Somos una institución especializada en Derecho Electoral, comprometida con el fortalecimiento de la democracia y la justicia a través de la educación, la investigación y la divulgación.

Del pleno a la plana

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Es común en nuestros días (y más acercándose a tiempos de procesos y campañas electorales) que exista un amplio debate tanto en medios de comunicación masiva, como en redes sociales y de entretenimiento en Internet, sobre asuntos de interés público, y entre ellos se susciten acaloradas discusiones sobre funcionarios públicos, aspirantes y candidatos a cargos de elección popular, dirigentes de partidos políticos, y figuras públicas en general relacionadas con la política.
Particularmente, en redes sociales, encontramos la posibilidad de interactuar y publicar nuestros puntos de vista, a diferencia de los medios tradicionales como la radio y televisión. Esta actuación libre permite que en muchas ocasiones se puedan emitir opiniones a veces desagradables para algunas personas, no solo en el tema de sus actuaciones públicas, sino en su actuar como figura pública.
Ahora bien, si observamos el actuar de diversos usuarios en las redes sociales más comunes (Facebook, X antes Twitter, YouTube, por ejemplo) vemos que los comentarios en ocasiones atacan de una manera agresiva no solo al desempeño de las personas, sino incluso a sus características físicas, orientaciones ideológicas, religiosas y de género, de pertenencia a grupos humanos o sociales, entre otras.
Muchas veces, por desconocimiento de los usuarios, éstos se amparan bajo el ejercicio de la libertad de expresión para emitir estos comentarios, justificando que son libres de decir lo que piensan y que, tratándose de Internet, es un espacio libre sin restricción.
Si bien nuestra Constitución Política consagra en sus artículos 6 y 7 los ejes rectores de la libertad de expresión, entre ellos que la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, también establece supuestos específicos de excepción a su ejercicio, como el ataque a la moral, la afectación a los derechos de terceros, la provocación de un delito o la perturbación del orden público.
Asimismo, en el marco internacional de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos, encontramos que existen límites a la libertad de expresión, tales como la prohibición de propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional; el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.
De igual forma, los organismos internacionales especializados en libertad de expresión han señalado que respecto a Internet, si bien constituye una herramienta para favorecer la participación política de la ciudadanía, sobre todo en aquellos países donde existen un control de los medios de comunicación, también es cierto que han destacado que por regla general debe mantenerse la apertura y el libre flujo de información, y excepcionalmente se admitirán limitaciones, ajustadas a los criterios de la normativa internacional de los derechos humanos, entre ellas por supuesto el respeto a los derechos de terceras personas.
Por otra parte, no se debe olvidar que las plataformas de internet son fundamentalmente propiedad privada, y quedan sujetos a sus propios lineamientos de comunidad, o términos de servicio, que en esencia replican el marco general de límites de libertad de expresión que hemos señalado.
Por ello, si bien se acepta que, en un sistema democrático, se procura un debate desinhibido y crítico, también es cierto que debe protegerse y cuidarse la dignidad de las personas.
En consecuencia, no podemos establecer que la libertad de expresión es ilimitada, y que se puede decir lo que sea en espacios de Internet, ya que no se puede atentar contra la dignidad de una persona o un colectivo humano.
Si bien en tiempos electorales la crítica puede ser desinhibida, abierta y vigorosa, nunca debemos olvidar que ya sea un ciudadano común, una figura pública, un político, un “influencer”, “youtuber” o cualquier creador de contenido, o un simple comentarista a una publicación digital, no puede olvidarse del respeto a la honra, a la imagen, y al reconocimiento de la dignidad.
Por ello, existen los mecanismos administrativos y judiciales para proteger a las personas y en su caso sancionar a los infractores y restituir los derechos afectados contra esos ataques injustificados, que nada abonan a la democracia y la convivencia en sociedad; y siempre hay que recordar que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de las demás personas.
* José Antonio Pérez Parra (<a href="https://twitter.com/JoseAntonioPPar" target="_blank" rel="noopener">@JoseAntonioPPar</a>) es doctorante e investigador por la Escuela Judicial Electoral del TEPJF.

¿Es ilimitada la libertad de expresión en redes sociales?

Los procesos electorales ya están empezando en todo México: el federal, organizado por el INE, en que se renueva la Presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones, y a su vez los locales de las entidades federativas, que son organizados por sus propias instituciones electorales conocidas como Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
De tal manera que tendremos elecciones en todo el territorio nacional, con cambio de 9 gubernaturas: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán; renovación de congresos locales y ayuntamientos, siendo poco más de 20,000 cargos de elección popular, en donde podrán participar cerca de cien millones de personas. El presupuesto para todo esto es de alrededor de diez mil millones de pesos, que se invertirán en todos los procesos electorales.
Estamos frente a un reto mayúsculo y todas las autoridades electorales nos estamos preparando para ello; queremos que todo salga bien, bajo el profesionalismo pero sobre todo con el compromiso democrático de quienes laboran en las distintas y diferentes organizaciones encargadas de las elecciones, trabajo al que se suma la ciudadanía a capacitarse para ser funcionarios de casilla o también trabajadores eventuales.
A mí me gusta mucho esta temporada porque las elecciones son muy parecidas a la vida real y cotidiana que tenemos todos en diferentes momentos de nuestra vida. A veces pongo el ejemplo de que organizar una boda o unos XV años es el símil de preparar las elecciones porque debe de organizarse con tiempo, o mucho tiempo antes, para que salga bien la fiesta; seleccionar lugar de la recepción, vestimenta, la boda religiosa, los invitados, etc. Sin embargo, hoy quiero hacer una comparación distinta, aunque semejante: el campo mexicano, el que los agricultores siembran y plantan para tener una buena cosecha, el deseo enorme de tener buena mano, pero sobre todo éxito, en todo el proceso y no solo en la cosecha o venta de sus productos; lo que tiene que hacer una gente de campo para lograr poner sus productos de buena calidad en nuestras mesas, una manzana, un durazno, una nuez.
Decimos que es un proceso porque es un tiempo determinado, dividido en etapas que se van cumpliendo y en metas que se alcanzan. No podemos pasar o brincar una cosa si no hicimos lo correcto, es por eso que se lleva un calendario día con día de todo lo que se debe de hacer, se anota lo realizado y se da un seguimiento puntual de la estrategia planteada. Quisiéramos que todo funcionara como reloj, pero son muchas cosas que se van presentando en las diferentes áreas que se trabaja, para tratar de cumplir con los objetivos trazados.
Las etapas del proceso electoral son 4: la primera, la preparación de la elección, que es la que acaba de iniciar en este mes de septiembre y culmina en junio, precisamente antes de la jornada electoral; imagínense todo este tiempo, lo que se tiene que hacer y trabajar. La segunda etapa, consiste en la jornada electoral que es el día de las votaciones: el próximo 2 de junio del año 2024, día de fiesta, de cosecha, de votaciones. La tercera etapa es la de resultados y declaración de validez de las elecciones. La cuarta es el dictamen y declaración de validez de la elección de la presidenta o presidente electo.
Así como lo mencionamos, el proceso electoral se asemeja a muchos procesos como el del campo, y sobre todo en nuestro campo mexicano, porque las elecciones que hacemos en nuestro país son distintas a las que se hace en otras partes del mundo, pero también nosotros dentro de este proceso electoral tenemos variantes de elecciones no solo de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal o municipal, sino que también se hacen elecciones por usos y costumbres en los pueblos originarios como en Oaxaca, con más de 400 municipios con esa calidad. También se hacen elecciones seccionales que están dentro de los municipios.
En la siembra vemos una similitud, tenemos varias opciones para plantar: en semilla o producto, lugares, personas que apoyen, maquinaria o tecnología a introducir o adquirir, el clima, entre otros. Por eso es que digo que la etapa de siembra inicia con lo que queremos sembrar, de ahí que se tiene que preparar la tierra donde se va a depositar la semilla y a qué profundidad va, por lo que se empiezan a meter las máquinas para revolver o remover la tierra, esto es cuando se cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo de esta forma, pero también se hace a mano como forma tradicional.
El suelo debe de estar seco, dejar la semilla 1 o 2 pulgadas del nivel del suelo, taparla para que no se vaya a volar, por orificio se depositan de una a tres semillas para que puedan crecer, con una distancia que permita el desarrollo de la planta, obteniendo la energía del sol, aprovechando el agua que por lo menos debe de mantenerse con una cotidianeidad de humedad para que no se seque (por eso son tan importantes las lluvias y más en aquellos lugares que se sembró por temporal y no se tiene un sistema de riego permanente); en los siguientes días y meses se va observando que la planta va creciendo y eso anima mucho al productor del campo, porque la tierra, el sol, el agua, empiezan hacer su magia.
El campesino deberá vigilar su óptimo desarrollo, obviamente se le ponen fertilizantes para mejores resultados en tamaño y calidad; al cumplir con estas dos cosas y llegar a lo esperado se hace la cosecha y, cuando piensas, llegaste al final del proceso. El día de la cosecha es igual al día de la jornada electoral, de las votaciones, porque es la felicidad de llevar a cabo y de hacer ese día que es el clímax para todos. En el campo podrá terminar el trabajo, pero luego se deben seleccionar las variantes que se obtuvieron, así como se hace el escrutinio y cómputo; se lleva a bodega todo el producto, como lo hacemos con los paquetes electorales; se vuelve a revisar que todo lo que se hizo en campo esté bien, se guarda en lugar seguro y se organiza, se mantiene para que diferentes compradores que quieran revisar la cosecha puedan hacerlo y constatar que lo que van a obtener es lo que se les ofreció.
El que cumple con todos los requisitos es el que se lleva el producto; da una gran alegría hacer y obtener los resultados que uno se plantea y que a través de toda la vuelta al cronograma de actividades logras obtener.
El campo mexicano y la organización de elecciones tienen pues, una gran similitud, y de ello depende tener una buena siembra y elección, ambas necesarias para la vida individual y colectiva.
* César Wong Meraz es profesor-investigador de la Escuela Judicial Electoral.

