Con seis asesinatos desde 2020, Guanajuato es la entidad más violenta para personas buscadoras; grupos de madres exigen protección
Madres buscadoras saldrán a marchar este miércoles no solo por sus desaparecidos y por su lucha por encontrarlos, sino también para reclamar por el contexto de violencia que las rodea. Hace apenas ocho días ocurrió el asesinato de la madre Teresa Magueyal en Celaya, Guanajuato, un crimen por el que colectivos del estado —integrados principalmente por mujeres— exigen justicia y seguridad para quienes salen a buscar a los suyos.
Con el caso de Teresa, son por lo menos seis los asesinatos de personas buscadoras ocurridos en Guanajuato desde 2020, según lo ha documentado la Plataforma por la Paz y la Justicia, junto con organismos internacionales y organizaciones civiles. El dato hace de Guanajuato la entidad más peligrosa del país para ejercer el derecho a buscar y ser buscados.
Antes de Teresa, quien pertenecía al colectivo Una Promesa por Cumplir y fue asesinada el 2 de mayo a sus 65 años de edad, otras víctimas fueron Rosario Zavala Aguilar, en 2020; Francisco Javier Barajas y un buscador de Pénjamo, en 2021, y Ulises Cardona Aguilar y María Carmela Vázquez, en 2022.
Por ello, señalan los colectivos, las familias y madres buscadoras de Guanajuato son una reserva moral y política contra la indolencia de las autoridades, así como un empuje para que actúen.
Este 10 de mayo, madres de personas migrantes desaparecidas de México y Centroamérica encabezarán la XII Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus hijos e hijas, que partirá del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia a las 10:00 de la mañana.
De acuerdo con el boletín de mayo sobre desapariciones en Guanajuato, dado a conocer por la Plataforma por la Paz y la Justicia, hasta el 15 de abril de 2023, en la entidad la cifra de personas desaparecidas ascendía a 3 mil 666. De ellas, 181 fueron registradas antes del 1 de enero de 2012, mientras que 3 mil 485 corresponden al periodo posterior.
Con ello, el número de personas desaparecidas en Guanajuato, sin contar la cifra negra de casos que no son denunciados, ha crecido seis veces entre abril de 2018 y el mismo mes de 2023. Irapuato, Celaya, León, Salamanca y Pénjamo han sido en los últimos cinco años las ciudades con más personas desaparecidas en términos absolutos. En tanto, hasta septiembre de 2022, Villagrán ha tenido la tasa más alta de desapariciones, seguida por Apaseo el Alto, Cuerámaro, Abasolo y Pénjamo.
“Particularmente grave, pero ausente de la agenda política y mediática, la situación de Pénjamo: tanto en números absolutos como sobre la población, está entre los primeros cinco municipios con más desapariciones”, destaca la plataforma. Todo ello habla de un contexto de violencias extremas, impunidad y tolerancia por parte del Estado, que no ha mostrado presencia material y simbólica más allá de operativos militares y de tipo reactivo, denuncian activistas.
Los asesinatos de madres buscadoras pudieron prevenirse pero el Estado no lo hizo, señalan los colectivos. De la misma forma, subrayan el patrón de fosas y otros tipos de sitio de ocultamiento que evidencian violaciones sistemáticas, desapariciones seriales y recurrentes, así como ocultamientos con rasgos comunes en las subregiones y los municipios del estado.
El colectivo al que pertenecía Teresa Magueyal tiene sede en Celaya. Ella buscaba a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido el 6 de abril de 2020 en la misma comunidad donde Teresa vivió y fue asesinada: San Miguel Octopan, también en Celaya. Tras realizar algunas compras, fue perseguida por una motocicleta y recibió disparos en plena vía pública, donde circulaba en bicicleta de regreso a casa.
Un reclamo cada vez más presente
Apenas hace seis meses, en noviembre de 2022, Animal Político publicó que, ante el incremento de casos de familiares asesinados en la búsqueda de personas desaparecidas —el más reciente para entonces ocurrido también en Guanajuato, de María Carmela Vázquez, en Abasolo, el 6 de noviembre—, organizaciones ya señalaban la deficiencia en la investigación de estos, así como la carencia en gobiernos estatales y locales de mecanismos de protección.
Desde aquel momento, Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, advertía que en más de una ocasión el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas había negado medidas en la entidad. “Pedimos incorporación al mecanismo y nos dicen que el riesgo es por ser víctimas y no por ser personas defensoras de derechos humanos”, señaló.
En el último informe de su visita a México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) documentó que, desde diciembre de 2010 hasta abril de 2022, al menos 13 personas buscadoras habían sido asesinadas presuntamente en represalía a sus labores de búsqueda, seis de ellas a partir de 2018. Incluso, durante la elaboración del documento, ocurrió el homicidio de Ana Luisa Garduño Juárez en enero de 2022.
