Delegan encuesta de consumo de drogas a Conahcyt, pese a no tener experiencia y acumular meses de retraso
En junio de este año, la recién creada Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) confirmaron que una nueva encuesta nacional sobre consumo de drogas–que no se ha actualizado desde 2017– quedaría en manos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt), pese a que este organismo no cuenta con la experiencia para hacer este tipo de ejercicios.
El objetivo del instrumento, según se dijo en junio, sería estimar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en la población de todos los estados del país de 12 a 75 años de edad.
Ambas comisiones prometieron que en dos semanas más darían a conocer los detalles; sin embargo, a casi tres meses de la instalación de la Conasama y de esa confirmación, los pormenores y procesos para el levantamiento de datos siguen sin conocerse.
Esta sería la primera vez que el Conahcyt tenga a su cargo la realización de esa encuesta, por lo que, de acuerdo con la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) –que ya promovió un juicio de amparo para denunciar la omisión de no contar con el estudio–, es preocupante que quede en manos de un organismo en el que, además, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un papel relevante en su consejo.
“Es una institución que tiene mucho interés en que se sigan manteniendo las políticas prohibicionistas de drogas, la persecución represiva de las sustancias y las políticas que no están enfocadas en la salud de las personas. Nos preocupa mucho que se utilice esta encuesta también para continuar justificando estas políticas de guerra que no están enfocadas en la salud”, advirtió Cristina Reyes, directora de litigio de MUCD.
A la experta también le preocupa que en la Conasama queden fusionadas ambas instancias –adicciones y salud mental–, pues aunque se relacionan, es importante que existan instituciones destinadas a problemas específicos.
“Lo que nos preocupa es que se diluya el problema y que incluso las adicciones se atribuyan solamente a problemas individuales de salud mental, lo cual no necesariamente es cierto”, explicó Reyes.
De acuerdo con Reyes, algunas veces las causas pueden ser sociales, pero es información que sólo podría saberse mediante los resultados de una encuesta nacional, la cual debería tener una metodología clara, con perspectiva de derechos humanos y dar a conocer el contexto real de lo que hoy vive la sociedad en torno al consumo de sustancias.
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No hay detalles de la encuesta
Cuando confirmaron la participación del Conahcyt en la encuesta nacional, las autoridades de salud también justificaron que desde hace un par de años, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones cuenta con registros de las personas que solicitan atención en todo el sistema, lo que permite tener un panorama de los problemas de consumo mediante sus informes.
El objetivo de la encuesta sería conocer la prevalencia de consumo en los hogares, así como otras condiciones de salud mental a nivel nacional. La edad de la población se contemplaría hasta los 75 considerando que las personas mayores van modificando sus patrones de consumo. El Observatorio señaló que sería uno de los cambios importantes, pues en la última versión de la Encodat fue hasta los 65.
En aquel momento aseguraron que se estaba preparando una rueda de prensa exclusiva para proporcionar los detalles de la encuesta en conjunto con el Conahcyt. Ante el cuestionamiento de por qué esa dependencia estaría a cargo del instrumento, sólo reiteraron que estaban trabajando con el Consejo en los detalles y querían respetar su liderazgo.
“Queremos ser respetuosos del Conhacyt, con quienes estamos trabajando, la doctora Álvarez-Buylla, quien está liderando esta encuesta. Junto con la Secretaría de Salud, hemos acordado que en dos semanas vamos a dar todos los detalles de esta encuesta a razón de que la estamos haciendo en colaboración con el Conhacyt”, dijo en ese momento el recién nombrado titular de la Conasama, Juan Manuel Quijada Gaytán.
Consultada al respecto, la Conasama subrayó que la encuesta se hará en conjunto con Conahcyt, pero el levantamiento de datos estará completamente a cargo de la primera dependencia, mientras que la segunda intervendrá en el muestreo.
Aseguró, además, que en el transcurso de las dos primeras semanas de octubre se darán a conocer, ahora sí, los detalles.
Encuestas tienen problemas de metodología
Las encuestas sobre consumo de sustancias han tenido diferentes metodologías y versiones en el pasado. La última fue la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2016-2017. A partir de entonces, no se ha vuelto a levantar una encuesta similar que refleje los patrones de consumo de sustancias legales e ilegales.
Respecto a las versiones anteriores se presentaron incluso críticas, por preguntas problemáticas tendientes a la estigmatización de los consumidores –y sobre todo las consumidoras–, por no reflejar realmente la realidad de la incidencia en el consumo, o por preguntas tramposas que “inflaban” el número de personas consumidoras en el momento, por lo que el MUCD llamó a revisar estos elementos en la nueva versión.
