Durante los tres meses que permanecieron sin respuesta sobre su inicio de labores, en diversas entidades del país médicos que optaron por plazas del IMSS-Bienestar tuvieron que sortear las dificultades que generó la incertidumbre: desde renunciar a otras oportunidades de empleo o aceptar trabajos temporales hasta resolver cambios de residencia que ya se habían concretado.
Desde el 16 de marzo, cuando supuestamente debían haber empezado labores, tras una convocatoria para ocupar plazas del IMSS-Bienestar que se promovió en el evento “Unidos transformaremos la atención en los servicios de salud. FAMILIA IMSS 2023”, más de 600 médicos se quedaron sin respuesta ni certezas sobre su ingreso a diferentes instalaciones hospitalarias del país a cargo de ese órgano público descentralizado. Apenas hace unos días, empezaron a ser llamados de manera paulatina, solo en algunos estados e instalaciones.
Francisco, médico recién egresado de la especialidad de hematología que cursó en el IMSS Centro Médico Guadalajara, tenía ya una oferta laboral en esa misma ciudad, pero decidió aplicar a una de las plazas que conoció de última hora para el IMSS-Bienestar. El IMSS, dice, siempre ha sido confiable, por lo que no creyó que en ese organismo fuera a existir ningún problema con el inicio de labores.
Como tiene familiares en Los Mochis, Sinaloa, decidió optar por una base en una de las instalaciones hospitalarias de esa ciudad. Dejó la oferta previa que tenía en Guadalajara, donde comentó que ya tenía otra oportunidad y que no podría tomarla. Además, para ese momento —con el proceso de supuesta contratación ya avanzado— incluso se había mudado y empezado a rentar en Los Mochis con su familia nuclear.
“Nunca me imaginé que fuera a pasar esto. Además tengo familia; entonces, mover la escuela y todo fue un show”, lamenta. Sin noticias de cuándo empezaría a laborar, solo le quedó esperar por un poco de fortuna mediante consultas privadas.
Consultado en diversas ocasiones sobre el aplazamiento y la falta de certidumbre, el IMSS no dio respuesta. Francisco cree que él contó con la ventaja de tener una subespecialidad, que permite que, de a poco, puedan presentarse consultas particulares o en hospitales privados; sin embargo, aclara, al inicio es difícil conseguir mucho trabajo. “En el medio privado son como uno a tres años para que ya tengas un flujo más continuo”, agrega.
Aunque, en su caso, concluyó el proceso de reclutamiento y obtuvo la cédula de asignación de plaza, que se entregó a la mayoría de quienes optaron por las plazas del IMSS-Bienestar, confiesa que su expectativa de que la dependencia cumpliera era cada vez menor y si las consultas privadas no resultaban, tendría que volverse a mudar o encontrar alguna opción, si la hay, en otro servicio público de salud.
“Como subespecialista, yo tengo alguna oportunidad, pero la mayoría de las plazas son de medicina familiar, creo, y desafortunadamente ellos sí no tienen otro trabajo; la mayoría de los compañeros sí están totalmente dependientes de esas plazas”, señala. Médicos que dieron su testimonio aseguraron que, de palabra, el sueldo que les prometieron para las plazas rondaba entre los 30 y 40 mil pesos mensuales.
Luis también quedó a la espera de que caiga alguna consulta privada. Terminó su especialidad en cirugía general en el Hospital General de Acapulco, por parte de la UNAM. Como originalmente reside en Jiquilpan, Michoacán, aplicó a una plaza en una instalación hospitalaria del IMSS-Bienestar en Sahuayo, pero el proceso de entrega de documentos y cursos de inducción se hizo en Morelia.
Por ello, hizo la inversión en todos los traslados necesarios a la capital del estado durante al menos dos semanas. Después, el ingreso se aplazó y se quedó sin respuestas. Casi un mes después, seguía teniendo expectativas de que el ingreso pudiera darse el 16 de abril, pero la confirmación nunca llegó. “Yo sé que la delegación de Morelia no tiene la culpa, sino que es a nivel central, y básicamente que nos iban a avisar y a avisar y así estuvieron, nada más dándonos largas”, lamenta.
