Leticia Ramírez, titular de la SEP, prometió este miércoles que hará pública la información sobre el proceso de elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos y explicó que por un “procedimiento jurídico” había información que estaba reservada.
“Quisiera comentar en torno a la información, había un proceso jurídico, estaba reservada una información y no solamente sobre el proceso sino sobre el contenido de los libros. Qué más transparencia que los libros ya están publicados”, explicó en la segunda conferencia vespertina para presentar los textos educativos.
Ramírez Amaya dijo que buscarán una forma para hacer pública la información sobre quiénes participaron en la elaboración de estos libros y quiénes hicieron las propuestas, incluso habló quizá crear un micrositio para colocar esos datos.
“Platicaremos aquí con comunicación, buscaremos la forma de cómo hacer transparente todas las personas que participaron, nos dé quizá un micrositio donde puedan estar todas los documentos (sic), las actas, tenemos actas de las gentes que participaron tenemos firmas de las gentes que hicieron propuestas, podemos publicarlo”, expuso la titular de la SEP.
La funcionaria reiteró que esa información no estaba pública porque “tenía que ver con un proceso jurídico”.
“La transparencia está, están a la vista de todos los libros de texto en la página de la Conaliteg”, agregó.
“No tenemos nada que ocultar”, aseguró.
En junio pasado, Animal Político publicó que la SEP reservó por cinco años la información de las asambleas para consultar la reforma a los planes de estudio y los nuevos libros de texto gratuitos.
El argumento de la SEP fue que había datos sobre esos encuentros que podrían obstaculizar la producción de estos nuevos materiales educativos, además de que podría haber “información susceptible de protección de datos personales”.
Además, los libros de texto gratuitos para nivel primaria fueron impresos sin que se cumpliera con el proceso de elaboración que dicta la Ley General de Educación.
En esa ley se establece que previo a su elaboración deben publicarse los planes de estudio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que ambos materiales deben ser consultados entre maestros y padres de familia de todo el país.
Al respecto, la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un amparo contra los nuevos libros de texto, y acusó al gobierno de actuar “a espaldas de los mexicanos” con la “imposición” de los materiales sin respetar las consultas.
Este amparo fue concedido por una jueza federal el 26 de mayo, cuando ordenó a la SEP y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) la suspensión de la impresión de los libros para primaria, hasta que se verifique que se hayan cumplido los procedimientos legales respectivos.
En respuesta a esta decisión judicial, la SEP y la Conaliteg interpusieron un recurso de revisión para buscar que se modifique o revoque la suspensión.
Sobre esto, la SEP ha reiterado en diversas ocasiones que ni hay ningún impedimento jurídico para que distribuya los materiales educativos.
“Los requerimientos que nos ha hecho la jueza (…) siguen un proceso, hacemos uso de elementos legales que tenemos y por el momento no hay impedimento que podamos seguir con la distribución de los libros de texto (…) y el plan se publicará antes del inicio del ciclo escolar”, dijo este miércoles en la conferencia de prensa vespertina.
Sobre los errores en los libros de texto gratuito, la secretaría Ramírez Amaya dijo que esto se puede arreglar con la publicación de una fe de erratas como se hace en las publicaciones.
“Los errores que se puedan encontrar podemos revisarlos, formular correcciones y hacer una fe de erratas como se hace siempre en todas las publicaciones”, dijo.
Apenas el martes pasado, la dependencia federal reconoció las fallas en los materiales, aunque las minimizó y las catalogó como “áreas de oportunidad”.
Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que los errores de ahora son menos en comparación con los que fueron detectados en 2013, durante la presidencia del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando era secretario Emilio Chuayffet y especialistas documentaron cuando menos 117 fallas.
El director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, dijo que “hay un proceso donde se corrigen los materiales”, pero argumentó que “no les diría errores”, sino “áreas de oportunidad”.
Según Arriaga, en los 91 nuevos libros de texto los errores “no suman más de 20, y estoy siendo muy generoso”.
Profesores y maestros han estado protestando durante semanas en todo el país exigiendo mayores derechos en las aulas.
Tras varias semanas de protestas realizadas por profesores en Corea del Sur, el gobierno aprobó una nueva ley para proteger más a los docentes de los padres que se quejan y los acosan.