La Encodat 2016-2017 fue coordinada por la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), con la participación del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” y del Instituto Nacional de Salud Pública, que elaboraron el diseño conceptual, los cuestionarios, y estuvieron a cargo de la capacitación de encuestadores, el trabajo de campo y el análisis e interpretación de los resultados.
En el documento de resultados se describe que la preparación y el trabajo de campo de la Encuesta se hicieron con financiamiento de la Secretaría de Salud. Todavía en enero de 2022, la Conadic aseguraba que no se consideraba actualizar la encuesta en un futuro próximo por razones presupuestales, con el argumento de que tendría un costo aproximado de 150 millones de pesos.
En una solicitud de información pública contestada el 28 de febrero de 2022, la misma dependencia señaló que la última versión de la Encodat (2016-2017) había tenido un costo de 77 millones 600 mil pesos y que hasta ese momento, no se contemplaba realizar un nuevo estudio.
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Relevancia de la encuesta y recursos legales
Para MUCD, la relevancia de contar con una encuesta nacional es conocer de manera científica y estadística cuáles son las necesidades de la población mexicana, sus patrones de consumo y la incidencia del tipo de sustancias que se están consumiendo actualmente.
“Al conocer cuáles son los efectos tanto positivos como negativos que pudiera tener este consumo, es que se podrían plantear políticas públicas de atención, sobre todo del problema en específico que son las adicciones”, explicó Reyes.
Esto también permitiría hacer una diferenciación entre un consumo habitual o esporádico o un consumo problemático o adictivo, que genera un problema a la salud.
Sin esa información no es posible afirmar que las políticas públicas que existen actualmente responden a esas necesidades y a evidencia científica, abundó Reyes.
El MUCD ha observado que esas políticas, que van desde el establecimiento de centros para adicciones, el presupuesto que se le da a los hospitales públicos para tratar enfermedades mentales, la fiscalización a los centros de tratamiento e internamiento –que ha disminuido– hasta la publicidad que hay en medios respecto a la prevención de adicciones, no están basadas en información científica.
Ante ello, la organización pidió, mediante un juicio de amparo, que se lleve a cabo una encuesta mediante la cual, con información estadística y científica, se puedan conocer los patrones e incidencia de consumo de sustancias legales e ilegales que tienen potencial adictivo. De esta manera, sería viable no solo justificar las medidas que se están implementando, sino identificar otras problemáticas o necesidades.
El recurso, que ya fue admitido, sigue en su etapa inicial, en la que se están haciendo todos los requerimientos a las autoridades señaladas para que rindan un informe justificado, es decir, lo que responden respecto al incumplimiento de la obligación.
“Seguimos en esa etapa inicial donde nosotros también hemos ido proveyendo al juzgado de elementos y más evidencia de que la encuesta es necesaria para garantizar no solamente el derecho a la información, sino también a la salud”, aseguró Reyes.
Hasta ahora, la organización no tiene conocimiento de que exista información oficial o actos tendientes a cumplir. Los informes justificados que las autoridades deben presentar a partir del recurso legal son una forma en la que también podrían reportar al poder judicial esas acciones, y hasta la fecha no lo han hecho. “Solo podemos asumir que sigue sin cumplirse con esa responsabilidad”, concluyó Reyes.
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En la década de 1950, en la isla se realizó un ensayo a gran escala para probar la píldora anticonceptiva entre mujeres pobres.
Dos mujeres, de pie en un complejo de vivienda pública en San Juan, Puerto Rico, miran perplejas. Una de ellas, tímida, describe unos síntomas: “Se me fue el mundo, se me nubló la vista. Lo único que dije fue: ‘Virgen del Carmen, cuídame a mis hijos‘”.
Luego, diciendo que no con la cabeza, la otra comenta: “Se estaba experimentando con nosotras sin saberlo”.
La escena es parte del documental “La Operación” (1982). Las mujeres, cuyos nombres no son mencionados, describían cómo fue su participación en el primer ensayo clínico a gran escala en el que se probó la efectividad de la píldora anticonceptiva en los años 50 del siglo pasado.
En el filme ambas afirman que desconocían ser parte de una investigación.
Como ellas, otras cientos de mujeres boricuas de origen humilde, sin saberlo, fueron pacientes del estudio dirigido por dos académicos estadounidenses.
