“La lucha sigue”: así luce la Normal de Ayotzinapa, nueve años después de la desaparición de los 43
En la víspera de cumplirse nueve años de los ataques y desaparición de 43 estudiantes, sus actuales compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, aún recriminan al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, que está lejos de esclarecer el crimen a pesar de que desde que inició su mandato fue uno de sus compromisos.
Tras la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, Ayotzinapa quedó marcada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Algunas cosas cambiaron físicamente en la Normal, por ejemplo, la barda perimetral que los aisló en cierto grado de su conexión con los campesinos de Tixtla.
Sin embargo, la escuela mantiene su espíritu de lucha reflejada en los murales de los edificios de las aulas y dormitorios, en los que se observa desde estudiantes víctimas que han sido asesinados por fuerzas policiacas en distintos momentos, hasta los retratos de las madres y padres de los 43, así como los símbolos de movimientos civiles armados guerrerenses.
En un recorrido por la Normal, guiado por dos alumnos de primer ingreso, fue posible constatar que permanece vigente el culto a Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, o estandartes internacionales de la Revolución, como El Ché Guevara.
De la institución, y por sus calles angostas, algunas empedradas, entran y salen jóvenes a bordo de motocicletas; otros lavan su ropa en pequeños lavaderos, y unos más se escuchan a lo lejos ensayar en la banda de guerra.
En la cancha de básquetbol, continúan los 43 pupitres con las fotografías de los jóvenes desaparecidos que fueron colocados desde aquel 2014. Frente a ellas, hay una mesa sobre la que descansan algunas fotografías de normalistas caídos junto a veladoras.
La solemnidad de la escena contrasta con su contexto, una escuela en la que se siguen impartiendo clases y debatiendo ideas en aulas comunes y corrientes.
Los estudiantes primerizos, comisionados para el recorrido, portan unas sandalias de cuero cruzadas, muy típicas de la región, y lucen el cabello corto. Uno de ellos es originario de Tixtla, del barrio de El Fortín, la cabecera municipal de este municipio, y confiesa que, a pesar de que es primo de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, él decidió estudiar en la misma escuela.
Los dos jóvenes presumen que por la temporada actualmente han sembrado maíz en la normal y flor de cempasúchil, que cosecharán en la celebración de Día de Muertos; también relatan que están cuidando de varios puercos, que se producen para la alimentación en la escuela.
En una de las aulas, un normalista de segundo grado -conocido como Jaguar– pinta junto con otros estudiantes las mantas para las distintas actividades de la jornada nacional por la presentación con vida de sus compañeros. Este año serán 30 mantas con diversos mensajes.
Jaguar en realidad se llama Carlos, tiene 21 años de edad, es originario de la comunidad de Zotoltitlán, del municipio de Mártir de Cuilapan. Cuenta que llegó a Ayotzinapa por su primo, quien también fue de la generación de los 43 estudiantes desaparecidos, y él lo motivó a estudiar para maestro rural, porque -además- le dijo que aquí encontraría apoyo para expresarse mediante la pintura, que es lo que realmente le apasiona. Confía que esa actividad le ayude, posteriormente, a sacar adelante a su familia.
Ayotzinapa en cuatro tiempos
Las actividades en la Normal Rural transcurren a marchas forzadas, porque se acerca un 26 de septiembre más, y con ello las jornadas de lucha para exigir la presentación con vida de sus 43 compañeros.
Antes del recorrido, uno de los normalistas del comité estudiantil que organiza las actividades para esta jornada, narra la historia y vida de Ayotzinapa, en cuatro episodios.
El primero es que los estudiantes saben que la escuela fue creada en marzo de 1926, ubicada en sus inicios en el Centro de la cabecera municipal de Tixtla, cuando aún no era una normal rural, pero sí un internado para formar maestros.
Ayotzinapa fue el resultado de la unión de una Central Regional con una Central Agrícola, esta última encargada de formar agrónomos; por ello, se fundó bajo los dos conceptos y se dedicó a educar a maestros rurales.
El primer nombre que tuvo la normal fue Conrado Abundio, y también fue conocida como Vicente Guerrero. Después, cambió a su actual ubicación en lo que es la hacienda de Ayotzinapa, a las afueras de la pequeña ciudad de Tixtla, que en lengua náhuatl significa “lugar de tortugas”.
Luego fue llamada Raúl Isidro Burgos, nombre del que los estudiantes consideran sigue siendo el mejor director que ha tenido la institución, recordado por ser un gran gestor y apoyar a los jóvenes.
Ayotzinapa también es conocida por el paso en sus aulas de Lucio Cabañas Barrientos, maestro rural que, tras la represión en un mitin de padres de familia, el 18 de mayo de 1967 por policías judiciales, que dejó cinco muertos en la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez, se internó en la sierra y fundó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que se inmortalizó en el país como un movimiento guerrillero.
Cabañas Barrientos ha dejado impregnado su recuerdo en cada estudiante de generaciones posteriores, y es reflejado en diferentes murales de la escuela, además se convirtió en un símbolo para los docentes en formación: “Aquí en la normal se nos enseña a que todo esto debe ser encaminado a beneficio del pueblo, donde nosotros vamos a trabajar más adelante”.
