La distribución de los apoyos gubernamentales a familias de damnificados de Tula ha sido desigual e insuficiente, de acuerdo con víctimas de la inundación que fue provocada el pasado 6 de septiembre.

A casi tres meses de la tragedia, que dejó alrededor de 3 mil viviendas dañadas, los damnificados señalan que, por parte del gobierno federal —a través de la Secretaría del Bienestar—, han recibido un apoyo económico único de 10 mil pesos, que no les ha alcanzado para recuperar prácticamente nada del patrimonio que perdieron.

Pero las autoridades han sido contradictorias en las promesas de apoyo, de acuerdo con varios testimonios recogidos por este medio.

Por ejemplo, el gobierno municipal, que encabeza el perredista Manuel Hernández Badillo, les prometió condonarles durante tres años el pago de impuestos del predial, agua potable y permiso de uso de suelo (para las personas con negocios); luego, tras una rectificación, se les aclaró que la condonación sería por tres meses.

Además, ese apoyo económico es para resarcir daños en las viviendas; es decir, las personas que, a su vez, sufrieron pérdidas en establecimientos comerciales, no reciben ninguna ayuda adicional.

De parte del gobierno estatal, al que los damnificados califican de ausente, se les informó que no podrían acceder a apoyos las familias que tuvieran una vivienda de más de 90 metros cuadrados, con el argumento de que tienen mejores posibilidades económicas para salir de la crisis.

“Hoy muchos ya no voltean a ver a Tula, nos damos cuenta porque ya no llega ayuda, las despensas llegaron en gran cantidad los primeros días, y hoy piensan que Tula ya resarció los daños; ‘habemos’ muchas familias que aún no regresamos a nuestras casas porque son un foco de infección terrible, tú entras a un hogar de los que fueron damnificados y te lloran los ojos, te duele la cabeza, te da vómito, náuseas, derivado del foco de infección tan grande que recibimos”, expone Berenice Penchyna, vecina del Centro municipal.

“10 mil pesos no nos sirven para limpiar los pisos y las paredes, es una reverenda aberración que nos tomen como ciudadanos de cuarta cuando somos igual que todos los damnificados”, añade.

“El apoyo de 10 mil pesos a mí no me llegó porque hay muchos errores, me dicen que hubo un error en mi folio, que mi folio lo tiene otra vecina, y yo no he recibido nada, ni colchón, ni la base de la cama, ni los 10 mil pesos, nada. Hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta. Nosotros estamos empezando de cero, porque ni el gobierno federal, estatal y municipal nos han apoyado. Despensas no nos llevaron, ni agua siquiera nos quisieron dar”, comenta.

Claudia Sánchez, quien perdió un inmueble que utiliza como escuela particular, relata que no pudo acceder a apoyos del gobierno estatal porque su propiedad mide más de 90 metros cuadrados.

“Ellos dicen que solamente van a ayudar a casas que tengan no más de 90 metros cuadrados, entonces ¿la gente que ha trabajado toda su vida, no te van a apoyar porque ‘no tienes necesidad’, porque tienes un patrimonio más grande? No fue por decisión propia perder todo, fue que nos causaron un daño en nuestro patrimonio y yo creo que esa diferencia en la que están ellos basándose es inhumana, porque se trata de todo el esfuerzo, el empeño y la dedicación que todos hemos puesto para tener nuestros hogares, nuestro negocio, y que sean tan insensibles a la pérdida que hemos tenido, no sé cómo nombrarlo”.

Rocío Terán, quien es enfermera geriatra, critica la falta de ayuda gubernamental y que las autoridades se desentiendan aun cuando, dice, el desastre no fue por causas naturales, sino consecuencia de decisiones y omisiones administrativas, como mostró esta investigación de Animal Político.

“Perdimos todo, yo no puedo regresar a trabajar porque no tengo el modo de adquirir nuevos uniformes y todo lo que requiero para poder ejercer, trato de salir adelante, pero me doy cuenta de que hemos sido abandonados totalmente. No se nos avisó, no fue desastre natural, nosotros tuvimos 8 minutos para que el agua rebasara el primer nivel y llegara al segundo, no tuvimos oportunidad de nada, tuvimos que correr por nuestra vida”, relata.

“Todos estamos siendo afectados en nuestra economía, tal vez algunos no fueron inundados, sin embargo, se quedaron sin trabajo y nos están limitando apoyos con ridículas listas, números, censos tras censos, y nosotros seguimos sin nada, lo único que nos dieron fueron despensas”.

Además del abandono institucional, los damnificados viven con la preocupación de que la inundación se repita, pues a la fecha no se han tomado medidas desde el gobierno para ampliar el cauce del Río Tula o cambiar la política de enviar aguas negras del Valle de México hacia Hidalgo.

“Queremos que esto no vuelva a pasar, porque si mañana vuelven a tener la disyuntiva nuestras autoridades entre inundar la zona conurbada del Valle de México e inundar el Valle del Mezquital, nos van a volver a inundar, nadie nos da la garantía de que esto no vuelva a pasar”, expone José Jaim, también damnificado.