“La lucha sigue”: así luce la Normal de Ayotzinapa, nueve años después de la desaparición de los 43
En la víspera de cumplirse nueve años de los ataques y desaparición de 43 estudiantes, sus actuales compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, aún recriminan al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, que está lejos de esclarecer el crimen a pesar de que desde que inició su mandato fue uno de sus compromisos.
Tras la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, Ayotzinapa quedó marcada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Algunas cosas cambiaron físicamente en la Normal, por ejemplo, la barda perimetral que los aisló en cierto grado de su conexión con los campesinos de Tixtla.
Sin embargo, la escuela mantiene su espíritu de lucha reflejada en los murales de los edificios de las aulas y dormitorios, en los que se observa desde estudiantes víctimas que han sido asesinados por fuerzas policiacas en distintos momentos, hasta los retratos de las madres y padres de los 43, así como los símbolos de movimientos civiles armados guerrerenses.
En un recorrido por la Normal, guiado por dos alumnos de primer ingreso, fue posible constatar que permanece vigente el culto a Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, o estandartes internacionales de la Revolución, como El Ché Guevara.
De la institución, y por sus calles angostas, algunas empedradas, entran y salen jóvenes a bordo de motocicletas; otros lavan su ropa en pequeños lavaderos, y unos más se escuchan a lo lejos ensayar en la banda de guerra.
En la cancha de básquetbol, continúan los 43 pupitres con las fotografías de los jóvenes desaparecidos que fueron colocados desde aquel 2014. Frente a ellas, hay una mesa sobre la que descansan algunas fotografías de normalistas caídos junto a veladoras.
La solemnidad de la escena contrasta con su contexto, una escuela en la que se siguen impartiendo clases y debatiendo ideas en aulas comunes y corrientes.
Los estudiantes primerizos, comisionados para el recorrido, portan unas sandalias de cuero cruzadas, muy típicas de la región, y lucen el cabello corto. Uno de ellos es originario de Tixtla, del barrio de El Fortín, la cabecera municipal de este municipio, y confiesa que, a pesar de que es primo de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, él decidió estudiar en la misma escuela.
Los dos jóvenes presumen que por la temporada actualmente han sembrado maíz en la normal y flor de cempasúchil, que cosecharán en la celebración de Día de Muertos; también relatan que están cuidando de varios puercos, que se producen para la alimentación en la escuela.
En una de las aulas, un normalista de segundo grado -conocido como Jaguar– pinta junto con otros estudiantes las mantas para las distintas actividades de la jornada nacional por la presentación con vida de sus compañeros. Este año serán 30 mantas con diversos mensajes.
Jaguar en realidad se llama Carlos, tiene 21 años de edad, es originario de la comunidad de Zotoltitlán, del municipio de Mártir de Cuilapan. Cuenta que llegó a Ayotzinapa por su primo, quien también fue de la generación de los 43 estudiantes desaparecidos, y él lo motivó a estudiar para maestro rural, porque -además- le dijo que aquí encontraría apoyo para expresarse mediante la pintura, que es lo que realmente le apasiona. Confía que esa actividad le ayude, posteriormente, a sacar adelante a su familia.
Ayotzinapa en cuatro tiempos
Las actividades en la Normal Rural transcurren a marchas forzadas, porque se acerca un 26 de septiembre más, y con ello las jornadas de lucha para exigir la presentación con vida de sus 43 compañeros.
Antes del recorrido, uno de los normalistas del comité estudiantil que organiza las actividades para esta jornada, narra la historia y vida de Ayotzinapa, en cuatro episodios.
El primero es que los estudiantes saben que la escuela fue creada en marzo de 1926, ubicada en sus inicios en el Centro de la cabecera municipal de Tixtla, cuando aún no era una normal rural, pero sí un internado para formar maestros.
Ayotzinapa fue el resultado de la unión de una Central Regional con una Central Agrícola, esta última encargada de formar agrónomos; por ello, se fundó bajo los dos conceptos y se dedicó a educar a maestros rurales.
El primer nombre que tuvo la normal fue Conrado Abundio, y también fue conocida como Vicente Guerrero. Después, cambió a su actual ubicación en lo que es la hacienda de Ayotzinapa, a las afueras de la pequeña ciudad de Tixtla, que en lengua náhuatl significa “lugar de tortugas”.