Los procesos electorales desde lo local

Este texto surge en un momento muy especial, pues transcurren los últimos días en los que trabajo como magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se creó en 2014. Mi salida también implica el fin de la primera integración de magistraturas de la Sala, que conformamos Clicerio Coello Garcés, Felipe de la Mata Pizaña y yo.
Este contexto me permite echar un vistazo a los últimos nueve años en los que vi crecer a este órgano colegiado. En 2014 empezamos a trabajar en un espacio prestado de la Sala Regional Ciudad de México y posteriormente nos mudamos a un edificio con un impresionante mural de madera del arquitecto Rafael Mijares; su vestíbulo se ocupó de maneras insospechadas para la sensibilización y crecimiento de las personas que la integramos.
Entre los primeros retos que aparecieron estuvo el de hacer del procedimiento especial sancionador un instrumento más flexible, porque así lo demandaban los asuntos que se resolverían. Nos pusimos a prueba con temáticas novedosas: el uso de redes sociales en la contienda electoral y de las personas involucradas en la propaganda política electoral. La consecuencia fue ampliar nuestros criterios jurisdiccionales con ejercicios de valoración e interpretación, para garantizar la defensa de los derechos humanos.
Varias integraciones pasaron y una pandemia que nos puso a prueba en todo sentido; los temas en la comunicación política cambiaron y por qué no decirlo, evolucionaron. Esta Sala potenció la protección al interés superior de la niñez y la adolescencia en la propaganda político-electoral. Nos adentramos en un flagelo constante: la violencia política por razón de género en contra de las mujeres. Asimismo, de los grupos vulnerables personas indígenas, adultas mayores, con discapacidad auditiva, así como de la comunidad LGBTIQ+.
La jurisdicción es una tarea compleja. En primera, hay que considerar que lo que se juzgan son conductas humanas. En segunda, en el caso del ámbito electoral, la realidad de los asuntos que estudiamos camina a prisa, más rápido que la normatividad. A lo anterior se suma otro reto: México carga el lastre de la falta de confianza de la sociedad en las autoridades e instituciones. Lo he llamado las odiosas D: desconfianza, desafección, desprecio y distanciamiento. En este contexto, en nuestro poder está revertir esto que daña a la ciudadanía y mostrarnos como un tribunal cercano y eficiente. ¿Cómo hacerlo? Nuestras sentencias deben mostrar que las leyes no viven en documentos, sino materializadas y vibrando en las vidas de las personas, quienes son el centro de nuestras decisiones.
Otro elemento que ha sido fundamental en estos años es el trabajo en equipo. Los acuerdos y disensos enriquecieron las reflexiones colectivas y las que me llevé a casa, donde me guía la conciencia, así como la ética profesional y personal, porque lo primero, para mí, es juzgar en soledad. No lo digo únicamente en un sentido literal, también figurativo, porque ahí senté las consideraciones de los votos en los que me separé de la mayoría del Pleno y que principalmente se presentaron en asuntos de violencia política de género contra las mujeres.
El camino lo he recorrido con excelentes guías y equipos. De esta forma asimilé que es vital dotar de confianza, lealtad y respeto a la gente con la que laboramos. Creer en las personas y hacer que ellas crean en sí mismas y sus habilidades es parte sustancial para que el trabajo salga adelante.
Estoy segura de que todas estas enseñanzas nos permitirán afrontar, con fortaleza, los desafíos del mañana en nuestra vida personal y laboral. La Sala Especializada siempre crecerá a la par de los retos, como lo ha hecho hasta ahora.
En paz puedo sentir que los nuevos horizontes darán su fruto, para eso sembré semillas en tierra fértil acompañada del cálido refugio que dejan los recuerdos (del latín recordari; re “nuevo”, “otra vez” y cordis “corazón”) de las múltiples y maravillosas experiencias que viví. Así, siempre recordaré esta mágica aventura jurisdiccional que, sin duda, una y otra vez la pasaré por mi corazón.
* Gabriela Villafuerte Coello (<a href="https://twitter.com/GaVillafuerteC" target="_blank" rel="noopener">@GaVillafuerteC</a>) es magistrada de la Sala Especializada del TEPJF (<a href="https://twitter.com/TEPJF_Esp" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_Esp</a>).

