Falta de protocolos y de capacitación del personal médico frena acceso al aborto en los 11 estados que ya lo despenalizaron
A sus 14 años, recién cumplidos, una menor de edad ha permanecido internada en un hospital de Sinaloa desde que tenía 12 semanas de embarazo y hasta ahora que ya rebasa la vigésima semana de gestación.
Su retención en el lugar durante estos dos meses ha resultado no solo en la atención a su salud, sino en obstaculizar que termine con el embarazo, producto de una violación.
“La internaron a partir de la semana doce porque su salud está muy deteriorada. Desde que se enteraron del embarazo, se sabía que era producto de una violación, que ella estaba protegida por la NOM-046, y que aunque no lo hubiera sido, estaba dentro del margen para solicitar un aborto”, narró Heidy Mares, de la colectiva No se metan con nuestras hijas.
Ahora, la menor de edad ya ha recibido tres transfusiones de sangre, tiene afectaciones de salud incluso en su dentadura y se desconoce si el producto podría nacer vivo dadas las complicaciones del embarazo.
El personal médico no proporciona la información suficiente, pues la práctica común en algunos hospitales de Sinaloa es aislar a las menores de edad mientras organizaciones “provida” acuden al lugar para disuadirlas de abortar.
Aborto: falta efectividad a la hora de cumplir la ley en despenalización
Mucho antes de la despenalización del aborto voluntario en Sinaloa, la adolescente ya tenía el derecho a acceder a la interrumpción, gracias a la NOM-046, que previamente ya permitía el aborto en casos de violación sin límite de tiempo.
Sin embargo, esta norma sigue sin ser plenamente efectiva al igual que las últimas reformas que permiten la despenalización en 11 entidades de México.
Denuncia que el Estado no garantiza derechos para servicios de aborto seguros
Desabasto de medicamentos, carencia de presupuestos específicos, discriminación y rechazo por parte del personal médico, falta de insumos para proveer un servicio seguro y una nula acción preventiva son los pendientes que 18 organizaciones señalaron al arrancar con la estrategia Movimiento por el acceso al aborto, enfocada en los estados que ya han despenalizado.
“Estamos aquí porque el Estado mexicano no está garantizando los derechos, no están ofreciendo un servicio de salud, no están haciendo las compras necesarias. No tienen presupuesto y no quieren comprar medicamentos.
“Lo que pedimos y exigimos al Estado mexicano y a los gobiernos estatales es que garanticen los derechos humanos y los servicios de aborto seguro”, reclamó Priscila Salas, del colectivo No se metan con nuestras hijas, con sede en Sinaloa.
“Nuestras hijas abortan”, añadió.
Por ello, los gobiernos tienen la obligación de garantizar el derecho a un aborto seguro a todas las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.
Además, la información que deben otorgar las instituciones, excepto por la Ciudad de México, no se encuentra disponible ni es de fácil acceso.
Gobierno omite presupuesto específico para el acceso al aborto
La Secretaría de Salud, denunciaron las organizaciones, no ha destinado un presupuesto específico para el acceso al aborto, por lo que es común que las instituciones estatales se deslinden adjudicando la responsabilidad a instituciones federales.
En Coahuila, por ejemplo, el programa de Aborto Seguro de la Secretaría de Salud no da servicio desde noviembre de 2022 sin presupuesto ni fecha esperada.
Además, existen al menos cuatro casos de negación del servicio en el Hospital General de Saltillo por falta de medicamento o servicios.
Denuncia que la seguridad del aborto no está garantizada
En otros estados, se ha discutido la posibilidad de cobrar los servicios y en algunos más, no existen médicos capacitados o no objetores de conciencia para garantizar los servicios de aborto.
“Podemos constatar que la seguridad del aborto no está garantizada en materia de presupuesto y abasto de medicamentos.
“Por lo tanto, en realidad, no es accesible y vulnera en mayor medida a mujeres en situaciones específicas de vulneración, como mujeres adolescentes, niñas, jóvenes, mujeres que viven en comunidades rurales e indígenas, o mujeres en otro tipo de condiciones”, precisó Laura H. Esquivel, de Acompañantes Laguna.
Qué estados ya despenalizaron el aborto
Hasta ahora, la despenalización del aborto voluntario bajo ciertas condiciones ha alcanzado a 11 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.
A esto se suma la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 7 de septiembre de 2021, mediante la cual resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.
Respecto a la atención en el servicio, pese a la determinación de la SCJN en torno a la importancia de garantizar el acceso al aborto —en otra resolución invalidó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud por no cumplir con los lineamientos necesarios para la objeción de conciencia e hizo un llamado al Congreso de la Unión para legislar al respecto—, persiste un retraso que se expresa en la no aplicación de los protocolos recomendados, la falta de capacitación del personal de salud, de sensibilización y profesionalización.
