Pese a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció este martes el fin de la suspensión a la empresa Psicofarma, el colectivo Medicamentos para Mentes Libres MX advirtió que los psiquiátricos liberados han sido insuficientes, que no están llegando a todas las entidades del país y que el abasto de productos como adepsique, metadona y leptopsique sigue siendo nulo.
En otros estados, algunas medicinas como la risperidona han elevado su precio entre ocho y diez veces, denunciaron los activistas.
Consultada directamente sobre el asunto, Cofepris aseguró que los sellos en las instalaciones de Psicofarma se retiraron el martes. Sin embargo, ni esta dependencia ni la Secretaría de Salud han informado cuál ha sido el impacto para el sector público de la suspensión por casi cinco meses a la empresa, de la que más de 20 dependencias dependen para el abasto de medicamentos psiquiátricos.
“Tenemos conocimiento dentro del colectivo de que en el sector público se está orillando a los pacientes a hacer cambio de medicación, sin tomar en cuenta su opinión cuando ellos han expresado ya que dicho cambio les ha generado consecuencias en su bienestar y salud general”, señaló el colectivo. Es el caso que denunció María Luisa Magdaleno, de Jalisco, afuera de las instalaciones de Cofepris el viernes pasado, cuando las autoridades de salud —una vez más— se negaron a recibir a los manifestantes.
En ese estado, hace ocho meses los pacientes se dieron cuenta de que empezaba a escasear la clozapina. El hermano de María Luisa necesita 400 gramos al día de ese medicamento. Mientras en las farmacias ya había muy poco, en el sector público llevaban tres años negándoselo. Hace un mes, tras su cita en el IMSS, le administraron finalmente otra marca, que fue rechazada por su organismo. “Ya no se puede hablar de desabasto como tal, pero sí de insuficiencia”, reclamó.
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De acuerdo con los datos disponibles en Compranet, tan solo en 2022 Psicofarma suscribió 55 contratos con 24 dependencias federales por 624 millones 591 mil 901 pesos para el abasto de medicamentos como captopril, levodopa y carbidopa, carbonato de litio, oxicodona y clorhidrato de metadona, entre otros. Los contratos de mayores montos correspondieron al IMSS y al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Otras dependencias que han suscrito contratos con Psicofarma para la adquisición de medicamentos psiquiátricos, por diversos montos, son el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, el Hospital Juárez de México, el Hospital Infantil Federico Gómez, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el ISSSTE, la Secretaría de Marina y los Centros de Integración Juvenil.
Luego de que el 22 de febrero de este año Cofepris hiciera pública una carta de hallazgos de riesgo sanitario, que detallaba el resultado de dos visitas a las plantas de fabricación de Psicofarma, la empresa aseguró que atendería las observaciones, defendiendo que hasta entonces llevaba 50 años de dedicarse exclusivamente a los psicofármacos. Aseguró, además, que operaba con base en las mejores prácticas y con apego a las normas sanitarias nacionales e internacionales.
El 19 de abril, la empresa informó que había entregado la documentación necesaria a Cofepris, con la que mantenía comunicación para atender sus requerimientos. Más tarde, el 5 de mayo aseguró que había tenido dos reuniones técnicas con diversos equipos de la dependencia. Diez días después confirmó la autorización para comercializar solo algunos medicamentos, que se distribuirían en las principales farmacias, hospitales y distribuidores en cuanto concluyera el muestreo solicitado por Cofepris.
A partir del 22 de mayo, la disponibilidad de clonazepam, carbonato de litio y metilfenidato empezó solo en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Otros se han agregado después y paulatinamente, como el alprazolam, amitriptilina, clozapina, imipramina y lorazepam. En tanto, las manifestaciones del colectivo Medicamentos para Mentes Libres MX, conformado este año a partir del desabasto y que continúa denunciando insuficiencia de medicamentos y desabasto en ciertas entidades, no se han detenido y, en su mayor parte, han sido ignoradas por las autoridades.
