Violeta dice que tomó la decisión de huir cuando vio que un aparato extraño que zumbaba como avispón dejaba caer metralla desde el cielo. 

—Fue una decisión rápida: cuando los drones del cártel comenzaron a balacear el pueblo, mi familia y yo vendimos lo poco que teníamos y salimos corriendo.

Con el pelo negro recogido en una coleta trenzada, y sentada en una silla en el patio de terracería de una modesta vivienda donde hay juguetes regados y una carriola para bebé, Violeta recuerda con voz queda varios de los episodios que la llevaron a huir de Villa Victoria. Como aquella noche de noviembre de 2021, cuando a eso de las 4:00 de la madrugada la comunidad vivió horas de terror con la entrada de un convoy del Cártel Jalisco, donde iban los temidos “monstruos” —vehículos modificados con grotescos blindajes y armamento pesado—, y que comenzó a disparar contra viviendas, coches y todo lo que saliera a su paso. O como aquel otro día, en junio del año pasado, cuando pistoleros del cártel desataron un intenso tiroteo con rifles de alto poder en las inmediaciones de una escuela secundaria repleta de niños.  

Estos sucesos, y otros como el que cuenta otro vecino, Juan Carlos Tapia, que denuncia que en una sola noche hasta 10 viviendas fueron despojadas de sus dueños a punta de rifle por los criminales para apropiarse de inmuebles y negocios, han llevado a que este pueblito esté considerado como un foco rojo de desplazamiento forzado en Michoacán, entidad que, a su vez, ocupa el primer lugar del ranking en México de personas que huyen de la violencia con más de 13 mil 500 casos (la segunda entidad es Chiapas, con algo más de 7 mil), como reveló el pasado 25 de enero en un informe la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

—En la noche, ellos (los sicarios) salen a hacer sus cosas. Le roban a la gente y se meten a las casas sin permiso para llevarse televisores, muebles, dinero, o para hacerte lo que quieran —cuenta Violeta, que clava la mirada de ojos negros en sus manos prematuramente agrietadas por el corrosivo sol de la costa y el trabajo rudo en las plataneras que tanto abundan en esta región—. Los “jaliscos” se adueñaron de todo —susurra a continuación tras unos segundos de silencio en los que mantiene el ceño fruncido—. Se adueñaron de la presidencia municipal, de la policía, de los comercios, de las tienditas, de las casas… Se adueñaron del pueblo, pues.

Pero la chispa que la hizo salir corriendo, insiste al tiempo que se atusa la blusa de tirantes amarilla que viste y que le deja al descubierto unos hombros de piel cobriza, el suceso que hizo que el miedo fuera insoportable, fue cuando el cártel comenzó a desatar el terror incluso desde el aire con drones cargados de explosivos C4. Una táctica que también ha utilizado en Tepalcatepec, también en la región de la Tierra Caliente de Michoacán, donde en enero del año pasado lanzó ataques aéreos contra autodefensas en las comunidades de El Bejuco y La Romera, mientras que en mayo pasado varios videos subidos a TikTok dieron cuenta de otro bombardeo en zonas rurales de ese mismo municipio.

—Pues policía hay, pero son muy pocos porque Villa es muy pequeñito. De hecho, más que pueblo es un cerrito —explica—. Por eso, cuando entró el cártel la mayoría de policías se salieron. Tenían miedo. 

Coahuayana, municipio de 17 mil habitantes, donde el calor es sofocante y húmedo por la proximidad del mar, no está lejos de su natal Villa Victoria, apenas a unos 60 kilómetros. Y además, se encuentra rodeada de otros municipios asediados por el narco, como Coalcomán o Tecomán, este último a solo 30 kilómetros del lado de Colima, entidad con la que hace frontera el municipio. Con este contexto, se le plantea a Violeta que, mapa en mano, esta localidad no parece la mejor opción para buscar refugio. Sin embargo, ella encoge los hombros y a continuación da la clave de por qué esta comunidad se ha convertido en un santuario para quienes, como ella, buscan seguridad y un nuevo comienzo.  

