Con seis años de retraso, incompleto y sobrecosto de 186%, así arranca el tren México-Toluca
Casi seis años después de la fecha en que debió terminarse la obra, y con toda una ‘carga’ de irregularidades, retrasos y fallas en el proyecto, se inaugurará este viernes un primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca, el de Zinacantepec a Lerma. El Tren comenzará a operar incompleto, ya que solo funcionarán cuatro de siete estaciones contempladas en los 57.7 kilómetros de recorrido, con la expectativa que en marzo del 2024 ya estén listos todos los tramos.
El proyecto que pretende beneficiar a 230 mil personas al día se presentó en 2014, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. En ese entonces se dijo que estaría listo en diciembre de 2017 y con un costo estimado de 38 mil 608.9 millones de pesos, según este documento de la Auditoría Superior de la Federación.
Pero casi una década después, y luego de que instancias como la Auditoría Superior de la Federación señalaran diversas fallas en la planeación –como no consultar a los habitantes de las zonas donde pasaría la obra para prevenir protestas y juicios que suspendieron en distintos momentos la construcción-, se anticipa que la obra termine costando por lo menos 110 mil millones, es decir, un 186% más de lo proyectado.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refieren que a partir del 2020 y hasta el 2023 un 81.42 de los recursos destinados al proyecto provinieron del Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN (81.42%), y el resto del gasto lo ejecutó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Para 2024, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé destinar a la obra 4 mil millones de pesos, incluyéndola entre los “proyectos prioritarios”.
Desde el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) refirió que de acuerdo con el análisis costo-beneficio la obra dejaría de ser rentable si había un incremento superior al 50% en la proyección original.
Y aunque ya se ha rebasado ese porcentaje, por mucho, la administración de López Obrador decidió impulsar su conclusión, refiriendo que ya se había gastado demasiado.
Respecto al sobrecosto y otras irregularidades, quien era titular de la Secretaría de la Función Pública en 2019, Irma Eréndira Sandoval, dijo en ese entonces que había investigaciones abiertas, sin embargo, hasta la fecha no se conoce de funcionarios sancionados por lo ocurrido con el Tren.
Retrasos, opacidad e irregularidades
La idea del proyecto de conectar al Valle de Toluca con el antiguo Distrito Federal se anunció el primero de diciembre del 2012 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y desde entonces hubo varios cambios y retrasos.
El proyecto de la construcción del Tren interurbano muestra 37 contratos que se firmaron hasta agosto del 2018, mismos que aparecen en la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aunque después de esa fecha no existen contratos registrados en la actual Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En 2014 se registraron cuatro modificaciones del proyecto, que van desde ajuste presupuestal y plazos en entrega de trabajos, y liberación de derechos de vía para los tramos 1 y 2, así como la modificación para agregar cláusulas.
Mientras que en 2015, se refirieron cambios en la elaboración de ingeniería básica en tramo 1, además de una suspensión de trabajo durante 389 días naturales, debido al conflicto con los pobladores, ajuste de programa de ejecución y una ampliación adicional, así como un ajuste de gerencia de proyecto que provocó la adjudicación directa de un contrato con la empresa Senemex Ingeniería y Sistemas SA de CV.
En el último año de la administración peñista, para el tramo 4 se modificaron especificaciones técnicas así como el programa de ejecución de trabajos, lo que volvió a aplazar el tiempo de entrega.
En 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que no estaba claro el destino de mil 102 millones 29 mil 500 pesos destinados a la obra, así como fallas en la rendición de cuentas del proyecto, mala calidad en la obra y falta de liberación del derecho de vía, entre otras.
En su estudio de 2018, el IMCO refirió que los procesos de contratación para la obra habían sido desorganizados y opacos, con la SCT y Hacienda reportando no encontrar documentos como dictámenes de excepción a la licitación pública, y oficios de preinversión.
Además las irregularidades no se limitaron al sexenio peñista, pues en 2022 la ASF encontró nuevamente que la SICT no justificó presuntos pagos por más de 7 millones de pesos por trabajos de mala calidad y 2.2 millones de pesos de pagos en exceso realizados al consorcio Vise.
Protestas por terrenos y agua
Habitantes de comunidades aledañas como Ocoyoacac y Acopilco han reclamado el incumplimiento de medidas de reforestación y para atender la escasez del agua, por lo que apenas en abril pasado realizaron un bloqueo.
Pagos de indemnizaciones y reestructuración de rutas también aumentaron el costo del proyecto, pues en un principio el tren estaba contemplado llegar a la estación del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Cuatro Caminos, en la alcaldía Miguel Hidalgo, con el fin de conectar directamente al Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos, de Toluca.
Sin embargo, habitantes se opusieron acusando los problemas ambientales que generaría.
“La SCT careció tanto de un estudio de factibilidad en el que se diagnosticaran los efectos sociales derivados de la construcción y operación del TIMT (Tren Interurbano), como de un instrumento en el que se definiera, socialmente, el problema o asunto de interés público en el que pretendió incidir con el tren”, refirió la ASF en 2018.
La Secretaría de Comunicaciones, agregó, “se limitó a definir los beneficios que tendrían los potenciales usuarios, la problemática de la movilidad de personas y del uso de transporte, pero no analizó las condiciones sociales de los habitantes de los municipios y alcaldías por los que cruzará el TIMT, contrario a lo señalado en los lineamientos”.
Trayecto completo que hará el Tren en 2024 proyectando la séptima estación de Vasco de Quiroga. Captura de pantalla: SCHP
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Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
“Lujoso”
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
“Los Chapitos”
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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