Los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa están molestos, tristes y preocupados. Se percibe en el semblante serio y cabizbajo de la señora Cristina Bautista, en la mirada al suelo del abogado Vidulfo Rosales y en el gesto de mandíbulas apretadas del señor Emilio Navarrete cuando, visiblemente enojado por el reciente anuncio de la partida de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ante la opacidad del Ejército en el caso Ayotzinapa, exige al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una reunión “inmediata” con los familiares para que las autoridades les den una explicación.  

“Estamos en tiempos de definiciones”, se escucha decir a los padres y las madres de los jóvenes desaparecidos, en mitad de un silencio tenso en la sala de conferencias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Eso, el señalamiento contra las “mentiras del Ejército”, es un reclamo que se escucha en reiteradas ocasiones durante la conferencia, luego de que el pasado martes Carlos Beristain y Ángela Buitrago, los dos investigadores del GIEI que seguían en México, anunciaran que abandonarán el país y la investigación del caso debido, en gran medida, al ocultamiento de información y de documentos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

“Hoy nos sentimos muy tristes”, lamenta la señora Cristina Bautista. “La palabra del presidente López Obrador no se está cumpliendo. Él nos dijo que, si nosotros queríamos a los expertos para hacer la investigación, que iban a venir y que se les iba a dar toda la información. Pero vemos que eso no ha sido así, porque hay muchos obstáculos”, agrega.

“No entregar esa información es un delito”, apunta ajustándose los lentes sobre la nariz. “Que se entienda muy bien —subraya—, el Ejército está incurriendo en un delito al no entregarla y el propio presidente está permitiendo que se esté cometiendo ese delito y que el Ejército esté cayendo en estas actuaciones”. 

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“Este es el documento que las autoridades deben tener como referencia para continuar investigando”, señala Rosales. “Para nosotros, no es válido que el gobierno quiera ahora sacar otro informe que quizá contenga otras interpretaciones”, agrega el abogado, en referencia a un próximo informe que está previsto que entregue Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob). Sobre esto, los padres y las madres recuerdan lo sucedido hace casi un año, cuando Encinas presentó un informe sin el aval de los familiares. 

“En la investigación del GIEI, el punto toral son las rutas del paradero de los jóvenes, que muestra hacia dónde pudieron ser llevados. Y esos indicios los tiene hoy también el Ejército mexicano, están en sus archivos”, denuncia el letrado. 

Por ello, por el ocultamiento de información de la Sedena, los familiares coinciden en apuntar que no quieren más reuniones con ninguna otra autoridad que no sea el presidente López Obrador, puesto que entienden que solo él, por ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es el único con poder para obligar a la Sedena a transparentar toda la información del caso. 

“Dialogar con otras autoridades ya no tiene sentido”, recalcan. “Tiene que ser directo con el presidente. Como comandante él tiene esa autoridad. Y a partir de ahí, si nos recibe, evaluaremos cómo seguimos ese diálogo o si lo seguimos o no”, advierten.