Polémica por los nuevos libros de texto, en camino a llegar a la Suprema Corte
El conflicto por los nuevos libros de texto gratuitos y por el proceso por el que fueron elaborados está en camino a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha negado a cumplir con las resoluciones de una jueza federal para que suspenda la distribución de materiales, e incluso ha advertido que no lo hará.
De acuerdo con abogados consultados por Animal Político, ese escenario se abre tanto por la suspensión definitiva otorgada por una jueza en favor de quienes cuestionaron la forma en que la SEP mandó a imprimir los libros —ignorando lo que marca la Ley General de Educación—, como por la reiterada negativa de las autoridades educativas a atender estas órdenes.
La SEP violó la Ley General de Educación porque mandó a imprimir los libros sin antes haber publicado los planes y programas de estudio, y tampoco realizó consultas con todos los sectores involucrados como organizaciones civiles y padres de familia.
Miguel Ángel Ortiz, abogado de la organización Educación con Rumbo, señaló que, incluso si los planes y programas educativos son publicados en el Diario Oficial de la Federación previo al inicio de clases —el próximo 28 de agosto—, esto no daría legalidad al proceso de elaboración de los libros. Por el contrario, “sería una prueba de que la elaboración de los materiales fue ilegal, por resultar contraria a la Ley General de Educación que establece que la documentación debe ser publicada con anterioridad al proceso de producción”.
“Este procedimiento tiene que ser programático y ordenado, además que debe garantizarse que los libros tienen contenido científico y de calidad. No basta con que se publiquen los planes y programas, sino que estos tienen que respetar la Ley General de Educación, y esa es la parte de la que el Poder Judicial está a la espera, para determinar si efectivamente cumplieron con la norma”, explicó.
El abogado indicó que, en caso de que la SEP no cumpla con la suspensión dictada por la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, el asunto podría llegar a la SCJN, “para hacer cumplir las determinaciones del Poder Judicial, algo totalmente justificable para garantizar el interés superior de los niños y niñas”.
La decisión de atraer el asunto a la SCJN es de los ministros que la integran, que podrían tardar meses en discutir el tema. Independientemente de que esto ocurra, en el caso de que se confirme jurídicamente que la SEP incumplió con la orden de detener la elaboración de los libros, estos tendrán que quedar bajo resguardo hasta que se determine qué va a ocurrir para que las faltas cometidas sean resarcidas.
Según Miguel Ángel Ortiz, si antes del inicio del siguiente ciclo el asunto continúa sin resolverse, “están los libros de texto del año pasado, están las versiones electrónicas, y los maestros tienen la capacidad de llevar a cabo la enseñanza bajo el régimen que se venía aplicando y que está aprobado”.
La discusión sobre los libros de texto
En las últimas semanas, los contenidos de los libros han sido tema de debate entre especialistas en temas educativos, políticos y la ciudadanía; sin embargo, más allá de esta discusión se encuentran los argumentos legales por los que el Poder Judicial emitió una suspensión definitiva que ordena que se detenga su elaboración y distribución.
Miguel Ángel Ortiz remarcó que la SEP ha incumplido con la Ley General de Educación, cuya nueva versión fue discutida y promulgada durante la actual administración, en septiembre de 2019; ahí se establece la obligatoriedad de publicar —previo a la elaboración de los libros— los planes y programas del ciclo escolar por iniciar, mismos que, al igual que los materiales educativos basados en ellos, deben ser consultados entre padres de familia.
Por ello, explicó, asociaciones civiles y grupos de padres han recurrido al Poder Judicial para exigir que se les permita participar en la elaboración de la política educativa, y que se detengan las acciones que han sido implementadas por las autoridades de la SEP, como es, en este caso, la reforma de la totalidad de los contenidos sin haber cumplido con los requisitos legales.
“Desde el tema jurídico, y sin entrar a los contenidos, tenemos algo que es incontrovertible y muy objetivo: se imprimieron los libros de texto y se remitieron a los estados sin haber seguido el procedimiento establecido en la Ley General de Educación, lo que es irregular e ilegal y, por ende, inconstitucional, porque atenta contra el derecho humano a la educación”, dijo Ortiz.
