Personas trans, no binarias e infancias, en el centro de pendientes para poblaciones LGBTI+
Los crímenes de odio hacia las personas trans, la falta de reconocimiento a la identidad de género en cerca de la mitad de los estados del país, la garantía de otros derechos y la visibilidad de las necesidades de las personas no binarias son algunos de los pendientes más importantes en vísperas de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTI+, de acuerdo con activistas.
Según la organización Transgender Europe, México sigue ocupando el segundo lugar con mayor número de homicidios a personas trans, mientras que únicamente 15 estados del país han reformado sus leyes para permitir el cambio de identidad de género, y hasta ahora, solo cuatro lo permiten para infancias o adolescencias.
A esto se suma que, además del reconocimiento a la identidad de género, es indispensable garantizar los derechos de salud, sociales y económicos de las personas trans, como el cupo laboral trans (la propuesta para que un porcentaje de puestos en el sector público se destine, por ley, a estas poblaciones).
Ari Vera, presidenta de Almas Cautivas AC y de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, señala que el alto índice de crímenes de odio hacia las personas trans ha sido provocado, sobre todo, como consecuencia de los mensajes de odio que se colocan a través de grupos conservadores que consideran que estas poblaciones no deben siquiera ocupar el mismo espacio.
Por otro lado, agrega, es preciso recordar que el hecho de que 17 estados aún no permitan el cambio en la identidad de género implica que aún existen personas trans de primera, de segunda y de tercera.
“Hay ejercicios de ciudadanía diferenciados; hay lugares como la Ciudad de México, donde podemos acceder al reconocimiento de la identidad de género, pero hay estados de la República donde no. Tenemos realidades diferentes de ser personas trans aun estando en el mismo país y territorio”, lamenta Vera.
“En esta conmemoración —añade— tendríamos que demandar, y exigir a las autoridades que se garantice el derecho a la identidad de género en toda la República, así como salvaguardar y garantizar el acceso a la salud, sobre todo de las personas trans que viven con VIH, y erradicar la violencia transfeminicida que vivimos en este país”.
Visibilidad de personas no binarias
Además del reconocimiento de identidad de género para personas trans, para Janet Castillo, coordinadora del área legal de la organización Ledeser, otro pendiente fundamental es la visibilidad de las personas no binarias, sus vivencias y sus necesidades.
“Es algo nuevo, que es importante mirar, porque persiste mucha burla, mucho estigma… Pareciera que en el tema trans hay un avance, pero cuando hablas de personas no binarias, sigue explotando el mundo porque no se entiende cuáles son sus necesidades y no hay un reconocimiento de su identidad”.
Para ella, es importante visualizarlas, porque en los estados donde hay reconocimiento de la identidad de género, incluso en aquellos que contemplan infancias y adolescencias, todo es masculino y femenino. “Es un camino que se empieza a abrir, pero a final de cuentas es una necesidad imperante”, apunta.
Un primer paso se dio apenas el pasado 11 de febrero, cuando Guanajuato tuvo que reconocer, por instrucción de un juez, a una persona no binaria originaria de la ciudad de Celaya, un par de meses después de que promoviera un juicio de amparo tras la negativa del Registro Civil.
Hasta hoy, Argentina es el primer país de la región en reconocerles en los sistemas de registro e identificación, al incorporar esta opción en su documento nacional de identificación.
Miguel Torres, de la colectiva Juntrans Fest, precisa que a partir de la falta de reconocimiento de las identidades no binarias, muchas de ellas enfrentan grandes obstáculos para acceder a servicios de salud en general, pero específicamente de salud sexual y reproductiva.
Por ejemplo, en los espacios médico-hospitalarios, suelen enfrentarse a discriminación, negación de servicios o el cuestionamiento y patologización de su identidad por parte del personal de salud.
Al igual que en el caso de las personas trans, también está pendiente la garantía de sus derechos laborales y de vivienda. Además, los contextos de precariedad y empobrecimiento de los que muchas veces provienen les colocan en situaciones de vulnerabilidad como desalojo, movilidad forzada o vivir en calle.
En empleos y educación, agrega Torres, suelen enfrentar acoso, señalamiento, discriminación y falta de oportunidades. Incluso situaciones básicas, como ir al baño, se convierten en experiencias de ansiedad y estrés, ante la falta de infraestructura.