La educación en Ayotzinapa continúa, según los jóvenes, basándose en cinco ejes: académico, político, cultural, deportivo y los módulos de producción. Con ello, los futuros profesores son encaminados para trabajar en las comunidades rurales.
Diez normalistas de Ayotzinapa asesinados
Los estudiantes de la normal rural contabilizan 10 compañeros asesinados en diferentes momentos. El primer caso ocurrió el 12 de octubre de 1988, cuando Juan Manuel Huikan, originario de Campeche, fue asesinado en una de los accesos a la escuela conocida como “La Gloria”, unas escaleras que conectan con la carretera federal Tixtla-Chilpancingo.
El normalista que había llegado de la delegación Campeche de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) cayó herido por balas de policías estatales. Los normalistas actuales sostienen que la lucha de sus compañeros de ese entonces era en protesta porque el gobierno mexicano intentaba quitar el bachillerato pedagógico, “una manera de enseñar que les resultaba un poco peligrosa, porque se formaban personas como nosotros decimos críticas, analíticas y reflexivas”.
Otro hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2011, cuando fueron asesinados dos estudiantes más, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en la zona conocida como Parador del Marqués, en la capital de Guerrero.
Los normalistas bloqueaban la Autopista del Sol, debido a que ya era diciembre y el gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero no había aprobado su pliego petitorio, entre lo que contemplaban aumentar la matrícula y subsanar la falta de infraestructura de la normal. Ante la manifestación, fuerzas policiacas -con algunos elementos vestidos de civiles- les dispararon con armas de alto calibre para liberar la vía, lo que dejó a los dos estudiantes muertos sobre la carretera.
“Fue la primera vez que un gobierno se atrevió a tocar directamente Ayotzinapa. Es una manera muy impactante de verlo, pero tristemente así fue”, menciona el estudiante.
La toma de autobuses en 2014
El 18 de septiembre de 2014, comenta el estudiante, se acordó que a Ayotzinapa le tocaba organizar distintas labores para la marcha del 2 de octubre que se lleva a cabo cada año en la Ciudad de México, en conmemoración de la masacre en Tlatelolco de 1968.
Además de Ayotzinapa, participarían las normales rurales de Tenería, del Estado de México, y la de Amilcingo, del estado de Morelos, por lo que los estudiantes tenían que realizar una labor “tan peligrosa y tan exigente” como tomar 20 autobuses para ir a la marcha del 2 de octubre.
Las tomas de autobuses eran acciones comunes y el gobierno estatal o municipales no se atrevían a repeler a los normalistas. Los estudiantes no se preocupaban tanto, porque sabían que el gobierno no hacía mucho escándalo. Era más un convenio con los encargados de los autobuses: los tomaban prestados, al chofer y al autobús, le decían al chofer que bajara a las personas allá en las centrales y se los traían para la normal.
Para el 25 de septiembre, los normalistas apenas habían tomado ocho unidades. Presionados, ese día estaban dispuestos a tomar más vehículos.
La tarde del 25 iban a tomar autobuses de Chilpancingo, cuando se dio la orden de que tenían que dirigirse a Iguala, porque ya era mucho el hostigamiento en la capital del estado, narra el estudiante.
Según su relato, ya a las afueras de Iguala, un chofer, de uno de los vehículos tomados, les dijo a los estudiantes que descargaría a los pasajeros hasta la central y de ahí regresarían a la Normal, lo que aceptaron los jóvenes, pero al bajar a los pasajeros, el conductor encerró a los normalistas dentro del autobús, quienes pidieron ayuda a sus demás compañeros para salir.
Ya en el lugar, los estudiantes tomaron tres autobuses más para armar una caravana de cinco autobuses, que se dividieron en dos partes para salir de la ciudad, y fue cuando comenzó el hostigamiento de los policías coludidos con el crimen organizado de Guerreros Unidos.
Aquella noche, los ataques con armas de fuego contra los normalistas fueron simultáneos, Aldo Gutiérrez Solano, un estudiante, quedó en estado vegetativo debido a que recibió un balazo en la cabeza cuando bajó de un autobús y los policías municipales accionaron sus armas contra los jóvenes.
Minutos más tarde, cuando algunos estudiantes estaban dando una entrevista con algunos reporteros, acompañados de maestros, fueron atacados nuevamente y ahí cayeron asesinados Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
Después, los estudiantes fueron acorralados, trasladados por autoridades y otras fuerzas a lugares desconocidos y, a nueve años de lo ocurrido, su destino sigue sin quedar claro.
El caso Ayotzinapa en tiempos de López Obrador
Los estudiantes de la Normal, comenta el entrevistado, están molestos porque el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador se comprometió desde el inicio, en 2018, a apoyar a los padres y madres de familia para resolver el caso y que no quede impune.
