Contrario a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo existen 14 y no 20 militares detenidos en relación al caso de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Además, uno de estos 14 militares permanece en prisión domiciliaria desde el mes de agosto de este año.
En el transcurso de la semana, el mandatario insistió durante sus conferencias matutinas —y medios públicos lo han replicado—, que son una veintena de militares los detenidos y dos generales, los que están en espera de ser juzgados por su probable responsabilidad en el caso.
Dio diferentes numeralias que generaron confusión.
Por ejemplo, primero mencionó “hay dos generales presos, 20 oficiales del Ejército o soldados, un procurador de justicia y como 120 detenidos”, el 20 de septiembre.
Un día después, cambió la cifra: “Ya hay como 15, 20 militares encarcelados, dos generales, pues que sean juzgados y que se demuestre que fueron responsables, ya están en la cárcel, eso no lo habían hecho antes”.
Sin embargo, su quinto informe de gobierno y las ilustraciones compartidas por el Gobierno de México detallan que se trata de 14 militares, y de estos dos son generales, el resto pertenecen a distintos grados.
Aquí puedes ver la numeralia que han compartido:
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En la página 128 del quinto informe de Gobierno, se destaca la detención entre septiembre de 2022 y junio de 2023 de 28 personas presuntamente implicadas en la desaparición de los 43 jóvenes. De estos, se detalla que dos son generales y 12 son militares de distintos grados, todos pertenecientes al 27 y 41 batallón de infantería.
El mandatario también negó durante dos conferencias matutinas que el ejército ocultara información a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos en relación al caso.
“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información. Entonces estamos haciendo un acopio, no de información, sino de a ver, qué nos piden, qué se ha entregado y qué falta, y si existe, para no seguir ahondando diferencias”, dijo López Obrador durante la conferencia del jueves 21 de septiembre.
Pero el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y las familias de los 43 jóvenes denunciaron públicamente que el Ejército se rehúsa a entregar información del caso interceptada por la Sedena a un grupo criminal, pese a las órdenes de transparencia del presidente como comandante supremo de las fuerzas armadas.
Como te contamos en esta nota, en julio de 2023 se informó que los dos expertos del GIEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, no renovarían su estancia en México por “diversos desencuentros” con la Sedena, entre los que se encuentran, el ocultamiento de una serie de documentos en los que quedaron plasmadas conversaciones interceptadas al grupo criminal que agredió a los estudiantes normalistas.
“La apertura de archivos ordenados por el presidente de México proporcionó mucha información relevante para el esclarecimiento, pero llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de la Sedena ha supuesto un nuevo obstáculo”, señaló el equipo del GIEI en México.
También denunciaron que “las pruebas de que existe numerosa documentación que no ha sido proporcionada hasta ahora son abrumadoras”.
El pasado 20 de septiembre, en el encuentro con el presidente López Obrador, según el relato de la organización Tlachinollan, familiares de los 43 insistieron en reclamar que no se ha entregado toda la información y que el presidente respalda más a los militares.
“Las madres y padres insistieron al presidente de la república en que el ejército tiene información oculta importante sobre los estudiantes. ‘Usted está del lado del ejército, pero debería estar del lado de las víctimas’, le dijeron. La tensión creció en el momento en que el presidente defendía a los militares, las familias simplemente no daban crédito. Aun cuando le decían ‘tenemos esperanza en usted, presidente’ su postura fue leal al ejército”, relata la organización Tlachinollan.
Por otro lado, el presidente aseguró que no habrá obstáculos y que no se protegerá a nadie.
Esta es la cronología de las detenciones de militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa.
Todavía quedan 6 militares que cuentan con orden de aprehensión, pero no han sido detenidos:
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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