Luego fue llamada Raúl Isidro Burgos, nombre del que los estudiantes consideran sigue siendo el mejor director que ha tenido la institución, recordado por ser un gran gestor y apoyar a los jóvenes.
Ayotzinapa también es conocida por el paso en sus aulas de Lucio Cabañas Barrientos, maestro rural que, tras la represión en un mitin de padres de familia, el 18 de mayo de 1967 por policías judiciales, que dejó cinco muertos en la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez, se internó en la sierra y fundó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que se inmortalizó en el país como un movimiento guerrillero.
Cabañas Barrientos ha dejado impregnado su recuerdo en cada estudiante de generaciones posteriores, y es reflejado en diferentes murales de la escuela, además se convirtió en un símbolo para los docentes en formación: “Aquí en la normal se nos enseña a que todo esto debe ser encaminado a beneficio del pueblo, donde nosotros vamos a trabajar más adelante”.
La educación en Ayotzinapa continúa, según los jóvenes, basándose en cinco ejes: académico, político, cultural, deportivo y los módulos de producción. Con ello, los futuros profesores son encaminados para trabajar en las comunidades rurales.
Diez normalistas de Ayotzinapa asesinados
Los estudiantes de la normal rural contabilizan 10 compañeros asesinados en diferentes momentos. El primer caso ocurrió el 12 de octubre de 1988, cuando Juan Manuel Huikan, originario de Campeche, fue asesinado en una de los accesos a la escuela conocida como “La Gloria”, unas escaleras que conectan con la carretera federal Tixtla-Chilpancingo.
El normalista que había llegado de la delegación Campeche de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) cayó herido por balas de policías estatales. Los normalistas actuales sostienen que la lucha de sus compañeros de ese entonces era en protesta porque el gobierno mexicano intentaba quitar el bachillerato pedagógico, “una manera de enseñar que les resultaba un poco peligrosa, porque se formaban personas como nosotros decimos críticas, analíticas y reflexivas”.
Otro hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2011, cuando fueron asesinados dos estudiantes más, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en la zona conocida como Parador del Marqués, en la capital de Guerrero.
Los normalistas bloqueaban la Autopista del Sol, debido a que ya era diciembre y el gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero no había aprobado su pliego petitorio, entre lo que contemplaban aumentar la matrícula y subsanar la falta de infraestructura de la normal. Ante la manifestación, fuerzas policiacas -con algunos elementos vestidos de civiles- les dispararon con armas de alto calibre para liberar la vía, lo que dejó a los dos estudiantes muertos sobre la carretera.
“Fue la primera vez que un gobierno se atrevió a tocar directamente Ayotzinapa. Es una manera muy impactante de verlo, pero tristemente así fue”, menciona el estudiante.
La toma de autobuses en 2014
El 18 de septiembre de 2014, comenta el estudiante, se acordó que a Ayotzinapa le tocaba organizar distintas labores para la marcha del 2 de octubre que se lleva a cabo cada año en la Ciudad de México, en conmemoración de la masacre en Tlatelolco de 1968.
Además de Ayotzinapa, participarían las normales rurales de Tenería, del Estado de México, y la de Amilcingo, del estado de Morelos, por lo que los estudiantes tenían que realizar una labor “tan peligrosa y tan exigente” como tomar 20 autobuses para ir a la marcha del 2 de octubre.
Las tomas de autobuses eran acciones comunes y el gobierno estatal o municipales no se atrevían a repeler a los normalistas. Los estudiantes no se preocupaban tanto, porque sabían que el gobierno no hacía mucho escándalo. Era más un convenio con los encargados de los autobuses: los tomaban prestados, al chofer y al autobús, le decían al chofer que bajara a las personas allá en las centrales y se los traían para la normal.
Para el 25 de septiembre, los normalistas apenas habían tomado ocho unidades. Presionados, ese día estaban dispuestos a tomar más vehículos.
La tarde del 25 iban a tomar autobuses de Chilpancingo, cuando se dio la orden de que tenían que dirigirse a Iguala, porque ya era mucho el hostigamiento en la capital del estado, narra el estudiante.
