Después de más de un año de tratamiento en el sector privado y cinco intentos para ser referida a la especialidad de psiquiatría en el IMSS, Laura sigue sin recibir el servicio en el sector público por “agenda cerrada”. Mientras tanto, las autoridades de salud proponen como solución un Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024, que pretende unificar los esfuerzos de las instituciones públicas en un país donde una tercera parte de la población presentará un problema asociado a salud mental y 79% no recibirá tratamiento oportuno, según ese mismo documento.
Hace más de un año, Laura, de 33 años, comenzó a tener síntomas cada vez más fuertes de depresión y ansiedad. La terapia psicológica que tomaba dejó de ser suficiente. Al principio, ella misma no estaba segura de si su percepción podría estar equivocada o si realmente tenía un padecimiento a diagnosticar. En ese momento vivía en un departamento en la Ciudad de México, con un trabajo y una vida independiente, y con el seguro social que le proporcionaban como prestación.
“No sabía qué me estaba pasando o si estaba exagerando, o qué sucedía porque no hay tanta información realmente sobre salud mental”, señala. Finalmente, decidió consultar a una psiquiatra privada, que confirmó el diagnóstico de depresión y ansiedad. A partir de entonces, fue necesario que comenzara a tomar fármacos y a acompañar el tratamiento con psicoterapia. Los síntomas ya habían ocasionado que no pudiera continuar con su trabajo, por lo que regresó a casa de su familia en el Estado de México.
Con el tiempo que le quedaba de seguro, alcanzó a acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para ver si ahí podían darle al menos el medicamento. En ese momento fue que se encontró con el primer obstáculo: necesitaba ser referida también a la especialidad de ginecología, tras una reciente detección de miomas, pero la doctora que la atendió en el instituto argumentó que solo podía referirla a una, aunque podía recetarle los medicamentos psiquiátricos.
“Cuando vimos, no estaban en el cuadro clínico porque en ese entonces me recetaron escitalopram. Me dijeron que ese no estaba y como acepté lo del pase a ginecología, resultó que tampoco había (citas en esa especialidad), estaba la agenda cerrada, no pude llegar, y después, como ya no tenía trabajo ni seguro, lo que hice fue ir al Instituto Nacional de Psiquiatría”, relata Laura. Acudir ahí representó un gran impacto para ella, porque no había imaginado nunca que pudiera requerirlo.
Sin embargo, le sorprendió recibir, a diferencia del IMSS, un trato muy amable, desde las personas que estaban en recepción y vigilancia. Los resultados de la preconsulta, en contraste, no fueron tan positivos: le dijeron que no podían atenderla porque solo atendían casos de más gravedad, como esquizofrenia o intentos de suicidio, y que sus síntomas no eran tan graves. La opción era canalizarla a una clínica de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pero solo había consultas hasta dentro de dos meses.
Sintió que no podía esperar y volvió a la atención psiquiátrica en el sector privado. Después de un tiempo, el escitalopram no resultó lo más adecuado para su organismo, por lo que finalmente fue sustituido por venlafaxina. Hace unas semanas, comenzó a costarle trabajo encontrar ese medicamento a la venta, pero ya había empezado a trabajar en un empleo donde sí tenía IMSS y ya tenía conocimiento de que la venlafaxina sí estaba en su cuadro.
Como había tenido algunas recaídas, acudió a la Clínica 61, en Naucalpan, con el diagnóstico y tratamiento que ya tenía para ver si podían, de nuevo, ayudarla solamente a obtener el medicamento. Supo que tenía que seguir un proceso: ver primero a una psicóloga para que la valorara y determinara su pase a psiquiatría. Así lo hizo, pero hasta el momento no ha recibido atención psiquiátrica ni medicamento. El pase ha sido rechazado por “agenda cerrada”, lo que significa, según le explicaron, que no hay consultas disponibles ni saben cuándo va a haber nuevamente.
“Me dijo la doctora que pueden pasar meses y que tengo que insistir, ir cada semana con la asistente médica para ingresar la solicitud con el pase médico. Ella me dijo que a los tres meses se vence esta hoja, ese pase que me dieron; entonces, si se vence y no he recibido alguna consulta, tengo otra vez que solicitar otro pase. Ya van cinco veces que cada semana he ido a ingresar la solicitud, y las cinco la han rechazado”, lamenta Laura, quien mediante ese pase tendría que acceder a la Clínica de especialidades 194.