Mi paso por la Sala Especializada: una breve mirada

Por: María G. Silva Rojas <a href="https://twitter.com/MariaSilvaTE" target="_blank" rel="noopener">@MariaSilvaTE</a> <a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>
Estas son, parafraseadas, algunas de las reflexiones expresadas en diversos observatorios de sentencias de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde realizamos anualmente un observatorio en el marco del Día Internacional de las Mujeres enfocado en sentencias relacionadas con los derechos de las mujeres y otro en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas sobre resoluciones relacionadas con los derechos de pueblos y comunidades indígenas y originarios y sus integrantes:
<ul>
<li>Cuando en las demandas que presenta un colectivo ostentándose como integrantes de un pueblo indígena u originario alguno de los nombres de las personas actoras carece de firma no es porque no sea su voluntad impugnar. Si no fuera su voluntad no pondríamos sus nombres. Esos nombres no tienen firmas porque a veces es muy difícil conseguir todas las firmas, la gente vive en lugares retirados y tenemos poco tiempo para que la firmen todas las personas involucradas en la impugnación.</li>
<li>Tratándose de casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, ¿han considerado no revocar para efectos aunque sea lo técnicamente procedente? Es especialmente grave para las mujeres víctimas de VPMRG esperar varias revocaciones antes de tener una resolución definitiva.</li>
<li>Juzgar con perspectiva intercultural debe llevar a los tribunales a considerar que los usos y costumbres y el sistema normativo interno de los pueblos no son fijos, cambian con el tiempo y con las circunstancias.</li>
<li>Los marcos normativos y teóricos no deben ser mero adorno, hay que vincularlos con el estudio que se haga del caso.</li>
<li>Para que una sentencia se emita con perspectiva de género, intercultural o interseccional no basta con enunciarlo en algún apartado especial, es necesario que en el estudio de los agravios se advierta cómo incide esa perspectiva, ¿cuál es el efecto de aplicarla?, ¿qué es lo que varía a si no se hubiera usado?</li>
<li>¿Han considerado que cuando en algún caso sea posible advertir la existencia de VPMRG se estudie aunque no sea motivo de agravio?</li>
<li>Cuando se juzguen asuntos en que las actoras sean mujeres debe considerarse la brevedad de los plazos en esta materia y que, en muchos casos, la doble carga que tienen les impacta de manera diferenciada que a los hombres para la interposición de las demandas, o sea, en el acceso a la justicia.</li>
<li>Cuando se vincule a una autoridad, organización, etc. ¿no se ha considerado vincular también al Congreso del Estado correspondiente a asignar un presupuesto para las acciones a desarrollar?</li>
</ul>
A estos observatorios invitamos a personas de la academia, sociedad civil organizada, activistas, litigantes e integrantes de los grupos en situación de vulnerabilidad cuyos derechos eran el objeto de las sentencias –entre otras personas– y les pedimos que nos compartan sus comentarios y reflexiones respecto a algunas sentencias previamente seleccionadas por la Sala Regional, haciendo hincapié en que buscamos una crítica constructiva de nuestro trabajo para adquirir herramientas nuevas que nos lleven a mejorar la impartición de la justicia en la IV Circunscripción.
Sus reflexiones nos ayudan a repensar el trabajo que hacemos desde perspectivas diversas a las que tiene el propio personal de la Sala Regional, nos permiten ver ángulos distintos a aquellos con los que enfocamos los asuntos sometidos a escrutinio y ampliar la óptica con la que analizamos casos futuros.
Estos observatorios los llevamos a cabo en un ambiente cerrado –solamente tienen acceso el personal de la Sala Regional y, en su caso, el personal de otras áreas de la Sala Superior cuando se organizan en conjunto– pues después de varios ejercicios nos dimos cuenta de que si se hacen así el diálogo es más franco y, además de las reflexiones, se exponen con mayor franqueza críticas constructivas que nos ayudan a detectar posibilidades de mejora de nuestro trabajo.
Con la realización de estos observatorios, la Sala Regional refrenda su compromiso con la justicia abierta, uno de cuyos pilares es la participación social. Este pilar es uno de los más complejos en cuanto al diseño de mecanismos que logren su implementación efectiva pues requiere la participación de la sociedad de manera activa –aunque no sea a través de la decisión de casos concretos– y la voluntad de los tribunales de escuchar a la sociedad.
Va desde aquí mi agradecimiento al personal de la Sala, tanto a quienes han sugerido sentencias para ser comentadas como a quienes asisten a los observatorios con la mente abierta a recibir críticas y repiensan el trabajo que hacemos con base en los comentarios recibidos y a las más de 80 personas que han participado comentando sentencias de la SRCDMX en los observatorios que hemos organizado. Pueden tener la certeza de que todas sus aportaciones han motivado reflexiones al interior de la sala acerca de cómo mejorar el servicio de impartición de justicia en la IV Circunscripción.
* María G. Silva Rojas (<a href="https://twitter.com/MariaSilvaTE" target="_blank" rel="noopener">@MariaSilvaTE</a>) es magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México <a href="https://twitter.com/TEPJF_SRCDMX" target="_blank" rel="noopener">(@TEPJF_SRCDMX</a>).