Según su relato, ya a las afueras de Iguala, un chofer, de uno de los vehículos tomados, les dijo a los estudiantes que descargaría a los pasajeros hasta la central y de ahí regresarían a la Normal, lo que aceptaron los jóvenes, pero al bajar a los pasajeros, el conductor encerró a los normalistas dentro del autobús, quienes pidieron ayuda a sus demás compañeros para salir.
Ya en el lugar, los estudiantes tomaron tres autobuses más para armar una caravana de cinco autobuses, que se dividieron en dos partes para salir de la ciudad, y fue cuando comenzó el hostigamiento de los policías coludidos con el crimen organizado de Guerreros Unidos.
Aquella noche, los ataques con armas de fuego contra los normalistas fueron simultáneos, Aldo Gutiérrez Solano, un estudiante, quedó en estado vegetativo debido a que recibió un balazo en la cabeza cuando bajó de un autobús y los policías municipales accionaron sus armas contra los jóvenes.
Minutos más tarde, cuando algunos estudiantes estaban dando una entrevista con algunos reporteros, acompañados de maestros, fueron atacados nuevamente y ahí cayeron asesinados Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
Después, los estudiantes fueron acorralados, trasladados por autoridades y otras fuerzas a lugares desconocidos y, a nueve años de lo ocurrido, su destino sigue sin quedar claro.
El caso Ayotzinapa en tiempos de López Obrador
Los estudiantes de la Normal, comenta el entrevistado, están molestos porque el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador se comprometió desde el inicio, en 2018, a apoyar a los padres y madres de familia para resolver el caso y que no quede impune.
Sostuvo que los familiares aceptaron las propuestas de López Obrador porque “vieron que un gobierno estaba apoyando en la investigación”, no como el anterior, el priista, Enrique Peña Nieto, quien con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lanzó la llamada “verdad histórica” que retrasó el caso por las mentiras, e incluso, restos del estudiante Alexander Mora, fueron sembrados en bolsas de basura en el río San Juan, en el municipio de Cocula.
Pero la situación actual del caso Ayotzinapa es complicada, comenta el joven, sobre todo a un año de que concluya la administración de López Obrador, y con la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su momento “desenmascaró la verdad histórica” del gobierno mexicano, al invalidar esa hipótesis de que los cuerpos habían sido cremados en un basurero.
Con seis informes, el GIEI avanzó “contundentemente” en el caso con evidencias palpables y reales, y puso en jaque también a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa), así como a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), que encabezó primero Omar Gómez Trejo y actualmente, Rosendo Gómez Piedra, ambos creados por López Obrador.
De acuerdo con el estudiante, otra incongruencia del gobierno morenista es que se permita la impunidad a algunos de los involucrados como al ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien le absolvieron del cargo de desaparición forzada.
Otro es que no puedan extraditar de Israel a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, y señalado de construir la “verdad histórica”.
Además, sostiene el estudiante, también se ha negado la existencia del Centro Regional de Inteligencia (CRFI) alojado en el 27 Batallón de Iguala, y del que el coronel Rafael Hernández Nieto era el entonces coordinador.
“Sabemos que ese RCFI fue negado totalmente por el Ejército y era un medio para intervenir también a los compañeros y hay registros de que sí existió y el Ejército vuelve a negar que existe”, asegura el normalista.
Hernández Nieto fue detenido en julio de 2023, acusado de desaparición forzada y delincuencia organizada, sin embargo, en agosto pasado, ganó un amparo y enfrentará su proceso en prisión domiciliaria.
El estudiante expresa que los normalistas y las madres y padres de los 43 desaparecidos no se cansan de exigir al gobierno que solucione el caso y de una vez se sepa dónde están sus compañeros y que todos los culpables sean encarcelados.
La pregunta que se hacen, tras la salida del GIEI del país, es ¿cómo el gobierno federal garantizará que harán las investigaciones sin ocultar la verdad, modificar evidencias o retrasar la investigación?
“Son 43 razones para seguir luchando, nuestros compañeros, los padres de familia siguen buscándolos, siguen buscando justicia por ellos y no podemos por ningún motivo dejarlos”, añade el normalista.
