Asociación de padres y académicos lanzan campañas contra nuevos libros de texto; denuncian que SEP ignora suspensión judicial
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y académicos lanzaron acciones legales y políticas en contra de los nuevos libros de texto gratuitos, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya imprimió y empezó a distribuir, a pesar de que existe una suspensión judicial que le había ordenado frenar el proceso hasta que compruebe que la elaboración de materiales está apegada a la ley, es decir, cumpliendo un proceso que incluye la publicación de los planes de estudio y consulta a los sectores involucrados.
Por separado, la UNPF y especialistas denuncian que la SEP ignora una orden del Poder Judicial. Ante esto, la UNPF contempla continuar con el juicio de amparo que promovió contra las decisiones de la dependencia y comenzar una campaña informativa, en tanto que investigadores recaban firmas y buscan pedir al Congreso que cite a las autoridades a dar explicaciones.
El director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, publicó en redes sociales una fotografía en la que se observan cinco ejemplares de cuarto grado de primaria impresos, acompañada del mensaje: “Esos libros están vivos y su prohibición solo los convierte en leyendas vivas de la resistencia”.
También compartió un video en el que aparecen diversos ejemplares, junto con un agradecimiento “a todxs los que participaron en las convocatorias”, y afirmó que “la mordaza jurídica está por caer e irá la nuestra”, en referencia a la suspensión otorgada por la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara a la UNPF, organización promovente de un amparo contra la elaboración irregular de los materiales.
Ante el hecho, la UNPF anunció que continuará con el proceso para frenar la entrega de los libros, ya que hasta ahora la SEP no ha cumplido con lo establecido en la Ley General de Educación —la obligación de publicar los planes de estudio del siguiente ciclo en el Diario Oficial de la Federación y someter a consulta los libros—, y que mantendrá la campaña para invitar a padres de familia a rechazar su distribución en todo el país.
A esta acción se suma una petición publicada en Change.org, lanzada por la investigadora Alma Maldonado, en la que se exige que se detenga la entrega de los materiales —que también ha sido presumida por algunas autoridades estatales—. La iniciativa cuenta con más de 22 mil firmas de personas que coinciden en que estos deben ser revisados por expertos en didáctica, docentes y diseñadores profesionales, además de cumplir con la ley, que exige pruebas piloto antes de que puedan reformarse la totalidad de los libros.
Animal Político consultó a la SEP sobre la suspensión y el proceso de elaboración de los libros para el siguiente ciclo escolar, sin que al cierre de edición haya recibido respuesta.
“Esperemos que no lleguemos a un escenario fatal”
La suspensión judicial es el resultado de un juicio de amparo interpuesto por la UNPF, asociación que ha informado que continuará realizando diversas acciones para impedir que los materiales lleguen a las aulas, al no cumplir con lo establecido en la Ley General de Educación.
Esta resolución se emitió en mayo y después la revocó un tribunal, pero debido a que la SEP siguió sin comprobar que actuó con apego a la ley, la orden judicial volvió a entrar en vigor.
Israel Sánchez, presidente de la UNPF, señaló en entrevista que el recurso contra los libros continúa su curso, por lo que se encuentran pendientes de las determinaciones que tome sobre el caso el Poder Judicial. “Hemos visto que lamentablemente la SEP ha sido omisa ante la suspensión, ignorando no solo a los padres de familia, sino también a una jueza federal”, dijo.
El presidente de la UNPF aclaró que el juicio de amparo interpuesto por la asociación es solo para la suspensión de la elaboración de los libros de texto de primer grado de primaria y de secundaria, ya que estos son los únicos que —de acuerdo con la ley— podrían ser reformados, pues antes de que puedan hacerse cambios a la totalidad de los materiales de educación básica, estos deben ser sometidos a una prueba piloto con los grados iniciales de cada nivel.
Debido a que en las últimas semanas autoridades de algunos estados han señalado que comenzaron a recibir los nuevos libros de todos los grados de primaria, Sánchez dijo que la UNPF realiza una campaña informativa con padres de familia de todo el país, para decirles que es su derecho rechazar estos libros y exigir que sus hijas e hijos cuenten con materiales cuya elaboración esté apegada a la ley.
“Durante más de 18 meses tocamos las puertas de la SEP, y en mayo pasado les entregamos más de 10 mil firmas pidiendo diálogo, pero las autoridades se cerraron. Ante esto, nosotros comenzamos con la campaña que al día de hoy ha entregado más de 130 mil trípticos de información para padres de familia, pero esperamos que no lleguemos a un escenario fatal en el que se tengan que regresar los libros”, afirmó.
“El futuro de la niñez en México está en riesgo”
Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), ha expuesto durante varios meses algunos errores conceptuales y de operaciones matemáticas que contienen los nuevos libros de texto, así como las irregularidades normativas con las que se elaboraron.
Sin embargo, ante la falta de diálogo por parte de las autoridades, lanzó una petición en Change.org, para pedir que se detenga la distribución de estos materiales y se usen los anteriores mientras se resuelven los recursos legales, y mientras el contenido de los nuevos ejemplares no pase por una revisión de expertos en las didácticas y disciplinas correspondientes.
La petición señala que los efectos del cambio de los libros sin pasar por revisiones de especialistas “son que la niñez y juventud reciban una educación pública deficiente, sin las herramientas que requerirán para enfrentar el futuro”, lo que acentuará las brechas de desigualdad existentes en el país.
Maldonado anunció que las firmas serán entregadas al Congreso para exigir que se llame a rendir cuentas a las autoridades responsables y que quede el precedente de que se hizo de conocimiento del Poder Legislativo la preocupación de un sector de la sociedad sobre la implementación irregular de estos nuevos materiales.
“Los libros ya están impresos y se están repartiendo. Es claro que no se trata de desperdiciarlos, mucho menos de destruirlos, pero creo que tendremos que pensar en alternativas para ofrecerle a los docentes como una base académica sólida, porque hasta ahora no hay ni siquiera programas o planes de estudio que puedan servir como lineamientos. Están dejando del todo desprotegidos a los maestros”, advirtió.
Relacionado
Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
“Lujoso”
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
“Los Chapitos”
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