“Es necesario crear protocolos de atención basados en el respeto a la diversidad y los derechos humanos, y que el personal responsable de ejecutarlos y monitorear y evaluar su implementación esté ampliamente capacitado y sensibilizado sobre personas trans y no binarias, quienes tienen que formar parte de estos procesos”, enfatiza Torres.
Aunque algunas dependencias, dice, les han incorporado mediante el lenguaje inclusivo, que es importante para transformar la conciencia humana, hacen falta acciones y medidas integrales que garanticen su acceso a derechos.
Derechos económicos y sociales para las personas trans
Ari Vera y Janet Castillo coinciden en que aunque el reconocimiento a la identidad de género es un derecho llave para acceder a otros, es necesario comenzar a trabajar en la inclusión integral de las personas trans en la vida económica y social mediante medidas afirmativas como el cupo laboral trans.
Animal Político publicó que la Coalición LGBTTTI+ impulsa una iniciativa a nivel nacional, para lograr que el Estado destine un 3% de espacios laborales en el servicio público a personas trans.
“El reconocimiento a la identidad de género es importante, es un reconocimiento que nos da dignidad, pero no nos garantiza el acceso a otros derechos tan importantes, como es a un empleo digno. Si tú tienes como persona un empleo digno y una manera de ingresar a tu vida un aporte, eso te comienza a colocar en un mejor círculo y no de violencia, como estamos acostumbradas la mayoría de las personas trans en México”, apunta Ari Vera.
Janet Castillo coincide en que es necesario transitar a temas como el cupo laboral trans. La lucha por la identidad de género ha sido central, y en general la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) ha establecido ya criterios para garantizar ese derecho, pero es importante a la par retomar otros derechos, que tienen que ver con la vivienda, la educación y el trabajo.
La activista destaca que hasta el día de hoy, por ejemplo, hay personas trans que son rechazadas para rentar una vivienda o que ejercen labores para las que requieren protección y garantía de derechos, como el trabajo sexual.
“Es importante mirar la identidad de género, porque es un tema latente, pero también voltear a estos otros derechos que son igual de necesarios, y que de ello depende mucho la calidad de vida de las personas trans”, señala.
Tener un ingreso mensual y poder acceder a la vivienda permite que las personas trans tomen sus decisiones de transición, de acuerdo con su autopercepción de género, de manera más segura y sin recurrir a medidas insalubres o riesgosas, precisa Vera. Por eso, uno de los retos más importantes del movimiento, dice, es centrar todos los esfuerzos en el tema de inclusión laboral.
“El acceso al empleo es un derecho clave para cambiar esta expectativa de vida que se tiene de las personas trans hasta los 35 años de edad, que lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y este análisis viene precisamente de todas estas violencias: la exclusión económica, la discriminación y la violencia que vivimos y que terminan arrebatando vidas”, afirma la presidenta de la Federación de Empresarios LGBT.
Para ello, explica, hay dos vías: las empresas, que cada vez más se reconocen como aliadas de la diversidad, con acciones puntuales –aunque son, principalmente, aquellas que tienen presencia internacional– y por otro lado, el gobierno, que tendría que poner el ejemplo, de acuerdo con la activista.
“Me parece que el Estado mexicano es el que tiene que generar las condiciones para acelerar esta voluntad por parte de las empresas, que lo están haciendo de manera privada y por ser simplemente aliades. El Estado tiene que crear una política pública muy específica, por ejemplo, así como existen incentivos fiscales para contratar personas con discapacidad o personas indígenas, esto tendría que ampliarse para personas trans”, sostiene Vera.
Con ese fin, es indispensable mirar otras buenas prácticas, como la ley de cupo laboral en Argentina, país que en 2020 expidió el decreto 721/2020 Cupo Laboral Travesti Trans en el Sector Público Nacional, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero.
Además de destacarla como una de las principales demandas que deben trabajarse en los próximos años, Vera subraya igualmente el acceso integral a la salud de las personas trans, con medidas como la unidad de atención a la salud integral de las personas trans en la Ciudad de México. Precisa que el reto principal está en el acceso a la salud y medicamentos de aquellas personas trans que viven con VIH.
Infancias trans, pendiente en 28 estados
Mientras que el reconocimiento de la identidad de género para mayores de 18 años sigue siendo un pendiente casi en la mitad del país, para las personas menores de edad es una realidad apenas en cuatro estados: Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca y Sinaloa, todos en diferentes condiciones.
