Desigualdad en acceso a servicios de salud y mala atención prevalecen pese a reformas en el sector, advierte Coneval
Para entender mejor
Aun con las reformas iniciadas en 2019 para la universalización de los servicios de salud, en México persisten las desigualdades en la calidad y el acceso a la atención médica, dependiendo del estado donde habitan los usuarios, y quienes no cuentan con seguridad social continúan siendo las personas más afectadas.
De acuerdo con el Estudio sobre el derecho a la salud 2023: un análisis cualitativo, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aunque los cambios sentaron las bases para el sistema de salud universal, estos “podrían deteriorar los esfuerzos de coordinación entre el gobierno federal y las entidades federativas, al no dar certeza a las personas sobre las vías para recibir atención”.
El Coneval identificó que, pese a que el gobierno ha aumentado progresivamente los recursos para personas sin seguridad social, estas continúan enfrentado diversos obstáculos para hacer efectivo su derecho a la salud y recibir atención en distintos niveles.
A través de entrevistas con 124 personas de Chiapas, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala, entre usuarios y personal de salud, el organismo encontró que persiste el reto de garantizar la distribución oportuna para que las entidades federativas dispongan de los insumos médicos necesarios para brindar una atención adecuada.
El consejo encontró que la centralización del modelo de atención ocurrió a la par de las problemáticas de distribución y entrega de medicamentos que se dieron con la consolidación de las compras. Aunque algunas entidades refirieron haber mejorado la disponibilidad de medicinas, también se observó una disminución en medicamentos especializados y oncológicos.
Con Insabi e IMSS-Bienestar, persiste atención diferenciada
Las reformas implementadas han llevado a una reestructuración normativa de los sistemas estatales de salud: con el surgimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y posteriormente del IMSS-Bienestar, se presentaron retos de coordinación entre las entidades y estos modelos de atención.
En el caso del Insabi, creado en 2020, desde su implementación el Coneval encontró que, además de la atención diferenciada para personas con y sin seguridad social, hubo disparidad en los niveles de atención gratuitos. Por ejemplo, en Tlaxcala y Chiapas solo se transfirió el primer nivel, mientras que en Baja California Sur, Nayarit y Querétaro fueron el primero y el segundo.
Para el consejo, esto derivó en problemas de coordinación entre los sistemas de salud y transferencia tardía de los recursos para implementar el modelo, así como en confusión entre los usuarios —que en algunos casos señalaron desconocer cómo acceder a los servicios gratuitos—, así como entre el personal encargado.
En el ámbito estatal, el personal percibió que el Insabi “quedó más como administrador de recursos, cuya rectoría siguió recayendo en la parte de salud federal”, por lo que consideró que “no se ha logrado definir su modelo de operación y tampoco se consolidó como un programa asistencial, porque no tenía la infraestructura”.
Con el paso al IMSS-Bienestar, el Coneval encontró que, nuevamente, las entidades se encuentran en la incertidumbre sobre la operación del modelo, debido a la poca infraestructura de las unidades médicas para atender a la población general, lo que podría mermar la accesibilidad, calidad y eficacia de los servicios, principalmente de la población sin seguridad social.
“La población optó por ir a donde tenían atención segura”
De los pacientes entrevistados para el estudio, el 55.6% señaló que se atiende en servicios privados, mientras el 44.4% acude a instituciones públicas. Según el análisis, el gasto privado es tal que en 2021 representó el 46.2% del gasto total en salud.
Personal estatal comentó al Coneval que la gente ha dejado de acudir a los centros de salud porque “no estaba el médico, o porque a lo mejor no tenían el medicamento, y optó por ir a las farmacias para recibir atención, a lugares donde tenían una atención segura”, por lo que las instituciones se encuentran en proceso de “volver a ganar el acercamiento de pacientes”.
En 2020, el 17.7% de quienes acudieron a algún servicio público de salud no tuvieron atención por falta de médico disponible, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Acerca de esto, pacientes comentaron que por ello “es más fácil” acudir a consultorios adyacentes a farmacia, por la cercanía y el tiempo más corto de espera para ser atendidos, aunque cuando requieren servicios de segundo o tercer nivel sí acuden a hospitales públicos, porque las intervenciones y los medicamentos necesarios para su tratamiento resultan difíciles de cubrir de manera particular.
Los gastos de bolsillo se dan, según los entrevistados, aun cuando acuden a servicios de salud públicos, ya que “cuando es necesaria la atención médica especializada, hay costos asociados al traslado, alimentación en la localidad a la que acuden y hospedaje”.
Aunque la atención de primer nivel es la más accesible para la población, el Coneval estimó que hay 6 mil 193 localidades del país que quedan a más de una hora de unidades médicas con servicios básicos, más de 40 mil comunidades están al menos a 60 minutos de atención de segundo nivel y más de 144 mil poblados a más de una hora de centros especializados de tercer nivel.
En el caso de las personas sin seguridad social, esta situación implica que tengan que desembolsar recursos económicos no solo para los traslados, sino también para la atención más compleja o especializada, lo que deriva en descuido en la prevención de enfermedades, mismas que son detectadas y atendidas de manera tardía.
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Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
“Lujoso”
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
“Los Chapitos”
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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