Morena, que se define como un partido de izquierda y defensor de los derechos de las mujeres —incluyendo su derecho a decidir—, solamente ha usado su fuerza legislativa en ocho congresos estatales para lograr la despenalización del aborto, mientras que en 11 estados no ha aprovechado el peso de sus legisladores y en dos entidades, Puebla e Hidalgo, incluso han obstaculizado esta medida.
En total, en el país aún falta despenalizar el aborto en 21 estados. Esto repercute en que todavía haya un acceso desigual a este procedimiento médico, donde mujeres y personas gestantes tienen más o menos derecho dependiendo del lugar donde viven.
“En la práctica, se traduce básicamente en una situación de discriminación jurídica”, critica Karla Amozurrutia Nava, investigadora de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM.
Obstaculizar el derecho al aborto seguro, criminalizarlo, se traduce en riesgos de salud e incluso en decesos. De 2010 a 2018 murieron 90 mil 562 mujeres de entre 10 y 40 años por causas relacionadas con el aborto practicado en condiciones de riesgo, según datos de la organización Ipas.
Legisladores de entidades con mayoría panista han manifestado abiertamente su rechazo al derecho a decidir, pero de los 21 estados que faltan por despenalizar el aborto, hay 11 donde la mayoría legislativa es de Morena: Campeche, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla y Estado de México. A excepción de este último, todos los demás también tienen un gobierno morenista.
En una revisión se detectó que este partido sí ha presentado iniciativas a favor de despenalizar el aborto en al menos uno de esos estados, aunque aún no se aprueba.
Se trata del Estado de México, donde la morenista Anais Burgos dijo que insistirá en la iniciativa para la despenalización del aborto en su entidad, aunque se presentó desde 2021 y aún no ha llegado a comisiones.
En Nayarit, la morenista Alba Cristal Espinoza Peña, quien también preside el Congreso local, declaró el año pasado que posiblemente iniciarían mesas de dialógo sobre el aborto en la entidad, pero hasta el momento esa intención no se ha concretado.
En los demás estados donde Morena es mayoría, son las propuestas de legisladores y legisladoras del PT, de una diputada independiente y de grupos de activistas feministas acompañadas por organizaciones las que están impulsando la despenalización.
La cara opuesta de Morena es su papel legislativo en Hidalgo y Puebla.
En el primero, si bien en 2021 ya se logró despenalizar, en 2019 el voto dividido de esa fuerza política impidió que desde entonces se consolidara ese derecho.
Y en cuanto a Puebla, en febrero del año pasado GIRE, CAFIS y ODESYR presentaron un amparo en contra de los artículos 339 y 343 del Código Penal del Estado.
Así, un juez poblano declaró inconstitucional la prohibición del aborto consentido, así como la sanción al personal que brinde apoyo a la mujer o persona gestante siempre que medie consentimiento. También declaró inconstitucional el artículo 342, que prohíbe el aborto autoprocurado o voluntario, usando como base la argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La campaña por el aborto legal nace como una propuesta y una articulación de organizaciones, colectivas de mujeres y personas que están a título personal (quienes) veíamos la necesidad de seguir impulsando el tema del aborto”, explica Cinthya Ramírez, quien es parte de la Campaña por el Aborto Legal Puebla y destacó que esto se da en un contexto donde las últimas dos legislaturas han tenido mayoría morenista.
La activista Nataly, quien también forma parte de la campaña, señala que el caso de Puebla llama la atención porque han realizado muchas actividades para que “la exigencia se materialice en la despenalización del aborto y, sin embargo, al final la voluntad política no ha sido suficiente para modificar la legislación”.
Se había logrado este avance; sin embargo, un mes después el gobierno morenista del estado impugnó la sentencia.
Es decir, se posicionó en contra de que las mujeres y personas con capacidad de gestar decidan abortar. Y apenas el pasado 15 de marzo el gobierno poblano desistió de la impugnación.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el “desistimiento a la impugnación” implica que no se le podrá negar el servicio médico ni se criminalizará a quien aborte o ayude a abortar a las mujeres o personas gestantes que reciban asesoría, asistencia o defensa por parte de las organizaciones GIRE, CAFIS y ODESYR.
En tanto, sigue pendiente consolidar el derecho en la legislación estatal, con mayoría morenista en el Congreso.
🟢| @GIRE_mx y organizaciones como @CAFIS_AC y @REDefinePuebla ganan amparo para conseguir que autoridades sanitarias otorguen los servicios de salud a las mujeres que deseen abortar y que sean asesoradas por ellas.
Se abre la puerta para despenalizar el aborto, indican. pic.twitter.com/arvFeax8eh
— Manatí – Noticias desde Puebla (@Manatimx) March 15, 2023
Con el amparo y la resolución de la Corte, dijo Cinthya Ramírez, de la Campaña por el Aborto Legal Puebla, “se tiene un doble recordatorio al Legislativo de que los artículos que regulan el aborto pues son inconstitucionales”.
