La ministra Yasmín Esquivel, una de las 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ganó el juicio que inició por las acusaciones de que plagió su tesis de licenciatura, luego de que la jueza a cargo del caso, María Magdalena Malpica Cervantes, únicamente considerara para su fallo elementos como algunos testimonios y un dictamen en lingüística.
Malpica Cervantes, titular del Juzgado Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, no consideró para su resolución lo que pudiera decir Edgar Ulises Báez, el otro tesista involucrado, quien no acudió a las audiencias. Tampoco la UNAM estuvo presente porque no fue convocada.
Todo esto se encuentra consignado en el expediente 275/2023 del Poder Judicial de la capital del país, del cual Animal Político posee una copia. El expediente fue abierto después de que, a finales de 2022, el escritor Guillermo Sheridan publicó en el sitio Latinus extractos de la tesis de licenciatura de la ministra y la señaló de plagio, y ella en respuesta presentó una demanda en contra de Báez.
En su fallo, la jueza Malpica Cervantes considera que está suficientemente probada la afirmación de la ministra sobre que ella es la autora original de la tesis “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A”, presentada en 1987 en la entonces ENEP Aragón de la UNAM.
Para llegar a esa conclusión, da por válidos los dichos de Martha Rodríguez Ortiz, asesora tanto de Esquivel como de Báez, quien una vez que el caso se hizo público y se puso en entredicho la ética de la ministra, afirmó que compartió el proyecto de tesis de Esquivel con Báez “y probablemente a otros alumnos”, lo cual —según esta argumentación— derivó en que el alumno hubiera podido presentarla en 1986 en la Facultad de Derecho de la misma UNAM.
La jueza también toma como sustento que el director de la FES Aragón (antes ENEP), Fernando Macedo Chagolla, validó la declaración de Rodríguez Ortiz sobre que ella compartió a Báez el proyecto de tesis de Esquivel.
Como elemento central, a esto se suma que la jueza da por válido el “análisis hermenéutico-lingüístico-discursivo” que la perito María del Pilar Montes de Oca Sicilia hizo tanto a la tesis de licenciatura de Esquivel como a su tesis de doctorado, en el cual determinó “que ambos textos fueron escritos, pensados y realizados por la misma persona”.
Sin embargo, el expediente no menciona nada sobre que la tesis de doctorado de Esquivel también está señalada de plagio. Esto fue documentado por el diario español El País, que encontró que amplios fragmentos del documento, presentado en la Universidad Anáhuac, provenían de otras obras de juristas y otros autores reconocidos.
Acerca de Báez, el expediente en varias ocasiones señala que no participó en las audiencias y únicamente refiere una carta suya fechada el 27 de diciembre de 2022, en la cual supuestamente admite que tomó partes del proyecto de tesis de Esquivel.
“Se declara judicialmente que la actora Yasmín Esquivel Mossa es la autora de la obra literaria primigenia denominada ‘INOPERANCIA DE LOS SINDICATOS EN LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL ARTÍCULO 123, APARTADO A’”, resuelve la jueza, y ordena medidas como que Báez se abstenga de presentarse como autor del texto y que se notifique del caso al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
La sentencia de la jueza fue dada a conocer el 8 de junio por los abogados de la ministra, quien entonces dio por cerrada la polémica.
El día de hoy, mi equipo legal hizo público el sentido de la resolución judicial, con la que queda probado en definitiva, que soy la única autora de la tesis que me permitió obtener el título de licenciada Derecho, por la UNAM, hace 36 años.
— Yasmin Esquivel Mossa (@YasminEsquivel_) June 8, 2023
Para la UNAM, sin embargo, el caso no está cerrado. Ese mismo día, la universidad publicó un comunicado en el que recordó que no ha podido avanzar con sus indagatorias y dar a conocer sus resultados debido a los recursos legales promovidos por la propia Esquivel.
“La UNAM apela a que la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desista de los otros juicios existentes y permita a la universidad y a su comité de ética concluir su trabajo académico”, indicó entonces la máxima casa de estudios.
En la década de 1950, en la isla se realizó un ensayo a gran escala para probar la píldora anticonceptiva entre mujeres pobres.
Dos mujeres, de pie en un complejo de vivienda pública en San Juan, Puerto Rico, miran perplejas. Una de ellas, tímida, describe unos síntomas: “Se me fue el mundo, se me nubló la vista. Lo único que dije fue: ‘Virgen del Carmen, cuídame a mis hijos‘”.
Luego, diciendo que no con la cabeza, la otra comenta: “Se estaba experimentando con nosotras sin saberlo”.
