El régimen de excepción en El Salvador, instaurado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, ha dejado hasta ahora al menos 72 mil detenciones arbitrarias y 185 muertes ocurridas bajo la custodia del Estado, de acuerdo con los casos documentados por la asociación salvadoreña Cristosal.
Esto se da en un contexto en el que el estado de excepción ha dejado de ser una norma temporal para convertirse en una forma de gobernar permanente, y en la principal herramienta de seguridad del gobierno salvadoreño, acusaron el director ejecutivo y el abogado de la organización, que están en México para presentar la actualización de las estadísticas del informe “Un año bajo el régimen de excepción”.
La Asamblea Legislativa del país centroamericano ha aprobado ya 17 prórrogas a los decretos que determinan el régimen de excepción, mediante el que se suspende el derecho a recibir información sobre los motivos de las detenciones, así como los de no ser obligado a declarar y tener acceso inmediato a una defensa técnica.
Hoy, de facto, hay una suspensión permanente de esos derechos y garantías, así como del de presunción de inocencia y el de inviolabilidad de la morada.
Esta medida, acusa Cristosal, está basada en la represión y ha derivado en capturas masivas sin investigación previa, así como violación sistemática y continua de los derechos fundamentales de las personas detenidas y sus familias.
“La aplicación de este régimen ha sido acompañada de una intensa campaña publicitaria extendida a nivel nacional e internacional que promueve la imagen del presidente Nayib Bukele a partir de la denominada ‘guerra contra las pandillas’, el supuesto desmontaje de estas estructuras y la disminución de los homicidios en el país”, señala la agrupación.
De acuerdo con David Morales, abogado de Cristosal, este supuesto no es verídico, pues no existe realmente una política de seguridad que explique una disminución de homicidios con el éxito sobre grupos delictivos. Al contrario, existe la presunción –documentada por investigaciones periodísticas en El Salvador– de que altos funcionarios de la administración de Bukele han negociado con liderazgos de pandillas.
Mientras tanto, el otro punto fuerte de la actual administración salvadoreña es su política comunicacional, que, con cargo al erario, consiste en la máxima publicidad del régimen no sólo mediante la captación de medios tradicionales, sino con la creación de nuevos medios totalmente afines al gobierno. A ello se suma, denunciaron, una estructura informal de cuentas de redes sociales que reaccionan con ataques masivos ante cualquier oposición o cuestionamiento al régimen de Bukele.
Las decenas de miles de detenciones arbitrarias que ha contabilizado y documentado Cristosal a 18 meses del régimen de excepción en El Salvador muchas veces son resultado únicamente de poseer tatuajes –incluso si son artísticos–, vivir en zonas asediadas por pandillas, o incluso derivadas de llamadas anónimas de denuncia.
Además, las prácticas de tortura sistemática al interior de centros de reclusión son igualmente una constante. Mientras que apenas en marzo de este año, Cristosal documentaba 139 muertes bajo la custodia del Estado, para este septiembre ya han crecido a 185. La mayoría son personas jóvenes –entre 38 y 48– y pertenecientes a poblaciones en pobreza, comerciantes, agricultores, taxistas o albañiles.
Aunado a esto, Morales explicó que ni siquiera son los centros penitenciarios quienes avisan a la familia, sino que las funerarias han terminado haciendo esa labor. De acuerdo con lo documentado por Cristosal, muchas de estas personas han presentado laceraciones, hematomas, golpes, enfermedades de la piel y desnutrición.
En los centros de reclusión se han registrado hacinamientos de más de 250 personas en lugares destinados a 70. Esto apoyado abiertamente por un discurso de Bukele que privilegia malos tratos y el otorgamiento de menos alimento del necesario a internos, recordó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
El régimen de excepción, denunciaron los activistas, ha terminado por ser una medida permanente gracias a la toma total del Estado que ha logrado Bukele mediante una purga judicial y fiscal, la cooptación de tribunales estratégicos, y una política de opacidad que ha neutralizado el acceso a la información pública, la cual ahora está totalmente reservada.
A esto se suma que todos los juicios del régimen de excepción han quedado bajo resguardo y son llevados –a partir de casos sin pruebas– por jueces con menos experiencia que expiden sentencias colectivas, es decir, agrupan varios casos para establecer condenas de 20 a 40 años. Esto aunado a detenciones indefinidas que pueden durar más de tres años.
Este sistema judicial paralelo está permitiendo que continúen los abusos, señalaron los activistas. Denunciaron, además, el peligro de que otros países de Centroamérica ya hayan dado señales de tener intenciones de replicar ese régimen.
Hoy, en El Salvador hay 112 mil personas privadas de la libertad, una cifra que supera por 22 mil a las 90 mil que se contabilizan, por ejemplo, en Venezuela, mientras que el país centroamericano tiene apenas una tercera parte de la población que hay en este último.