Justicia abierta y observatorio de sentencias

Por: Flavio Galván Rivera (<a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>)
En múltiples oportunidades he hablado y escrito sobre el Poder Electoral con la pretensión de modificar el clásico sistema tripartita de división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, actualmente en México complementado con un asistemático, pero por regla funcional, eficiente y eficaz -hasta hace poco tiempo- sistema de organismos constitucionalmente autónomos, que no forman parte de alguno de los tres poderes mencionados. Poderes instituidos fundamentalmente para frenar, acotar o limitar el excesivo poder constitucional y metaconstitucional que durante muchas décadas, bajo el gobierno de un partido político hegemónico, tuvo el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y que, evidentemente, algunos anhelan, sueñan e incluso pretenden tener nuevamente; quieren regresar a un pasado ominoso que jamás debe volver.
Los apuntamientos de ahora están orientados en diferente perspectiva, pero igualmente destinados al análisis y a provocar la decisión responsable para el ejercicio unánime, fáctica y jurídicamente posible, de ese otro poder electoral, el poder de la ciudadanía, elemento humano del Estado con capacidad y autoridad para determinar, por sí mismo y en forma libre, responsable, informada y razonada, su realidad social en todos los órdenes de la vida: política, cultural, económica, ética e incluso religiosa y moral, sólo por ejemplificar.
Este poder consiste en el derecho constitucional, fundamental o humano, de todas y cada una de las ciudadanas y los ciudadanos, de votar y ser votados en las elecciones libres, auténticas y periódicas, organizadas para elegir a las personas que han de ejercer el poder público, en representación del pueblo y para todo el pueblo, sin divisiones.
En un Estado de Derecho, constitucional y democrático, con democracia representativa como es México, conforme a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política, la titularidad de la soberanía corresponde al pueblo del cual emana todo poder público, que debe ser ejercido siempre en beneficio del pueblo mandante, representado por sus mandatarios, por sus servidores públicos: presidente, diputadas (os) y senadoras (es); ministras (os) de la Suprema Corte de Justicia, magistradas (os), juezas y jueces de todos los niveles, en sistema federal mexicano, más un extenso etcétera.
En este sentido, a pesar de los años transcurridos, cabe recordar las palabras de Venustiano Carranza, pronunciadas el 1° de diciembre de 1916, en la sesión de instalación del Congreso Constituyente, al que presentó su proyecto de reformas a la Constitución de 1857; el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, expresó:
“Al proyectar la reforma de los artículos 35 y 36… se presentó la antigua y muy debatida cuestión de si debe concederse el voto activo a todos los ciudadanos sin excepción alguna, o si, por el contrario, hay que otorgarlo solamente a los que están en aptitud de darlo de una manera eficaz, ya por su ilustración o bien por su situación económica, que les dé un interés mayor en la gestión de la cosa pública”.
“Para que el ejercicio del derecho al sufragio sea una positiva y verdadera manifestación de la soberanía nacional, es indispensable que sea general, igual para todos, libre y directo… faltando cualquiera de estas condiciones, o se convierte en una prerrogativa de clase, o es un mero artificio para disimular usurpaciones de poder, o da por resultado imposiciones de gobernantes contra la voluntad clara y manifiesta del pueblo”.
“…una buena Ley Electoral que tenga a éstos (los gobernantes) completamente alejados del voto público y que castique con toda severidad toda tentativa para violarlo, establecerá el poder electoral sobre bases racionales que le permitirán cumplir su cometido de una manera bastante aceptable”.
“De la organización del poder electoral, de que se ocupará de manera preferente el próximo Congreso Constitucional, dependerá en gran parte que el Poder Legislativo no sea un mero instrumento del Poder Ejecutivo, pues electos por el pueblo sus representantes, sin la menor intervención del Poder central, se tendrán Cámaras que de verdad se preocupen por los intereses públicos, y no camarillas opresoras y perturbadoras, que sólo van arrastradas por el afán de lucro y medro personal, porque no hay que perder de vista ni por un momento, que las mejores instituciones fracasan y son letra muerta cuando no se practican y que sólo sirven… para cubrir con el manto de la legalidad, la imposición de mandatarios contra la voluntad de la nación”.
Si en 2024 los casi 96 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en las listas nominales de electores (INE, 21/07/2023) leyeran lo citado, reflexionaran sobre su calidad de titulares de la soberanía y tomaran una decisión activa responsable, seguramente resultaría fortalecido nuestro sistema constitucional de democracia representativa.
* Flavio Galván Rivera es profesor-investigador en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (<a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>).

Poder Electoral: Poder de la ciudadanía

Por: Eva Barrientos Zepeda <a href="https://twitter.com/EvaBarrientosZe" target="_blank" rel="noopener">@EvaBarrientosZe</a> <a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>
El debate público es piedra angular de la democracia. Así se ha pronunciado la Comisión de Venecia al reconocer que el debate público es el mecanismo ideal para preservar los valores de la sociedad. En materia electoral, el debate político implica la comunicación y deliberación pública entre gobernantes y su población, conlleva también el análisis sobre las distintas opciones políticas en una sociedad y son fundamentales para la vida democrática del país, pues proveen a la ciudadanía de mejores elementos para evaluar tanto a quienes les gobiernan, como a quienes aspiran a ello, al considerar sus plataformas y propuestas.
Para ello, las y los actores políticos pueden –bajo determinadas reglas y principios– generar sus estrategias de comunicación en el ámbito gubernamental o institucional, o bien, en el electoral, siempre que se salvaguarden los principios de neutralidad política y de equidad en la contienda electoral.
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha convertido en garante de tales principios, al reiterar que las personas que integran el servicio público tienen la obligación constitucional de observar el principio de imparcialidad o neutralidad política necesario para preservar condiciones de equidad en los comicios. Ello significa que el cargo que ostentan no debe ser utilizado para afectar los procesos electorales, a favor o en contra de algún actor político.
Para el análisis de esta obligación constitucional, el Tribunal Electoral ha considerado, entre otros elementos, el deber de cuidado que deben observar las personas servidoras públicas, la naturaleza de los poderes públicos a los que pertenece el funcionariado, los diferentes órdenes de gobierno, la demarcación territorial en la que las personas servidoras ejercen su cargo, las atribuciones que son necesarias para el desarrollo y correcto desenvolvimiento de la función pública que tienen asignada, si existe o no un posicionamiento o llamado al voto a favor del funcionario o funcionaria denunciada, y desde luego, el momento en que surge el hecho en análisis.
En ese contexto, el Tribunal Electoral estableció desde 2009 una sólida línea jurisprudencial que comprende la conjunción de los elementos: personal, temporal y subjetivo, indispensables para comprobar la realización de actos anticipados de campaña.
Sobre la base anterior, ha establecido límites a las conductas que pueden calificarse como actos anticipados de precampaña y campaña con la finalidad de fijar criterios que generen certidumbre a las y los actores políticos, así como a la ciudadanía de cara a un proceso electoral.
Uno de los elementos esenciales para el análisis de estas conductas es el temporal, ya que el debate político no se circunscribe a los tiempos legales propios de un proceso electoral porque con mayor frecuencia se denuncian hechos que podrían constituir actos anticipados de precampaña o campaña que surgen de forma anticipadísima a la renovación de gubernaturas o de la presidencia de la República, pues la sucesión de tales cargos constituyen temas de relevancia política y forman parte de la discusión pública nacional.
En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha señalado que la falta de correspondencia en los tiempos legales propios de un proceso electoral con los que se viven en el ámbito político ante una sucesión en un cargo de ésta índole ha provocado que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, deban responder para asegurar que subsistan las condiciones de neutralidad, equidad e imparcialidad que son esenciales para el correcto desarrollo de los procesos electorales.
No obstante, debe tenerse claro que las prohibiciones constitucionales y legales no tienen por objeto coartar las libertades de las personas servidoras públicas, ni la de inhibir el debate político, sino la de garantizar las condiciones de equidad en las contiendas electorales a fin de asegurar la integridad del proceso electoral y la voluntad del electorado.
* Eva Barrientos Zepeda es magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF (<a href="https://twitter.com/TEPJF_XAL" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_XAL</a>).

El lenguaje de la democracia: de los actos anticipados, a los actos anticipadísimos de precampaña o campaña