Durante nueve semanas, profesores y maestros han estado protestando para exigir mayores derechos del ejercicios de sus funciones dentro de las aulas.
Afirman haber sido frecuentemente acosados por los padres de los alumnos que algunas veces los acusan maliciosamente de abuso infantil, para que los destituyan de sus cargos.
La ola de protestas se desató tras el suicidio de una joven maestra que había sido bombardeada por las quejas de los padres en Corea del Sur.
La maestra, que llevaba poco más de un año enseñando escribió que se había sentido tan abrumada por la locura de su trabajo que “quería dejarse ir”.
La situación de los profesores se ha vuelto imposible desde su punto de vista. Varios afirman que han sido denunciados por sujetar y restringir a un niño violento, o por simplemente llamarle la atención a un alumno.
Los profesores acusaron a los padres de aprovecharse de la ley de Bienestar Infantil, aprobada en 2014, que establece el despido automático de los profesores acusados de abuso infantil.
Según la nueva legislación, conocida como el proyecto de ley para el Restablecimiento de los Derechos de Profesores, los docentes no serán destituidos tan pronto se reporte el abuso infantil; se necesitará realizar más investigaciones y tomar más evidencia.
También habrá apoyo financiero disponible para la defensa legal de los profesores demandados y se impondrá mayor responsabilidad a los directores y rectores de las escuelas para que protejan a su plantel.
Las protestas de los profesores estallaron después del suicidio en julio de una maestra de primaria de 23 años que estaba abrumada por las quejas de los padres.
La joven maestra cumplía su sueño de infancia de ejercer la misma profesión de su madre y adoraba a los niños, contó uno de sus primos que descubrió el diario que había dejado atrás.
En éste describía las presiones de su trabajo, de un alumno que había herido en la cabeza a otro con un lápiz y cómo ella se había enzarzado en acaloradas llamadas telefónicas y mensajes con los padres.
Los profesores afirmaron que la cultura de denuncias maliciosas los habían dejado incapaces de enseñar o mantener la disciplina de los alumnos.
La Federación de Sindicatos de Maestros de Corea del Sur recibió con beneplácito la nueva legislación, declarando que tanto “expandiría el derecho a enseñar como proteger el derecho de los estudiantes para aprender”.
El sindicato expresó su “más profundo agradecimiento” a los profesores que se lanzaron a las calles durante nueve semanas seguidas, exigiendo mejores condiciones, y dijo que el resultado de hoy se debía a la fortaleza de ellos.
En las semanas recientes, el gobierno y las autoridades locales ya habían implementado una serie de medidas para proteger a los profesores y facilitarles el ejercicio de su trabajo, pero ninguna de estas era legalmente vinculante.
Las nuevas directivas del gobierno, formuladas a principios de este mes, estipulan que los profesores tienen el derecho a retirar de las aulas a los estudiantes indisciplinados y sujetarlos si es necesario.
Además de eso, la Oficina de Educación de Seúl anunció planes esta semana de grabar todas las llamadas de los padres hechas a los profesores y de instalar un chatbot (un simulador digital de conversación) para que actúe como primera línea de defensa contra las quejas de los padres.
Sin embargo, algunos maestros arguyen que las nuevas leyes no van suficientemente lejos.
El presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores, Kim Yong-seo, llamó la nueva legislación “un gran paso hacia la protección de los profesores y estudiantes”, pero señaló que había áreas que todavía necesitaban mejorarse.
Hizo un llamado a los políticos para que enmienden el Acta de Bienestar Infantil, sosteniendo que no debería ser posible que una simple acción disciplinaria de los alumnos sea catalogada como abuso infantil.
Unos profesores también quieren que se penalicen a los los padres que hagan acusaciones falsas de abuso infantil.
Kim Jin-seo, una profesora de 28 años que habló con la BBC durante una de las protestas, dijo que la nueva ley no impediría las denuncias infundadas de abuso infantil, porque sin el temor de repercusiones, los padres continuarían acusando maliciosamente a los profesores que no les cayeran bien.
Se estima que la sociedad hipercompetitiva de Corea del Sur es en parte responsable de la cultura de hostigamiento por parte de los padres.
Los resultados académicos son considerados el mejor indicador del éxito, lo que significa que los estudiantes compiten ferozmente para obtener las mejores calificaciones desde una edad muy temprana para garantizar la entrada a las principales universidades.
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