“Les comenté desde el principio que necesitaba el medicamento, que me urgía mucho porque me sentía muy mal. A pesar de que lo tomo, sí tengo recaídas; después ya como que me estabilizo un poco, pero les comenté que era muy necesario porque ya me estaba costando trabajo encontrar el genérico donde lo compraba y por eso decidí ir al IMSS. Prácticamente, estoy ahorrándoles lo de la psiquiatra, la psicóloga y los demás medicamentos, y pedía ya únicamente que me ayudaran a acceder a ese; no es porque yo quiero o me guste estar medicada, solo que sí lo necesito”, insiste.
Según el Plan Sectorial difundido por la Secretaría de Salud federal, en el IMSS anualmente se otorgan más de 3 millones de consultas de salud mental, el 79% atendido por el primer nivel de atención. Sin embargo, solo un 19% corresponde al segundo nivel —especialidades— y 2% al tercer nivel. Tanto en esta institución como en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud, los principales diagnósticos han sido trastorno de ansiedad, depresión y trastornos por consumo de sustancias.
Tras la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) el 29 de mayo de 2023, y el nombramiento como su titular de Juan Manuel Quijada Gaytán, hace unos días autoridades de distintas instancias de salud presentaron el Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024, que pretende ser un hilo conductor para convertir el trabajo sectorizado en una suma de esfuerzos e iniciativas de cada institución de salud, así como generar redes integrales de servicios de salud mental.
En el mismo documento se reconoce que, a pesar de que los trastornos mentales son la principal causa de años perdidos por discapacidad y contribuyen a la pérdida de productividad y costos indirectos para la sociedad, existen pendientes en cuanto a la atención a la salud mental y adicciones: servicios de atención fraccionados y débiles, recursos humanos especializados insuficientes —un médico psiquiatra por cada 200 mil habitantes—, acceso insuficiente a los servicios de atención, y falta de información e investigación en salud mental y adicciones.
El acceso insuficiente a los servicios conlleva, de acuerdo con las autoridades de salud, a la brecha de tratamiento, retraso en el diagnóstico temprano y oportuno, así como el manejo integral, lo que tiene consecuencias en el pronóstico tanto para la vida como para la función de la persona. Incluso, las personas con esquizofrenia y trastornos mentales graves fallecen entre 10 y 20 años antes que la población general, la mayoría por enfermedades físicas prevenibles.
En México, los trastornos mentales, neurológicos, por consumo de sustancias y el suicidio causan 16% de todos los años de vida ajustados por discapacidad y 33.5% de todos los años vividos con discapacidad, además de representar la mayor carga de todos los grupos de enfermedades en las personas de 10 a 45 años, mientras se asigna solo alrededor de un 0.7% del PIB a la salud mental, según se reconoce en el propio documento.
Mediante una búsqueda en internet, se constató que el IMSS y el ISSSTE, en vínculos secundarios, solo ofrecen recomendaciones y descripción de sus servicios, sin vías de contacto directo, mientras que la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) ofrece en su página de entrada una liga a documentos e investigaciones sobre salud mental, y el contacto de la Línea de la Vida. En tanto, el Instituto Nacional de Psiquiatría despliega en su página de entrada sus teléfonos para personal médico, pacientes y ciudadanía en general, pero la preconsulta es siempre necesaria y una cita posterior puede tardar más de un mes, mientras que la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones ofrece como única opción en sus redes sociales llamar a la Línea de la Vida 800 911 2000.
El modelo unificado que plantea el Plan Sectorial se basará, según el gobierno federal, en tres directrices: la atención primaria en trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, la cobertura universal y gratuita mediante la regulación, asignación y destino de los recursos, y la intersectorialidad entre dependencias públicas. Para ello, se plantean cuatro objetivos específicos relacionados con la provisión de visión y dirección al sistema de salud, el diseño de un plan educativo para recursos humanos especializados y no especializados, y el incremento en la calidad de los servicios, así como en la información e investigación.
Profesores y maestros han estado protestando durante semanas en todo el país exigiendo mayores derechos en las aulas.
Tras varias semanas de protestas realizadas por profesores en Corea del Sur, el gobierno aprobó una nueva ley para proteger más a los docentes de los padres que se quejan y los acosan.
