Si no entendemos la violencia contra periodistas, cualquier política de prevención va a quedarse corta: Alejandra Ibarra
Mantener la narrativa de que en México solo son asesinados los periodistas que están detrás de grandes investigaciones sobre crimen organizado o corrupción impide entender la complejidad de la violencia contra la prensa, que afecta más a quienes cubren temas comunitarios e incomodan a las figuras de poder en sus localidades, advierte la periodista e investigadora Alejandra Ibarra.
Eso no es todo. Para Ibarra, también directora de la organización Defensores de la Democracia (DDLD), esa falta de entendimiento se traduce en que las medidas para prevenir las agresiones o los asesinatos siguen siendo deficientes, lo que a su vez provoca que los hechos violentos continúen.
Ibarra expone estos argumentos en su más reciente libro, Causa de muerte: cuestionar al poder (Aguilar, 2023). En él, plantea que para comprender la violencia contra la prensa es necesario considerar como periodista no únicamente a quien tuvo una formación profesional, sino también a quien desde la ciudadanía asumió la labor de informar sobre lo que ocurre en su entorno, así sea a través de herramientas limitadas.
En esa línea, en entrevista argumenta que los periodistas en mayor peligro no son los que investigan para realizar grandes revelaciones. En cambio, son los que con sus reportes continuos se convierten en figuras dentro de sus comunidades, así como en “una piedrita en el zapato” para los poderes institucionales o fácticos: autoridades electas, empresarios, líderes sindicales o incluso grupos criminales.
Cuando esos actores políticos o sociales se sienten incomodados o desafiados, afirma Ibarra, buscan castigar a quienes publican información sobre lo que hacen.
Un ejemplo plasmado en el libro es el de Nevith Condés Jaramillo, un periodista de Tejupilco, Estado de México, quien fue asesinado en 2019. Sobre este caso, Ibarra resalta que el trabajo de Condés Jaramillo se centraba en difundir a través de Facebook los asuntos de su comunidad —servicios públicos, el estado de las calles, elecciones locales— y se caracterizaba por llamar a que las personas se involucraran y exigieran soluciones.
Además de la historia de Condés Jaramillo, Causa de muerte cuenta las del reportero sinaloense Javier Valdez y del defensor ambiental Samir Flores, entre otras personas.
“A lo que le apuesto mucho desde la organización es a entender, a explicar y realmente mostrar cómo sí es la violencia contra la prensa en este país, dejar de romantizar, dejar de casarnos con este imaginario del periodista investigativo que está investigando al cártel, y empezar a acercarnos al trabajo y conocer a nuestros periodistas asesinados a través de sus legados y decir: ‘Esto es lo que hacían, de esto es de lo que nos estamos perdiendo’”, señala Ibarra.
“El gran riesgo (que tenemos) es nunca terminar de entender el problema, y si no terminamos de entender el problema no vamos a poder corregirlo. Creo que vamos a continuar en esta espiral de la violencia y cualquier política de prevención va a quedarse corta”, alerta.
Mapear riesgos y fortalecer instituciones para defender a periodistas
Ibarra comenzó a documentar estos casos en 2018. Desde entonces, su trabajo dio vida a un archivo, un pódcast y ahora a su nuevo libro.
Con esta documentación detrás y a pesar del alto número de periodistas asesinados en el país —161 desde el 2000 hasta julio de este año, de acuerdo con la organización Artículo 19—, la investigadora ve caminos posibles para combatir la violencia contra la prensa.
Uno de ellos, señala, es que autoridades, organizaciones y el propio gremio aprendan a “mapear” puntos y periodos de riesgo, por ejemplo, cuando en un municipio con antecedentes de tensiones políticas estén por realizarse elecciones o cuando se efectúe el arresto de un líder criminal local.
“En primer lugar, (se puede hacer) así como un mapeo para prevenir posibles ataques, y a la larga, creo que sí estamos hablando de fortalecer instituciones democráticas: lograr que los caciques no sean emperadores municipales, lograr que los capos rindan cuentas ante la justicia, lograr que los sindicatos no sean tan corruptos. Creo que sí estamos hablando de un proceso de fortalecer las instituciones democráticas sobre todo a nivel local a largo plazo”, argumenta Ibarra.
🎧📕En los audiolibros de @penguinlibrosmx narrados por autores pueden encontrar "Causa de muerte: Cuestionar al poder".https://t.co/8vkPLbvVK0 pic.twitter.com/9GUGPNvEfs
— Alejandra Ibarra Chaoul (@luoach) August 24, 2023
“AMLO pudo respaldar a los periodistas pero hizo lo contrario”
Con cinco años continuos documentando casos de periodistas asesinados, así como los impactos para sus familias y comunidades, Ibarra no es ajena al peso de las palabras de un actor político en particular: el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Prácticamente desde que comenzó el sexenio en diciembre de 2018, el mandatario constantemente lanza descalificaciones contra comunicadores y medios, a los que acusa de ser “conservadores” y “adversarios”, así como de estar en contra de su “cuarta transformación”.
Esto ha generado preocupación y llamados por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, que advierten el riesgo de que declaraciones de este tipo fomenten agresiones contra la prensa.
Para Ibarra, esas preocupaciones son fundadas. La investigadora señala que, si bien muchas agresiones a periodistas se originan en contextos locales, debe considerarse el efecto de las palabras de López Obrador entre autoridades estatales o municipales.
