Alistan amparo por eliminación de normas oficiales mexicanas en salud; organización advierte impacto a la atención
Los grupos en situación de vulnerabilidad quedarán en mayor indefensión e incertidumbre tras la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas (NOM) por parte del gobierno federal, debido a que se relacionan de manera directa con el estándar de calidad que debe regir toda prevención, detección, diagnóstico y atención de enfermedades como el cáncer de mama, cervicouterino, la obesidad y la diabetes.
La eliminación de estas normas potencia el riesgo de violaciones al derecho humano a la salud, e incluso consecuencias en asuntos vinculados al acceso preventivo y riesgos sanitarios, pues se suprime la calidad mínima que debe guiar la atención en instituciones de salud. Con ello, se vulneran los principios de no discriminación, así como disponibilidad y accesibilidad, al limitarse la calidad y obligación de determinados servicios.
Con el argumento de que estas medidas violentan el derecho a la salud y la dignidad humana, y que toda persona tiene derecho a una atención que le permita vivir dignamente, la asociación civil Justicia que Transforma México, antes conocida como Justicia Covid o Justicia vs Cáncer, está afinando los detalles de un amparo para la defensa de las personas vulnerables y marginadas en México en contra del acuerdo publicado el pasado 1 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Aunado a esos derechos esenciales, explicó el colectivo, la cancelación afectaría también la certeza y seguridad jurídica en la estandarización de la atención y calidad de servicios de salud, pues podría generar criterios discrecionales en diagnóstico, prevención, tratamientos, control y vigilancia de padecimientos. Por otro lado, se restringe la posibilidad de fincar responsabilidades administrativas a servidores públicos que, por acción u omisión, no cumplían con las NOM.
El recurso legal también contemplaría los agravios a la responsabilidad patrimonial y al presupuesto público. En el caso de la primera, se restringe la posibilidad de reclamar responsabilidades patrimoniales a los servidores públicos de la salud, y respecto del segundo, se pone en riesgo la calidad de medicamentos y servicios por la inadecuada asignación de recursos al eliminarse los estándares mínimos de calidad.
Las NOM son guías de atención que deben ser acatadas por el personal médico del sector privado, los organismos públicos descentralizados o la Secretaría de Salud, para atender los diferentes padecimientos de la población. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización especifica que se trata de regulaciones técnicas de observancia obligatoria que establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un servicio.
“La idea con la norma es estandarizar, que el resultado sea lo mejor posible. Si alguien tiene un cáncer de mama y lo atienden en Chihuahua, se obtenga el mismo resultado que el mismo cáncer en la sierra de Oaxaca o en el hospital ABC de la Ciudad de México. La idea de la norma es que sea de orden obligatorio en toda la República, y en el caso de medicina es para todas las áreas”, explica el diputado federal panista y médico Éctor Jaime, quien se opone a la eliminación de las NOM.
La cancelación implica que el personal médico no tendrá obligaciones específicas definidas en torno a cómo debe ser la atención de los padecimientos, por lo que esta podría ser regresiva e incluso ocasionar que las instituciones prefieran no tener disponibles algunos servicios específicos. De acuerdo con la asociación Justicia que Transforma México, ese es el motivo por el que las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad quedarán más expuestas.
“Nosotros vamos a enfocarnos a todo el público, pero en particular a los grupos vulnerables, y estamos analizando los conceptos de violación pero de entrada, el que quites las reglas del servicio, de una mayor profesionalización, control y calidad, que tiene que ver con una mejor cama, medicamento, controles en laboratorios… nos hace suponer que va a haber un servicio más carente para la población, y en este caso sería para los grupos vulnerables o para casi todos los que van a Insabi o IMSS Bienestar, y obviamente podría impactar a otros hospitales públicos. De alguna manera se va a relajar el cumplimiento de las reglas que tenían”, señaló Guillermo Rivera, director de la asociación.
Tanto las y los abogados del colectivo como el doctor Enrique Rosas, del departamento de Ciencias de la Salud del CUTonalá, coinciden en que la cancelación de NOM es contraria al contenido de los artículos 1 y 4 de la Constitución mexicana, que establecen la protección a los derechos humanos y a la garantía progresiva de una atención integral y gratuita a la salud. Al eliminarse las NOM, no existe un régimen y las atenciones quedan fuera de dichos artículos, detalla el doctor Rosas.
