La FGR pide condena de 82 años de prisión contra Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió una pena de 82 años de prisión para Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
A través de un escrito de acusación presentado por la Unidad de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, la FGR pidió además 20 mil días de multa al exprocurador, por el proceso iniciado en su contra por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Javier López, abogado del exfuncionario, confirmó a Animal Político la solicitud de la FGR contra su defendido, por lo que ya prepara una respuesta.
De manera desagregada, la FGR pidió al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, lugar donde el exprocurador se mantiene desde agosto del año pasado, la pena de 60 años de cárcel por desaparición forzada, 12 años por tortura y 10 años por delitos contra la administración de la justicia.
La diferencia entre la acusación original y esta nueva es que en el pasado la fiscalía solicitó que Murillo Karam fuera procesado por el delito de desaparición forzada conforme al Código Penal Federal que estaba vigente al momento de los hechos, que establecía una pena de 40 años por este delito.
Sin embargo, en esta ocasión la FGR pidió sancionar al exfuncionario conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que establece una pena de 60 años.
Luego de la desaparición de los normalistas, el entonces presidente Enrique Peña Nieto encargó a Murillo Karam las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, junto a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien permanece profugo en Israel ante las acusaciones en su contra por tortura de testigos.
En enero de 2015, el exprocurador ofreció una conferencia en la que, por primera vez, habló de la llamada “verdad histórica” sobre los hechos, basada principalmente en las declaraciones de presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, señalado por la desaparición de los estudiantes.
El exprocurador aseguró que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales de Cocula para después ser entregados al grupo criminal, presuntamente liderado por el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos en prisión por este caso pero en días pasados absueltos de su responsabilidad.
A raíz de esto, según Murillo Karam, los normalistas fueron privados de la libertad, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula para posteriormente ser arrojados al Río San Juan.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, dijo.
Derivado de lo anterior, a casi ocho años de lo ocurrido, un juez de control del Reclusorio Norte emitió una orden de aprehensión contra Murillo Karam, debido a sus declaraciones en diversas conferencias de prensa y por ser el máximo responsable de la investigación. Desde agosto pasado, el exfuncionario está detenido mientras avanza el proceso en su contra.
La vinculación ocurrió pese a que la defensa pidió al juez desestimar los 177 datos de prueba que presentó la FGR para imputarlo y considerar que el estado de salud del exfuncionario no era conveniente para dejarlo en prisión.
El juez Marco Antonio Fuerte le impuso la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga y para evitar el “riesgo procesal” de que quiera incidir de alguna manera en la investigación que se sigue actualmente.
En abril pasado, se dio a conocer un segundo proceso penal abierto contra Murillo Karam por presuntas torturas en contra de Felipe “N”, ‘el Cepillo’, presunto integrante de Guerreros Unidos implicado en la desaparición forzada de los normalistas.
Relacionado
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
“Mercenarios”
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