De los actos anticipados, a los actos anticipadísimos de precampaña o campaña

Con motivo de diversas sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, pero especialmente por algunas relativas a la organización interna y funcionamiento del Congreso de la Unión bien por conducto de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores e incluso en la integración de la Comisión Permanente, la reacción de ese Poder Federal fue de cuestionamiento sobre las facultades del máximo órgano jurisdiccional electoral de la República y renuencia a cumplir lo resuelto en los correspondientes medios de impugnación electoral, por considerar que esos juicios, recursos y sentencias constituyen una intromisión indebida del Tribunal Electoral en la organización interna y funcionamiento del Poder Legislativo de la Unión, ente soberano que no está sometido a la competencia del Tribunal Electoral.
Los respectivos juicios y recursos ante el Tribunal Electoral fueron promovidos por legisladoras y legisladores federales y locales, para controvertir actos y omisiones que atribuyeron a las Juntas de Coordinación Política de las dos Cámaras del Congreso de la Unión y de un Congreso local, por considerar que se vulneró su derecho político-electoral de ser votados en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo, bajo el argumento de que, en algunos casos, no se les permitió integrar la Comisión Permanente y, en otro, no se dio respuesta a la solicitud de conformar un grupo parlamentario.
Bajo el argumento de que los actos controvertidos son de Derecho Parlamentario y no de Derecho Electoral, las autoridades responsables o demandadas solicitaron que las demandas fueran desechadas, que no era procedente su admisión y que el Tribunal Electoral no es competente para analizar y resolver sobre la legalidad o constitucionalidad de los actos del Congreso de la Unión.
La Sala Superior, con un nuevo análisis de las controversias, ha llegado a una conclusión de especial trascendencia: que no es consecuente o congruente con el vigente sistema jurídico mexicano lo argumentado por las autoridades responsables, porque en cada demanda se hizo consistir el agravio sufrido, por la parte actora, en la violación a su derecho político-electoral de ser votada, en su vertiente de ejercicio eficaz del cargo, que debe ser con todas las facultades y deberes previstos en la Constitución federal, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el respectivo Reglamento Interno de la Cámara de Diputados y de Senadores, así como de la normativa jurídica aplicable al demandado Congreso local.
Consecuentemente, la Sala Superior ha establecido la tesis de jurisprudencia 2/2022, sustentando el criterio obligatorio de que los tribunales electorales, federal y locales son competentes para conocer y resolver los medios de impugnación promovidos en contra del Poder Legislativo, federal y local, a fin de controvertir los actos, omisiones y decisiones que afecten la esencia de la función representativa que corresponde a diputados y senadores, si se aduce violación al derecho político-electoral de ser votado, en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo.
Para evitar todo control jurisdiccional de sus actuaciones, el Poder Legislativo Federal adicionó un inciso h) al artículo 10, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para establecer que no procede medio alguno de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para controvertir actos de la Cámara de Diputados o de Senadores o de la Comisión Permanente. El decretó se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2022.
Por la prohibición absoluta de impugnación de los actos del Poder Legislativo Federal por las vías procesales ante el Tribunal Electoral, el 22 de agosto de 2022, al dictar sentencia de las Acciones de Inconstitucionalidad 62/2022 y 77/2022, acumuladas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el citado inciso h), es decir, quedó derogado, perdió validez jurídica; por tanto, no se puede aplicar.
Desafortunadamente, parece que diputados y senadores no quieren aceptar que, en un Estado de Derecho, todos debemos cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Que la división de poderes tiene como función esencial que un Poder controle a los otros Poderes. Que el único soberano es el pueblo.
* Flavio Galván Rivera es profesor-investigador en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (<a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>).

Justicia electoral y derecho parlamentario

Por: Claudia Valle Aguilasocho 
<a href="https://twitter.com/CVAguilasocho" target="_blank" rel="noopener">@CVAguilasocho</a> <a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>
El juicio ciudadano 12/2023 y sus acumulados, resuelto por la Sala Regional Monterrey, estableció definiciones necesarias para que los partidos políticos tuvieran certeza sobre quién es la autoridad facultada para fijar las reglas de la contienda y expedir lineamientos para que se cumplan la paridad y la inclusión. Acompáñanos a conocer qué decidimos.
El Tribunal Electoral de Coahuila sostenía que, por la fase avanzada del proceso electoral y para dar certidumbre, sería él quien dictaría lineamientos para que la paridad y las acciones que impulsan la presencia de personas de grupos sociales invisibilizados y no representados como personas de la diversidad sexual, con discapacidad y pertenecientes a pueblos y comunidades originarias, pudieran llegar a ocupar una diputación. Ocurrió que los partidos políticos y algunas de las y los consejeros del Instituto Electoral local no coincidieron en que esta era una tarea que le correspondiera realizar al Tribunal.
El antecedente que da origen a estos juicios se remonta a la publicación, en septiembre de 2022, de dos decretos (270 y 271) que modificaban la legislación electoral del estado de Coahuila. Entre las nuevas reglas propuestas y aprobadas por el Congreso Estatal estaban incrementar el número de diputaciones de 25 a 27 y el deber de los partidos políticos de postular a una candidatura a personas integrantes de grupos de la sociedad coahuilense en situación de desventaja, específicamente a personas con discapacidad, personas indígenas y personas de la diversidad sexual.
Los decretos que daban paso a esa reforma, cuatro meses después de expedidos, se declararon inválidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 142/2022 y sus acumuladas.
¿Qué efecto generó esta decisión de la Suprema Corte? Hizo que la reforma electoral estatal se cayera, que no surgiera y que no se pudiera atender lo que proponía.
Los partidos empezaron a tener dudas sobre si debían presentar propuestas de candidaturas considerando 27 diputaciones al Congreso o solo 25 escaños; también empezaron a preguntarse sobre la forma en que debían atender al deber de impulsar en sus candidaturas a personas de grupos sociales discriminados, vía las cuotas o acciones afirmativas.
Uno de esos partidos, a través de un trámite al que se denomina consulta, pregunta al Instituto Estatal Electoral si la reforma electoral surtía o no efectos en el proceso, y si se mantenían vivos o no los acuerdos que fijaron reglas con base en esas reformas.
El Instituto responde la consulta y señala, entre otras cuestiones, que en su parecer los acuerdos y lineamientos al dictarse antes de que se declarara invalida la reforma seguían vigentes, esto es, que aún obligaban a los partidos competidores a su cumplimiento.
Dos partidos políticos al conocer esa respuesta presentan juicios ante el Tribunal Local, señalando que no consideraban correcto lo que había definido el Instituto Electoral local.
¿Qué posición toma el Tribunal Local en su determinación? El Tribunal Electoral de Coahuila consideró incorrecta la respuesta a la consulta. En sus argumentos, de manera correcta dice que, al no mantenerse viva la reforma, los acuerdos que partieran de ella debían ajustarse. Razona a partir de una cuestión de hecho, que el proceso electoral pasaba por la fase de registros de candidaturas, y que era urgente definir directrices para atender estos dos aspectos: la paridad y las acciones de impulso a la representación de personas indígenas, con discapacidad y de la diversidad sexual.
En consecuencia, decide que será él y no el Instituto Electoral local quien las dicte y dice algo más que llama la atención: que al resolver otro juicio que tiene en trámite dará las directrices que indica.
La sentencia del Tribunal Electoral de Coahuila, como hemos detallado, no dejó satisfechos a los partidos que presentaron demanda ante él y tampoco fue vista como algo correcto por las consejerías integrantes del Instituto Electoral de la entidad. Ambos coincidieron en señalar en las demandas que dirigieron a nosotros como Sala Regional, que lo resuelto por el Tribunal estatal excedía a sus funciones y que limitaba, sin justificación suficiente, la función que la Constitución y la Ley Electoral del estado, le otorgan al Instituto local, como único órgano facultado para organizar las elecciones y dictar reglas de este tipo.
La Sala Regional da la razón a quienes promueven los juicios 12/2023 y sus acumulados. En nuestra sentencia dijimos que la urgencia no justificaba que el Tribunal llevara a cabo tareas que son propias del Instituto, no solo porque así lo reconoce la Constitución y la norma electoral, sino porque para dictar órdenes de incluir a personas con discapacidad, indígenas y/o personas de la diversidad sexual, con base objetiva y datos constatables, es indispensable realizar una serie de estudios que permitan identificar el tamaño del grupo social, su pertenencia y la medida necesaria de su representación.
Esto no lo podía hacer el Tribunal, pero sí lo podía y debía hacer el Instituto Estatal Electoral en breve tiempo porque el proceso ya estaba en marcha.
Hoy las reglas están dadas y son conocidas por todos los participantes. El Tribunal Electoral con sus sentencias busca que los derechos se ejerzan y que en los procesos electorales cada ente o autoridad que tiene una función, la cumpla. En este caso, pudimos contribuir a que así fuera.
* Claudia Valle Aguilasocho (<a href="https://twitter.com/CVAguilasocho" target="_blank" rel="noopener">@CVAguilasocho</a>) es magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey (<a href="https://twitter.com/TEPJF_MTY" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_MTY</a>).