Mientras que la capital y Oaxaca solo permiten el cambio para adolescentes —12 a 18 años—, Jalisco se ha colocado, hasta ahora, como el estado con mejores condiciones y garantías, así como facilidad en el trámite, para las infancias y adolescencias que quieren cambiar su identidad de género en el acta de nacimiento.
Esto se debe, principalmente, a cuatro factores: no existe límite de edad, no hay restricción territorial (el acta no necesariamente debe haber estado registrada en el estado), el trámite lo hacen personas con perspectiva de derechos de la infancia y diversidad, y no depende de ningún tercer participante. Se trata de un proceso administrativo directo y expedito.
En cambio, la capital del país tiene las limitantes de que solo los adolescentes de 12 a 18 años pueden acceder al trámite, es exclusivo para quienes tienen actas de nacimiento registradas en la Ciudad de México y depende de la aprobación de casos por parte de un consejo donde están representadas cinco dependencias capitalinas, pero solo tres con voto: la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) y la Consejería Jurídica. La instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación capitalino solo tienen derecho de voz.
Esto ha resultado preocupante para activistas y organizaciones de la sociedad civil, señala Janet Castillo de Ledeser, porque la intervención del consejo para ver si procede o no el trámite —cuya función consiste prácticamente sólo en la revisión y aprobación de los documentos— es obligatoria y en determinado momento, dependiendo las personas que lo integren, podría prestarse a la discrecionalidad y dar una opinión negativa.
Además, de los casos que ha acompañado la organización, 40% habían sido registrados en otros estados y les fue imposible realizar el trámite en la capital: “Ese es otro candado que no garantiza más allá de la capital, y a final de cuentas no es realmente protector, teniendo en cuenta que hay muchas familias de otros estados que están buscando este trámite y buscan otras opciones; la ciudad no sería una de ellas”, lamenta Castillo.
Mientras que en Oaxaca el trámite es similar a la Ciudad de México, en Sinaloa no existe límite de edad, pero sí se establece la intervención obligatoria de su procuraduría defensora de los derechos de la niñez para valorar la madurez cognitiva de las infancias. El procedimiento de Sinaloa, más el precedente que la semana pasada sentó la SCJN al dejar abierta la posibilidad de que los registros civiles pidan pruebas psicológicas o psiquiátricas, podría contribuir a esa tendencia en otros estados, alerta Castillo.
Por lo tanto, un pendiente fundamental para las poblaciones LGBT, de acuerdo con la activista, es borrar los estigmas sobre las vivencias de las infancias trans y erradicar ideas adultocéntricas que siguen obstaculizando sus derechos.
“Ellos saben quiénes son, no se trata de gustos o preferencias, sino de cómo me identifico, cómo me nombro… Cuando nos nombramos de una manera diferente a la que nos fue asignada al nacer, es donde viene el estigma y la discriminación imperante”.
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Los lugareños de islas griegas defienden su derecho a acceder gratuitamente a playas tomadas por negocios que cobran precios exorbitantes por una reposera.
En toda Grecia, los lugareños están actuando por cuenta propia y tirando sus toallas en la arena para reclamar libre acceso a sus playas y a la naturaleza sin pagar un alto precio por ello.
Era cerca del atardecer del domingo 3 de septiembre en Paros, una popular isla turística en la región griega de las Cícladas.
Unas 50 personas se reunieron en la playa de Parikia, cerca del puerto principal de la isla. Detrás de ellos, el cielo brillaba con un color naranja intenso sobre el mar azul. A un lado, un icónico molino de viento de las Cícladas se recortaba contra el horizonte. Al otro, una franja de reposeras pertenecientes a un bar se extendía sobre la arena.
Incluso si nunca has visitado Grecia, algunas partes de esta escena probablemente te suenen familiares. Sin embargo, ese día también hubo algunos detalles inusuales. Tres de las personas que se habían congregado sostenían un enorme cartel que decía: “Reclamen la playa”. Junto a ellos había un hombre con un altavoz.
Mientras el público observaba, el hombre leyó en voz alta partes de la Constitución griega, que establece que las playas y otras áreas naturales pertenecen a los ciudadanos del país.