Servicios para aborto seguro, centralizados, restringidos o inaccesibles, denuncian
Aunado a ello, la prestación de los servicios está centralizada pues hay entidades donde el acceso es restringido o inaccesible para quienes viven en zonas alejadas.
Entre otros ejemplos, las organizaciones reclaman que en Oaxaca los hospitales públicos en la región Mixteca no practican abortos seguros y gratuitos, como en la capital; aunque fue el segundo estado en despenalizar, ha sido la última entidad en implementar los servicios.
En tanto, en Hidalgo —que despenalizó el 30 de junio de 2021— una de las principales problemáticas para el acceso al aborto es la resistencia del personal de salud, principalmente en el Hospital Obstétrico de Pachuca, además de la proliferación de discursos de moralidad y religiosos.
Por otro lado, en Veracruz las organizaciones han detectado que no hay personal capacitado para realizar abortos, por lo que las mujeres no confían en los servicios de salud de la entidad y prefieren acudir con asociaciones o colectivas.
En Coahuila el servicio de aborto se ha negado con el argumento de que los casos se envían para análisis al comité de ética, para después retrasar el resultado hasta el punto en el que ya se rebasó el límite de las 12 semanas. En tanto, en Baja California no se informan las opciones de aborto, mientras que el secretario de salud de Sinaloa ha declarado que los médicos de servicios estatales no están obligados a practicar el aborto.
Además, en Guerrero se ha documentado que si no hay organizaciones o colectivas presentes, los servicios no se ofrecen, no hay accesibilidad para las mujeres que hablan otras lenguas o no saben leer, y en la montaña, ni siquiera hay atención a abortos.
Ven insuficiente plazo de 12 semanas como límite para derecho al aborto
“Sobre todo, reformar también la legislación. Lo que hemos venido viendo es que este plazo de las 12 semanas no es suficiente para poder ejercer los derechos reproductivos, para acercarnos a la justicia reproductiva”, señaló Rebeca Ramos, directora de GIRE.
El movimiento de la Marea Verde a nivel regional, precisó, ha insistido en lo que resolvió, por ejemplo, la Corte colombiana el año pasado, que amplió a 24 semanas, aunque la demanda inicial por parte del movimiento Causa Justa era incluso eliminarlo. Ese es también el estándar internacional establecido por la OMS.
“Presentaron argumentos muy convincentes, basados no únicamente en derechos, sino también en evidencia científica, en procedimientos médicos, precisamente para dejar de aplicar este tema de los plazos.
“Actualmente, en México desde los diferentes estados estamos poniendo este tema sobre la mesa”, añadió Ramos.
Para las organizaciones y el movimiento, abundó, es muy claro que el horizonte es que el aborto voluntario salga de los códigos penales.
Hace 16 años, la reforma de Ciudad de México fue muy importante, y detonó procesos a nivel nacional y regional, pero “definitivamente no es suficiente”, subrayó.
Aseguró que seguirán insistiendo en el tema de la eliminación de plazos, así como para que el Estado garantice los servicios de salud para que quien desee abortar pueda hacerlo en condiciones de seguridad y libertad.
“No se trata de que se cambien las leyes, y que sean legalidad nada más, sino que quienes requieran este servicio, quienes requieran este procedimiento, lo puedan hacer en condiciones de libertad y de seguridad”, insistió Ramos.
Congelada, iniciativa de reforma sobre aborto en México
Respecto a la iniciativa de reforma a la ley general de salud y el código penal federal que aguarda en el Congreso de la Unión, la directora de GIRE recordó que está congelada ante el panorama político previo a las elecciones de 2024.
Sin embargo, las organizaciones seguirán insistiendo para que sea una realidad.
Aunque, lo que suceda en los congresos no implica una imposibilidad de seguir exigiendo a las autoridades de salud el acceso a los servicios reproductivos.
Priscila Salas destacó que los cambios a la ley y las despenalizaciones de ninguna manera han impactado de forma profunda en la erradicación de la discriminación, las violaciones a derechos, las violencias y las no garantías a los derechos humanos de las niñas, mujeres, adolescentes y personas gestantes en las entidades.
Ejemplo de ello son los obstáculos de acceso a la NOM-046, como sucede con la menor de edad hospitalizada en Sinaloa.
Casi siempre, la primera barrera es la información, pues generalmente a quienes llegan a los servicios de salud no se les dice que en caso de violación, no hay plazo, no se requiere denuncia y es su derecho.
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La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
“Mercenarios”
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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