Una sentencia en favor de la paridad e inclusión en Coahuila

Por: Gabriela del Valle Pérez (<a href="https://twitter.com/GabrieladeValle" target="_blank" rel="noopener">@GabrieladeValle</a>) (<a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>)
Desde sus orígenes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante TEPJF), a través de sus sentencias, ha fortalecido el sistema democrático del país, garantizando la legalidad y la equidad en las contiendas electorales. Sin embargo, se destaca de modo particular el fortalecimiento de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en concreto, la búsqueda constante de su ejercicio bajo una igualdad de tipo sustantiva.
Conforme fue evolucionando ese marco normativo, el TEPJF a través de su Sala Superior y sus Salas Regionales fue emitiendo y consolidando una línea jurisprudencial clara y contundente para lograr alcanzar la paridad en los diversos cargos de elección popular y erradicar así esa desventaja histórica entre mujeres y hombres. Hay muchos criterios muy conocidos y paradigmáticos en este tema, pero en esta ocasión destacaré uno emitido por Sala Regional Guadalajara porque desde mi concepto contribuye al fortalecimiento y representación política de las mujeres jaliscienses. Este es el juicio de la ciudadanía <a href="https://www.te.gob.mx/buscador/" target="_blank" rel="noopener">195/2020</a>.
En la integración del Congreso del Estado de Jalisco, a pesar de las reformas y de diversas acciones afirmativas no se lograba cumplir con el mandato de paridad, aun cuando este se compone de 38 escaños. Por ejemplo, en el proceso 2018 las mujeres ocuparon 15 de esos espacios, cuando para llegar a la paridad (que para las mujeres es un mínimo y para los hombres un tope) tendrían que haber ocupado por lo menos 19 escaños.
En busca de dar cumplimiento con el mandato de paridad constitucional para el proceso 2021, concretamente para el Congreso de Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (en adelante instituto) emitió nuevos lineamientos. Estos consistieron en diseñar un sistema de dos bloques de competitividad, en los que cada partido político enlistara el porcentaje de votación obtenida en la elección inmediata anterior, para que de esa forma se tuvieran los distritos con mayor votación obtenida (bloque de alta competitividad) y en el otro bloque los distritos con menor votación obtenida (bloque de baja competitividad).
En los primeros cinco distritos de cada lista (los cuáles se presumía correspondían a los distritos más votados), el instituto especificó que por lo menos se postularía una fórmula de un género distinto, de tal manera que en un caso hipotético eso hubiera significado enlistar en los primeros cinco distritos a cuatro fórmulas para los hombres y una para mujeres, atendiendo a que nunca se ha puesto un mayor número de mujeres que de hombres. Esos lineamientos son impugnados ante el Tribunal Local de la entidad y posteriormente ante la Sala Regional Guadalajara. En ésta última se decide revocar parcialmente la sentencia del Tribunal de Jalisco y en plenitud de jurisdicción conocer de la demanda presentada ante el Tribunal local, en aras de maximizar el derecho de acceso a la justicia y de tener reglas claras en la postulación de las candidaturas, para el proceso que ya había iniciado y se revocan parcialmente los lineamientos emitidos por el Instituto.
Debido a ello, se establecen algunas modificaciones para el diseño con el objeto de exigir paridad dentro de cada uno de los bloques. Se determinó que los partidos políticos y/o coaliciones deberían, en el caso del bloque de competitividad alta, postular al menos dos fórmulas de un género distinto en los primeros cinco distritos que integraran la lista, para no concentrar postulaciones de fórmulas de un mismo género en los distritos que ocupen los últimos cinco lugares de ese segmento. Asimismo, en el caso del bloque de competitividad baja, postular al menos dos fórmulas de un género distinto en los primeros cinco distritos que integren la lista, para que tampoco se concentraran postulaciones de fórmulas de un mismo género en los distritos que ocuparan los últimos cinco lugares de ese segmento. Obviamente en ambos segmentos el género minoritario en los primeros cinco lugares sería el género mayoritario en los siguientes cinco. Con ello se podía esperar que las mujeres fueran postuladas paritariamente de modo cuantitativo, pero también cualitativamente, porque se postularían con la misma proyección, influencia política y posibilidades reales de triunfo que los hombres.
Con esta modificación se buscó que el Congreso local se integrara paritariamente, y así fue. La actual Legislatura (2021-2024) está integrada por 24 mujeres y 14 hombres, lo que hace que, por primera vez en Jalisco, las mujeres ocupen más diputaciones que los hombres.
* Gabriela del Valle Pérez (<a href="https://twitter.com/GabrieladeValle" target="_blank" rel="noopener">@GabrieladeValle</a>) es Magistrada de la Sala Regional Guadalajara (<a href="https://twitter.com/TEPJF_GDL" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_GDL</a>) del <a href="https://twitter.com/TEPJF_informa" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_informa</a>.
Las sentencias del TEPJF pueden ser consultadas <a href="https://www.te.gob.mx/buscador/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Acciones que contribuyen a la paridad en el Congreso del Estado de Jalisco