El medicamento, que desde su comercialización en 1960 permitió que las mujeres tuviesen mayor control sobre sus cuerpos, porque no dependían del hombre para planificar la maternidad, fue probado en Puerto Rico gracias a una peculiar política pública de control de la sobrepoblación impulsada por el gobierno local de la isla y EE.UU.
En medio de un boom de nacimientos durante la primera mitad del siglo XX, con muchos ciudadanos en situación de extrema pobreza, la solución de los políticos de turno nombrados por EE.UU. fue fomentar que los puertorriqueños no tuvieran hijos.
Y sus iniciativas, explica la profesora de la Universidad de Puerto Rico Ana María García, directora de “La Operación”, estaban diseñadas específicamente para que esa reducción de la población se diera entre las comunidades más pobres.
“Fueron dirigidas a las mujeres más pobres, más racializadas y menos escolarizadas del país”, dice, por su parte, Lourdes Inoa, de la ONG feminista puertorriqueña Taller Salud.
“Porque eran quienes menos oportunidad tenían de conocer las repercusiones de participar de este tipo de procedimientos. El consentimiento, en este contexto, es altamente cuestionable”, añade.
Con financiación privada, pero también del Estado, la isla fue “un gran laboratorio de control de natalidad”, sostiene García.
Y las mujeres, añade Inoa, se convirtieron “en conejillos de indias”.
Dos científicos y dos activistas
El origen de la píldora, que según Naciones Unidas actualmente es usada por 150 millones de mujeres en todo el mundo, tuvo lugar lejos de Puerto Rico, entre las paredes de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Massachusetts.
Quienes desarrollaron el fármaco fueron dos reconocidos profesores de la institución: John Rock y Gregory Pincus.
El primero, cuenta la historiadora Margaret Marsh, profesora en la Universidad de Rutgers en New Jersey, era uno de los expertos en fertilidad más importantes de Norteamérica, paradojalmente católico, y que pensaba que los matrimonios debían tener el derecho a decidir cuándo tener hijos.
El segundo era un biólogo que en más de una ocasión catalogó la sobrepoblación como “el mayor problema para los países en desarrollo”.
Ambos estuvieron financiados y supervisados muy de cerca por Margaret Sanger, enfermera y experta en salud fundadora de la organización Planned Parenthood, y por la acaudalada líder sufragista Katharine McCormick.
Ellas, afirma Inoa, “buscaban que las mujeres estuvieran insertadas en diversas facetas de la sociedad, para que tuvieran mayor poder”. Controlar la maternidad era esencial para lograrlo.
Pero es conocido que Sanger defendía la eugenesia, la filosofía social que defiende la mejora de la raza humana mediante la selección biológica.
Y por eso permitió que se experimentara en mujeres pobres y en situaciones de vulnerabilidad.
“El movimiento por el control de la natalidad, de alguna manera, tenía dos vertientes. Una buscaba que las mujeres tomaran sus propias decisiones reproductivas y la otra era la idea de que el control de natalidad era bueno porque la gente pobre tendría menos hijos”, agrega Marsh.
Los primeros estudios
Las primeras investigaciones de la píldora anticonceptiva en EE.UU. se realizaron en ratas y otros animales.
Luego, en una decisión “poco ética”, los científicos administraron el medicamento a un reducido grupo de pacientes en un hospital público para personas con problemas de salud mental de Massachusetts, cuenta Marsh, quien es experta en la historia de la anticoncepción en EE.UU.
“Las familias de las pacientes sí dieron el permiso para que se realizara el estudio, pero ellas en sí, por estar en un hospital psiquiátrico, no consintieron. Aunque en esa época esto era legal”, comenta.
En esta fase, Pincus y Rock descubrieron que los compuestos que habían creado tenían el resultado de detener la ovulación. Así que buscaron un lugar para hacer un ensayo a mayor escala, para que los reguladores estadounidenses aprobaran la píldora.
En Massachussets, explica la profesora García, el control de natalidad era ilegal. Allí también había limitaciones legales para las experimentación con seres humanos.
Fue entonces cuando los científicos tuvieron que identificar un “lugar ideal”.
La isla laboratorio
Decidieron ir a Puerto Rico porque allí la esterilización, y en general la experimentación para lograr la anticoncepción, era legal desde 1937.
“Se aprobó una ley en un momento histórico, cuando en el resto del planeta, incluyendo EE.UU., la esterilización amplia no era legal”, señala García.
