La UNAM anulará títulos y expulsará a alumnos por plagio y otros actos deshonestos
El Consejo Universitario de la UNAM aprobó modificaciones a su Estatuto General para incluir la posibilidad de anular grados, títulos, diplomas o certificados cuando alumnas y alumnos no cumplan con los requisitos de honestidad e integridad académica.
La modificación se da luego de que se conociera el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, quien, a pesar de confirmarse que incurrió en una falta, no pudo ser sancionada porque esto no estaba contemplado en la legislación universitaria.
“Era una laguna que se tenía en la legislación y que estamos llenando en el estatuto, que es la disposición legislativa más importante de la universidad”, señaló Raúl Juan Contreras, presidente de la Comisión de Legislación Universitaria de la UNAM, durante la exposición de las reformas en la sesión extraordinaria de este jueves.
Dentro de las reformas —que no son retroactivas—, el Consejo Universitario también aprobó la expulsión definitiva de la institución para quienes hayan obtenido sus títulos o exámenes de grado de forma fraudulenta; sin embargo, se prevé que en situaciones en que sea declarada la anulación de un título, el o la estudiante pueda optar por alguna otra forma de titulación, siempre y cuando el Consejo Técnico correspondiente así lo considere.
Como parte de los cambios aprobados, también se establece que, antes de iniciar sus trámites de titulación, los alumnos deban firmar la protesta universitaria de integridad y honestidad, en la que acepten actuar de manera ética y conforme a los valores universitarios. En caso contrario, su título podrá ser anulado.
“La inmensa mayoría de nuestros estudiantes y profesores actúan perfectamente apegados a los principios académicos. Pero pasó lo que pasó y creo que no nos debe volver a suceder el no tener los mecanismos para conducir adecuadamente estas eventuales y lamentables circunstancias”, subrayó el rector Enrique Graue.
A partir de ahora, también se dispone que los profesores serán responsables por el incumplimiento de integridad y honestidad académica en la supervisión y seguimiento de exámenes, tesis, trabajos y artículos académicos para titulación o grado.
El 21 de diciembre pasado, el portal Latinus publicó un artículo de Guillermo Sheridan en el que se mostraron fragmentos de la tesis de licenciatura de Esquivel, misma que elaboró en 1987 para titularse como licenciada en Derecho por la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Aragón.
Los extractos mostrados son idénticos a los de otra tesis de 1986 perteneciente a Edgar Ulises Báez Gutiérrez, alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Entre quejas y amparos
“Nadie comentó de lo impronunciable”, dijo con sorpresa el rector Graue luego de concluir con los asuntos generales y advertir que ningún consejero se refirió o preguntó directamente por el caso de plagio de la ministra, por lo que instruyó al abogado general, Hugo Concha, a dar el estatus de los hechos.
Explicó que el procedimiento que el rector y la Comisión de Honor de la UNAM echaron a andar al convocar al Comité de Ética para que valorara académicamente lo sucedido se judicializó y, frente a dicho procedimiento, la ministra interpuso un juicio de amparo.
Ante esto, la UNAM presentó una queja en contra de la suspensión provisional dictada, que le impidió pronunciarse sobre el plagio y que el Comité de Ética universitario emita resolución.
“Volvemos al juicio de amparo (…) y la juez esa suspensión provisional la pone como definitiva, que quiere decir que esta disposición de que el Comité Universitario de Ética no puede emitir una resolución se va a mantener hasta que el juicio de amparo termine”, explicó Concha.
Frente a eso, la UNAM interpuso un recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva, así como una queja en contra de la admisión del amparo promovido por la ministra.
“A nuestro juicio, no se debió haber admitido ese juicio de amparo”, subrayó el abogado. “Mientras ellos no resuelvan esto, el juicio está en una especie de congelamiento, no es que esté parado ni nada, solo que espera a que decida lo correspondiente el Tribunal Colegiado y el juicio de amparo, en su caso, continuará”.
Además de cambios al Estatuto General de la UNAM, se aprobaron reformas a los reglamentos generales de Estudios Universitarios, de Exámenes y del Sistema Bibliotecario y de Información de la UNAM, así como al Reglamento del Tribunal Universitario y al de la Comisión de Honor.
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Nació como un pequeño grupo en un estado venezolano que hoy se dedica a varias actividades criminales y opera en casi toda Sudamérica, según los expertos.
Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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