Contrario a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo existen 14 y no 20 militares detenidos en relación al caso de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Además, uno de estos 14 militares permanece en prisión domiciliaria desde el mes de agosto de este año.
En el transcurso de la semana, el mandatario insistió durante sus conferencias matutinas —y medios públicos lo han replicado—, que son una veintena de militares los detenidos y dos generales, los que están en espera de ser juzgados por su probable responsabilidad en el caso.
Dio diferentes numeralias que generaron confusión.
Por ejemplo, primero mencionó “hay dos generales presos, 20 oficiales del Ejército o soldados, un procurador de justicia y como 120 detenidos”, el 20 de septiembre.
Un día después, cambió la cifra: “Ya hay como 15, 20 militares encarcelados, dos generales, pues que sean juzgados y que se demuestre que fueron responsables, ya están en la cárcel, eso no lo habían hecho antes”.
Sin embargo, su quinto informe de gobierno y las ilustraciones compartidas por el Gobierno de México detallan que se trata de 14 militares, y de estos dos son generales, el resto pertenecen a distintos grados.
Aquí puedes ver la numeralia que han compartido:
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En la página 128 del quinto informe de Gobierno, se destaca la detención entre septiembre de 2022 y junio de 2023 de 28 personas presuntamente implicadas en la desaparición de los 43 jóvenes. De estos, se detalla que dos son generales y 12 son militares de distintos grados, todos pertenecientes al 27 y 41 batallón de infantería.
El mandatario también negó durante dos conferencias matutinas que el ejército ocultara información a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos en relación al caso.
“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información. Entonces estamos haciendo un acopio, no de información, sino de a ver, qué nos piden, qué se ha entregado y qué falta, y si existe, para no seguir ahondando diferencias”, dijo López Obrador durante la conferencia del jueves 21 de septiembre.
Pero el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y las familias de los 43 jóvenes denunciaron públicamente que el Ejército se rehúsa a entregar información del caso interceptada por la Sedena a un grupo criminal, pese a las órdenes de transparencia del presidente como comandante supremo de las fuerzas armadas.
Como te contamos en esta nota, en julio de 2023 se informó que los dos expertos del GIEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, no renovarían su estancia en México por “diversos desencuentros” con la Sedena, entre los que se encuentran, el ocultamiento de una serie de documentos en los que quedaron plasmadas conversaciones interceptadas al grupo criminal que agredió a los estudiantes normalistas.
“La apertura de archivos ordenados por el presidente de México proporcionó mucha información relevante para el esclarecimiento, pero llegado un momento crucial, la negación de nuevo de otra parte de la documentación existente por parte de la Sedena ha supuesto un nuevo obstáculo”, señaló el equipo del GIEI en México.
También denunciaron que “las pruebas de que existe numerosa documentación que no ha sido proporcionada hasta ahora son abrumadoras”.
El pasado 20 de septiembre, en el encuentro con el presidente López Obrador, según el relato de la organización Tlachinollan, familiares de los 43 insistieron en reclamar que no se ha entregado toda la información y que el presidente respalda más a los militares.
“Las madres y padres insistieron al presidente de la república en que el ejército tiene información oculta importante sobre los estudiantes. ‘Usted está del lado del ejército, pero debería estar del lado de las víctimas’, le dijeron. La tensión creció en el momento en que el presidente defendía a los militares, las familias simplemente no daban crédito. Aun cuando le decían ‘tenemos esperanza en usted, presidente’ su postura fue leal al ejército”, relata la organización Tlachinollan.
Por otro lado, el presidente aseguró que no habrá obstáculos y que no se protegerá a nadie.
Esta es la cronología de las detenciones de militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa.
Todavía quedan 6 militares que cuentan con orden de aprehensión, pero no han sido detenidos:
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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