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Para llegar en coche a Coahuayana desde Morelia hay que atravesar, de este a oeste, cientos de kilómetros de geografía marcada por la violencia. Sales de la capital michoacana, donde apenas el pasado 20 de enero fue asesinado a balazos el exdiputado del PRI Manuel Romero Navarro. Luego pasas por las inmediaciones de Uruapan, ciudad que se disputa el Cártel Jalisco con otros grupos criminales, como Los Viagra o el Cártel de Sinaloa, y donde en agosto de 2019 se produjo una escena dantesca que dio la vuelta al mundo: 19 cuerpos mutilados fueron colgados de un puente. Después, atraviesas Apatzingán, escenario habitual de cobros de extorsión, y de narcobloqueos, como el que tuvo lugar en diciembre de 2020 fruto de un enfrentamiento entre el Cártel de Jalisco y Cárteles Unidos. Y, de ahí, llegas a Tepalcatepec, donde el Cártel Jalisco continúa asediando a las autodefensas. 

A unos 70 kilómetros con dirección a la costa está Coalcomán. El camino que disecciona esta localidad es una carreterita estrecha, repleta de baches y topes y de retenes de policía municipal y de la Guardia Civil michoacana. Sin embargo, su presencia no atenúa la sensación de que este es territorio narco. De hecho, quienes conocen bien la zona recomiendan dar solo las explicaciones justas en esos puestos de control. “Decirle a la policía municipal que están aquí es como decirle directo al cártel que hay unos periodistas en su territorio”, explican. Además, la presencia de “halcones” arriba de motos que reportan por radio la entrada de convoyes de soldados es notable a plena luz del día. Mientras que, al caer la noche, los enfrentamientos entre los sicarios que bajan de los cerros donde se ocultan y militares también son habituales. 

Precisamente, el pasado 21 de enero, soldados fueron emboscados por un grupo del Cártel Jalisco en la localidad de Barranca Seca, que pertenece a Coalcomán. El convoy militar realizaba patrullajes en los límites con el municipio de Aguililla, otra de las zonas dominadas por el cártel que lleva años siendo un foco rojo de desplazados, cuando fue atacado a tiros. Como resultado, un alto mando militar fue muerto y otros seis militares resultaron lesionados. 

A medida que el carro se adentra en esta particular geografía del cártel, las consecuencias de la violencia van desfilando por la ventanilla: sobre las orillas de la carretera hay casas abandonadas, vandalizadas y algunas incluso quemadas. Mientras que las imágenes de ranchos vacíos, caballerizas desoladas, comercios cerrados y coches desguazados —el patrimonio de quienes huyeron— completan la escena fantasmal de cientos de kilómetros bajo dominio del crimen organizado en Michoacán, entidad que en 2022 cerró como la cuarta con más asesinatos en todo el país, con 2 mil 423 casos. 

Después de Coalcomán, hay que atravesar Chinicuila y luego Aquila, donde el pasado 17 de enero dos activistas de derechos humanos, el líder comunal Antonio Díaz Valencia y el abogado Ricardo Lagunes Gasca, salieron de una reunión y fueron desaparecidos por un grupo armado cuando se dirigían por carretera a Tecomán. 

Unos cinco kilómetros hacia el interior de la costa, dejando atrás la vista de una playa larguísima donde rompen las olas enfurecidas del Océano Pacífico, se encuentra Coahuayana rodeada por plataneras que avionetas fumigan a tan baja altura que casi rasuran las espigadas palmeras donde los jornaleros se resguardan del calor. Una vez en la cabecera municipal, una imagen que de tan cotidiana debería ser absurdo mencionarla llama la atención por el contraste con el paisaje anterior: sobre una ciclovía, hay jóvenes haciendo ejercicio, parejas caminando y padres paseando con sus bebés.  

Junto a la explanada donde se realiza la Expo Feria del Plátano, ubicada a unos cuantos pasos de la comandancia de la policía comunitaria y de la policía local, se encuentra el ayuntamiento. En una modesta oficina pintada de un blanco ya macilento por el paso del tiempo, atiende María del Rosario Ruiz Velázquez, profesora jubilada y presidenta del DIF local. Ella lleva el recuento de cuántas personas han recibido en los últimos meses en Coahuayana: mil 382 desplazados de localidades aledañas y de otros estados vecinos, como Colima y Guerrero, y también de entidades lejanas, como Chiapas.  

