profesora de 28 años que habló con la BBC durante una de las protestas, dijo que la nueva ley no impediría las denuncias infundadas de abuso infantil, porque sin el temor de repercusiones, los padres continuarían acusando maliciosamente a los profesores que no les cayeran bien.
Se estima que la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur es en parte responsable de la cultura de hostigamiento por parte de los padres.
Los resultados académicos son considerados el mejor indicador del éxito, lo que significa que los estudiantes compiten ferozmente para obtener las mejores calificaciones desde una edad muy temprana para garantizar la entrada a las principales universidades.
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