El 30 de diciembre de 2020, Morena felicitó a los y las legisladoras argentinas por “escuchar el clamor del pueblo”. Ese día, el Senado argentino aprobó la interrupción legal del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
La felicitación se publicó en Twitter junto a la imagen de un pañuelo verde y el mensaje: “¡Es Ley! La lucha de tantas generaciones hoy da frutos en #Argentina. Se amplían los derechos en América Latina y las sociedades se hacen más justas y libres. Acompañamos este gran triunfo para todas las mujeres”.
¡Es Ley! La lucha de tantas generaciones hoy da frutos en #Argentina. Se amplían los derechos en América Latina y las sociedades se hacen más justas y libres.
Acompañamos este gran triunfo para todas las mujeres. pic.twitter.com/yStiR1BnSe
— Morena (@PartidoMorenaMx) December 30, 2020
“Queremos que se comprometan con la agenda de los derechos sexuales y reproductivos que no solamente habla del aborto, sino es una agenda muchísimo más amplia (…) que se pongan a la altura del nombrarse o del querer nombrarse este partido de izquierda y este partido más feminista”, señala Cinthya Ramírez, quien advierte que no hay partidos feministas, sino feministas impulsando agendas dentro de los congresos.
La actuación del presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, tampoco ha abonado a la discusión, pues en reiteradas ocasiones ha manifestado su incomodidad para hablar del tema e incluso ha planteado que la interrupción del embarazo, aunque es un derecho de las mujeres, debe someterse a “consulta popular”.
“El hecho de que no haya una posición central de parte del presidente es lo que ha hecho que haya como este escenario tan complejo. Sabemos que de alguna forma la figura de AMLO dentro Morena tiene muchísimo peso y creo que sí, si una figura como él se posiciona a favor las cosas se manejarían diferente”, señala Ninde MolRe, coordinadora de incidencia de Abortistas Mx.
“Me choca tener que estar discutiendo en la palestra pública el derecho a la libre decisión de nuestros cuerpos, a la libre decisión de nuestra sexualidad y en la libre decisión de la maternidad, o sea, es un tema de interés público cuando debiera ser una mera decisión de las mujeres”, señala Karla Amozurrutia.
Morena sí ha impulsado el aborto, con éxito, en ocho estados, y activistas le piden tener el mismo comportamiento en el resto del país.
En Oaxaca, por ejemplo, los impulsores de la medida fueron diputados de Morena, Partido del Trabajo y Mujeres Independientes; en el caso de Veracruz, Baja California, Guerrero, Colima y Quinta Roo, las iniciativas también fueron presentadas por legisladoras y legisladores morenistas.
Para la despenalización en Sinaloa, se tomaron en cuenta dos iniciativas: una presentada por el diputado panista Adolfo Beltrán Corrales, y la segunda, por diputadas y diputados de Morena.
“Por un lado, podemos ver esfuerzos, pero por otro lado, vemos que todavía no estamos en un panorama ampliamente abortista, como a lo mejor lo esperábamos, o al menos se dejaba entrever en la campaña con simpatizantes y militantes de Morena”, apunta MonRe.
“El trabajo que han hecho las colectivas feministas, las organizaciones feministas en pro del aborto y grupos tan importantes como GIRE y otras organizaciones que son especialistas en el tema ha repercutido muy fuertemente en el impulso de las normas que permiten el aborto voluntario en algunas entidades federativas”, dijo Karla Amozurrutia.
Aunque en 11 de los 32 estados abortar antes de las 12 semanas ya no es un delito, aún sigue habiendo muchas deudas en materia legislativa. A decir de Ninde MonRe, “la implementación no está llevándose a cabo correctamente”.
“Ese tipo de situaciones nos ponen en una situación muy compleja de cómo poder analizar esto. Yo lo veo como una victoria amarga”, señala.
Por unanimidad, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecieron en 2021 que no es constitucional sancionar a quienes deciden interrumpir su embarazo y que se debe garantizar el derecho a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
Sin embargo, esto sigue sin ser una realidad en todos los estados. Por estas razones, GIRE y otras organizaciones feministas han impulsado amparos en diferentes estados como una medida para lograr el derecho a abortar en todo el país.
“Todavía no logramos llegar a ese punto, sí es muy importante lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, pero todavía no alcanza para lo que requerimos las mujeres en este tema. Nos quedamos un poco como en la deuda”, dice Karla Amozurrutia, quien señala que la posibilidad de que las mujeres puedan tomar decisiones libres para ellas y sus familias no debería ser un privilegio.
“Debe ser un derecho de cada mujer, niña, adolescente de este país y de todo el mundo. Es un derecho fundamental como el derecho a la salud, como el derecho de no discriminación, como el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, impedirnos abortar es una práctica de violencia contra nosotras”, reflexiona.
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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