El Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) no funciona adecuadamente, pese a la orden judicial contra la Fiscalía General de la República (FGR) y al anuncio del 29 de mayo de 2023 sobre su entrada en vigor.
Hace 3 meses, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la FGR anunció la puesta en marcha del banco para el 29 de mayo, luego de que un juez le ordenara hacerlo como resolución definitiva al proceso de impugnación que la institución sostuvo durante más de un año.
En un comunicado, la Fiscalía informó que el Banco Nacional de Datos Forenses se integraría “gradualmente” con diversas bases, registros y sistemas, sin embargo, pese a que han pasado 3 meses, esta herramienta fundamental para atender la crisis de personas desaparecidas en el país, no funciona como debería.
En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Data Cívica e integrantes de colectivos de búsqueda señalaron las carencias de la FGR que impiden el funcionamiento del BNDF.
César Contreras del Centro Prodh explicó que luego de que en abril de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la responsabilidad de la FGR para crear y operar el Banco Nacional de Datos Forenses, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero se ha resistido a hacer funcionar la herramienta.
Tras esta sentencia, que daba 40 días a la FGR para crear el Banco, la vigilancia de que se cumpla quedó a cargo del Décimo Primer Distrito en materia Administrativa de la CDMX, juzgado ante el cual han presentado pruebas de su inoperancia.
“La resistencia de la Fiscalía General de la República de presentar la información y el avance del banco ante el juzgado, la opacidad es indignante y presentan una página de internet diciendo que ese era el banco”, dijo Contreras.
El abogado del Centro Prodh dijo que la FGR ha mantenido un doble discurso al asegurar en el juzgado que ya había concluido la construcción del Banco Nacional de Datos Forenses y que ya estaba en funcionamiento.
Pero que frente al Comité de la ONU contra las desapariciones ha dicho que el Banco quedaría concluido hasta 2025 o 2026.
“Esto es muy preocupante porque la obligación era que el banco estuviera concluido desde 2019, y si esto ocurre significan 6 años para la creación de la herramienta respecto a la obligación legal, y 20 años desde que comenzó la crisis de desaparición en el país. Las familias no pueden esperar”.
Actualmente, el Banco Nacional de Datos Forenses, en su sistema no tiene integradas las bases de datos de genética, de huellas dactilares; tampoco tiene los registro de fosas clandestinas ni comunes y le falta interconectarse con el Registro Nacional de Personas Desaparecidos y No Localizada (RNPDNL).
“Es decir, falta todo el esfuerzo necesario para la construcción del banco, no se puede decir que ya se cuenta con la herramienta, no se cuenta con el banco, es una deuda del Estado mexicano con las familias”.
Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio desaparecido en Guanajuato el 18 de marzo de 2017, fue quien promovió el amparo 1070/2021 para exigir la creación y funcionamiento del BNDF.
En la conferencia, Montoya dijo que a 3 meses, el banco sigue sin ser la herramienta por la que las familias han luchado porque no funciona; y destacó que no tienen tiempo para esperar que la FGR la ponga en marcha porque las madres de desaparecidos se van enfermando o hay quienes por su labor de búsqueda, han sido asesinados.
“Mi hermano fue buscado sin ser buscado, su perfil genético correcto fue tomado en 2022, antes ¿entonces a quién buscaron? Hoy tras un cotejo con características erróneas, no están buscando a mi hermano, esta es la situación de miles de familias”.
El artículo 119 de la Ley General en materia de desaparición de personas establece que el Banco Nacional de Datos Forenses es una herramienta a cargo de la FGR para concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como para la investigación de los delitos.
Pese a que fue promulgada en 2017 y el plazo para crearlo se extendía hasta un año después de su entrada en vigor, es decir, a principios de 2019, la FGR reconoció su responsabilidad hasta 2023.
Este banco es considerado una pieza clave para la atención de la crisis de personas desaparecidas y de identificación forense en México, donde se calcula que más de 52 mil restos humanos permanecen como no identificados.
Este BNDF debe reunir registros como el de fosas comunes y clandestinas, el Registro Forense Federal, la base nacional de información genética, el Registro Nacional de Detenciones, el registro nacional del delito de tortura, registros de antecedentes criminales.
También el Sistema Nacional de Información Nominal, el Sistema Automático de Identificación de Locutores, el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, la Alerta Amber, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y otras que ayuden a la identificación de desaparecidos en el país.
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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