Régimen de excepción en El Salvador dictado por Bukele deja 72 mil detenciones arbitrarias y 185 muertes a manos del Estado: ONG
El régimen de excepción en El Salvador, instaurado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, ha dejado hasta ahora al menos 72 mil detenciones arbitrarias y 185 muertes ocurridas bajo la custodia del Estado, de acuerdo con los casos documentados por la asociación salvadoreña Cristosal.
Esto se da en un contexto en el que el estado de excepción ha dejado de ser una norma temporal para convertirse en una forma de gobernar permanente, y en la principal herramienta de seguridad del gobierno salvadoreño, acusaron el director ejecutivo y el abogado de la organización, que están en México para presentar la actualización de las estadísticas del informe “Un año bajo el régimen de excepción”.
La Asamblea Legislativa del país centroamericano ha aprobado ya 17 prórrogas a los decretos que determinan el régimen de excepción, mediante el que se suspende el derecho a recibir información sobre los motivos de las detenciones, así como los de no ser obligado a declarar y tener acceso inmediato a una defensa técnica.
Hoy, de facto, hay una suspensión permanente de esos derechos y garantías, así como del de presunción de inocencia y el de inviolabilidad de la morada.
Gobierno de El Salvador viola derechos en detenciones masivas, dice ONG
Esta medida, acusa Cristosal, está basada en la represión y ha derivado en capturas masivas sin investigación previa, así como violación sistemática y continua de los derechos fundamentales de las personas detenidas y sus familias.
“La aplicación de este régimen ha sido acompañada de una intensa campaña publicitaria extendida a nivel nacional e internacional que promueve la imagen del presidente Nayib Bukele a partir de la denominada ‘guerra contra las pandillas’, el supuesto desmontaje de estas estructuras y la disminución de los homicidios en el país”, señala la agrupación.
De acuerdo con David Morales, abogado de Cristosal, este supuesto no es verídico, pues no existe realmente una política de seguridad que explique una disminución de homicidios con el éxito sobre grupos delictivos. Al contrario, existe la presunción –documentada por investigaciones periodísticas en El Salvador– de que altos funcionarios de la administración de Bukele han negociado con liderazgos de pandillas.
Mientras tanto, el otro punto fuerte de la actual administración salvadoreña es su política comunicacional, que, con cargo al erario, consiste en la máxima publicidad del régimen no sólo mediante la captación de medios tradicionales, sino con la creación de nuevos medios totalmente afines al gobierno. A ello se suma, denunciaron, una estructura informal de cuentas de redes sociales que reaccionan con ataques masivos ante cualquier oposición o cuestionamiento al régimen de Bukele.
Características de detenciones arbitrarias y muertes bajo la custodia del Estado
Las decenas de miles de detenciones arbitrarias que ha contabilizado y documentado Cristosal a 18 meses del régimen de excepción en El Salvador muchas veces son resultado únicamente de poseer tatuajes –incluso si son artísticos–, vivir en zonas asediadas por pandillas, o incluso derivadas de llamadas anónimas de denuncia.
Además, las prácticas de tortura sistemática al interior de centros de reclusión son igualmente una constante. Mientras que apenas en marzo de este año, Cristosal documentaba 139 muertes bajo la custodia del Estado, para este septiembre ya han crecido a 185. La mayoría son personas jóvenes –entre 38 y 48– y pertenecientes a poblaciones en pobreza, comerciantes, agricultores, taxistas o albañiles.
Aunado a esto, Morales explicó que ni siquiera son los centros penitenciarios quienes avisan a la familia, sino que las funerarias han terminado haciendo esa labor. De acuerdo con lo documentado por Cristosal, muchas de estas personas han presentado laceraciones, hematomas, golpes, enfermedades de la piel y desnutrición.
Hacinamiento en cárceles y cooptación de tribunales, saldo del régimen de excepción
En los centros de reclusión se han registrado hacinamientos de más de 250 personas en lugares destinados a 70. Esto apoyado abiertamente por un discurso de Bukele que privilegia malos tratos y el otorgamiento de menos alimento del necesario a internos, recordó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
El régimen de excepción, denunciaron los activistas, ha terminado por ser una medida permanente gracias a la toma total del Estado que ha logrado Bukele mediante una purga judicial y fiscal, la cooptación de tribunales estratégicos, y una política de opacidad que ha neutralizado el acceso a la información pública, la cual ahora está totalmente reservada.
A esto se suma que todos los juicios del régimen de excepción han quedado bajo resguardo y son llevados –a partir de casos sin pruebas– por jueces con menos experiencia que expiden sentencias colectivas, es decir, agrupan varios casos para establecer condenas de 20 a 40 años. Esto aunado a detenciones indefinidas que pueden durar más de tres años.
Este sistema judicial paralelo está permitiendo que continúen los abusos, señalaron los activistas. Denunciaron, además, el peligro de que otros países de Centroamérica ya hayan dado señales de tener intenciones de replicar ese régimen.
Hoy, en El Salvador hay 112 mil personas privadas de la libertad, una cifra que supera por 22 mil a las 90 mil que se contabilizan, por ejemplo, en Venezuela, mientras que el país centroamericano tiene apenas una tercera parte de la población que hay en este último.
Los activistas denunciaron que además de la arbitrariedad y la cooptación del sistema de justicia, se han detectado patrones como familias que denunciaron detenciones arbitrarias solo para ver cómo los soldados regresaban y capturaban a otros integrantes, o personas que han sido puestas en libertad, concluido el protocolo de salida y al final, esperadas por la policía en la puerta de los reclusorios para detenerlas de nuevo y procesarlas por organización terrorista.
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Fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
“Lujoso”
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
“Los Chapitos”
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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