El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, desechó la controversia constitucional que promovió el Congreso de Morelos para invalidar la captura y vinculación a proceso de Uriel Carmona Gándara, fiscal de dicha entidad.
“Se desecha de plano, por notoriamente improcedente la demanda de controversia constitucional que hace valer el presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos”, establece el acuerdo.
Esto, luego de que Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, presentó una controversia constitucional en la que alega que las autoridades de la Ciudad de México violaron la soberanía del estado.
La controversia señala que Uriel Carmona mantenía fuero y por lo tanto, antes de su detención, tenía que ser sometido a un proceso de desafuero.
Sin embargo, la Corte determinó que la controversia constitucional es un procedimiento para resolver conflictos por la invasión de facultades entre organismos u órdenes de gobierno, situación que no ocurrió en el caso de la detención del fiscal.
Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en el delito de retardo de justicia por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López, en 2022.
El pasado 4 de agosto en un mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara López, informó que en seguimiento a investigaciones de la dependencia, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra el servidor público
Carmona fue detenido en Cuernavaca, Morelos y fue trasladado a la Ciudad de México.
“Uriel ‘N’, en su calidad de fiscal General de Justicia de aquella entidad, posiblemente realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa y maliciosa que no correspondían a la realidad ni a los actos de investigación de la propia institución”.
“Con base en lo anterior, en Ministerio Público de la CDMX consideró que Uriel ‘N’ probablemente entorpeció de manera indebida la procuración de justicia, desvió la investigación de los hechos y sus expresiones se insertan en panorama de discriminación y violencia de género estructural que contribuyeron a que se generaran condiciones idóneas para la impunidad, así como la falta de acceso a la justicia de una mujer víctima de feminicidio y sus familiares”, informó el vocero de la Fiscalía de la CDMX.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México celebró la decisión del ministro Zaldívar.
“Combatimos la impunidad y en este caso en particular, buscamos justicia para Ariadna Fernanda y su familia, por lo que no solo hemos buscado a los posibles responsables materiales del feminicidio, sino que también hemos ido a fondo para buscar una sanción ejemplar en contra del citado servidor público”, dieron a conocer en un comunicado.
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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