Delegan encuesta de consumo de drogas a Conahcyt, pese a no tener experiencia y acumular meses de retraso
En junio de este año, la recién creada Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) confirmaron que una nueva encuesta nacional sobre consumo de drogas–que no se ha actualizado desde 2017– quedaría en manos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt), pese a que este organismo no cuenta con la experiencia para hacer este tipo de ejercicios.
El objetivo del instrumento, según se dijo en junio, sería estimar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en la población de todos los estados del país de 12 a 75 años de edad.
Ambas comisiones prometieron que en dos semanas más darían a conocer los detalles; sin embargo, a casi tres meses de la instalación de la Conasama y de esa confirmación, los pormenores y procesos para el levantamiento de datos siguen sin conocerse.
Esta sería la primera vez que el Conahcyt tenga a su cargo la realización de esa encuesta, por lo que, de acuerdo con la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) –que ya promovió un juicio de amparo para denunciar la omisión de no contar con el estudio–, es preocupante que quede en manos de un organismo en el que, además, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un papel relevante en su consejo.
“Es una institución que tiene mucho interés en que se sigan manteniendo las políticas prohibicionistas de drogas, la persecución represiva de las sustancias y las políticas que no están enfocadas en la salud de las personas. Nos preocupa mucho que se utilice esta encuesta también para continuar justificando estas políticas de guerra que no están enfocadas en la salud”, advirtió Cristina Reyes, directora de litigio de MUCD.
A la experta también le preocupa que en la Conasama queden fusionadas ambas instancias –adicciones y salud mental–, pues aunque se relacionan, es importante que existan instituciones destinadas a problemas específicos.
“Lo que nos preocupa es que se diluya el problema y que incluso las adicciones se atribuyan solamente a problemas individuales de salud mental, lo cual no necesariamente es cierto”, explicó Reyes.
De acuerdo con Reyes, algunas veces las causas pueden ser sociales, pero es información que sólo podría saberse mediante los resultados de una encuesta nacional, la cual debería tener una metodología clara, con perspectiva de derechos humanos y dar a conocer el contexto real de lo que hoy vive la sociedad en torno al consumo de sustancias.
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No hay detalles de la encuesta
Cuando confirmaron la participación del Conahcyt en la encuesta nacional, las autoridades de salud también justificaron que desde hace un par de años, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones cuenta con registros de las personas que solicitan atención en todo el sistema, lo que permite tener un panorama de los problemas de consumo mediante sus informes.
El objetivo de la encuesta sería conocer la prevalencia de consumo en los hogares, así como otras condiciones de salud mental a nivel nacional. La edad de la población se contemplaría hasta los 75 considerando que las personas mayores van modificando sus patrones de consumo. El Observatorio señaló que sería uno de los cambios importantes, pues en la última versión de la Encodat fue hasta los 65.
En aquel momento aseguraron que se estaba preparando una rueda de prensa exclusiva para proporcionar los detalles de la encuesta en conjunto con el Conahcyt. Ante el cuestionamiento de por qué esa dependencia estaría a cargo del instrumento, sólo reiteraron que estaban trabajando con el Consejo en los detalles y querían respetar su liderazgo.
“Queremos ser respetuosos del Conhacyt, con quienes estamos trabajando, la doctora Álvarez-Buylla, quien está liderando esta encuesta. Junto con la Secretaría de Salud, hemos acordado que en dos semanas vamos a dar todos los detalles de esta encuesta a razón de que la estamos haciendo en colaboración con el Conhacyt”, dijo en ese momento el recién nombrado titular de la Conasama, Juan Manuel Quijada Gaytán.
Consultada al respecto, la Conasama subrayó que la encuesta se hará en conjunto con Conahcyt, pero el levantamiento de datos estará completamente a cargo de la primera dependencia, mientras que la segunda intervendrá en el muestreo.
Aseguró, además, que en el transcurso de las dos primeras semanas de octubre se darán a conocer, ahora sí, los detalles.