Los activistas denunciaron que además de la arbitrariedad y la cooptación del sistema de justicia, se han detectado patrones como familias que denunciaron detenciones arbitrarias solo para ver cómo los soldados regresaban y capturaban a otros integrantes, o personas que han sido puestas en libertad, concluido el protocolo de salida y al final, esperadas por la policía en la puerta de los reclusorios para detenerlas de nuevo y procesarlas por organización terrorista.
Los lugareños de islas griegas defienden su derecho a acceder gratuitamente a playas tomadas por negocios que cobran precios exorbitantes por una reposera.
En toda Grecia, los lugareños están actuando por cuenta propia y tirando sus toallas en la arena para reclamar libre acceso a sus playas y a la naturaleza sin pagar un alto precio por ello.
Era cerca del atardecer del domingo 3 de septiembre en Paros, una popular isla turística en la región griega de las Cícladas.
Unas 50 personas se reunieron en la playa de Parikia, cerca del puerto principal de la isla. Detrás de ellos, el cielo brillaba con un color naranja intenso sobre el mar azul. A un lado, un icónico molino de viento de las Cícladas se recortaba contra el horizonte. Al otro, una franja de reposeras pertenecientes a un bar se extendía sobre la arena.
Incluso si nunca has visitado Grecia, algunas partes de esta escena probablemente te suenen familiares. Sin embargo, ese día también hubo algunos detalles inusuales. Tres de las personas que se habían congregado sostenían un enorme cartel que decía: “Reclamen la playa”. Junto a ellos había un hombre con un altavoz.
Mientras el público observaba, el hombre leyó en voz alta partes de la Constitución griega, que establece que las playas y otras áreas naturales pertenecen a los ciudadanos del país.
La protesta fue parte de una campaña que los medios han denominado la “revuelta de las toallas de playa”, en la que los lugareños reclaman el acceso gratuito a las playas que han sido tomadas por bares y otros negocios que ofrecen reposeras y sombrillas a precios exorbitantes.
Si bien el movimiento comenzó en Paros, ahora se ha extendido por toda Grecia e incluso a la vecina Turquía. Los activistas exigen espacio para dejar sus toallas de forma gratuita.
BBC Travel habló con activistas y lugareños para comprender de qué se tratan las protestas, por qué son importantes y qué significa este movimiento tanto para los turistas como para los residentes locales.
Las protestas comenzaron en Paros en mayo de 2023, cuando un grupo de residentes, que ya se reunían periódicamente para hablar sobre cuestiones medioambientales en la isla, comenzaron a discutir cómo los lugares donde era posible nadar y tomar el sol libremente (sin tener que pagar por una reposera) eran cada vez más escasos. El cambio es un síntoma de cómo la isla atiende cada vez más a los turistas a expensas de los locales.
Los negocios junto a la playa que instalan reposeras y sombrillas deben solicitar licencias al Ministerio de Finanzas para utilizar partes designadas de la playa. Deben realizarse controles periódicos para garantizar que esos negocios no ocupen más espacio del que permiten sus licencias. Sin embargo, los manifestantes alegan que estos controles rara vez (o nunca) se llevan a cabo.
Como resultado, los espacios libres son cada vez más escasos.
Los residentes crearon una página de Facebook llamada Save Paros Beaches y comenzaron a organizar manifestaciones, pidiendo medidas enérgicas contra estos operadores privados.
También utilizaron imágenes de drones para documentar las reposeras ilegales, comparando sus ubicaciones con las áreas designadas por el gobierno.
“Esto cambió las reglas del juego, porque el nivel de ilegalidad se podía ver muy claramente”, señaló Nicolas Stephanou, un residente local. Stephanou dice que su grupo encontró lugares donde las reposeras y sombrillas ocupaban hasta 10 veces el espacio permitido.
El movimiento ganó impulso rápidamente. La manifestación del 3 de septiembre marcó el inicio de una nueva campaña a nivel nacional y fue la primera vez que se produjeron múltiples protestas con toallas de playa en diferentes regiones de Grecia el mismo día.
Ha habido manifestaciones en la isla vecina de Naxos y en la isla meridional de Creta. Más recientemente, se han sumado las islas de Rodas y Egina, así como Ática, la región continental donde se encuentra Atenas.
El lugar de la protesta de Paros es particularmente simbólico. La playa principal del pueblo central de la isla es el lugar más popular entre los lugareños para darse un chapuzón después del trabajo.
Eleni Andrianopoulou, portavoz de la campaña de Naxos, dijo que ella y otros lugareños se habían sentido frustrados por el desarrollo excesivo en las playas durante varios años, pero no estaban seguros de cómo actuar. Luego de enterarse de lo que estaba sucediendo en Paros, inmediatamente se inspiraron para comenzar su propia campaña en Facebook.
“Creo que este es un verdadero cambio de paradigma para Grecia“, afirmó.
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Muchos griegos todavía sufren financieramente desde la crisis de deuda del país hace más de una década y no pueden permitirse pagar por una reposera cada vez que visitan la playa. El sol y el mar son una gran parte de la cultura griega. El azul de la bandera griega representa el mar Egeo y la mayoría de los griegos tienen fuertes recuerdos de la infancia de pasar veranos en la playa.