—Son personas que llegan aquí y me dicen: “En mi rancho yo tenía una huertita o tenía un ganadito. Pero llegaron los maleantes y arrancaron hasta las puertas de mi casa y se metieron a vivir”. Ahora, esa gente desplazada no se puede ni acercar a su comunidad. Por eso llegaron aquí con lo puesto. Lo perdieron todo.

El alcalde Gildardo Ruiz asegura que municipios vecinos como Chinicuila, Aquila, Aguililla, Coalcomán o Tecomán están viviendo ahora lo que ellos padecieron hace ya casi 10 años, cuando en febrero de 2013 este pueblo, al igual que otras localidades como La Ruana o Tepalcatepec, se levantó en armas para formar sus autodefensas y combatir a los entonces cárteles dominantes en la región de Tierra Caliente: Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana. 

—En el pueblo hay una gran unión para que la delincuencia no vuelva a entrar —dice tajante Ruiz, quien explica que, además del centenar de personas que integran las autodefensas de la Guardia Comunitaria, Coahuayana cuenta con una importante “reserva” de cientos de vecinos dispuestos a tomar las armas—. Aquí la gente es muy entrona —ríe el presidente municipal—. Porque, en su mayoría, son gentes que perdieron a un hijo, un marido, un padre o un familiar asesinados por la delincuencia organizada. 

Como resultado, en los nueve años que las autodefensas llevan en la comunidad —en una extraña coexistencia con la policía local y el Ejército—, el cártel se ha mantenido a raya. Lo dice el alcalde y lo corroboran también las cifras oficiales: en todo 2022, en este municipio solo se registraron dos homicidios dolosos, 17 robos y ni una denuncia por secuestro, extorsión, narcomenudeo o amenazas. En contraste, a tan solo 30 kilómetros cruzando el puente que da la bienvenida a Colima, en Tecomán se registraron 21 asesinatos, 267 denuncias por narcomenudeo y más de 500 por robos, aunque su población es seis veces mayor a la de Coahuayana. En 2018, las cifras de Tecomán fueron mucho peores: casi 200 asesinatos, más de mil robos, 253 denuncias por narcomenudeo y más de 400 por amenazas. Y eso, sin contar la cifra negra de desapariciones.

En estos casi 10 años, Coahuayana tampoco ha estado exenta de las embestidas del crimen organizado —apenas en diciembre las autodefensas sufrieron una emboscada del Cártel Jalisco con explosivos y gases venenosos—, ni ha estado ajena a la violencia de los municipios vecinos, como el caso del secuestro de los dos activistas que salieron de Aquila. Sin embargo, la insólita seguridad de la zona en una región altamente violenta y volátil ha convertido a este municipio en una especie de “islote” solitario flotando en un océano de violencia y desapariciones —en Michoacán, sumaron más de 2 mil 200 en 2022—, donde más de mil personas buscan refugio, lo cual, advierte el alcalde, también les ha planteado grandes retos, como dónde albergarlas. 

—Aquí lo que falta es mucha vivienda —insiste el primer edil.  

Por ello, a las autodefensas que lidera Héctor Zepeda Navarrete, al que en la comunidad se le conoce como ‘Comandante Teto’, se les ocurrió una idea: destinar a las personas desplazadas uno de los terrenos que le confiscaron en la localidad de San Juan de Alima al entonces jefe de plaza de Los Caballeros Templarios, Federico González Medina, ‘el Lico’. 

A las víctimas de la violencia se les entregará un lote para que lo construyan. La única condición es que la construcción será de por vida y no podrán venderla ni lucrar con ella. El predio, al que ya bautizaron como “Colonia de la Paz”, contará además con servicios públicos y las víctimas tendrán apoyo para la construcción.  

Esta idea de las autodefensas, que es pionera en México, no solo fue bien recibida por el alcalde de Coahuayana, sino que este también anunció la construcción de una segunda “Colonia de la Paz” en San Vicente, muy cerca de la cabecera municipal. 

—Se pretende que sean lotes muy baratos y con muchas facilidades para pagar. Queremos que paguen solo una mensualidad acorde a su salario, no se pretende que sea algo que los asfixie, pues se trata de un tema puramente social, para ayudar a la gente —expone el alcalde, que hace un llamado a las autoridades de Michoacán y del gobierno federal para que apoyen esta iniciativa y también para que cooperen más activamente en las tareas de seguridad frente al cártel—. Hasta ahora, el pueblo está resistiendo, pero también necesitamos que el gobierno nos apoye —demanda Ruiz. 