Nueve normas se relacionan con atenciones prioritarias y enfermedades de alta incidencia
Nueve de las eliminaciones publicadas en el DOF se relacionan con la atención de enfermedades prioritarias o de alta incidencia, como el cáncer de mama y cervicouterino, la hipertensión, la diabetes, las infecciones de transmisión sexual, las adicciones y el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Además, se incluyó una NOM destinada al fomento, protección y apoyo a la lactancia materna.
A estas se suma la relativa a la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. La salud mental, por ejemplo, está consignada como un derecho inalienable en el Proyecto de Nación 2024-2030 del gobierno de México, en el que se establece el aumento al presupuesto de inversión en este rubro para garantizar su acceso universal. En el mismo documento, se resalta la importancia de la salud sexual y reproductiva, así como de reforzar la prevención de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y del corazón.
En tanto, el quinto objetivo prioritario del Programa Sectorial de Salud 2020-2024 consiste en mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y sensibilización de riesgos para la salud, así como el oportuno tratamiento y control de enfermedades, especialmente de aquellas que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población.
De acuerdo con el Inegi, en México más de 30 millones de personas padecen hipertensión arterial, es decir, una de cada cuatro. Cada año, esta enfermedad ocasiona cerca de 50 mil fallecimientos. En tanto, 12 millones 400 mil personas padecen diabetes, según la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut). A nivel nacional, esta enfermedad provoca la muerte de 11 personas por cada 10 mil habitantes.
El último reporte de muertes registradas en el país por el Inegi muestra que las enfermedades que más muertes ocasionan son enfermedades del corazón (105 mil 864 casos), diabetes (59 mil 996) y tumores malignos (44 mil 533).
Para Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, la cancelación es preocupante porque las NOM son un marco de referencia para los pacientes, y se trata de normas técnicas que permiten aterrizar en concreto los derechos de los pacientes, específicamente de ciertas enfermedades. Aunque es posible que dentro de las 35 eliminadas haya algunas obsoletas o innecesarias, hay otras que requerirían una sustitución.
Dado que el gobierno no ha revelado los detalles del proceso de cancelación, no es claro a cuáles les aplica qué criterio —el desuso o la actualización—. “Preocupa ver que la norma de atención al cáncer de mama está incluida, o la de cáncer cervicouterino, o incluso la de diabetes. Estamos hablando, en el caso de la diabetes y de cáncer de mama, de principales causas de muerte en nuestro país; son temas de absoluta seriedad”, remarcó.
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la modificación de las NOM debe cumplir con el mismo procedimiento que para su elaboración, y solo en caso de que no subsistan las causas que motivaron su expedición, las dependencias o la Comisión Nacional de Normalización pueden modificarlas o cancelarlas.
Del mismo modo, precisa que deben ser revisadas cada cinco años a partir de su entrada en vigor, mediante una notificación en los 60 días naturales posteriores al cumplimiento de ese periodo. Cuando la notificación no se hace, las normas pierden su vigencia y las dependencias que las expidieron deben publicar su cancelación en el DOF. Sin embargo, su revisión, actualización o cancelación debe cumplir con un procedimiento que hasta ahora no se ha hecho público.
“Las normas oficiales mexicanas sí se pueden cancelar, está en la ley, la simple cancelación de una NOM no implica ningún acto ilegal. Ahora, se canceló una cantidad muy importante de normas, ¿eso que implica? Las normas lo que fijan es un piso mínimo de obligaciones para el tratamiento de ciertas enfermedades y cuestiones que tienen que ver con la salud; entonces, cualquier persona que quiera atender un tema de salud tiene que cumplir con esa NOM, sea un privado o un público”, explicó el abogado José Mario de la Garza, de la asociación Renace San Luis.
De esa manera, las NOM dan una garantía de un estándar mínimo de atención, por ejemplo, qué protocolos deben cumplirse en el tratamiento del cáncer. Al cancelar esas guías técnicas de atención, se eliminan protocolos específicos, lo cual abre la puerta a una atención más precaria y un deterioro mayor de la atención a la salud, incumpliendo ciertos requisitos o lineamientos técnicos. “Puede ser que la atención que recibas sea de mucho menor calidad”, detalló De la Garza.
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Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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