Los crímenes de odio hacia las personas trans, la falta de reconocimiento a la identidad de género en cerca de la mitad de los estados del país, la garantía de otros derechos y la visibilidad de las necesidades de las personas no binarias son algunos de los pendientes más importantes en vísperas de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTI+, de acuerdo con activistas.

Según la organización Transgender Europe, México sigue ocupando el segundo lugar con mayor número de homicidios a personas trans, mientras que únicamente 15 estados del país han reformado sus leyes para permitir el cambio de identidad de género, y hasta ahora, solo cuatro lo permiten para infancias o adolescencias.

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Ari Vera, presidenta de Almas Cautivas AC y de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, señala que el alto índice de crímenes de odio hacia las personas trans ha sido provocado, sobre todo, como consecuencia de los mensajes de odio que se colocan a través de grupos conservadores que consideran que estas poblaciones no deben siquiera ocupar el mismo espacio.

“Hay ejercicios de ciudadanía diferenciados; hay lugares como la Ciudad de México, donde podemos acceder al reconocimiento de la identidad de género, pero hay estados de la República donde no. Tenemos realidades diferentes de ser personas trans aun estando en el mismo país y territorio”, lamenta Vera.

“En esta conmemoración —añade— tendríamos que demandar, y exigir a las autoridades que se garantice el derecho a la identidad de género en toda la República, así como salvaguardar y garantizar el acceso a la salud, sobre todo de las personas trans que viven con VIH, y erradicar la violencia transfeminicida que vivimos en este país”.

Visibilidad de personas no binarias

Además del reconocimiento de identidad de género para personas trans, para Janet Castillo, coordinadora del área legal de la organización Ledeser, otro pendiente fundamental es la visibilidad de las personas no binarias, sus vivencias y sus necesidades. 

Para ella, es importante visualizarlas, porque en los estados donde hay reconocimiento de la identidad de género, incluso en aquellos que contemplan infancias y adolescencias, todo es masculino y femenino. “Es un camino que se empieza a abrir, pero a final de cuentas es una necesidad imperante”, apunta.

Un primer paso se dio apenas el pasado 11 de febrero, cuando Guanajuato tuvo que reconocer, por instrucción de un juez, a una persona no binaria originaria de la ciudad de Celaya, un par de meses después de que promoviera un juicio de amparo tras la negativa del Registro Civil. 

Hasta hoy, Argentina es el primer país de la región en reconocerles en los sistemas de registro e identificación, al incorporar esta opción en su documento nacional de identificación. 

Miguel Torres, de la colectiva Juntrans Fest, precisa que a partir de la falta de reconocimiento de las identidades no binarias, muchas de ellas enfrentan grandes obstáculos para acceder a servicios de salud en general, pero específicamente de salud sexual y reproductiva. 

Por ejemplo, en los espacios médico-hospitalarios, suelen enfrentarse a discriminación, negación de servicios o el cuestionamiento y patologización de su identidad por parte del personal de salud.

Al igual que en el caso de las personas trans, también está pendiente la garantía de sus derechos laborales y de vivienda. Además, los contextos de precariedad y empobrecimiento de los que muchas veces provienen les colocan en situaciones de vulnerabilidad como desalojo, movilidad forzada o vivir en calle.

En empleos y educación, agrega Torres, suelen enfrentar acoso, señalamiento, discriminación y falta de oportunidades. Incluso situaciones básicas, como ir al baño, se convierten en experiencias de ansiedad y estrés, ante la falta de infraestructura.

“Es necesario crear protocolos de atención basados en el respeto a la diversidad y los derechos humanos, y que el personal responsable de ejecutarlos y monitorear y evaluar su implementación esté ampliamente capacitado y sensibilizado sobre personas trans y no binarias, quienes tienen que formar parte de estos procesos”, enfatiza Torres.

Aunque algunas dependencias, dice, les han incorporado mediante el lenguaje inclusivo, que es importante para transformar la conciencia humana, hacen falta acciones y medidas integrales que garanticen su acceso a derechos.

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Derechos económicos y sociales para las personas trans

Ari Vera y Janet Castillo coinciden en que aunque el reconocimiento a la identidad de género es un derecho llave para acceder a otros, es necesario comenzar a trabajar en la inclusión integral de las personas trans en la vida económica y social mediante medidas afirmativas como el cupo laboral trans.

Animal Político publicó que la Coalición LGBTTTI+ impulsa una iniciativa a nivel nacional, para lograr que el Estado destine un 3% de espacios laborales en el servicio público a personas trans.

“El reconocimiento a la identidad de género es importante, es un reconocimiento que nos da dignidad, pero no nos garantiza el acceso a otros derechos tan importantes, como es a un empleo digno. Si tú tienes como persona un empleo digno y una manera de ingresar a tu vida un aporte, eso te comienza a colocar en un mejor círculo y no de violencia, como estamos acostumbradas la mayoría de las personas trans en México”, apunta Ari Vera.

Janet Castillo coincide en que es necesario transitar a temas como el cupo laboral trans. La lucha por la identidad de género ha sido central, y en general la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) ha establecido ya criterios para garantizar ese derecho, pero es importante a la par retomar otros derechos, que tienen que ver con la vivienda, la educación y el trabajo.

La activista destaca que hasta el día de hoy, por ejemplo, hay personas trans que son rechazadas para rentar una vivienda o que ejercen labores para las que requieren protección y garantía de derechos, como el trabajo sexual.

