En México se registra una agresión contra la prensa cada 16 horas
La hostilidad contra la prensa sigue en aumento en México. De acuerdo con el más reciente informe de Artículo 19, durante el primer semestre de 2023 se registraron 272 ataques contra la prensa, con lo que se acumulan ya 2 mil 941 agresiones a periodistas en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según el informe que será presentado este martes por la organización, estas cifras indican que se registra una agresión cada 16 horas en contra de periodistas mexicanos, que van desde la intimidación, la amenaza, los ataques físicos, el uso ilegítimo del poder público, y el homicidio.
En el reporte se da cuenta del asesinato de tres periodistas en el primer semestre del año: Marco Aurelio Ramírez Hernández, ocurrido en Puebla, el 23 de mayo; Luis Martín Sánchez Íñiguez, en Nayarit, el 7 de julio, y Nelson Matus Peña, en Guerrero, el 15 de julio; además de la desaparición de Juan Carlos Hinojosa, reportada en Veracruz el 6 de julio.
“Con estos casos, la lista de periodistas asesinados desde el año 2000 ascendió a 161, de los cuales, 41 ocurrieron en la actual administración; mientras que 32 periodistas permanecen desaparecidos, cinco desaparecidos en este gobierno”, señala el documento titulado Violencia contra la prensa, entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado.
Esta nueva versión del estudio que desde 2019 lleva a cabo Artículo 19 hace énfasis en el uso ilegítimo del poder público en contra de periodistas, por parte de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno.
De los 272 ataques documentados, 68 son por intimidación y hostigamiento y 61 por uso ilegítimo del poder público; mientras que 49 son amenazas, 25 son por bloqueo o alteración de contenido, 15 ataques físicos, 15 ataques a bienes materiales, 8 casos de privación de la libertad, 6 de allanamiento, entre los más graves.
En cuanto al uso ilegítimo del poder público, la mayor parte de los casos registrados (47 de 61) son por estigmatización contra periodistas; es decir, comentarios hostiles contra la prensa por parte de funcionarios públicos.
“En los últimos años, organizaciones de sociedad civil, así como la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación y rechazo a la continuidad de estos discursos y de su normalización”, señala el informe de Artículo 19.
Otra vertiente del uso ilegítimo del poder contra la prensa es la apertura de procesos judiciales, administrativos y ministeriales en contra de periodistas, de los cuales la organización logró documentar 12 procesos abiertos de enero a junio de 2023.
Ocho de esos 12 procesos de acoso judicial están vinculados a investigaciones de corrupción de los gobiernos locales o estatales; tres están vinculados a investigaciones o publicaciones sobre derechos humanos, como lo son las desapariciones y feminicidios, y uno más se vincula a publicaciones sobre la situación de inseguridad.
“ARTICLE 19 ve con preocupación este tipo de agresiones particularmente de cara al próximo proceso electoral que iniciará formalmente a finales de 2023 y continuará hasta las elecciones que se realizarán el 2 de junio de 2024”, advierte el informe.
El Estado, principal agresor de periodistas
En el informe de Artículo 19 se reporta que es el Estado mexicano uno de los principales perpetradores de los taques en contra de la prensa, pues en 140 de las 272 agresiones documentadas (esto es, el 51.4 por ciento) son autoridades las responsables del ataque.
De esos 141 ataques cometidos por autoridades, 102 fueron cometidos por funcionarios públicos civiles; 34 por fuerzas de seguridad civiles y 4 por integrantes de las Fuerzas Armadas.
De los tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal son quienes más atacaron a la prensa, con 64 casos; le siguen los funcionarios federales, con ataques, y finalmente el nivel municipal, con 23 agresiones.
“Este periodo es la primera vez desde el año 2016 que la organización documenta que el nivel federal corresponde al segundo lugar en agresiones, siendo comúnmente el último; por lo que preocupa de sobremanera el continuo uso de la tribuna pública para estigmatizar o criminalizar a la prensa”, detalla el estudio.
“La prensa opera frente a un contexto de macrocriminalidad, donde autoridades, grupos criminales, empresas, entre otros, conjugan sus intereses. Esto genera un ambiente de permisividad para violentar a la prensa, dentro de un contexto de alta corrupción y marcada captura del Estado por parte de grupos de interés formales y fácticos. Por tanto, los diversos perpetradores no deben observarse de manera aislada”.
Esta advertencia del estudio corresponde, también, con la incidencia de ataques según lo que se esté cubriendo: en el primer semestre del año, la mayor parte de loa ataques ocurrieron por cobertura de corrupción y política (137 de 272 casos), seguido de temas de seguridad y justicia (67 casos), protesta o movimientos sociales (29) y derechos humanos (26).
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Exigen no criminalizar ni estigmatizar a periodistas desde el poder
Al final de su informe, Artículo 19 enumera una serie de peticiones a los gobiernos federal, estatales y municipales; a las Cámaras del Congreso de la Unión y los Congresos locales, a las Fiscalías, al Mecanismo de Protección de Periodistas y a las comisiones de víctimas.
Entre las recomendaciones figura la de detener la estigmatización y criminalización de periodistas desde el poder público.
“Generar e implementar políticas públicas integrales de prevención y protección a periodistas y medios de comunicación. Asumir una narrativa que reconozca la importancia de la labor de periodistas y medios de comunicación en un contexto democrático y abstenerse de emitir expresiones estigmatizantes, criminalizantes y de descalificación en su contra”, se exige a los Poderes del Estado.
Además, se recomienda a los Poderes Legislativos federal y locales derogar normas que restringen la libertad de expresión y la labor periodística, tales como las figuras de “ultraje a la autoridad”, “halconeo” o “delitos contra el honor”, vigentes en códigos penales estatales.
Y se pide legislar en favor de la libertad periodística y para establecer salvaguardas en contra de las denuncias frívolas por daño moral que sólo buscan inhibir a la prensa y asfixiar económicamente a periodistas y medios.
El informe completo de Artículo 19 puede consultarse aquí.
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La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
“Mercenarios”
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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