La escena es parte del documental “La Operación” (1982). Las mujeres, cuyos nombres no son mencionados, describían cómo fue su participación en el primer ensayo clínico a gran escala en el que se probó la efectividad de la píldora anticonceptiva en los años 50 del siglo pasado.
En el filme ambas afirman que desconocían ser parte de una investigación.
Como ellas, otras cientos de mujeres boricuas de origen humilde, sin saberlo, fueron pacientes del estudio dirigido por dos académicos estadounidenses.
El medicamento, que desde su comercialización en 1960 permitió que las mujeres tuviesen mayor control sobre sus cuerpos, porque no dependían del hombre para planificar la maternidad, fue probado en Puerto Rico gracias a una peculiar política pública de control de la sobrepoblación impulsada por el gobierno local de la isla y EE.UU.
En medio de un boom de nacimientos durante la primera mitad del siglo XX, con muchos ciudadanos en situación de extrema pobreza, la solución de los políticos de turno nombrados por EE.UU. fue fomentar que los puertorriqueños no tuvieran hijos.
Y sus iniciativas, explica la profesora de la Universidad de Puerto Rico Ana María García, directora de “La Operación”, estaban diseñadas específicamente para que esa reducción de la población se diera entre las comunidades más pobres.
“Fueron dirigidas a las mujeres más pobres, más racializadas y menos escolarizadas del país”, dice, por su parte, Lourdes Inoa, de la ONG feminista puertorriqueña Taller Salud.
“Porque eran quienes menos oportunidad tenían de conocer las repercusiones de participar de este tipo de procedimientos. El consentimiento, en este contexto, es altamente cuestionable”, añade.
Con financiación privada, pero también del Estado, la isla fue “un gran laboratorio de control de natalidad”, sostiene García.
Y las mujeres, añade Inoa, se convirtieron “en conejillos de indias”.
El origen de la píldora, que según Naciones Unidas actualmente es usada por 150 millones de mujeres en todo el mundo, tuvo lugar lejos de Puerto Rico, entre las paredes de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Massachusetts.
Quienes desarrollaron el fármaco fueron dos reconocidos profesores de la institución: John Rock y Gregory Pincus.
El primero, cuenta la historiadora Margaret Marsh, profesora en la Universidad de Rutgers en New Jersey, era uno de los expertos en fertilidad más importantes de Norteamérica, paradojalmente católico, y que pensaba que los matrimonios debían tener el derecho a decidir cuándo tener hijos.
El segundo era un biólogo que en más de una ocasión catalogó la sobrepoblación como “el mayor problema para los países en desarrollo”.
Ambos estuvieron financiados y supervisados muy de cerca por Margaret Sanger, enfermera y experta en salud fundadora de la organización Planned Parenthood, y por la acaudalada líder sufragista Katharine McCormick.
Ellas, afirma Inoa, “buscaban que las mujeres estuvieran insertadas en diversas facetas de la sociedad, para que tuvieran mayor poder”. Controlar la maternidad era esencial para lograrlo.
Pero es conocido que Sanger defendía la eugenesia, la filosofía social que defiende la mejora de la raza humana mediante la selección biológica.
Y por eso permitió que se experimentara en mujeres pobres y en situaciones de vulnerabilidad.
“El movimiento por el control de la natalidad, de alguna manera, tenía dos vertientes. Una buscaba que las mujeres tomaran sus propias decisiones reproductivas y la otra era la idea de que el control de natalidad era bueno porque la gente pobre tendría menos hijos”, agrega Marsh.
Las primeras investigaciones de la píldora anticonceptiva en EE.UU. se realizaron en ratas y otros animales.
Luego, en una decisión “poco ética”, los científicos administraron el medicamento a un reducido grupo de pacientes en un hospital público para personas con problemas de salud mental de Massachusetts, cuenta Marsh, quien es experta en la historia de la anticoncepción en EE.UU.
“Las familias de las pacientes sí dieron el permiso para que se realizara el estudio, pero ellas en sí, por estar en un hospital psiquiátrico, no consintieron. Aunque en esa época esto era legal”, comenta.
En esta fase, Pincus y Rock descubrieron que los compuestos que habían creado tenían el resultado de detener la ovulación. Así que buscaron un lugar para hacer un ensayo a mayor escala, para que los reguladores estadounidenses aprobaran la píldora.
En Massachussets, explica la profesora García, el control de natalidad era ilegal. Allí también había limitaciones legales para las experimentación con seres humanos.
Fue entonces cuando los científicos tuvieron que identificar un “lugar ideal”.
Decidieron ir a Puerto Rico porque allí la esterilización, y en general la experimentación para lograr la anticoncepción, era legal desde 1937.