“No se ha resuelto del todo el tema de desabasto de medicamentos psiquiátricos, ya que esta autoridad Cofepris ha sido omisa cuando le preguntamos vía telefónica o a través de correos electrónicos cuándo se retirarán los sellos de la empresa Psicofarma, ya que tememos que haya una segunda ola de desabasto, debido a que la empresa nos comentó que persisten sellos que impiden la fabricación de medicamentos como el adepsique y el leptopsique, que en las liberaciones previas no se pudieron comercializar. Los lotes que liberó Cofepris, y que ya se comercializaron, se están agotando”, señaló Elías Téllez, de Medicamentos para Mentes Libres MX, el viernes 28 de julio afuera de Cofepris.
Agregó que el colectivo no está en contra de que las autoridades actúen en caso de riesgo sanitario; sin embargo, los denunciantes —recordó— han pasado cuatro meses tocando la puerta de muchas instancias, incluidas Psicofarma, la Secretaría de Salud, Cofepris, Presidencia y el Congreso. Casi nunca recibieron respuestas, acusó, pues parecía ya una mala costumbre para las autoridades de salud dejar plantados a los manifestantes.
“Esta lucha es únicamente porque estamos muy necesitados de nuestros medicamentos”, añadió. Ese día, la protesta había llegado hasta las puertas de Cofepris porque representantes del colectivo en Jalisco, Guanajuato y Estado de México habían recibido una respuesta positiva para una reunión con autoridades de salud para ese viernes a las 11:00 horas. Sin embargo, una noche antes, ya con los boletos y gastos para viajar a la Ciudad de México, recibieron una cancelación de última hora. “Nos quedamos en las mismas”, lamentó Magdaleno.
La organización Cero Desabasto, que ha acompañado todas las protestas del colectivo, recordó que el desabasto de medicamentos es una problemática generalizada que afecta a personas que padecen todo tipo de enfermedades en todo el país, sin importar si tienen derechohabiencia o no. Este persiste y se ha documentado en los últimos años tanto en el sector público como en el privado, y no solo implica afectaciones al derecho a la salud de las personas, sino que también tiene impacto en la economía y las dinámicas propias de las familias, así como todas las esferas que conforman su vida.
Ocho días antes, integrantes de Medicamentos para Mentes Libres MX habían irrumpido en una conferencia de prensa encabezada por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la que desplegaron una manta y expresaron las mismas preocupaciones. Ahí, autoridades de salud les pidieron no prolongarse más de dos minutos, mientras que el funcionario les respondió que opacaban las demandas de otros asistentes que eran igual de legítimas que las suyas.
El colectivo calcula que, mientras unos 42 mil pacientes han sido afectados en estos cuatro meses, la Secretaría de Salud nunca incentivó que mediante un convenio otros laboratorios pudieran vender medicamentos o importarlos. Recordó que en ese periodo han tenido que buscar en donde haya, y ejemplificó con el caso de una persona del colectivo que viajó de la CDMX a Yucatán en autobús solo para conseguir dos cajas de clozapina. “El desabasto de medicamentos psiquiátricos es cruel e inhumano; necesitamos que nos vuelvan a dar estos productos que mejoraban nuestra calidad de vida”, insistió el viernes pasado.
En el comunicado difundido por la agrupación tras el anuncio de Cofepris este martes, además de exigir que se informe oficialmente el retiro de los sellos, sus integrantes aprovecharon para pedir a López-Gatell que reagende la cita que formalmente se había confirmado para el viernes 28 de julio, y que fue cancelada horas antes sin justificación. “No existe ley, procedimiento, término o reglamento que sea más importante que la salud mental de cada uno de nosotros, los afectados”, subrayaron los activistas.
Profesores y maestros han estado protestando durante semanas en todo el país exigiendo mayores derechos en las aulas.
Tras varias semanas de protestas realizadas por profesores en Corea del Sur, el gobierno aprobó una nueva ley para proteger más a los docentes de los padres que se quejan y los acosan.
Durante nueve semanas, profesores y maestros han estado protestando para exigir mayores derechos del ejercicios de sus funciones dentro de las aulas.
Afirman haber sido frecuentemente acosados por los padres de los alumnos que algunas veces los acusan maliciosamente de abuso infantil, para que los destituyan de sus cargos.