Como al resto de sus colegas, específicamente quienes han podido viajar a la Ciudad de México para contactar a autoridades de la delegación central del IMSS, le dijeron que en algún momento se daría, pero que la Secretaría de Hacienda aún no liberaba el presupuesto. Esa es la misma respuesta que varios reportaron desde hace meses. Mientras tanto, se mantuvo “de la consulta que caiga” como médico particular y de lo que ahorró durante la residencia.
“Ahorita como egresado no hay mucho movimiento, porque uno va saliendo, y también eso implica gastos. Entonces (trabajo hay) muy poco, casi nada”, comenta.
Mientras unos trataron de abrirse camino en el sector privado o lidiaron con las consecuencias y sostenibilidad de un cambio de residencia que podía resultar infructuoso, otros médicos optaron por tomar empleos con menos garantías de estabilidad o en condiciones más precarias mientras esperaban la respuesta del IMSS-Bienestar.
Ana egresó de la especialidad de oftalmología, que cursó como residente en la unidad de alta especialidad de Torreón, Coahuila. Cuando surgió la convocatoria de IMSS-Bienestar, eligió esa plaza porque podría laborar en su ciudad. Sin embargo, tuvo que elegir entre esa y otra de IMSS ordinario porque no había compatibilidad de horario. Se decidió por la primera.
Como los demás, el 15 de marzo recibió la noticia de que las labores no se iniciarían al día siguiente. Inicialmente, pensó que solo tomaría una quincena más, pero conforme fue avanzando el tiempo, empezó a preocuparse y se sumó a la organización y presión que han ejercido sus colegas. “Si yo hubiera sabido que no íbamos a entrar el 16 de marzo y que nadie nos iba a asegurar una fecha de inicio, ni de loca agarro esta plaza”, lamenta.
En IMSS ordinario habría tenido la ventaja, además, de que existían muchas bases disponibles para su especialidad. Ahora se dice frustrada porque le mintieron como a muchos. A principios de mayo, no le quedó más que conseguir otro empleo en una clínica privada de oftalmología, donde trabaja para otro médico.
“No tengo para poner un consultorio y comprar mis propios aparatos; el plan era ir sacando de lo que me iban a pagar, ir generando para comprar mis propias cosas y ya no lo pude hacer, y de hecho apenas me van a pagar a fin de mes. Si hubiera sabido que no íbamos a iniciar, por lo menos hubiera empezado a trabajar desde antes”, cuenta Ana.
Para la especialidad que estudió Teo en Puebla, anatomía patológica, había muy pocos espacios en el IMSS-Bienestar. Él reside en Xalapa, Veracruz, de donde es originario, y encontró solo seis lugares en oferta: al sur de esa entidad, en Guerrero y en Sinaloa. Mientras otros rechazaron ofertas o renunciaron a otras oportunidades, él solo tenía esa opción. No le quedó de otra que empezar a trabajar en un consultorio de Farmacias Similares.
En Tlaxcala, incluso ya había conseguido un lugar donde rentar, porque les dijeron que empezarían muy pronto, prácticamente en menos de un mes —el evento del IMSS, conocido por ellos como “draft”, se realizó a principios de marzo—. De hecho, se quedó allá durante el proceso de reclutamiento, pero al ver que no tendría ingresos, renunció a la renta y regresó con sus familiares a Xalapa.
“Me siento frustrado porque soy médico especialista; hemos invertido más de 10 años de formación, queremos trabajar, y básicamente es eso, seguimos en las mismas. De hecho, es frustración y enojo porque se nos prometió una cosa que no sabíamos si se cumpliría. Muchos compañeros, por ejemplo, que son de un estado, se fueron confiados a rentar, por ejemplo, desde la Ciudad de México hasta Sinaloa o Baja California, y ahí siguen, sin ingresos”, lamenta Teo.
A Teo le quedó la fe de que el aplazamiento se resolviera, situación que solo ha sucedido parcialmente, y que alguna autoridad explicara lo sucedido. “Vemos que las autoridades dicen que no hay médicos especialistas, y sí, aquí estamos, estamos laborando aquí en las farmacias, en contratos, ya que ellos no cumplieron; eso es lo que ocurre. De que hay, sí habemos”, agrega.
Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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