En ese mismo año, al asesinato de Ana Luisa se sumaron otros cuatro: el de Brenda Jazmín, del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, en Sonora —las autoridades no han aclarado si su asesinato estuvo vinculado con sus acciones de búsqueda—; el de Rosario Lilián Rodríguez Barraza, de Sinaloa, en agosto; el de Esmeralda Gallardo, del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, en octubre, y el de María Carmela Vázquez, en noviembre, en Guanajuato.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el cierre de esta publicación 112 mil 201 personas permanecen desaparecidas en México, el 58% hombres y el 41% mujeres. Jalisco, Estado de México y Tamaulipas son las entidades con mayor registro de personas desaparecidas y no localizadas, en ese orden.
“Nos hemos pronunciado reiteradamente en 2022 y ahora 2023 en contra de estos deleznables crímenes haciendo hincapié que la búsqueda de personas desaparecidas no debe nunca significar una sentencia de muerte para sus familias, pero sigue manifestándose una omisión reiterada por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno que los posibilita; desde luego, hay un manifiesto poder criminal que deja entrever que es posible seguir asesinando a las víctimas en este país sin que pase nada al respecto”, reclamó el Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la UAM, ante el reciente asesinato de Teresa Magueyal.
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Mamadou Safayou Barry, un guineano de 25 años, emprendió un viaje en bicicleta de más de 4.000 kilómetros para estudiar en la universidad de sus sueños.
La Universidad de sus sueños estaba a más de 4 mil kilómetros de su hogar y aún así Mamadou Safayou Barry decidió montarse en su bicicleta y atravesar 6 países para llegar hasta ella.
En mayo, partió de Guinea hacia el prestigioso centro Al-Azhar, situado en Egipto con la esperanza de ser aceptado.
En el camino de esta aventura, el joven de 25 años y padre de un niño, soportó un calor abrasador durante 4 meses y hasta fue detenido en uno de los países repletos de militantes islamistas o golpes de estado.
Pero valió la pena.
Cuando finalmente llegó a El Cairo recibió una beca por parte de la institución.
Estoy “muy, muy” feliz, le dijo a la BBC.
Agregó que pese a no poder pagar el curso de Estudios Islámicos en Al-Azhar, ni los vuelos a Egipto, la reputación de la universidad lo impulsó a arriesgarse en un viaje a través de Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Níger y Chad.
Al-Azhar es uno de los centros de aprendizaje islámico sunita más influyentes del mundo.
También es uno de los más antiguos. Fue fundado en el año 670 d.C.
Barry salió de su casa “en busca de conocimientos islámicos”, pero en Malí, Burkina Faso o Níger, los ataques de militantes islamistas contra civiles son frecuentes y los recientes golpes de estado han provocado inestabilidad política.
“Viajar por estos países es muy difícil porque no tienen seguridad en este momento”, dijo.
“Tienen muchos problemas y la gente está muy asustada. En Mali y Burkina Faso la gente me miraba como si fuera una amenaza. Veía a los militares por todas partes portando armas grandes y coches“, dijo Barry.
Dijo que fue arrestado y detenido tres veces sin una buena razón: dos en Burkina Faso y una en Togo.
Un golpe de suerte
Sin embargo, la suerte de Barry cambió cuando llegó a Chad.
Un periodista lo entrevistó y publicó su historia en internet, lo que llevó a algunos buenos samaritanos a financiarle un vuelo a Egipto.
Esto le evitó andar en bicicleta por Sudán, dónde algunas áreas son actualmente zonas de guerra.
El 5 de septiembre llegó finalmente a El Cairo.
Su determinación le valió una reunión con la decana de estudios islámicos, Nahla Elseidy.
Después de hablar con él, Elseidy le ofreció una plaza en el curso de Estudios Islámicos de Al-Azhar, con una beca completa.
La decana dijo en las redes sociales que la universidad estaba dispuesta a ofrecer sus conocimientos a estudiantes de todo el mundo
Y que esta filosofía “no sólo cubre a los estudiantes internacionales en Egipto sino que también se extiende más allá. Al-Azhar recibe estudiantes de todos los países, los cuida y les ofrece ayudas”.
Barry dijo que estaba “muy, muy feliz” de haber recibido la beca.
“No puedo expresar lo feliz que estoy. Le di gracias a Dios“, dijo.
Barry añadió que los problemas que se encontró durante su expedición quedaron olvidadas hace mucho tiempo y borrados por la alegría de poder convertirse en un becario de Al-Azhar.
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