Durante nueve semanas, profesores y maestros han estado protestando para exigir mayores derechos del ejercicios de sus funciones dentro de las aulas.
Afirman haber sido frecuentemente acosados por los padres de los alumnos que algunas veces los acusan maliciosamente de abuso infantil, para que los destituyan de sus cargos.
La ola de protestas se desató tras el suicidio de una joven maestra que había sido bombardeada por las quejas de los padres en Corea del Sur.
La maestra, que llevaba poco más de un año enseñando escribió que se había sentido tan abrumada por la locura de su trabajo que “quería dejarse ir”.
La situación de los profesores se ha vuelto imposible desde su punto de vista. Varios afirman que han sido denunciados por sujetar y restringir a un niño violento, o por simplemente llamarle la atención a un alumno.
Los profesores acusaron a los padres de aprovecharse de la ley de Bienestar Infantil, aprobada en 2014, que establece el despido automático de los profesores acusados de abuso infantil.
Según la nueva legislación, conocida como el proyecto de ley para el Restablecimiento de los Derechos de Profesores, los docentes no serán destituidos tan pronto se reporte el abuso infantil; se necesitará realizar más investigaciones y tomar más evidencia.
También habrá apoyo financiero disponible para la defensa legal de los profesores demandados y se impondrá mayor responsabilidad a los directores y rectores de las escuelas para que protejan a su plantel.
Las protestas de los profesores estallaron después del suicidio en julio de una maestra de primaria de 23 años que estaba abrumada por las quejas de los padres.
La joven maestra cumplía su sueño de infancia de ejercer la misma profesión de su madre y adoraba a los niños, contó uno de sus primos que descubrió el diario que había dejado atrás.
En éste describía las presiones de su trabajo, de un alumno que había herido en la cabeza a otro con un lápiz y cómo ella se había enzarzado en acaloradas llamadas telefónicas y mensajes con los padres.
Los profesores afirmaron que la cultura de denuncias maliciosas los habían dejado incapaces de enseñar o mantener la disciplina de los alumnos.
La Federación de Sindicatos de Maestros de Corea del Sur recibió con beneplácito la nueva legislación, declarando que tanto “expandiría el derecho a enseñar como proteger el derecho de los estudiantes para aprender”.
El sindicato expresó su “más profundo agradecimiento” a los profesores que se lanzaron a las calles durante nueve semanas seguidas, exigiendo mejores condiciones, y dijo que el resultado de hoy se debía a la fortaleza de ellos.
En las semanas recientes, el gobierno y las autoridades locales ya habían implementado una serie de medidas para proteger a los profesores y facilitarles el ejercicio de su trabajo, pero ninguna de estas era legalmente vinculante.
Las nuevas directivas del gobierno, formuladas a principios de este mes, estipulan que los profesores tienen el derecho a retirar de las aulas a los estudiantes indisciplinados y sujetarlos si es necesario.
Además de eso, la Oficina de Educación de Seúl anunció planes esta semana de grabar todas las llamadas de los padres hechas a los profesores y de instalar un chatbot (un simulador digital de conversación) para que actúe como primera línea de defensa contra las quejas de los padres.
Sin embargo, algunos maestros arguyen que las nuevas leyes no van suficientemente lejos.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores, Kim Yong-seo, llamó la nueva legislación “un gran paso hacia la protección de los profesores y estudiantes”, pero señaló que había áreas que todavía necesitaban mejorarse.
Hizo un llamado a los políticos para que enmienden el Acta de Bienestar Infantil, sosteniendo que no debería ser posible que una simple acción disciplinaria de los alumnos sea catalogada como abuso infantil.
Unos profesores también quieren que se penalicen a los los padres que hagan acusaciones falsas de abuso infantil.
Kim Jin-seo, una profesora de 28 años que habló con la BBC durante una de las protestas, dijo que la nueva ley no impediría las denuncias infundadas de abuso infantil, porque sin el temor de repercusiones, los padres continuarían acusando maliciosamente a los profesores que no les cayeran bien.
Se estima que la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur es en parte responsable de la cultura de hostigamiento por parte de los padres.
Los resultados académicos son considerados el mejor indicador del éxito, lo que significa que los estudiantes compiten ferozmente para obtener las mejores calificaciones desde una edad muy temprana para garantizar la entrada a las principales universidades.
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