El pasado 24 de agosto, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, hizo pública la lista oficial de víctimas de desaparición en México, acumuladas desde la década de los 60, y que permanecen sin ser localizadas hasta la fecha.
Esta lista sólo incluye los casos de desaparición en los que la víctima no ha sido localizada, y la información sobre las víctimas localizadas sigue oculta por las autoridades.
El registro incluye 81 mil 487 registros con nombres completos, características físicas de las víctimas, así como las fechas, entidades, municipios y circunstancias de la desaparición, más otros 31 mil 701 registros en los que las familias solicitaron mantener reservada la información específica de sus casos. Así, en total, el listado oficial contempla 113 mil 188 víctimas de desaparición, acumulados entre 1964 y 2023.
Según este registro gubernamental, a 733 víctimas de desaparición “se le(s) privó de la libertad por una corporación policiaca o militar” y a 33 más “se le(s) vio en una agencia del Ministerio Público” antes de su desaparición. Esas 766 desapariciones forzadas son las únicas en las que la autoridad reconoce la presunta participación de agentes del Estado.
El listado oficial incluye otras 2 mil 286 víctimas que fueron raptadas por gente armada cuando estaban en la vía pública o en su domicilio; 10 mil 514 personas que desaparecieron cuando salieron de casa al trabajo o a desarrollar alguna actividad específica.
Otras 2 mil 853 personas fueron vistas por última vez cuando estaban en su vivienda, o en la de algún familiar o conocido; así como a 225 víctimas de secuestro.
Además, se registran 522 migrantes que desaparecieron cuando viajaban rumbo a Estados Unidos.
No obstante, en la inmensa mayoría de los casos (66 mil 800), se desconoce la circunstancia en la que se dio la desaparición.
Según este listado oficial, 24% de estas desapariciones se cometió en lo que va del gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (27 mil 518 casos); otro 27% se registró durante la administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto (30 mil 932 casos); 14% de los casos ocurrió en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa (15 mil 923); mientras que el 34% restante (38 mil 815 registros) corresponde a casos previos a 2007 y al inicio de la guerra contra el crimen organizado.
La primera lista oficial de víctimas de desaparición fue publicada en 2013, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, y la ciudadanía pudo acceder libremente a dicho registro hasta el año 2019, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador catalogó esta información como “reservada”.
Pese a ello, cinco años después de que el listado de víctimas fue ocultado por las autoridades, la Comisión Nacional de Búsqueda divulgó una versión de esta lista el 24 de agosto pasado.
Sin embargo, no existió ningún anuncio sobre la publicación de esta información y, aunque ya puede consultarse en su página oficial, no cuentan con distintivos que permitan identificarla como la lista de víctimas.
Con este registro, las familias de miles de personas que han sido desaparecidas en el país pueden corroborar si la autoridad reconoce a sus seres queridos como víctimas, o no; así como verificar que se haya registrado correctamente la información relacionada con sus casos.
El listado oficial de víctimas de desaparición (dividido en dos archivos digitales, uno con 110 mil 711 casos y otro con 2 mil 477 casos más) puede descargarse desde la página oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Sin embargo, dicha información está dispuesta en formatos digitales que dificultan su consulta.
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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