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Don Pedro es uno de los más de mil desplazados por la violencia que buscarán acceder a uno de los lotes en las “Colonias de la Paz”. Tiene 43 años, es campesino y apenas lleva unos cuatro años de estar de vuelta en Michoacán, luego de que las autoridades de Estados Unidos lo deportaran tras casi toda una vida trabajando en los campos de uva. 

Tocado por un sombrero de paja de ala ancha que lo protege de un sol que cae a plomo, don Pedro cuenta bajo la generosa sombra de un árbol, cerca del ayuntamiento de Coahuayana, que a su regreso a una pequeña comunidad rural de Aquila todo marchaba bien, hasta que un pleito de su madre con un vecino por un terreno desató la pesadilla.  

—Esa persona nos echó la “maña” encima. 

La “maña” a la que se refiere Pedro, que también pidió mantener su verdadera identidad bajo anonimato, son Los Caballeros Templarios, un cártel que si bien ha perdido peso en la zona a raíz del levantamiento de las autodefensas en 2013 y de la progresiva llegada del Cártel Jalisco, aún mantiene presencia en varias comunidades de Michoacán y de la zona limítrofe con el Estado de México, como Zitácuaro.

Un día, continúa Pedro, se encontraba en su casa con su madre cuando un hijo del vecino que quería quedarse con el terreno llegó y le dijo que el jefe de plaza de Los Templarios lo mandaba a llamar. 

—O vas o viene por ti a la brava.

La madre de Pedro tomó la iniciativa y fue al encuentro. Con ella se llevó a un muchacho y a “dos sobrinillos”. 

A las horas, otra amenaza llegó a la casa de Pedro: su madre y los niños habían quedado secuestrados hasta que se presentara con el jefe de plaza. 

—Cuando llegué, vi que había un chingo de raza armada. Mi madre estaba tirada en el suelo, golpeada. A mí también me tumbaron, o bueno, más bien me noquearon —ríe irónico Pedro—. Luego me agarraron y me dijeron: “Vas a ir a San Juan de las Palmeras (localidad del municipio de Aquila) y nos vas a traer del notario los papeles firmados de la venta del rancho. Es eso o nos das 2 millones de pesos. O si no… tú y tu madre se quedan acá”. 

El campesino se mira las manos toscas y todavía abatido por el recuerdo musita que no tuvo más remedio que hacer lo que el narco le ordenaba. 

—Aunque no quieras, lo tienes que hacer —frunce el ceño y se pasea el dorso de la mano para enjugar el sudor que le cae de la frente—. Porque, a que maten a la familia o a uno mismo, pues mejor le firmas y ahí queda. ¿O qué más podía hacer? 

Ante la pregunta retórica, el periodista le pregunta si pensó en algún momento en recurrir a la policía o a alguna autoridad. 

Pedro esboza otra sonrisa cansada. 

—N’hombre, la policía aquí no se mete en nada. Y los soldados tampoco es que hagan mucho que digamos. Cada quien va a su rollo. Hay veces que se dan balaceras y ellos como si nada —dice fijando la mirada en un lejano convoy de militares de la Marina que patrulla la zona. 

Por eso, Pedro dice que salió de su comunidad. Porque Los Templarios aún siguen activos y porque la amenaza de que no hablara con ninguna autoridad del tema sigue vigente. Y por eso buscó refugio en Coahuayana, donde explica que “el señor” —el ‘Comandante Teto’ de las autodefensas— “tiene bien controlada la zona para impedir que entre el cártel”, aunque asegura que en el pueblo han sido testigos de falta de apoyo de la policía local y del Ejército.

—A veces, yo escucho que les ponen emboscadas a los autodefensas que cuidan aquí, y no miro nada de que salgan las autoridades a defenderlos. Solo van hasta el otro día a ver qué pasó. ¿Pero al otro día ya para qué? —pregunta enojado Pedro—. Es una tristeza, pero la mera verdad es que en Michoacán no mandan las autoridades. Los que mandan son los cárteles —sentencia.