“La SEP no ha acreditado ante el Juzgado de Distrito haber seguido ese procedimiento; entonces, estamos en un punto en donde el Poder Judicial tendrá que requerir el cumplimiento de esa suspensión y, en todo caso, iniciar los procesos de sanción para el supuesto de que se hubiera violado la orden, que puede ser con una multa, un apercibimiento, e incluso escalar a lo penal por haber desacatado un mandato”.
Lee: AMLO defiende contenido de nuevos libros de texto; “no se van a retirar, no voy a embodegarlos”
¿Qué significa que haya una suspensión definitiva?
La suspensión definitiva es una medida que dicta un juez para evitar que algún acto que podría constituir una violación de derechos continúe. Héctor López Bello, abogado y profesor de la Universidad Panamericana y la Escuela Judicial, explicó que este no es un fallo final, sino una forma de prevenir que, en tanto se concluye con la investigación de los hechos, estos no se detengan.
“Es una manera de demandar al Estado y decirle: mira, el acto que tú cometiste o estás cometiendo viola un derecho humano, que en este caso es el de la educación, reconocido en la Constitución y en la ley que lo reglamenta. Es un juicio, y como tal, una demanda, en la cual, como ocurre en otras circunstancias, la parte acusada puede defenderse cuando se da una suspensión, provisional o definitiva, mediante la presentación de una queja, además de presentar las pruebas necesarias para corroborar lo ocurrido con el acto reclamado”, detalló.
López Bello destacó que, para los libros de texto gratuitos, esto implica que se suspendiera la elaboración, impresión y distribución de los materiales, “lo cual no significa que ya se haya otorgado un amparo, pero sí que, entre que son peras o son manzanas, mientras se investiga, debe detenerse lo que podría constituir una violación de derechos humanos”.
El profesor comentó que, en el caso de los actos reclamados por los grupos que buscan ampararse contra los nuevos libros, el argumento es que la SEP violó el artículo 23 de la Ley General de Educación, que establece que para determinar los planes y programas de estudio, la secretaría deberá considerar “la opinión de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales”.
“Esto obliga a que el Estado, para la realización de los contenidos de los programas, esté sujeto a escuchar a los diversos actores políticos involucrados en temas educativos, pero esto no se hizo, han sido decisiones unilaterales por parte de las autoridades”, concluyó.
Te puede interesar: Juárez no nació el 18 de marzo: Los errores detectados en los nuevos libros de texto de la SEP
Fallos judiciales previos contra la SEP
Previo al juicio de amparo contra los libros de texto, asociaciones civiles han presentado otros recursos legales para impedir que la SEP eliminara los grados escolares, la evaluación de profesores a estudiantes, así como para realizar una prueba piloto de los materiales de la Nueva Escuela Mexicana.
En septiembre de 2022, un juez federal determinó suspender definitivamente la intención de la SEP de eliminar los grados escolares y quitar a los maestros la facultad de evaluar a las niñas y niños, por un amparo promovido por la asociación Seamos Héroes.
Miguel Ángel Ortiz, representante legal de la asociación, afirmó que esta exigencia se dio porque después de la pandemia en México se incrementó el rezago educativo, por lo que tomar este tipo de decisiones —sin consultar a padres o especialistas— constituía un riesgo de que la situación se agravara.
Además, enfatizó Ortiz, esta propuesta violaba la Ley General de Educación, que en su artículo 21 establece que los estudiantes deben ser evaluados para valorar sus conocimientos, habilidades y destrezas, y en el 22 señala que los planes y programas de estudio deben ser graduales.
Posteriormente, en junio de 2023, Seamos Héroes ganó el juicio de amparo 1457/2022-VII contra la aplicación de un “piloteo del nuevo plan de estudio que aún no se encuentra vigente, únicamente a un porcentaje de niños y niñas del país (de 960 escuelas), sin que existan los programas autorizados, ni libros de texto relacionados con estos programas y sin la capacitación previa de maestras y maestros respecto de dicho plan”.
Para Ortiz, estos antecedentes dan cuenta “del patrón de conducta que ha tenido la SEP desde hace años, contrario a la Constitución, y que aun con estos fallos ha querido seguir avanzando, todavía hay un interés por hacer cambios drásticos sin consensos”.
“Lo que está en el centro son los derechos de las niñas y niños, su educación y el interés superior que los protege, y es algo que se ha perdido entre discusiones de contenidos e ideologías, pero más allá del ruido, esa es la columna vertebral del tema”, concluyó.
Relacionado
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
“Lujoso”
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
“Los Chapitos”
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