“Es importante mirar la identidad de género, porque es un tema latente, pero también voltear a estos otros derechos que son igual de necesarios, y que de ello depende mucho la calidad de vida de las personas trans”, señala.

Tener un ingreso mensual y poder acceder a la vivienda permite que las personas trans tomen sus decisiones de transición, de acuerdo con su autopercepción de género, de manera más segura y sin recurrir a medidas insalubres o riesgosas, precisa Vera. Por eso, uno de los retos más importantes del movimiento, dice, es centrar todos los esfuerzos en el tema de inclusión laboral.

“El acceso al empleo es un derecho clave para cambiar esta expectativa de vida que se tiene de las personas trans hasta los 35 años de edad, que lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y este análisis viene precisamente de todas estas violencias: la exclusión económica, la discriminación y la violencia que vivimos y que terminan arrebatando vidas”, afirma la presidenta de la Federación de Empresarios LGBT.

Para ello, explica, hay dos vías: las empresas, que cada vez más se reconocen como aliadas de la diversidad, con acciones puntuales –aunque son, principalmente, aquellas que tienen presencia internacional– y por otro lado, el gobierno, que tendría que poner el ejemplo, de acuerdo con la activista.

“Me parece que el Estado mexicano es el que tiene que generar las condiciones para acelerar esta voluntad por parte de las empresas, que lo están haciendo de manera privada y por ser simplemente aliades. El Estado tiene que crear una política pública muy específica, por ejemplo, así como existen incentivos fiscales para contratar personas con discapacidad o personas indígenas, esto tendría que ampliarse para personas trans”, sostiene Vera.

Con ese fin, es indispensable mirar otras buenas prácticas, como la ley de cupo laboral en Argentina, país que en 2020 expidió el decreto 721/2020 Cupo Laboral Travesti Trans en el Sector Público Nacional, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero.

Además de destacarla como una de las principales demandas que deben trabajarse en los próximos años, Vera subraya igualmente el acceso integral a la salud de las personas trans, con medidas como la unidad de atención a la salud integral de las personas trans en la Ciudad de México. Precisa que el reto principal está en el acceso a la salud y medicamentos de aquellas personas trans que viven con VIH.

Infancias trans, pendiente en 28 estados

Mientras que el reconocimiento de la identidad de género para mayores de 18 años sigue siendo un pendiente casi en la mitad del país, para las personas menores de edad es una realidad apenas en cuatro estados: Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca y Sinaloa, todos en diferentes condiciones.

Mientras que la capital y Oaxaca solo permiten el cambio para adolescentes —12 a 18 años—, Jalisco se ha colocado, hasta ahora, como el estado con mejores condiciones y garantías, así como facilidad en el trámite, para las infancias y adolescencias que quieren cambiar su identidad de género en el acta de nacimiento.

Esto se debe, principalmente, a cuatro factores: no existe límite de edad, no hay restricción territorial (el acta no necesariamente debe haber estado registrada en el estado), el trámite lo hacen personas con perspectiva de derechos de la infancia y diversidad, y no depende de ningún tercer participante. Se trata de un proceso administrativo directo y expedito.

En cambio, la capital del país tiene las limitantes de que solo los adolescentes de 12 a 18 años pueden acceder al trámite, es exclusivo para quienes tienen actas de nacimiento registradas en la Ciudad de México y depende de la aprobación de casos por parte de un consejo donde están representadas cinco dependencias capitalinas, pero solo tres con voto: la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) y la Consejería Jurídica. La instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación capitalino solo tienen derecho de voz.

Esto ha resultado preocupante para activistas y organizaciones de la sociedad civil, señala Janet Castillo de Ledeser, porque la intervención del consejo para ver si procede o no el trámite —cuya función consiste prácticamente sólo en la revisión y aprobación de los documentos— es obligatoria y en determinado momento, dependiendo las personas que lo integren, podría prestarse a la discrecionalidad y dar una opinión negativa.

Además, de los casos que ha acompañado la organización, 40% habían sido registrados en otros estados y les fue imposible realizar el trámite en la capital: “Ese es otro candado que no garantiza más allá de la capital, y a final de cuentas no es realmente protector, teniendo en cuenta que hay muchas familias de otros estados que están buscando este trámite y buscan otras opciones; la ciudad no sería una de ellas”, lamenta Castillo.

Mientras que en Oaxaca el trámite es similar a la Ciudad de México, en Sinaloa no existe límite de edad, pero sí se establece la intervención obligatoria de su procuraduría defensora de los derechos de la niñez para valorar la madurez cognitiva de las infancias. El procedimiento de Sinaloa, más el precedente que la semana pasada sentó la SCJN al dejar abierta la posibilidad de que los registros civiles pidan pruebas psicológicas o psiquiátricas, podría contribuir a esa tendencia en otros estados, alerta Castillo.

Por lo tanto, un pendiente fundamental para las poblaciones LGBT, de acuerdo con la activista, es borrar los estigmas sobre las vivencias de las infancias trans y erradicar ideas adultocéntricas que siguen obstaculizando sus derechos.

“Ellos saben quiénes son, no se trata de gustos o preferencias, sino de cómo me identifico, cómo me nombro… Cuando nos nombramos de una manera diferente a la que nos fue asignada al nacer, es donde viene el estigma y la discriminación imperante”.