Las necesidades de la Normal
A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, cada año los estudiantes entregan un pliego petitorio al gobierno estatal, que este año aún no ha sido firmado por el gobierno morenista de Evelyn Salgado. Por ende, el gobierno estatal no ha dado material didáctico, de primeros auxilios, para el área deportiva, del comedor y para las prácticas profesionales.
El estudiante entrevistado asegura que “no son cosas del otro mundo, son cosas que se piden para el mejoramiento de la infraestructura de la Normal. Es un internado, varias personas viven aquí 24 horas del día, se tiene que satisfacer las necesidades mínimas, pero como ya se mencionó, aquí el gobierno del estado no está llevando a cabo el procedimiento como debe ser”.
Otros materiales que requieren son de mantenimiento para los dormitorios, y equipo para labrar y trabajar en el campo.
En la Normal de Ayotzinapa estudian cerca de 500 alumnos; este año, hay 165 de nuevo ingreso, de los cuales 120 estudian la Licenciatura en Educación Primaria y 45 la Licenciatura en Educación Primaria con enfoque bilingüe.
El estigma
Ayotzinapa ha sido estigmatizada desde antes de 2014. Una de esas razones es que tiene un filtro muy duro para identificar a los estudiantes de origen campesino, denominada “la semana de inducción”.
“Es un proceso, aunque algunas personas lo ven como una novatada, lo ven como una manera de humillar a los compañeros, claro que no lo es. Es una manera de formarse porque sabemos que trabajamos bajo los cinco ejes, y que las personas que de verdad saben trabajar en el campo tienen esa resistencia para que se mantengan aquí y son las personas que en verdad necesitan de la Normal”, comenta el normalista, quien ya pasó por ese trance.
En esa semana, no sólo les rapan el cabello a los aspirantes de nuevo ingreso para identificarlos, también se les pide sembrar y mantener limpia la Normal. “Además, se hace ejercicio por la mañana, nada más, no son cosas del otro mundo”, añade.
Tras cada protesta de los normalistas, son tratados de manera despectiva e incriminatoria. En redes sociales se les llama guerrilleros, vándalos y delincuentes.
Pero para los normalistas de Ayotzinapa cada actividad política que realizan tiene “un propósito, un fin, un bien común”, porque “son causas justas cada vez que se sale por nuestros compañeros desaparecidos”.
“No se está protestando porque queramos o porque digamos ‘vamos a hacer destrozos porque sí’, no”.
Los estudiantes luchan para que las próximas generaciones tengan la formación que ellos están teniendo y mantengan viva a la Normal que está cercana a cumplir sus primeros cien años de vida, en marzo de 2026.
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En la década de 1950, en la isla se realizó un ensayo a gran escala para probar la píldora anticonceptiva entre mujeres pobres.
Dos mujeres, de pie en un complejo de vivienda pública en San Juan, Puerto Rico, miran perplejas. Una de ellas, tímida, describe unos síntomas: “Se me fue el mundo, se me nubló la vista. Lo único que dije fue: ‘Virgen del Carmen, cuídame a mis hijos‘”.
Luego, diciendo que no con la cabeza, la otra comenta: “Se estaba experimentando con nosotras sin saberlo”.
La escena es parte del documental “La Operación” (1982). Las mujeres, cuyos nombres no son mencionados, describían cómo fue su participación en el primer ensayo clínico a gran escala en el que se probó la efectividad de la píldora anticonceptiva en los años 50 del siglo pasado.
En el filme ambas afirman que desconocían ser parte de una investigación.
Como ellas, otras cientos de mujeres boricuas de origen humilde, sin saberlo, fueron pacientes del estudio dirigido por dos académicos estadounidenses.
El medicamento, que desde su comercialización en 1960 permitió que las mujeres tuviesen mayor control sobre sus cuerpos, porque no dependían del hombre para planificar la maternidad, fue probado en Puerto Rico gracias a una peculiar política pública de control de la sobrepoblación impulsada por el gobierno local de la isla y EE.UU.
En medio de un boom de nacimientos durante la primera mitad del siglo XX, con muchos ciudadanos en situación de extrema pobreza, la solución de los políticos de turno nombrados por EE.UU. fue fomentar que los puertorriqueños no tuvieran hijos.