Por: Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del TEPJF (<a href="https://twitter.com/fdelamatapizana" target="_blank" rel="noopener">@FdelaMataPizana</a>, <a href="https://twitter.com/TEPJF_informa" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_informa</a> <a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>)
La historia política de Cuba es una que en México conocemos por partes. El vínculo entre nuestro país y la isla a propósito de la Revolución Cubana ha provocado que, por una parte, tengamos un tramo de la narrativa común muy clara mientras que, por otro, por ejemplo, su historia constitucional nos sea prácticamente desconocida. 
A lo largo de poco más de un siglo, Cuba ha tenido cinco constituciones que reflejan los cambios políticos de un país que se transformó radicalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. En estos cambios, lo relativo a la materia electoral siempre ha sido políticamente reactivo y relevante. Así, la Constitución de 1901 consideraba mecanismos electivos de influencia norteamericana; una especie de “caucus” elegía al presidente y los senadores. Una reforma posterior modificó este mecanismo para pasar a una elección directa con ánimo de mejorar las condiciones de competencia entre la diversidad de partidos que existían en la época. 
En 1940 se instituyó un órgano legislativo bicameral donde se encontraban representadas todas las fuerzas políticas, el mecanismo electivo era el voto directo y la representación proporcional. Sin embargo, la consolidación de este proceso democrático fue interrumpida por el golpe de Estado de 1952, comandado por Fulgencio Batista. 
En principio, la Revolución Cubana que siguió a este golpe no modificó el texto constitucional. La Constitución de 1940 mantuvo su vigencia casi dos décadas más y no fue sino hasta 1959 que se promulgó un nuevo texto constitucional que introdujo mecanismos de democracia directa como los plebiscitos y el voto en asambleas populares. Con estas nuevas reglas, Fidel Castro convocó a elecciones para refrendar también en las urnas su liderazgo. 
Después de este suceso, el modelo cubano detuvo el ciclo electoral. Durante 17 años no se realizaron elecciones populares. Mientras, se preparaba una nueva Constitución que vio la luz en 1976. 
Esta Constitución marcó el viraje final del modelo electoral cubano. Se estableció un sistema de voto popular por referéndum, la elección de órganos directivos por medio de un órgano popular denominado Asamblea Popular, mismos que se replicaron a nivel provincial y municipal. En 1992, se dio fin al sistema multipartidista (que de facto había terminado muchos años antes) para formalizar el del partido único.  
El proceso de selección de candidaturas —quienes participan todos a través del Partido Comunista— es el siguiente: las centrales gremiales —de trabajadores, estudiantes, agrícolas— integran la Comisión de Candidaturas y conforman un primer listado de candidaturas. Esta Constitución también modificó el modelo presidencial dándole un cariz semi parlamentario al régimen de la isla al eliminar la figura de presidente de la República y haciendo del jefe de la Asamblea, el jefe de Estado.
La Constitución más reciente es la de 2019, en esta se afinaron algunos aspectos y también se reconoció una particularidad: el abandono de la distinción clásica de división de poderes y la sustitución de esta por diferenciación de funciones, esto quiere decir que más que un asunto de pesos y contrapesos se trata de una sola voz con distintos intérpretes. 
También se creó un órgano electoral permanente cuya función es la organización del refrendos, iniciativas constitucionales y plebiscitos que rinde cuentas a la Asamblea Nacional y, dándole un toque parlamentario, se retomó la figura del presidente de la República, pero también se adoptó la de primer ministro, con diferenciación de funciones y electo por la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
La elección de las candidaturas ahora se realiza mediante voto popular. Para las diputaciones, los gremios siguen proponiendo a los aspirantes y la ciudadanía, en circunscripciones, puede decir si quiere o no que dicha persona sea candidata. La Presidencia de la República se determina a partir de la selección de un candidato de entre los diputados de la Asamblea Nacional. Al tratarse de una contienda de un solo partido, no existen las campañas electorales ni la propaganda electoral. 
Con este modelo se han celebrado cinco procesos electorales: la elección del actual presidente Díaz Canel, el referéndum al Código de familias, la Constitución de 2019, las elecciones municipales y las últimas elecciones nacionales. 
El estudio del sistema electoral cubano deja lecciones interesantes para México (y solo a este país me referiré a continuación) y que resuenan en nuestro contexto político actual. En primer lugar, llama la atención que Cuba se identifica como una República socialista y democrática, lo último en función precisamente de la celebración de elecciones y procesos de democracia directa de forma periódica y a través de mecanismos previamente establecidos.
En Cuba, el sistema electoral ha garantizado que la Asamblea Nacional esté integrada por el 55% de mujeres y personas de todas las minorías raciales, culturales y sociales y más del 75% de la judicatura la ocupen mujeres. Ante esto cabe preguntarnos, a modo de provocación: ¿cuáles son los elementos mínimos indispensables que debe tener una democracia? El debate no está demasiado alejado de la realidad que vivimos hoy en México, donde el término “democracia” se encuentra en disputa.
Desde hace al menos una década se ha impulsado y materializado la inclusión de mecanismos de democracia directa en nuestro sistema electoral. Solo en los últimos dos años, además de elecciones de representantes y otros cargos de elección popular, hemos tenido un proceso de revocación de mandato y una consulta popular. Al tiempo que se han celebrado de forma cotidiana estos ejercicios, también hemos presenciado ataques a la independencia de los poderes, especialmente al Poder Judicial y a los órganos electorales autónomos e independientes. ¿Tenemos entonces más o menos democracia?
Dentro de las reglas democráticas está la existencia de opciones políticas reales y distintas que sean reflejo de la diversidad étnica, racial, cultural e ideológica de la nación y que todas estas alternativas tengan posibilidades reales de llegar al poder y ejercerlo. 
En México hemos apostado a que este sea el pilar del sistema de partidos, donde se ha permitido la participación de un espectro ideológico amplio, cuyo límite está en el respeto a los derechos humanos. En el panorama actual y haciendo un ejercicio de análisis comparado, vale la pena reflexionar con seriedad si la búsqueda de hegemonía en la arena política u otros cambios al sistema electoral actual, tendientes a desincentivar la participación de minorías tradicionalmente excluidas, son benéficas para la representación política en un país como el nuestro. 
La democracia mexicana para ser tal debe ser inclusiva, debe permitir el acceso al poder de los excluidos, a los históricamente marginados, a los socialmente desamparados. Los derechos humanos y la democracia deben ser un binomio indisoluble, un solo concepto que evidencie que ningún país es realmente democrático si excluye del ejercicio del poder a amplios sectores de su población. Garantizar que eso no ocurra es una responsabilidad conjunta de autoridades y ciudadanía.