La protesta fue parte de una campaña que los medios han denominado la “revuelta de las toallas de playa”, en la que los lugareños reclaman el acceso gratuito a las playas que han sido tomadas por bares y otros negocios que ofrecen reposeras y sombrillas a precios exorbitantes.
Si bien el movimiento comenzó en Paros, ahora se ha extendido por toda Grecia e incluso a la vecina Turquía. Los activistas exigen espacio para dejar sus toallas de forma gratuita.
BBC Travel habló con activistas y lugareños para comprender de qué se tratan las protestas, por qué son importantes y qué significa este movimiento tanto para los turistas como para los residentes locales.
¿Cómo comenzaron las protestas?
Las protestas comenzaron en Paros en mayo de 2023, cuando un grupo de residentes, que ya se reunían periódicamente para hablar sobre cuestiones medioambientales en la isla, comenzaron a discutir cómo los lugares donde era posible nadar y tomar el sol libremente (sin tener que pagar por una reposera) eran cada vez más escasos. El cambio es un síntoma de cómo la isla atiende cada vez más a los turistas a expensas de los locales.
Los negocios junto a la playa que instalan reposeras y sombrillas deben solicitar licencias al Ministerio de Finanzas para utilizar partes designadas de la playa. Deben realizarse controles periódicos para garantizar que esos negocios no ocupen más espacio del que permiten sus licencias. Sin embargo, los manifestantes alegan que estos controles rara vez (o nunca) se llevan a cabo.
Como resultado, los espacios libres son cada vez más escasos.
Los residentes crearon una página de Facebook llamada Save Paros Beaches y comenzaron a organizar manifestaciones, pidiendo medidas enérgicas contra estos operadores privados.
También utilizaron imágenes de drones para documentar las reposeras ilegales, comparando sus ubicaciones con las áreas designadas por el gobierno.
“Esto cambió las reglas del juego, porque el nivel de ilegalidad se podía ver muy claramente”, señaló Nicolas Stephanou, un residente local. Stephanou dice que su grupo encontró lugares donde las reposeras y sombrillas ocupaban hasta 10 veces el espacio permitido.
¿Dónde se han extendido las protestas?
El movimiento ganó impulso rápidamente. La manifestación del 3 de septiembre marcó el inicio de una nueva campaña a nivel nacional y fue la primera vez que se produjeron múltiples protestas con toallas de playa en diferentes regiones de Grecia el mismo día.
Ha habido manifestaciones en la isla vecina de Naxos y en la isla meridional de Creta. Más recientemente, se han sumado las islas de Rodas y Egina, así como Ática, la región continental donde se encuentra Atenas.
El lugar de la protesta de Paros es particularmente simbólico. La playa principal del pueblo central de la isla es el lugar más popular entre los lugareños para darse un chapuzón después del trabajo.
Eleni Andrianopoulou, portavoz de la campaña de Naxos, dijo que ella y otros lugareños se habían sentido frustrados por el desarrollo excesivo en las playas durante varios años, pero no estaban seguros de cómo actuar. Luego de enterarse de lo que estaba sucediendo en Paros, inmediatamente se inspiraron para comenzar su propia campaña en Facebook.
“Creo que este es un verdadero cambio de paradigma para Grecia“, afirmó.
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¿Por qué son tan importantes estas protestas?
Muchos griegos todavía sufren financieramente desde la crisis de deuda del país hace más de una década y no pueden permitirse pagar por una reposera cada vez que visitan la playa. El sol y el mar son una gran parte de la cultura griega. El azul de la bandera griega representa el mar Egeo y la mayoría de los griegos tienen fuertes recuerdos de la infancia de pasar veranos en la playa.
Sin embargo, los activistas dicen que las playas son sólo una parte de una lucha mayor. Grecia es uno de los destinos vacacionales más populares de Europa y los manifestantes dijeron a la multitud reunida que debe abordarse el turismo excesivo junto a los problemas sociales y ambientales que conlleva.
¿Qué hay detrás del problema?
El turismo es la mayor industria de Grecia. En 2021 el país recibió 15 millones de visitantes, una vez y media su población total. Sin embargo, muchos griegos sostienen que el auge del turismo no se ha gestionado adecuadamente. Los municipios locales no tienen capacidad para controlar el flujo de visitantes, y las instituciones débiles hacen que sea fácil para empresas de todo tipo eludir las reglas.