Y sus iniciativas, explica la profesora de la Universidad de Puerto Rico Ana María García, directora de “La Operación”, estaban diseñadas específicamente para que esa reducción de la población se diera entre las comunidades más pobres.
“Fueron dirigidas a las mujeres más pobres, más racializadas y menos escolarizadas del país”, dice, por su parte, Lourdes Inoa, de la ONG feminista puertorriqueña Taller Salud.
“Porque eran quienes menos oportunidad tenían de conocer las repercusiones de participar de este tipo de procedimientos. El consentimiento, en este contexto, es altamente cuestionable”, añade.
Con financiación privada, pero también del Estado, la isla fue “un gran laboratorio de control de natalidad”, sostiene García.
Y las mujeres, añade Inoa, se convirtieron “en conejillos de indias”.
Dos científicos y dos activistas
El origen de la píldora, que según Naciones Unidas actualmente es usada por 150 millones de mujeres en todo el mundo, tuvo lugar lejos de Puerto Rico, entre las paredes de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Massachusetts.
Quienes desarrollaron el fármaco fueron dos reconocidos profesores de la institución: John Rock y Gregory Pincus.
El primero, cuenta la historiadora Margaret Marsh, profesora en la Universidad de Rutgers en New Jersey, era uno de los expertos en fertilidad más importantes de Norteamérica, paradojalmente católico, y que pensaba que los matrimonios debían tener el derecho a decidir cuándo tener hijos.
El segundo era un biólogo que en más de una ocasión catalogó la sobrepoblación como “el mayor problema para los países en desarrollo”.
Ambos estuvieron financiados y supervisados muy de cerca por Margaret Sanger, enfermera y experta en salud fundadora de la organización Planned Parenthood, y por la acaudalada líder sufragista Katharine McCormick.
Ellas, afirma Inoa, “buscaban que las mujeres estuvieran insertadas en diversas facetas de la sociedad, para que tuvieran mayor poder”. Controlar la maternidad era esencial para lograrlo.
Pero es conocido que Sanger defendía la eugenesia, la filosofía social que defiende la mejora de la raza humana mediante la selección biológica.
Y por eso permitió que se experimentara en mujeres pobres y en situaciones de vulnerabilidad.
“El movimiento por el control de la natalidad, de alguna manera, tenía dos vertientes. Una buscaba que las mujeres tomaran sus propias decisiones reproductivas y la otra era la idea de que el control de natalidad era bueno porque la gente pobre tendría menos hijos”, agrega Marsh.
Los primeros estudios
Las primeras investigaciones de la píldora anticonceptiva en EE.UU. se realizaron en ratas y otros animales.
Luego, en una decisión “poco ética”, los científicos administraron el medicamento a un reducido grupo de pacientes en un hospital público para personas con problemas de salud mental de Massachusetts, cuenta Marsh, quien es experta en la historia de la anticoncepción en EE.UU.
“Las familias de las pacientes sí dieron el permiso para que se realizara el estudio, pero ellas en sí, por estar en un hospital psiquiátrico, no consintieron. Aunque en esa época esto era legal”, comenta.
En esta fase, Pincus y Rock descubrieron que los compuestos que habían creado tenían el resultado de detener la ovulación. Así que buscaron un lugar para hacer un ensayo a mayor escala, para que los reguladores estadounidenses aprobaran la píldora.
En Massachussets, explica la profesora García, el control de natalidad era ilegal. Allí también había limitaciones legales para las experimentación con seres humanos.
Fue entonces cuando los científicos tuvieron que identificar un “lugar ideal”.
La isla laboratorio
Decidieron ir a Puerto Rico porque allí la esterilización, y en general la experimentación para lograr la anticoncepción, era legal desde 1937.
“Se aprobó una ley en un momento histórico, cuando en el resto del planeta, incluyendo EE.UU., la esterilización amplia no era legal”, señala García.
La legislación fue firmada por el gobernador Blanton C. Winship, un hombre que también apoyaba la eugenesia públicamente, y quien -según un artículo del New York Times- urgía a que en Puerto Rico se investigara el control poblacional, porque para él era el único “medio confiable para mejorar la raza humana”.
