En junio de este año, la recién creada Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) confirmaron que una nueva encuesta nacional sobre consumo de drogas–que no se ha actualizado desde 2017– quedaría en manos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt), pese a que este organismo no cuenta con la experiencia para hacer este tipo de ejercicios.

El objetivo del instrumento, según se dijo en junio, sería estimar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en la población de todos los estados del país de 12 a 75 años de edad.

Ambas comisiones prometieron que en dos semanas más darían a conocer los detalles; sin embargo, a casi tres meses de la instalación de la Conasama y de esa confirmación, los pormenores y procesos para el levantamiento de datos siguen sin conocerse.

Esta sería la primera vez que el Conahcyt tenga a su cargo la realización de esa encuesta, por lo que, de acuerdo con la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) –que ya promovió un juicio de amparo para denunciar la omisión de no contar con el estudio–, es preocupante que quede en manos de un organismo en el que, además, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un papel relevante en su consejo. 

A la experta también le preocupa que en la Conasama queden fusionadas ambas instancias –adicciones y salud mental–, pues aunque se relacionan, es importante que existan instituciones destinadas a problemas específicos. 

“Lo que nos preocupa es que se diluya el problema y que incluso las adicciones se atribuyan solamente a problemas individuales de salud mental, lo cual no necesariamente es cierto”, explicó Reyes.

De acuerdo con Reyes, algunas veces las causas pueden ser sociales, pero es información que sólo podría saberse mediante los resultados de una encuesta nacional, la cual debería tener una metodología clara, con perspectiva de derechos humanos y dar a conocer el contexto real de lo que hoy vive la sociedad en torno al consumo de sustancias.

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Cuando confirmaron la participación del Conahcyt en la encuesta nacional, las autoridades de salud también justificaron que desde hace un par de años, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones cuenta con registros de las personas que solicitan atención en todo el sistema, lo que permite tener un panorama de los problemas de consumo mediante sus informes.

El objetivo de la encuesta sería conocer la prevalencia de consumo en los hogares, así como otras condiciones de salud mental a nivel nacional. La edad de la población se contemplaría hasta los 75 considerando que las personas mayores van modificando sus patrones de consumo. El Observatorio señaló que sería uno de los cambios importantes, pues en la última versión de la Encodat fue hasta los 65.

En aquel momento aseguraron que se estaba preparando una rueda de prensa exclusiva para proporcionar los detalles de la encuesta en conjunto con el Conahcyt. Ante el cuestionamiento de por qué esa dependencia estaría a cargo del instrumento, sólo reiteraron que estaban trabajando con el Consejo en los detalles y querían respetar su liderazgo. 

“Queremos ser respetuosos del Conhacyt, con quienes estamos trabajando, la doctora Álvarez-Buylla, quien está liderando esta encuesta. Junto con la Secretaría de Salud, hemos acordado que en dos semanas vamos a dar todos los detalles de esta encuesta a razón de que la estamos haciendo en colaboración con el Conhacyt”, dijo en ese momento el recién nombrado titular de la Conasama, Juan Manuel Quijada Gaytán. 

Consultada al respecto, la Conasama subrayó que la encuesta se hará en conjunto con Conahcyt, pero el levantamiento de datos estará completamente a cargo de la primera dependencia, mientras que la segunda intervendrá en el muestreo.

Aseguró, además, que en el transcurso de las dos primeras semanas de octubre se darán a conocer, ahora sí, los detalles.

Encuestas tienen problemas de metodología

Las encuestas sobre consumo de sustancias han tenido diferentes metodologías y versiones en el pasado. La última fue la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2016-2017. A partir de entonces, no se ha vuelto a levantar una encuesta similar que refleje los patrones de consumo de sustancias legales e ilegales. 

Respecto a las versiones anteriores se presentaron incluso críticas, por preguntas problemáticas tendientes a la estigmatización de los consumidores –y sobre todo las consumidoras–, por no reflejar realmente la realidad de la incidencia en el consumo, o por preguntas tramposas que “inflaban” el número de personas consumidoras en el momento, por lo que el MUCD llamó a revisar estos elementos en la nueva versión.  

La Encodat 2016-2017 fue coordinada por la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), con la participación del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” y del Instituto Nacional de Salud Pública, que elaboraron el diseño conceptual, los cuestionarios, y estuvieron a cargo de la capacitación de encuestadores, el trabajo de campo y el análisis e interpretación de los resultados. 

En el documento de resultados se describe que la preparación y el trabajo de campo de la Encuesta se hicieron con financiamiento de la Secretaría de Salud. Todavía en enero de 2022, la Conadic aseguraba que no se consideraba actualizar la encuesta en un futuro próximo por razones presupuestales, con el argumento de que tendría un costo aproximado de 150 millones de pesos.

En una solicitud de información pública contestada el 28 de febrero de 2022, la misma dependencia señaló que la última versión de la Encodat (2016-2017) había tenido un costo de 77 millones 600 mil pesos y que hasta ese momento, no se contemplaba realizar un nuevo estudio. 

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Relevancia de la encuesta y recursos legales

Para MUCD, la relevancia de contar con una encuesta nacional es conocer de manera científica y estadística cuáles son las necesidades de la población mexicana, sus patrones de consumo y la incidencia del tipo de sustancias que se están consumiendo actualmente. 

“Al conocer cuáles son los efectos tanto positivos como negativos que pudiera tener este consumo, es que se podrían plantear políticas públicas de atención, sobre todo del problema en específico que son las adicciones”, explicó Reyes.

Esto también permitiría hacer una diferenciación entre un consumo habitual o esporádico o un consumo problemático o adictivo, que genera un problema a la salud. 

Sin esa información no es posible afirmar que las políticas públicas que existen actualmente responden a esas necesidades y a evidencia científica, abundó Reyes. 

El MUCD ha observado que esas políticas, que van desde el establecimiento de centros para adicciones, el presupuesto que se le da a los hospitales públicos para tratar enfermedades mentales, la fiscalización a los centros de tratamiento e internamiento –que ha disminuido– hasta la publicidad que hay en medios respecto a la prevención de adicciones, no están basadas en información científica. 

Ante ello, la organización pidió, mediante un juicio de amparo, que se lleve a cabo una encuesta mediante la cual, con información estadística y científica, se puedan conocer los patrones e incidencia de consumo de sustancias legales e ilegales que tienen potencial adictivo. De esta manera, sería viable no solo justificar las medidas que se están implementando, sino identificar otras problemáticas o necesidades.

El recurso, que ya fue admitido, sigue en su etapa inicial, en la que se están haciendo todos los requerimientos a las autoridades señaladas para que rindan un informe justificado, es decir, lo que responden respecto al incumplimiento de la obligación. 

“Seguimos en esa etapa inicial donde nosotros también hemos ido proveyendo al juzgado de elementos y más evidencia de que la encuesta es necesaria para garantizar no solamente el derecho a la información, sino también a la salud”, aseguró Reyes. 

Hasta ahora, la organización no tiene conocimiento de que exista información oficial o actos tendientes a cumplir. Los informes justificados que las autoridades deben presentar a partir del recurso legal son una forma en la que también podrían reportar al poder judicial esas acciones, y hasta la fecha no lo han hecho. “Solo podemos asumir que sigue sin cumplirse con esa responsabilidad”, concluyó Reyes.