Sin embargo, los activistas dicen que las playas son sólo una parte de una lucha mayor. Grecia es uno de los destinos vacacionales más populares de Europa y los manifestantes dijeron a la multitud reunida que debe abordarse el turismo excesivo junto a los problemas sociales y ambientales que conlleva.
El turismo es la mayor industria de Grecia. En 2021 el país recibió 15 millones de visitantes, una vez y media su población total. Sin embargo, muchos griegos sostienen que el auge del turismo no se ha gestionado adecuadamente. Los municipios locales no tienen capacidad para controlar el flujo de visitantes, y las instituciones débiles hacen que sea fácil para empresas de todo tipo eludir las reglas.
Por otra parte, en los últimos años, los sucesivos gobiernos han utilizado la industria del turismo para ayudar a la economía del país a recuperarse, primero de la crisis financiera de 2008 y luego de la pandemia de covid-19. Los políticos han promocionado fuertemente al país como un destino de sol y mar y han facilitado a los inversores extranjeros la apertura de negocios relacionados con el turismo.
“Existe desde hace mucho tiempo una falta de supervisión, lo que ha llevado a una mayor impunidad“, afirmó Efthymia Sarantakou, analista de la Universidad de Ática Occidental.
Sarantakou señala que múltiples instituciones no han implementado controles y contrapesos, lo que ha dejado a algunas empresas en libertad para realizar comportamientos que califica de “mafiosos”.
“Hay denuncias de residentes que fueron intimidados por empleados de bares cuando intentaron sentarse en una parte libre de la playa.”
El alcalde de Naxos, Dimitris Lainos, afirma que muchas empresas en su isla respetan la ley. Sin embargo, “hemos visto que el Ministerio de Finanzas no dispone del personal necesario para realizar controles adecuados”, agregó.
Parece que las protestas están surtiendo efecto. Gracias a la atención de los medios, las autoridades llevaron a cabo inspecciones en una de las playas más afectadas de Paros: una franja de arena en un área protegida que estaba cubierta de tumbonas a pesar de que no se habían emitido licencias para ello.
Como resultado, la playa ahora está libre de reposeras.
Sin embargo, la situación se mantiene sin cambios en otras playas. En Naxos se llevaron a cabo nuevos controles en respuesta a las protestas, pero muchos propietarios de negocios fueron alertados previamente y simplemente retiraron sus reposeras antes de que llegaran los inspectores.
“Quiero creer que estas protestas conducirán a una mayor participación ciudadana en la gestión de los destinos turísticos y, por supuesto, en la gestión de los espacios públicos”, afirmó Sarantakou. “Esto sólo puede lograrse mediante mejoras en el marco institucional y supervisión”.
Puede que la temporada alta de verano haya terminado, pero los activistas señalan que las protestas de septiembre marcaron el verdadero comienzo de su trabajo. En Naxos, Andrianopoulou recuerda que no sólo reclaman controles más frecuentes, sino también más transparencia sobre cómo y a quién se otorgan las licencias.
Y Stephanou, de la campaña de Paros, relata que su grupo quiere presentar una estrategia completa para un modelo de turismo más sostenible en Grecia.
“Ahora mismo los precios están fuera de control“, afirmó. “La mayoría de la gente no puede permitirse el lujo de ir a un bar o a un restaurante. El tráfico es insoportable”. Si no eres propietario de una casa es difícil encontrar una para alquilar que no sea Airbnb, lo que ha provocado escasez de trabajadores clave como médicos, enfermeras y profesores.
Si se cumplen las exigencias de los manifestantes habrá más espacio en las playas griegas para tomar sol de forma gratuita, algo que muchos viajeros agradecerán.
En décadas anteriores, la mayoría de las islas griegas eran conocidas como destinos económicos para mochileros bohemios, y muchos lugareños sienten que el libre acceso a las playas está en consonancia con esta reputación tradicional.
A Stephanou le gustaría que se dejara de promocionar a las islas Cícladas como un destino de lujo. “Aquí hay una historia asombrosa, sitios arqueológicos, senderos para caminar, buen vino y productos agrícolas”, dijo. “Esto puede atraer a un visitante más responsable que aquellos que simplemente quieren sentarse en una reposera con un cóctel“.
Los viajeros que no quieran contribuir a los problemas del turismo excesivo pueden sentirse inspirados a explorar el lado menos conocido de Grecia, como las oportunidades de senderismo en el espectacular paisaje montañoso que cubre todo el país, una gran actividad fuera de los meses pico de verano, cuando el clima es un poco más fresco.
Sin embargo, si realmente deseas pasar un tiempo relajándote en una reposera, ten la seguridad de que no desaparecerán por completo: los activistas sólo quieren verlas restringidas a las áreas habilitadas por licencias. Los visitantes de Paros pueden comprobar si las reposeras son legales en el sitio web de la campaña.
Esta nota fue publicada originalmente en BBC Travel. Puedes ver la nota original en inglés haciendo clic aquí.
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