“Creo que es lamentable la retórica y el discurso del presidente y sí creo que no ayuda en nada. Creo que él tiene o tuvo la posibilidad de usar su púlpito presidencial como un ejemplo para respaldar, para proteger, para respetar la libertad de expresión y a los periodistas, y decidió hacer lo contrario”, dice la autora.
“Sí creo que genera un efecto de cascada, y si hay municipios donde de por sí había un poder autoritario, al ver al presidente, sobre todo alcaldes de su propio partido, de su movimiento, quizá se sientan más envalentonados de decir: ‘Él lo está haciendo, yo también lo puedo hacer y, además, aquí nadie me está supervisando’. Creo que sí lo puede potenciar”.
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Profesores y maestros han estado protestando durante semanas en todo el país exigiendo mayores derechos en las aulas.
Tras varias semanas de protestas realizadas por profesores en Corea del Sur, el gobierno aprobó una nueva ley para proteger más a los docentes de los padres que se quejan y los acosan.
Durante nueve semanas, profesores y maestros han estado protestando para exigir mayores derechos del ejercicios de sus funciones dentro de las aulas.
Afirman haber sido frecuentemente acosados por los padres de los alumnos que algunas veces los acusan maliciosamente de abuso infantil, para que los destituyan de sus cargos.
La ola de protestas se desató tras el suicidio de una joven maestra que había sido bombardeada por las quejas de los padres en Corea del Sur.
La maestra, que llevaba poco más de un año enseñando escribió que se había sentido tan abrumada por la locura de su trabajo que “quería dejarse ir”.
La situación de los profesores se ha vuelto imposible desde su punto de vista. Varios afirman que han sido denunciados por sujetar y restringir a un niño violento, o por simplemente llamarle la atención a un alumno.
Los profesores acusaron a los padres de aprovecharse de la ley de Bienestar Infantil, aprobada en 2014, que establece el despido automático de los profesores acusados de abuso infantil.
Más investigación y evidencia para acusar a profesores en Corea del Sur
Según la nueva legislación, conocida como el proyecto de ley para el Restablecimiento de los Derechos de Profesores, los docentes no serán destituidos tan pronto se reporte el abuso infantil; se necesitará realizar más investigaciones y tomar más evidencia.
También habrá apoyo financiero disponible para la defensa legal de los profesores demandados y se impondrá mayor responsabilidad a los directores y rectores de las escuelas para que protejan a su plantel.
Las protestas de los profesores estallaron después del suicidio en julio de una maestra de primaria de 23 años que estaba abrumada por las quejas de los padres.
La joven maestra cumplía su sueño de infancia de ejercer la misma profesión de su madre y adoraba a los niños, contó uno de sus primos que descubrió el diario que había dejado atrás.
En éste describía las presiones de su trabajo, de un alumno que había herido en la cabeza a otro con un lápiz y cómo ella se había enzarzado en acaloradas llamadas telefónicas y mensajes con los padres.
Los profesores afirmaron que la cultura de denuncias maliciosas los habían dejado incapaces de enseñar o mantener la disciplina de los alumnos.
Chatbots y llamadas grabadas
La Federación de Sindicatos de Maestros de Corea del Sur recibió con beneplácito la nueva legislación, declarando que tanto “expandiría el derecho a enseñar como proteger el derecho de los estudiantes para aprender”.
El sindicato expresó su “más profundo agradecimiento” a los profesores que se lanzaron a las calles durante nueve semanas seguidas, exigiendo mejores condiciones, y dijo que el resultado de hoy se debía a la fortaleza de ellos.
En las semanas recientes, el gobierno y las autoridades locales ya habían implementado una serie de medidas para proteger a los profesores y facilitarles el ejercicio de su trabajo, pero ninguna de estas era legalmente vinculante.
Las nuevas directivas del gobierno, formuladas a principios de este mes, estipulan que los profesores tienen el derecho a retirar de las aulas a los estudiantes indisciplinados y sujetarlos si es necesario.
Además de eso, la Oficina de Educación de Seúl anunció planes esta semana de grabar todas las llamadas de los padres hechas a los profesores y de instalar un chatbot (un simulador digital de conversación) para que actúe como primera línea de defensa contra las quejas de los padres.
Más cambios serán necesarios, dicen los profesores en Corea del Sur
Sin embargo, algunos maestros arguyen que las nuevas leyes no van suficientemente lejos.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores, Kim Yong-seo, llamó la nueva legislación “un gran paso hacia la protección de los profesores y estudiantes”, pero señaló que había áreas que todavía necesitaban mejorarse.
Hizo un llamado a los políticos para que enmienden el Acta de Bienestar Infantil, sosteniendo que no debería ser posible que una simple acción disciplinaria de los alumnos sea catalogada como abuso infantil.
Unos profesores también quieren que se penalicen a los los padres que hagan acusaciones falsas de abuso infantil.
Kim Jin-seo, una profesora de 28 años que habló con la BBC durante una de las protestas, dijo que la nueva ley no impediría las denuncias infundadas de abuso infantil, porque sin el temor de repercusiones, los padres continuarían acusando maliciosamente a los profesores que no les cayeran bien.
Se estima que la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur es en parte responsable de la cultura de hostigamiento por parte de los padres.
Los resultados académicos son considerados el mejor indicador del éxito, lo que significa que los estudiantes compiten ferozmente para obtener las mejores calificaciones desde una edad muy temprana para garantizar la entrada a las principales universidades.
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