Mantener la narrativa de que en México solo son asesinados los periodistas que están detrás de grandes investigaciones sobre crimen organizado o corrupción impide entender la complejidad de la violencia contra la prensa, que afecta más a quienes cubren temas comunitarios e incomodan a las figuras de poder en sus localidades, advierte la periodista e investigadora Alejandra Ibarra.
Eso no es todo. Para Ibarra, también directora de la organización Defensores de la Democracia (DDLD), esa falta de entendimiento se traduce en que las medidas para prevenir las agresiones o los asesinatos siguen siendo deficientes, lo que a su vez provoca que los hechos violentos continúen.
Ibarra expone estos argumentos en su más reciente libro, Causa de muerte: cuestionar al poder (Aguilar, 2023). En él, plantea que para comprender la violencia contra la prensa es necesario considerar como periodista no únicamente a quien tuvo una formación profesional, sino también a quien desde la ciudadanía asumió la labor de informar sobre lo que ocurre en su entorno, así sea a través de herramientas limitadas.
En esa línea, en entrevista argumenta que los periodistas en mayor peligro no son los que investigan para realizar grandes revelaciones. En cambio, son los que con sus reportes continuos se convierten en figuras dentro de sus comunidades, así como en “una piedrita en el zapato” para los poderes institucionales o fácticos: autoridades electas, empresarios, líderes sindicales o incluso grupos criminales.
Cuando esos actores políticos o sociales se sienten incomodados o desafiados, afirma Ibarra, buscan castigar a quienes publican información sobre lo que hacen.
Un ejemplo plasmado en el libro es el de Nevith Condés Jaramillo, un periodista de Tejupilco, Estado de México, quien fue asesinado en 2019. Sobre este caso, Ibarra resalta que el trabajo de Condés Jaramillo se centraba en difundir a través de Facebook los asuntos de su comunidad —servicios públicos, el estado de las calles, elecciones locales— y se caracterizaba por llamar a que las personas se involucraran y exigieran soluciones.
Además de la historia de Condés Jaramillo, Causa de muerte cuenta las del reportero sinaloense Javier Valdez y del defensor ambiental Samir Flores, entre otras personas.
“A lo que le apuesto mucho desde la organización es a entender, a explicar y realmente mostrar cómo sí es la violencia contra la prensa en este país, dejar de romantizar, dejar de casarnos con este imaginario del periodista investigativo que está investigando al cártel, y empezar a acercarnos al trabajo y conocer a nuestros periodistas asesinados a través de sus legados y decir: ‘Esto es lo que hacían, de esto es de lo que nos estamos perdiendo’”, señala Ibarra.
“El gran riesgo (que tenemos) es nunca terminar de entender el problema, y si no terminamos de entender el problema no vamos a poder corregirlo. Creo que vamos a continuar en esta espiral de la violencia y cualquier política de prevención va a quedarse corta”, alerta.
Ibarra comenzó a documentar estos casos en 2018. Desde entonces, su trabajo dio vida a un archivo, un pódcast y ahora a su nuevo libro.
Con esta documentación detrás y a pesar del alto número de periodistas asesinados en el país —161 desde el 2000 hasta julio de este año, de acuerdo con la organización Artículo 19—, la investigadora ve caminos posibles para combatir la violencia contra la prensa.
Uno de ellos, señala, es que autoridades, organizaciones y el propio gremio aprendan a “mapear” puntos y periodos de riesgo, por ejemplo, cuando en un municipio con antecedentes de tensiones políticas estén por realizarse elecciones o cuando se efectúe el arresto de un líder criminal local.
“En primer lugar, (se puede hacer) así como un mapeo para prevenir posibles ataques, y a la larga, creo que sí estamos hablando de fortalecer instituciones democráticas: lograr que los caciques no sean emperadores municipales, lograr que los capos rindan cuentas ante la justicia, lograr que los sindicatos no sean tan corruptos. Creo que sí estamos hablando de un proceso de fortalecer las instituciones democráticas sobre todo a nivel local a largo plazo”, argumenta Ibarra.
🎧📕En los audiolibros de @penguinlibrosmx narrados por autores pueden encontrar "Causa de muerte: Cuestionar al poder".https://t.co/8vkPLbvVK0 pic.twitter.com/9GUGPNvEfs
— Alejandra Ibarra Chaoul (@luoach) August 24, 2023
Con cinco años continuos documentando casos de periodistas asesinados, así como los impactos para sus familias y comunidades, Ibarra no es ajena al peso de las palabras de un actor político en particular: el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Prácticamente desde que comenzó el sexenio en diciembre de 2018, el mandatario constantemente lanza descalificaciones contra comunicadores y medios, a los que acusa de ser “conservadores” y “adversarios”, así como de estar en contra de su “cuarta transformación”.
Esto ha generado preocupación y llamados por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, que advierten el riesgo de que declaraciones de este tipo fomenten agresiones contra la prensa.
Para Ibarra, esas preocupaciones son fundadas. La investigadora señala que, si bien muchas agresiones a periodistas se originan en contextos locales, debe considerarse el efecto de las palabras de López Obrador entre autoridades estatales o municipales.
“Creo que es lamentable la retórica y el discurso del presidente y sí creo que no ayuda en nada. Creo que él tiene o tuvo la posibilidad de usar su púlpito presidencial como un ejemplo para respaldar, para proteger, para respetar la libertad de expresión y a los periodistas, y decidió hacer lo contrario”, dice la autora.
“Sí creo que genera un efecto de cascada, y si hay municipios donde de por sí había un poder autoritario, al ver al presidente, sobre todo alcaldes de su propio partido, de su movimiento, quizá se sientan más envalentonados de decir: ‘Él lo está haciendo, yo también lo puedo hacer y, además, aquí nadie me está supervisando’. Creo que sí lo puede potenciar”.
Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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