Por otra parte, en los últimos años, los sucesivos gobiernos han utilizado la industria del turismo para ayudar a la economía del país a recuperarse, primero de la crisis financiera de 2008 y luego de la pandemia de covid-19. Los políticos han promocionado fuertemente al país como un destino de sol y mar y han facilitado a los inversores extranjeros la apertura de negocios relacionados con el turismo.
“Existe desde hace mucho tiempo una falta de supervisión, lo que ha llevado a una mayor impunidad“, afirmó Efthymia Sarantakou, analista de la Universidad de Ática Occidental.
Sarantakou señala que múltiples instituciones no han implementado controles y contrapesos, lo que ha dejado a algunas empresas en libertad para realizar comportamientos que califica de “mafiosos”.
“Hay denuncias de residentes que fueron intimidados por empleados de bares cuando intentaron sentarse en una parte libre de la playa.”
El alcalde de Naxos, Dimitris Lainos, afirma que muchas empresas en su isla respetan la ley. Sin embargo, “hemos visto que el Ministerio de Finanzas no dispone del personal necesario para realizar controles adecuados”, agregó.
¿Está funcionando la “revuelta de las toallas de playa”?
Parece que las protestas están surtiendo efecto. Gracias a la atención de los medios, las autoridades llevaron a cabo inspecciones en una de las playas más afectadas de Paros: una franja de arena en un área protegida que estaba cubierta de tumbonas a pesar de que no se habían emitido licencias para ello.
Como resultado, la playa ahora está libre de reposeras.
Sin embargo, la situación se mantiene sin cambios en otras playas. En Naxos se llevaron a cabo nuevos controles en respuesta a las protestas, pero muchos propietarios de negocios fueron alertados previamente y simplemente retiraron sus reposeras antes de que llegaran los inspectores.
“Quiero creer que estas protestas conducirán a una mayor participación ciudadana en la gestión de los destinos turísticos y, por supuesto, en la gestión de los espacios públicos”, afirmó Sarantakou. “Esto sólo puede lograrse mediante mejoras en el marco institucional y supervisión”.
¿Qué sucederá ahora?
Puede que la temporada alta de verano haya terminado, pero los activistas señalan que las protestas de septiembre marcaron el verdadero comienzo de su trabajo. En Naxos, Andrianopoulou recuerda que no sólo reclaman controles más frecuentes, sino también más transparencia sobre cómo y a quién se otorgan las licencias.
Y Stephanou, de la campaña de Paros, relata que su grupo quiere presentar una estrategia completa para un modelo de turismo más sostenible en Grecia.
“Ahora mismo los precios están fuera de control“, afirmó. “La mayoría de la gente no puede permitirse el lujo de ir a un bar o a un restaurante. El tráfico es insoportable”. Si no eres propietario de una casa es difícil encontrar una para alquilar que no sea Airbnb, lo que ha provocado escasez de trabajadores clave como médicos, enfermeras y profesores.
¿Qué significa el movimiento para los turistas?
Si se cumplen las exigencias de los manifestantes habrá más espacio en las playas griegas para tomar sol de forma gratuita, algo que muchos viajeros agradecerán.
En décadas anteriores, la mayoría de las islas griegas eran conocidas como destinos económicos para mochileros bohemios, y muchos lugareños sienten que el libre acceso a las playas está en consonancia con esta reputación tradicional.
A Stephanou le gustaría que se dejara de promocionar a las islas Cícladas como un destino de lujo. “Aquí hay una historia asombrosa, sitios arqueológicos, senderos para caminar, buen vino y productos agrícolas”, dijo. “Esto puede atraer a un visitante más responsable que aquellos que simplemente quieren sentarse en una reposera con un cóctel“.
Los viajeros que no quieran contribuir a los problemas del turismo excesivo pueden sentirse inspirados a explorar el lado menos conocido de Grecia, como las oportunidades de senderismo en el espectacular paisaje montañoso que cubre todo el país, una gran actividad fuera de los meses pico de verano, cuando el clima es un poco más fresco.
Sin embargo, si realmente deseas pasar un tiempo relajándote en una reposera, ten la seguridad de que no desaparecerán por completo: los activistas sólo quieren verlas restringidas a las áreas habilitadas por licencias. Los visitantes de Paros pueden comprobar si las reposeras son legales en el sitio web de la campaña.
Esta nota fue publicada originalmente en BBC Travel. Puedes ver la nota original en inglés haciendo clic aquí.
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