Sostuvo que los familiares aceptaron las propuestas de López Obrador porque “vieron que un gobierno estaba apoyando en la investigación”, no como el anterior, el priista, Enrique Peña Nieto, quien con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lanzó la llamada “verdad histórica” que retrasó el caso por las mentiras, e incluso, restos del estudiante Alexander Mora, fueron sembrados en bolsas de basura en el río San Juan, en el municipio de Cocula.
Pero la situación actual del caso Ayotzinapa es complicada, comenta el joven, sobre todo a un año de que concluya la administración de López Obrador, y con la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su momento “desenmascaró la verdad histórica” del gobierno mexicano, al invalidar esa hipótesis de que los cuerpos habían sido cremados en un basurero.
Con seis informes, el GIEI avanzó “contundentemente” en el caso con evidencias palpables y reales, y puso en jaque también a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa), así como a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), que encabezó primero Omar Gómez Trejo y actualmente, Rosendo Gómez Piedra, ambos creados por López Obrador.
De acuerdo con el estudiante, otra incongruencia del gobierno morenista es que se permita la impunidad a algunos de los involucrados como al ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien le absolvieron del cargo de desaparición forzada.
Otro es que no puedan extraditar de Israel a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, y señalado de construir la “verdad histórica”.
Además, sostiene el estudiante, también se ha negado la existencia del Centro Regional de Inteligencia (CRFI) alojado en el 27 Batallón de Iguala, y del que el coronel Rafael Hernández Nieto era el entonces coordinador.
“Sabemos que ese RCFI fue negado totalmente por el Ejército y era un medio para intervenir también a los compañeros y hay registros de que sí existió y el Ejército vuelve a negar que existe”, asegura el normalista.
Hernández Nieto fue detenido en julio de 2023, acusado de desaparición forzada y delincuencia organizada, sin embargo, en agosto pasado, ganó un amparo y enfrentará su proceso en prisión domiciliaria.
El estudiante expresa que los normalistas y las madres y padres de los 43 desaparecidos no se cansan de exigir al gobierno que solucione el caso y de una vez se sepa dónde están sus compañeros y que todos los culpables sean encarcelados.
La pregunta que se hacen, tras la salida del GIEI del país, es ¿cómo el gobierno federal garantizará que harán las investigaciones sin ocultar la verdad, modificar evidencias o retrasar la investigación?
“Son 43 razones para seguir luchando, nuestros compañeros, los padres de familia siguen buscándolos, siguen buscando justicia por ellos y no podemos por ningún motivo dejarlos”, añade el normalista.
Las necesidades de la Normal
A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, cada año los estudiantes entregan un pliego petitorio al gobierno estatal, que este año aún no ha sido firmado por el gobierno morenista de Evelyn Salgado. Por ende, el gobierno estatal no ha dado material didáctico, de primeros auxilios, para el área deportiva, del comedor y para las prácticas profesionales.
El estudiante entrevistado asegura que “no son cosas del otro mundo, son cosas que se piden para el mejoramiento de la infraestructura de la Normal. Es un internado, varias personas viven aquí 24 horas del día, se tiene que satisfacer las necesidades mínimas, pero como ya se mencionó, aquí el gobierno del estado no está llevando a cabo el procedimiento como debe ser”.
Otros materiales que requieren son de mantenimiento para los dormitorios, y equipo para labrar y trabajar en el campo.
En la Normal de Ayotzinapa estudian cerca de 500 alumnos; este año, hay 165 de nuevo ingreso, de los cuales 120 estudian la Licenciatura en Educación Primaria y 45 la Licenciatura en Educación Primaria con enfoque bilingüe.
El estigma
Ayotzinapa ha sido estigmatizada desde antes de 2014. Una de esas razones es que tiene un filtro muy duro para identificar a los estudiantes de origen campesino, denominada “la semana de inducción”.
“Es un proceso, aunque algunas personas lo ven como una novatada, lo ven como una manera de humillar a los compañeros, claro que no lo es. Es una manera de formarse porque sabemos que trabajamos bajo los cinco ejes, y que las personas que de verdad saben trabajar en el campo tienen esa resistencia para que se mantengan aquí y son las personas que en verdad necesitan de la Normal”, comenta el normalista, quien ya pasó por ese trance.
En esa semana, no sólo les rapan el cabello a los aspirantes de nuevo ingreso para identificarlos, también se les pide sembrar y mantener limpia la Normal. “Además, se hace ejercicio por la mañana, nada más, no son cosas del otro mundo”, añade.
Tras cada protesta de los normalistas, son tratados de manera despectiva e incriminatoria. En redes sociales se les llama guerrilleros, vándalos y delincuentes.
Pero para los normalistas de Ayotzinapa cada actividad política que realizan tiene “un propósito, un fin, un bien común”, porque “son causas justas cada vez que se sale por nuestros compañeros desaparecidos”.
“No se está protestando porque queramos o porque digamos ‘vamos a hacer destrozos porque sí’, no”.
Los estudiantes luchan para que las próximas generaciones tengan la formación que ellos están teniendo y mantengan viva a la Normal que está cercana a cumplir sus primeros cien años de vida, en marzo de 2026.
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Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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