Cuba: Otra mirada a la democracia

Por: Reyes Rodríguez Mondragón (<a href="https://twitter.com/TEPJF_informa" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_informa</a> <a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>)
En este texto se presenta un resumen de las contribuciones que han realizado las Salas Regionales y la Sala Especializada del Tribunal Electoral a la integridad de las elecciones, y con ello a la calidad de la democracia en el país.
La transición democrática dio respuesta a la demanda ciudadana de incluir a las diversas expresiones políticas dentro de los cauces institucionales. Permitió transitar de un sistema político cerrado a uno abierto y plural. Con ese fin, en México se establecieron instituciones electorales autónomas, independientes y apegadas a estándares democráticos internacionales.
En este proceso, el Poder Judicial ha sido un actor clave con la creación de un tribunal especializado, el Tribunal Electoral (TEPJF), para garantizar el Estado de derecho y la resolución pacífica de los conflictos político-electorales.
En las democracias, los conflictos encuentran en las elecciones legítimas el medio pacificador y sus resultados son reconocidos por la sociedad. Este ha sido el papel del Tribunal Electoral que, con sus decisiones, ha procurado establecer un piso parejo en la competencia electoral y ha asegurado los derechos de la ciudadanía.
Como un compromiso democrático, el Tribunal Electoral –compuesto por seis Salas Regionales y una Sala Superior– rinde periódicamente cuentas ante la Comisión de Administración y ante la sociedad. El turno de la Sala Superior fue en octubre pasado; el resto de las Salas lo hicieron por escrito a fines de 2022 y presencialmente entre enero y febrero de este año.
<h2>Compromiso institucional de las Salas Regionales y la Sala Especializada</h2>
La presentación de los informes de labores pone al escrutinio público la labor del conjunto de Salas que conforman el Tribunal Electoral. En estos ejercicios de rendición de cuentas, ha sido clave la responsabilidad con la que se ejercen los recursos de la sociedad mexicana y se afianzan los valores democráticos.
En esta labor, tanto las cinco Salas Regionales como la Sala Especializada tienen un papel clave, ya que son el primer punto de encuentro de la ciudadanía con nuestra institución. El alto estándar de impartición de justicia de las Salas se refleja en el hecho de que –en promedio– el 87 % de los asuntos resueltos fueron definitivos en estas instancias. Además, se han adoptado diversas tecnologías de la información y comunicación como un medio adecuado para optimizar los procedimientos, hacer notificaciones de forma electrónica, e impulsar los juicios en línea.
En las distintas resoluciones, las Salas Regionales reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho, la democracia y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, al juzgar con una perspectiva de integridad electoral y con una visión intercultural. Estas resoluciones han servido para fortalecer el diálogo entre las magistraturas, logrando consensos y ofreciendo a los justiciables predictibilidad y certeza.
Se puede decir que, en estos espacios institucionales, la ciudadanía encuentra respuestas satisfactorias cuando el ejercicio de sus derechos político-electorales se ve afectado.
En conjunto, las Salas Regionales y la Sala Especializada han impulsado acciones en sus respectivas circunscripciones, logrando:
<ul>
<li>Atender 10,283 medios de impugnación <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> con imparcialidad, independencia e integridad;</li>
<li>Garantizar el acceso a la justicia electoral de los grupos que presentan algún grado de vulnerabilidad;</li>
<li>Capacitar en forma constante al personal que en ellas labora;</li>
<li>Potenciar la incorporación de las tecnologías; y</li>
<li>Difundir en forma accesible las sentencias y los criterios emitidos.</li>
</ul>
En los casos abordados por las distintas Salas Regionales del Tribunal Electoral se ha dado cuenta de que la justicia electoral no solo castiga las malas prácticas, sino que desincentiva cualquier práctica fraudulenta, así como su repetición. También se han pronunciado sobre la violencia política en razón de género; por la garantía de un trato equitativo para quienes son aspirantes a candidaturas independientes; y por el resguardo de los derechos de representación de los pueblos y las comunidades indígenas, entre otras resoluciones.
<h2>Juzgar con perspectiva de integridad electoral</h2>
En estos informes de rendición de cuentas institucionales destacan, en particular, los casos en los que las diversas Salas han juzgado con perspectiva de integridad electoral. Bajo esta postura, ha sido posible resolver desde la comprensión integral de los valores democráticos que rigen a todo el proceso electoral.
Al juzgar con perspectiva de integridad, el Tribunal Electoral dota de legitimidad a los resultados electorales e indirectamente legitima, también, a los gobiernos y representantes emanados de las urnas. Con ello, se procura garantizar los más altos estándares que deben cumplir las elecciones democráticas y los mecanismos de participación ciudadana.
<h2>Reflexiones finales</h2>
Con la presentación y publicación de los informes de labores, las Salas Regionales y la Sala Especializada dieron cuenta del estado que guarda la justicia electoral y del trabajo de fortalecimiento institucional que se requiere de un Tribunal profesional, íntegro y eficiente.
Como lo señala John Keane, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> la democracia necesita ser protegida y fortalecida constantemente, por lo que la responsabilidad con la democracia requiere de estrechar la colaboración en una agenda compartida, para garantizar procesos electorales efectuados con apego a los más altos estándares democráticos.
Las decisiones razonadas y apegadas al marco constitucional reflejan la independencia de los jueces, y detienen las posibles presiones provenientes de los actores involucrados o de los poderes fácticos. Así, el Tribunal Electoral ha establecido que existen límites constitucionales y éticos que no deben rebasarse.
* Reyes Rodríguez Mondragón es Magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (<a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>).
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Información con base en los informes de cada Sala Regional:
Sala Especializada – 672
Sala Guadalajara – 529
Sala Monterrey – 361
Sala Xalapa – 7,568
Sala Ciudad de México – 753
Sala Toluca – 400
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Keane, John, (2018). Vida y muerte de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica.

Ejercicios democráticos de rendición de cuentas a nivel institucional

En Pensar sin asideros, Ensayos de comprensión 1953-1975, Hannah Arendt habla de su trabajo como pensadora política, lo que entre otras cosas implica “pensar sin el apoyo que proporciona el terreno firme”. Es decir, como ella misma lo explica, tratar de bajar o subir por las escaleras sin agarrarse de los barandales. Arendt no buscaba el reconocimiento o la fama como filósofa política, rechazaba incluso que la llamaran de esa forma, sino lo que ella buscaba era comprender. Pero no se puede realmente comprender lo que ocurre en este mundo cuando se está atado a algún dogma, prejuicio o ideología. No se puede por ello pensar libremente cuando no se duda incluso de las propias creencias y transitar a terrenos inciertos.
Pienso en esto cuando pienso en la importancia del debate público, el debate democrático y en el papel de las autoridades electorales. Considero que las consejerías del INE deben ejercer su cargo de manera similar a la de un libre pensador, sin asideros. Y esto es fundamental no solo para la materia electoral sino también para toda forma de arbitraje. Pensemos en un partido de fútbol. ¿Cómo podría hacer un buen trabajo la persona árbitra que tenga inclinaciones por el equipo amarillo o por el equipo azul? Las consejerías electorales por ello no pueden tener vínculos partidistas. Pero no solo no pueden ignorar un fuera de lugar del equipo que despierta su pasión, sino que tampoco deben sacar tarjeta roja al equipo que detestan. Todas las personas tenemos derecho a “irle” a un equipo de futbol, pero si queremos ser árbitros electorales necesitamos hacer ciertos sacrificios y caminar sin ese tipo de asideros que pudieran nublar nuestro deber de actuar imparcialmente.
Por ello también estimo que las personas que busquen una consejería del INE deberían tener sobre todo razones públicas antes que motivaciones privadas para aspirar al cargo. Si bien siempre pueden existir motivaciones legítimas de carácter personal como crecimiento profesional y la satisfacción de recibir una remuneración por hacer lo que a uno le gusta, lo cierto es que un cargo público de tanta responsabilidad, y en un país como el nuestro con tanta desigualdad y problemas sociales, exige que las personas que aspiren a integrar el Consejo General puedan ser capaces de anteponer el interés público, el interés institucional y el interés de la democracia a cualquier individualidad o ego personal.
Carl Schmitt aseguraba que la política se configuraba a partir del eje amigo-enemigo. Sin embargo, esta visión aún imperante en el siglo XXI es sumamente peligrosa ante la pluralidad y diversidad de ideas que compone a nuestras sociedades. Un árbitro electoral no puede caer en esta guerra maniquea de lo blanco y lo negro. El árbitro electoral necesita justamente situarse fuera de cualquier polo para estar en condiciones de escuchar todas las posturas y tomar la decisión más justa, acorde al marco constitucional y los derechos humanos.
A veces los árbitros son las personas menos queridas, pero no se trata de ser queridos por la afición, la ciudadanía, la academia o los medios, sino justo poder andar sin asideros en beneficio de la democracia y de sus valores republicanos.
* Alejandra Tello Mendoza (<a href="https://twitter.com/ale_tello_m" target="_blank" rel="noopener">@ale_tello_m</a>) es Politóloga y profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral (<a href="https://twitter.com/TEPJF_EJE" target="_blank" rel="noopener">@TEPJF_EJE</a>).

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