“Se aprobó una ley en un momento histórico, cuando en el resto del planeta, incluyendo EE.UU., la esterilización amplia no era legal”, señala García.
La legislación fue firmada por el gobernador Blanton C. Winship, un hombre que también apoyaba la eugenesia públicamente, y quien -según un artículo del New York Times- urgía a que en Puerto Rico se investigara el control poblacional, porque para él era el único “medio confiable para mejorar la raza humana”.
En la década de 1950, cuando los investigadores de la píldora llegaron a la isla, un 41% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva ya había probado algún método de anticoncepción, según un estudio de la Universidad de Puerto Rico.
Esto fue posible gracias a que la legislación permitió la creación de decenas de clínicas de planificación familiar alrededor del territorio, incluso en los pueblos más remotos, subvencionadas por el gobierno y que tenían personal que fomentaba el control de natalidad entre las mujeres.
La red de clínicas atrajo también la atención de Pincus y Rock, quienes pensaron que podían usarlas para desarrollar su proyecto.
El equipo, sin embargo, decidió concentrarse primero en un solo barrio de San Juan, la capital.
En la isla el experimento comenzó en 1955 como un proyecto en el que participaron estudiantes de medicina y enfermería. Pero el estudio era demasiado complicado y doloroso, por lo que muchas no lo terminaban.
Además, la píldora probada en Puerto Rico era una dosis mucho más alta que la actual y causaba fuertes efectos secundarios.
“Era necesario realizarles análisis de orina, biopsias endometriales y otras pruebas para determinar si estaban ovulando o no. Es un procedimiento incómodo. Si tienes a estudiantes que realmente no tienen la necesidad de métodos de anticoncepción, no iban a estar dispuestas a continuar”, comenta Marsh.
El medicamento les causaba nauseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Pincus, sin embargo, descartó estos efectos secundarios y alegó que eran una consecuencia “psicosomática”.
“Creía tanto en la pastilla, que él se la estaba dando a sus familiares. A sus nietas, sus hijas, las amigas de sus hijos”, dice Marsh, quien escribió una biografía sobre Rock, colega de trabajo de Pincus.
El equipo decidió continuar la experimentación, pero esta vez en Río Piedras, un suburbio del norte de Puerto Rico.
Trabajadores sociales y personal médico visitaba puerta por puerta a las mujeres, ofreciéndoles la píldora anticonceptiva y, a algunas de ellas, les realizaban exámenes para recolectar datos, sin ninguna retribución monetaria.
El rechazo por parte diversos sectores de la sociedad puertorriqueña fue inmediato.
“Hubo notas de prensa que catalogaron como ‘maltusianas’ las investigaciones. También por parte de médicos, incluso de los que estuvieron en el proceso de reclutamiento de mujeres, quienes pensaban que los efectos secundarios debían tomarse con seriedad y que era necesario hacer más pruebas y no descartarlos”, dice Inoa, de Taller Salud.
Por los efectos secundarios muchas de estas mujeres, al igual que en los estudios anteriores, decidían dejar el tratamiento. Otras, golpeadas por la pobreza, accedían a tomar la píldora como un método reversible de control de natalidad.
Según Marsh, tres personas del ensayo clínico que se realizó en la isla caribeña murieron. No obstante, nunca se les hizo una autopsia, por lo que se desconoce cuáles fueron las causas precisas de su fallecimiento.
Pese a las muertes, al ver que la píldora tenía el efecto de evitar embarazos, los científicos extendieron su proyecto a otros pueblos de Puerto Rico, y más adelante a Haití, México, Nueva York, Seattle y California.
En total participaron unas 900 mujeres, de las que alrededor de 500 eran puertorriqueñas.
En 1960, la Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) aprobó el Envoid, como se llamó la primera pastilla, como un método anticonceptivo.
Su expansión fue veloz. En tan solo siete años, 13 millones de mujeres en el mundo la usaban.
Pero luego de ser avalada por la FDA, la píldora continuó causando efectos secundarios fuertes, como coágulos de sangre, lo que provocó demandas. En la isla, pese a las acciones legales en otras partes de EE.UU., los estudios continuaron hasta 1964.
Todavía hoy, afirma Inoa, no hay investigaciones “significativas” que busquen “otro tipo de métodos de anticoncepción que no tengan los efectos secundarios de la píldora que existe ahora”.
Mientras, los estudios para crear un medicamento anticonceptivo oral para hombres tampoco han dado frutos, aunque comenzaron hace 30 años.
“Las mayores experimentaciones siempre han sido en personas gestantes”, concluye.
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