Un segundo sujeto señalado como presunto participante en el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez ocurrdo en mayo pasado en Puebla fue detenido, informó este jueves la Fiscalía de Puebla.
La persona detenida fue identificada por las autoridades como Jesús Armando “N”, detalló la dependencia en conferencia de prensa.
Jesús Armando “N” es la segunda persona detenida por el homicidio del periodista Marco Aurelio Ramírez perpretado en Tehuacán, Puebla.
Ulises Ramos, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, agregó que Armando “N” será acusado de homicidio calificado.
El funcionario explicó que esta persona fue detenida el lunes 4 de septiembre pasado en las inmediaciones de la colonia Aeropuerto, en Tehuacán.
En la captura se le encontró un arma para uso exclusivo del ejército y posesión de posibles metanfetamina.
Por esos motivo fue capturado y se realiza una audiencia para determinar si se le vincula a proceso. Una vez terminada dicha audiencia, el Ministerio Público imputará a Jesús Armando “N” por el delito de homicidio calificado en contra del periodista.
La dependencia recordó que tiene a tres personas identificadas como problables responsables del homicidio del periodista, de las cuales ya están detenidas. De la tercera persona buscada no reveló la identidad.
El primer detenido fue José Francisco “N”, cuya detención ocurrió el 31 de mayo pasado por delitos relacionados al narcomenudeo.
Después fue imputado y vinculado a proceso por el homicidio del periodista, dijo la Fiscalía local.
El periodista y exfuncionario Marco Aurelio Ramírez fue asesinado al salir de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Agua Blanca, en Tehuacán, Puebla, la tarde del 23 de mayo. La Fiscalía de Puebla ya investiga el ataque.
De acuerdo con medios locales, el exfuncionario fue interceptado por sujetos armados que iban a bordo de un vehículo rojo y directamente dispararon contra quien fuera periodista y corresponsal de distintos medios locales.
Marco Auerlio Ramírez fue corresponsal de El Mundo y Periódico Central, en Puebla.
Tras varios años como reportero, Ramírez probó como funcionario público y fue director de Gobernación del entonces presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane, quien fue sentenciado a 6 años de prisión por ejercicio ilegal de funciones.
Tras su paso en la administración público ejerció como abogado y regresó a colaborar como periodista en un medio digital.
Luego de que se diera a conocer el asesinato del experiodista Marco Auerlio Ramírez, la organización civil Artículo 19 se pronunció ante el caso y exigió a la Fiscalía de Puebla investigar el homicidio mediante el Protocolo Homologado contra delitos a la libertad de expresión.
La organización también pidió a las autoridades protección para la familia de quien fuera periodista por casi 30 años.
La Red de Periodistas de Puebla condenó los hechos y pidió que el caso sea investigado por la Fiscalía General de la República.
“Condenamos el asesinato de nuestro compañero Marco Aurelio Ramírez, quien colaboraba en un programa de radio en línea. Solicitamos que sea la @FGRMexico quien atraiga el caso y lo investigue hasta sus últimas consecuencias.
Profesores y maestros han estado protestando durante semanas en todo el país exigiendo mayores derechos en las aulas.
Tras varias semanas de protestas realizadas por profesores en Corea del Sur, el gobierno aprobó una nueva ley para proteger más a los docentes de los padres que se quejan y los acosan.
Durante nueve semanas, profesores y maestros han estado protestando para exigir mayores derechos del ejercicios de sus funciones dentro de las aulas.
Afirman haber sido frecuentemente acosados por los padres de los alumnos que algunas veces los acusan maliciosamente de abuso infantil, para que los destituyan de sus cargos.
La ola de protestas se desató tras el suicidio de una joven maestra que había sido bombardeada por las quejas de los padres en Corea del Sur.
La maestra, que llevaba poco más de un año enseñando escribió que se había sentido tan abrumada por la locura de su trabajo que “quería dejarse ir”.
La situación de los profesores se ha vuelto imposible desde su punto de vista. Varios afirman que han sido denunciados por sujetar y restringir a un niño violento, o por simplemente llamarle la atención a un alumno.
Los profesores acusaron a los padres de aprovecharse de la ley de Bienestar Infantil, aprobada en 2014, que establece el despido automático de los profesores acusados de abuso infantil.
Según la nueva legislación, conocida como el proyecto de ley para el Restablecimiento de los Derechos de Profesores, los docentes no serán destituidos tan pronto se reporte el abuso infantil; se necesitará realizar más investigaciones y tomar más evidencia.
También habrá apoyo financiero disponible para la defensa legal de los profesores demandados y se impondrá mayor responsabilidad a los directores y rectores de las escuelas para que protejan a su plantel.
Las protestas de los profesores estallaron después del suicidio en julio de una maestra de primaria de 23 años que estaba abrumada por las quejas de los padres.
La joven maestra cumplía su sueño de infancia de ejercer la misma profesión de su madre y adoraba a los niños, contó uno de sus primos que descubrió el diario que había dejado atrás.
En éste describía las presiones de su trabajo, de un alumno que había herido en la cabeza a otro con un lápiz y cómo ella se había enzarzado en acaloradas llamadas telefónicas y mensajes con los padres.
Los profesores afirmaron que la cultura de denuncias maliciosas los habían dejado incapaces de enseñar o mantener la disciplina de los alumnos.
La Federación de Sindicatos de Maestros de Corea del Sur recibió con beneplácito la nueva legislación, declarando que tanto “expandiría el derecho a enseñar como proteger el derecho de los estudiantes para aprender”.
El sindicato expresó su “más profundo agradecimiento” a los profesores que se lanzaron a las calles durante nueve semanas seguidas, exigiendo mejores condiciones, y dijo que el resultado de hoy se debía a la fortaleza de ellos.
En las semanas recientes, el gobierno y las autoridades locales ya habían implementado una serie de medidas para proteger a los profesores y facilitarles el ejercicio de su trabajo, pero ninguna de estas era legalmente vinculante.
Las nuevas directivas del gobierno, formuladas a principios de este mes, estipulan que los profesores tienen el derecho a retirar de las aulas a los estudiantes indisciplinados y sujetarlos si es necesario.
Además de eso, la Oficina de Educación de Seúl anunció planes esta semana de grabar todas las llamadas de los padres hechas a los profesores y de instalar un chatbot (un simulador digital de conversación) para que actúe como primera línea de defensa contra las quejas de los padres.
Sin embargo, algunos maestros arguyen que las nuevas leyes no van suficientemente lejos.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores, Kim Yong-seo, llamó la nueva legislación “un gran paso hacia la protección de los profesores y estudiantes”, pero señaló que había áreas que todavía necesitaban mejorarse.
Hizo un llamado a los políticos para que enmienden el Acta de Bienestar Infantil, sosteniendo que no debería ser posible que una simple acción disciplinaria de los alumnos sea catalogada como abuso infantil.
Unos profesores también quieren que se penalicen a los los padres que hagan acusaciones falsas de abuso infantil.
Kim Jin-seo, una profesora de 28 años que habló con la BBC durante una de las protestas, dijo que la nueva ley no impediría las denuncias infundadas de abuso infantil, porque sin el temor de repercusiones, los padres continuarían acusando maliciosamente a los profesores que no les cayeran bien.
Se estima que la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur es en parte responsable de la cultura de hostigamiento por parte de los padres.
Los resultados académicos son considerados el mejor indicador del éxito, lo que significa que los estudiantes compiten ferozmente para obtener las mejores calificaciones desde una edad muy temprana para garantizar la entrada a las principales universidades.
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