Encuestas tienen problemas de metodología
Las encuestas sobre consumo de sustancias han tenido diferentes metodologías y versiones en el pasado. La última fue la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2016-2017. A partir de entonces, no se ha vuelto a levantar una encuesta similar que refleje los patrones de consumo de sustancias legales e ilegales.
Respecto a las versiones anteriores se presentaron incluso críticas, por preguntas problemáticas tendientes a la estigmatización de los consumidores –y sobre todo las consumidoras–, por no reflejar realmente la realidad de la incidencia en el consumo, o por preguntas tramposas que “inflaban” el número de personas consumidoras en el momento, por lo que el MUCD llamó a revisar estos elementos en la nueva versión.
La Encodat 2016-2017 fue coordinada por la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), con la participación del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” y del Instituto Nacional de Salud Pública, que elaboraron el diseño conceptual, los cuestionarios, y estuvieron a cargo de la capacitación de encuestadores, el trabajo de campo y el análisis e interpretación de los resultados.
En el documento de resultados se describe que la preparación y el trabajo de campo de la Encuesta se hicieron con financiamiento de la Secretaría de Salud. Todavía en enero de 2022, la Conadic aseguraba que no se consideraba actualizar la encuesta en un futuro próximo por razones presupuestales, con el argumento de que tendría un costo aproximado de 150 millones de pesos.
En una solicitud de información pública contestada el 28 de febrero de 2022, la misma dependencia señaló que la última versión de la Encodat (2016-2017) había tenido un costo de 77 millones 600 mil pesos y que hasta ese momento, no se contemplaba realizar un nuevo estudio.
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Relevancia de la encuesta y recursos legales
Para MUCD, la relevancia de contar con una encuesta nacional es conocer de manera científica y estadística cuáles son las necesidades de la población mexicana, sus patrones de consumo y la incidencia del tipo de sustancias que se están consumiendo actualmente.
“Al conocer cuáles son los efectos tanto positivos como negativos que pudiera tener este consumo, es que se podrían plantear políticas públicas de atención, sobre todo del problema en específico que son las adicciones”, explicó Reyes.
Esto también permitiría hacer una diferenciación entre un consumo habitual o esporádico o un consumo problemático o adictivo, que genera un problema a la salud.
Sin esa información no es posible afirmar que las políticas públicas que existen actualmente responden a esas necesidades y a evidencia científica, abundó Reyes.
El MUCD ha observado que esas políticas, que van desde el establecimiento de centros para adicciones, el presupuesto que se le da a los hospitales públicos para tratar enfermedades mentales, la fiscalización a los centros de tratamiento e internamiento –que ha disminuido– hasta la publicidad que hay en medios respecto a la prevención de adicciones, no están basadas en información científica.
Ante ello, la organización pidió, mediante un juicio de amparo, que se lleve a cabo una encuesta mediante la cual, con información estadística y científica, se puedan conocer los patrones e incidencia de consumo de sustancias legales e ilegales que tienen potencial adictivo. De esta manera, sería viable no solo justificar las medidas que se están implementando, sino identificar otras problemáticas o necesidades.
El recurso, que ya fue admitido, sigue en su etapa inicial, en la que se están haciendo todos los requerimientos a las autoridades señaladas para que rindan un informe justificado, es decir, lo que responden respecto al incumplimiento de la obligación.
“Seguimos en esa etapa inicial donde nosotros también hemos ido proveyendo al juzgado de elementos y más evidencia de que la encuesta es necesaria para garantizar no solamente el derecho a la información, sino también a la salud”, aseguró Reyes.
Hasta ahora, la organización no tiene conocimiento de que exista información oficial o actos tendientes a cumplir. Los informes justificados que las autoridades deben presentar a partir del recurso legal son una forma en la que también podrían reportar al poder judicial esas acciones, y hasta la fecha no lo han hecho. “Solo podemos asumir que sigue sin cumplirse con esa responsabilidad”, concluyó Reyes.
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Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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