En la década de 1950, cuando los investigadores de la píldora llegaron a la isla, un 41% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva ya había probado algún método de anticoncepción, según un estudio de la Universidad de Puerto Rico.
Esto fue posible gracias a que la legislación permitió la creación de decenas de clínicas de planificación familiar alrededor del territorio, incluso en los pueblos más remotos, subvencionadas por el gobierno y que tenían personal que fomentaba el control de natalidad entre las mujeres.
La red de clínicas atrajo también la atención de Pincus y Rock, quienes pensaron que podían usarlas para desarrollar su proyecto.
El equipo, sin embargo, decidió concentrarse primero en un solo barrio de San Juan, la capital.
Las mujeres de Río Piedras
En la isla el experimento comenzó en 1955 como un proyecto en el que participaron estudiantes de medicina y enfermería. Pero el estudio era demasiado complicado y doloroso, por lo que muchas no lo terminaban.
Además, la píldora probada en Puerto Rico era una dosis mucho más alta que la actual y causaba fuertes efectos secundarios.
“Era necesario realizarles análisis de orina, biopsias endometriales y otras pruebas para determinar si estaban ovulando o no. Es un procedimiento incómodo. Si tienes a estudiantes que realmente no tienen la necesidad de métodos de anticoncepción, no iban a estar dispuestas a continuar”, comenta Marsh.
El medicamento les causaba nauseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Pincus, sin embargo, descartó estos efectos secundarios y alegó que eran una consecuencia “psicosomática”.
“Creía tanto en la pastilla, que él se la estaba dando a sus familiares. A sus nietas, sus hijas, las amigas de sus hijos”, dice Marsh, quien escribió una biografía sobre Rock, colega de trabajo de Pincus.
El equipo decidió continuar la experimentación, pero esta vez en Río Piedras, un suburbio del norte de Puerto Rico.
Trabajadores sociales y personal médico visitaba puerta por puerta a las mujeres, ofreciéndoles la píldora anticonceptiva y, a algunas de ellas, les realizaban exámenes para recolectar datos, sin ninguna retribución monetaria.
El rechazo por parte diversos sectores de la sociedad puertorriqueña fue inmediato.
“Hubo notas de prensa que catalogaron como ‘maltusianas’ las investigaciones. También por parte de médicos, incluso de los que estuvieron en el proceso de reclutamiento de mujeres, quienes pensaban que los efectos secundarios debían tomarse con seriedad y que era necesario hacer más pruebas y no descartarlos”, dice Inoa, de Taller Salud.
Por los efectos secundarios muchas de estas mujeres, al igual que en los estudios anteriores, decidían dejar el tratamiento. Otras, golpeadas por la pobreza, accedían a tomar la píldora como un método reversible de control de natalidad.
Según Marsh, tres personas del ensayo clínico que se realizó en la isla caribeña murieron. No obstante, nunca se les hizo una autopsia, por lo que se desconoce cuáles fueron las causas precisas de su fallecimiento.
La aprobación
Pese a las muertes, al ver que la píldora tenía el efecto de evitar embarazos, los científicos extendieron su proyecto a otros pueblos de Puerto Rico, y más adelante a Haití, México, Nueva York, Seattle y California.
En total participaron unas 900 mujeres, de las que alrededor de 500 eran puertorriqueñas.
En 1960, la Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) aprobó el Envoid, como se llamó la primera pastilla, como un método anticonceptivo.
Su expansión fue veloz. En tan solo siete años, 13 millones de mujeres en el mundo la usaban.
Pero luego de ser avalada por la FDA, la píldora continuó causando efectos secundarios fuertes, como coágulos de sangre, lo que provocó demandas. En la isla, pese a las acciones legales en otras partes de EE.UU., los estudios continuaron hasta 1964.
Todavía hoy, afirma Inoa, no hay investigaciones “significativas” que busquen “otro tipo de métodos de anticoncepción que no tengan los efectos secundarios de la píldora que existe ahora”.
Mientras, los estudios para crear un medicamento anticonceptivo oral para hombres tampoco han dado frutos, aunque comenzaron hace 30 años.
“Las mayores experimentaciones siempre han sido en personas gestantes”, concluye.
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