Trabajadores de la salud de CDMX recién transferidos a IMSS Bienestar acusan falta de pago; Sedesa argumenta temas bancarios
Para entender mejor
Trabajadores de los centros de salud de la CDMX recién transferidos al nuevo esquema IMSS Bienestar aseguran que no han recibido su primer pago en el tiempo prometido.
Si bien la contratación de la primera ronda de personal basificado ya en el órgano público descentralizado empezó a correr desde el 1 de septiembre, y la Secretaría de Salud local se había comprometido a que el primer pago se realizaría el 15, personas empleadas en estos centros no han recibido su salario.
La transferencia de los servicios de salud de la Ciudad de México al IMSS Bienestar comenzó tras la firma del convenio entre el organismo público descentralizado y el Gobierno de la Ciudad de México el 16 de junio pasado, ante la puesta en marcha de este esquema en diversos estados.
La desaparición del Seguro Popular a principios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador dio pie a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que después se extinguió para dar paso al IMSS Bienestar, al que se han transferido los servicios de salud de 22 estados, con lo que para 2024 concentrará un presupuesto de más de 100 mil millones de pesos.
Consultada respecto al más reciente reclamo de los trabajadores, la Secretaría de Salud capitalina aseguró que ya se dispersó, por primera vez, la nómina de 5 mil 121 personas transferidas al órgano público descentralizado IMSS Bienestar.
Sin embargo, justificó, el organismo reportó algunos rechazos de las cuentas bancarias. “Es problema de la recepción”, indicó la dependencia. “El IMSS Bienestar –añadió– se pondrá en contacto con las personas para que corrijan el error en el número de cuenta o quiten los candados para recibir”.
No obstante, los trabajadores aseguran que la mayor parte de los recién basificados en IMSS Bienestar no han recibido su primer salario. Por ejemplo, en los centros de salud de la jurisdicción Iztapalapa, de 70 personas que entraron a este esquema, ninguna tiene aún su pago, acusan.
Problemáticas en los centros de salud tras el inicio del IMSS Bienestar
Desde que se inició la transferencia de los servicios de salud de la capital a IMSS Bienestar, médicos y personal administrativo han denunciado diversas irregularidades en las nuevas contrataciones.
Por ejemplo, más de 600 médicos reclutados por el OPD en un evento anual del IMSS tuvieron que esperar más de tres meses –sin información sobre las causas del retraso– a que iniciaran sus labores, luego de haber concretado cambios de residencia o rechazado otras posibilidades de empleo.
Después, personal de los servicios de salud de la Ciudad de México acusó que en la transferencia de los servicios no se estaban respetando sus prestaciones y antigüedad. Se trataba, sobre todo, de quienes laboran en los hospitales capitalinos que se transfirieron al IMSS Bienestar.
Ahora, trabajadores de centros de salud —el primer nivel de atención de los servicios locales— acusan que quienes entraron a la basificación no han recibido su primer pago, mientras que quienes no tuvieron acceso a esta nunca recibieron información, como sí sucedió, en parte, en los hospitales.
“En los centros de salud, como tal, no se ha llevado a cabo la transición, en el entendido de que a los hospitales sí acudieron a darles pláticas informativas de cuál o cómo iba a ser la forma en que iban a ir pasando a IMSS Bienestar, y en los centros de salud, en ninguna de las 16 jurisdicciones acudieron a dar ninguna plática informativa”, relató un trabajador de los centros de salud de Iztapalapa.
Incluso, aseguraron en entrevista él y dos personas más –que prefirieron mantener su anonimato pues dicen haber sido coaccionados a no quejarse públicamente–, se han presentado confusiones entre las autoridades, pues ahora la administración central asegura que ya no es responsable, sino que deben acudir a IMSS Bienestar.
Otra problemática, señalan, es que quienes estaban contratados antes por honorarios, y cuyas condiciones supuestamente iban a mejorar, solo han recibido contratos eventuales.
Esta situación, dijeron, se repite en las 16 jurisdicciones de los centros de salud de la capital, y aunque no todos los trabajadores se animan a hablar de ello, quienes concedieron la entrevista aseguraron que lo hacían en nombre de los 1,500 que están adscritos a la jurisdicción de Iztapalapa.
“No se cumplieron tiempos, contratos y antigüedades; tramposamente algunas personas que teníamos un contrato precario nos lo cambiaron; esto para no cumplir con las características que ellos estaban pidiendo, que era tener un contrato precario y pertenecer a los servicios de salud”, señaló uno de los afectados.
“Nos absorbió Insabi, pero ya por decreto desaparece. Literal nada más nos metieron como en una miscelánea fiscal para acabarnos el presupuesto de Insabi, y en eso estamos: perteneciendo a Insabi, ya no perteneciendo a servicios de salud y a su vez, perdiendo el derecho a la base”, agregó.
Ante ello, señalaron que aunque ellos sí reciben su sueldo, no han firmado contrato ni conocido el marco general de su contratación. Toda la información que ha llegado a ellos, aseguraron, se ha dado mediante rumores. Además, acusan que no se sabe cuál fue el criterio que se siguió para elegir a quienes ya fueron basificados por IMSS Bienestar.
Según la Secretaría de Salud capitalina, a partir de la transición de los servicios locales de salud de la Ciudad de México al órgano público descentralizado, se prevé que, paulatinamente, poco más de 32 mil trabajadores sean transferidos como prestadores de servicios al nuevo modelo.
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Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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