La legislación fue firmada por el gobernador Blanton C. Winship, un hombre que también apoyaba la eugenesia públicamente, y quien -según un artículo del New York Times- urgía a que en Puerto Rico se investigara el control poblacional, porque para él era el único “medio confiable para mejorar la raza humana”.
En la década de 1950, cuando los investigadores de la píldora llegaron a la isla, un 41% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva ya había probado algún método de anticoncepción, según un estudio de la Universidad de Puerto Rico.
Esto fue posible gracias a que la legislación permitió la creación de decenas de clínicas de planificación familiar alrededor del territorio, incluso en los pueblos más remotos, subvencionadas por el gobierno y que tenían personal que fomentaba el control de natalidad entre las mujeres.
La red de clínicas atrajo también la atención de Pincus y Rock, quienes pensaron que podían usarlas para desarrollar su proyecto.
El equipo, sin embargo, decidió concentrarse primero en un solo barrio de San Juan, la capital.
Las mujeres de Río Piedras
En la isla el experimento comenzó en 1955 como un proyecto en el que participaron estudiantes de medicina y enfermería. Pero el estudio era demasiado complicado y doloroso, por lo que muchas no lo terminaban.
Además, la píldora probada en Puerto Rico era una dosis mucho más alta que la actual y causaba fuertes efectos secundarios.
“Era necesario realizarles análisis de orina, biopsias endometriales y otras pruebas para determinar si estaban ovulando o no. Es un procedimiento incómodo. Si tienes a estudiantes que realmente no tienen la necesidad de métodos de anticoncepción, no iban a estar dispuestas a continuar”, comenta Marsh.
El medicamento les causaba nauseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Pincus, sin embargo, descartó estos efectos secundarios y alegó que eran una consecuencia “psicosomática”.
“Creía tanto en la pastilla, que él se la estaba dando a sus familiares. A sus nietas, sus hijas, las amigas de sus hijos”, dice Marsh, quien escribió una biografía sobre Rock, colega de trabajo de Pincus.
El equipo decidió continuar la experimentación, pero esta vez en Río Piedras, un suburbio del norte de Puerto Rico.
Trabajadores sociales y personal médico visitaba puerta por puerta a las mujeres, ofreciéndoles la píldora anticonceptiva y, a algunas de ellas, les realizaban exámenes para recolectar datos, sin ninguna retribución monetaria.
El rechazo por parte diversos sectores de la sociedad puertorriqueña fue inmediato.
“Hubo notas de prensa que catalogaron como ‘maltusianas’ las investigaciones. También por parte de médicos, incluso de los que estuvieron en el proceso de reclutamiento de mujeres, quienes pensaban que los efectos secundarios debían tomarse con seriedad y que era necesario hacer más pruebas y no descartarlos”, dice Inoa, de Taller Salud.
Por los efectos secundarios muchas de estas mujeres, al igual que en los estudios anteriores, decidían dejar el tratamiento. Otras, golpeadas por la pobreza, accedían a tomar la píldora como un método reversible de control de natalidad.
Según Marsh, tres personas del ensayo clínico que se realizó en la isla caribeña murieron. No obstante, nunca se les hizo una autopsia, por lo que se desconoce cuáles fueron las causas precisas de su fallecimiento.
La aprobación
Pese a las muertes, al ver que la píldora tenía el efecto de evitar embarazos, los científicos extendieron su proyecto a otros pueblos de Puerto Rico, y más adelante a Haití, México, Nueva York, Seattle y California.
En total participaron unas 900 mujeres, de las que alrededor de 500 eran puertorriqueñas.
En 1960, la Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) aprobó el Envoid, como se llamó la primera pastilla, como un método anticonceptivo.
Su expansión fue veloz. En tan solo siete años, 13 millones de mujeres en el mundo la usaban.
Pero luego de ser avalada por la FDA, la píldora continuó causando efectos secundarios fuertes, como coágulos de sangre, lo que provocó demandas. En la isla, pese a las acciones legales en otras partes de EE.UU., los estudios continuaron hasta 1964.
Todavía hoy, afirma Inoa, no hay investigaciones “significativas” que busquen “otro tipo de métodos de anticoncepción que no tengan los efectos secundarios de la píldora que existe ahora”.
Mientras, los estudios para crear un medicamento anticonceptivo oral para hombres tampoco han dado frutos, aunque comenzaron hace 30 años.
“Las mayores experimentaciones siempre han sido en personas gestantes”, concluye.
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