La ola de protestas se desató tras el suicidio de una joven maestra que había sido bombardeada por las quejas de los padres en Corea del Sur.
La maestra, que llevaba poco más de un año enseñando escribió que se había sentido tan abrumada por la locura de su trabajo que “quería dejarse ir”.
La situación de los profesores se ha vuelto imposible desde su punto de vista. Varios afirman que han sido denunciados por sujetar y restringir a un niño violento, o por simplemente llamarle la atención a un alumno.
Los profesores acusaron a los padres de aprovecharse de la ley de Bienestar Infantil, aprobada en 2014, que establece el despido automático de los profesores acusados de abuso infantil.
Según la nueva legislación, conocida como el proyecto de ley para el Restablecimiento de los Derechos de Profesores, los docentes no serán destituidos tan pronto se reporte el abuso infantil; se necesitará realizar más investigaciones y tomar más evidencia.
También habrá apoyo financiero disponible para la defensa legal de los profesores demandados y se impondrá mayor responsabilidad a los directores y rectores de las escuelas para que protejan a su plantel.
Las protestas de los profesores estallaron después del suicidio en julio de una maestra de primaria de 23 años que estaba abrumada por las quejas de los padres.
La joven maestra cumplía su sueño de infancia de ejercer la misma profesión de su madre y adoraba a los niños, contó uno de sus primos que descubrió el diario que había dejado atrás.
En éste describía las presiones de su trabajo, de un alumno que había herido en la cabeza a otro con un lápiz y cómo ella se había enzarzado en acaloradas llamadas telefónicas y mensajes con los padres.
Los profesores afirmaron que la cultura de denuncias maliciosas los habían dejado incapaces de enseñar o mantener la disciplina de los alumnos.
La Federación de Sindicatos de Maestros de Corea del Sur recibió con beneplácito la nueva legislación, declarando que tanto “expandiría el derecho a enseñar como proteger el derecho de los estudiantes para aprender”.
El sindicato expresó su “más profundo agradecimiento” a los profesores que se lanzaron a las calles durante nueve semanas seguidas, exigiendo mejores condiciones, y dijo que el resultado de hoy se debía a la fortaleza de ellos.
En las semanas recientes, el gobierno y las autoridades locales ya habían implementado una serie de medidas para proteger a los profesores y facilitarles el ejercicio de su trabajo, pero ninguna de estas era legalmente vinculante.
Las nuevas directivas del gobierno, formuladas a principios de este mes, estipulan que los profesores tienen el derecho a retirar de las aulas a los estudiantes indisciplinados y sujetarlos si es necesario.
Además de eso, la Oficina de Educación de Seúl anunció planes esta semana de grabar todas las llamadas de los padres hechas a los profesores y de instalar un chatbot (un simulador digital de conversación) para que actúe como primera línea de defensa contra las quejas de los padres.
Sin embargo, algunos maestros arguyen que las nuevas leyes no van suficientemente lejos.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores, Kim Yong-seo, llamó la nueva legislación “un gran paso hacia la protección de los profesores y estudiantes”, pero señaló que había áreas que todavía necesitaban mejorarse.
Hizo un llamado a los políticos para que enmienden el Acta de Bienestar Infantil, sosteniendo que no debería ser posible que una simple acción disciplinaria de los alumnos sea catalogada como abuso infantil.
Unos profesores también quieren que se penalicen a los los padres que hagan acusaciones falsas de abuso infantil.
Kim Jin-seo, una profesora de 28 años que habló con la BBC durante una de las protestas, dijo que la nueva ley no impediría las denuncias infundadas de abuso infantil, porque sin el temor de repercusiones, los padres continuarían acusando maliciosamente a los profesores que no les cayeran bien.
Se estima que la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur es en parte responsable de la cultura de hostigamiento por parte de los padres.
Los resultados académicos son considerados el mejor indicador del éxito, lo que significa que los estudiantes compiten ferozmente para obtener las mejores calificaciones desde una edad muy temprana para garantizar la entrada a las principales universidades.
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