Padres de Ayotzinapa exigen reunión con AMLO, que se siga la línea de investigación del GIEI y acceso a información que negó Sedena
Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigen una reunión, lo más pronto posible, con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que explique por qué la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está ocultado información sobre el paradero de los estudiantes.
Además, los familiares de los normalistas quieren dialogar sobre la importancia de seguir las líneas de investigación aportadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y para insistir en que les entreguen la información que les fue negada a los expertos independientes.
Este martes, los expertos del GIEI señalaron un ocultamiento sistemático de información que está impidiendo llegar a la verdad del caso Ayotzinapa. Esto, pese a que el presidente López Obrador instruyó al Ejército a que abriera toda la documentación disponible.
En conferencia de prensa, Vidulfo Rosales, abogado de los padres normalistas, aseguró que los indicios del paradero de los estudiantes los tiene hoy por hoy el Ejército mexicano y, en ese sentido, “está siendo el principal obstaculizador de la verdad”.
Expresó que la reunión que sostuvieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, fue ríspida y que no van a aceptar otro informe.
En compañía de las madres y padres de los estudiantes, Rosales aseguró que no será válido otro informe, que el gobierno quiera sacar uno nuevo o con otra interpretación, por lo que para ellos, lo conveniente es que se siga las líneas de investigación de los expertos del GIEI, en quienes confían.
De acuerdo con Vidulfo Rosales, los familiares de los normalistas no aceptarán diálogo con otra autoridad, más que con el presidente López Obrador.
El abogado señaló que en este sexenio “se ha empoderado al Ejército como no se había visto antes” y que la acusación que hace el GIEI sobre el ocultamiento de información por parte de Sedena es muy grave.
“Ejército, principal obstaculizador del caso”: familiares de Ayotzinapa
Los familiares de los 43 estudiantes aseguraron que tienen argumentos legales para decir que el Ejército es el principal obstaculizador en el caso.
“Esa institución (Sedena) le debe a estos padres la verdad y si tuviera un poco de vergüenza tendrían que haber enviado esa información al GIEI”, dijo uno de los padres, quien también destacó que ellos no vienen de parte de nadie, “solo del dolor y la lucha” por la búsqueda de sus hijos.
“Decirle al presidente que no nos falle, hay un decreto donde se comprometieron a darnos las facilidades y es malo que nos falle, ya basta de tanta cerrazón, si está la información por qué no la entregan, qué esconden, la Sedena es una institución que da un poco de pena, porque es una institución que se ha coludido con el narcotráfico”, declaró Mario González, uno de los padres de los normalistas.
Los padres de los estudiantes aseguraron que perdieron la confianza en la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa tras la salida del fiscal especial Omar Gómez Trejo, en septiembre de 2022.
En tanto, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, afirmó que los padres de los estudiantes manifestaron su tristeza por la salida del GIEI y porque no hay un fiscal del caso Ayotzinapa en el que se confíe.
En octubre pasado, autoridades federales nombraron al nuevo fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra, sin embargo, familiares de Ayotzinapa dicen no confiar en él.
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La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
“Mercenarios”
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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