En tan solo ocho meses de este 2023, las solicitudes de refugiados en México ya sobrepasaron las 100 mil, por lo que la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) advierte que en este año, muy probablemente, se superarán las 150 mil peticiones, “lo cual rebasa por mucho el récord histórico de las casi 130 mil de 2021”, en palabras del propio titular de la Comar, Andrés Ramírez.
A pesar de estas cifras récord y de que ya en la frontera sur de México, especialmente en Chiapas, se está viviendo una crisis humanitaria, el presupuesto que la Secretaría de Hacienda pidió para la Comar en 2024 es de apenas 51 millones de pesos, lo que representa hasta 40 veces menos que lo que se destinará al organismo encargado, principalmente, de detener y deportar a personas migrantes: el Instituto Nacional de Migración (INM), que tendrá a su disposición casi 1,900 millones de pesos.
Mientras miles de personas migrantes arriban a diario a la frontera mexicana, en busca de asilo o de continuar su camino hacia Estados Unidos ―apenas el pasado lunes se produjo en Tapachula una ‘estampida’ con miles de personas en las oficinas de la Comar que dejó dos migrantes lesionados―, el presupuesto del próximo año de la comisión para atender a los refugiados supondrá apenas un aumento de 1%, en términos reales, es decir, ya sin el efecto de la inflación, en comparación con este 2023, y un 1.8% en relación a 2022.
Sin embargo, si se compara con 2020, año del inicio de la pandemia, el presupuesto destinado a la atención de personas solicitantes de refugio tendrá un recorte en términos reales del 8.2%.
“Definitivamente, el presupuesto no es suficiente”, asegura en entrevista con Animal Político Andrés Ramírez, titular de la Comar, quien hace hincapié en la necesidad de obtener más recursos ante las “cifras nunca antes vistas” de solicitudes de refugio que están llegando a la dependencia.
Por poner otro ejemplo de la magnitud de la situación, apunta Ramírez, solo en el centro de atención que tiene la Comar en Tapachula, conocido como ‘Los Laureles’, donde los migrantes llegan a hacer cita para una posterior solicitud de refugio, la dependencia registró en enero pasado 14 mil 600 citas ―unas 486 cada día―. “Ese ya es un número muy grande, extraordinario”, subraya Ramírez.
En febrero bajó a 9 mil 400; y en abril y mayo bajó de nuevo a 6 mil 900. “Pero en julio ya empezó un repunte muy fuerte, tuvimos 12 mil 400, aunque el caso tremendo fue en agosto pasado con 20 mil 700 citas (690 al día)“. Y en septiembre, hasta el 13, ya se registraban 9 mil 800 citas, algo muy similar a lo sucedido en agosto.
“De enero al 13 de septiembre, solo ahí en Los Laureles, hemos atendido a 154 mil 200 personas, lo que corresponde a 97 mil 741 folios, que son por familia. Es un número enorme”, insiste el titular de la Comar.
Además, advierte que en las próximas semanas el flujo puede aumentar, pues medios internacionales están dando a conocer fotografías de miles de personas, en su gran mayoría venezolanos, cruzando a pie la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con destino la frontera entre México y Estados Unidos.
Ante este contexto, Ramírez vuelve a recalcar sobre la urgencia de contar con más recursos, tanto de dinero como personal extra, para poder afrontar la atención a tal cantidad de personas.
Por el momento, dice, continuarán dependiendo en buena medida del apoyo que la ACNUR, la agencia para los refugiados de la ONU, está brindando a la Comar desde el arranque de este sexenio, tanto con presupuesto como con apoyo de personal.
También, señala que se mantienen a la espera de que, próximamente, quede reflejado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ‘fusión’ de la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur, que también depende de la Segob, con lo que absorberán sus algo más de 75 millones de presupuesto solicitado para 2024 y también a su personal operativo.
Sin embargo, la magnitud de la crisis humanitaria es tan grande que nada de lo anterior parece suficiente.
“Ni con el presupuesto asignado, ni con el apoyo del ACNUR, ni con esta fusión vamos a estar en la capacidad operativa que nosotros requerimos, simple y sencillamente porque el flujo ha aumentado mucho y sigue aumentando de manera extraordinaria. Y, además, todas las señales apuntan a que por El Darién está llegando mucha gente y también por la vía de Nicaragua. Ahora mismo, el panorama es bastante complejo para la Comar”, comenta Ramírez.
La Comar ha solicitado a los diputados sumar a los 51 millones proyectados, otros 56 millones de pesos extra para la contratación de 148 jefes de departamento adicionales.
“Estamos haciendo cabildeo para tratar de lograr más recursos, aunque no nos ha ido bien en el pasado. Pero no hay peor lucha que la que no se hace, y nosotros lo vamos a intentar hasta el final”, comenta resignado el titular de la Comar.
Gilda Álvarez, coordinadora de atención y servicio de la organización civil Sin Fronteras, explica en entrevista que en estos momentos se están dando dos contextos migratorios muy problemáticos, que explican en parte las imágenes de miles de personas en la frontera sur mexicana, y en otros puntos, como la propia capital mexicana, donde hay también una situación de albergues saturados.
“Por un lado, hay poblaciones de migrantes que se quedan esperando en México a su cita en Estados Unidos para su solicitud de asilo, a través de la aplicación CBP One. Y por otro lado, tenemos a otras que se quedan a esperar la respuesta de la Comar a su solicitud de refugio aquí. Y todo esto hace que sea mucho más complejo tener una intervención, además de que el Estado mexicano no está cubriendo con las necesidades de esta población”, plantea.
Si bien Álvarez destaca el apoyo de organizaciones internacionales como el ACNUR, así como el de organizaciones civiles mexicanas, critica que buena parte del peso de dar una atención humanitaria a estas miles de personas recaiga, como en sexenios pasados, en el voluntariado y no en el Gobierno de México.
“Las personas migrantes están en la incertidumbre en todo momento, y esto genera afectaciones en su salud mental y propicia que se encuentren en contextos de mayor vulnerabilidad todavía, pues esas personas quieren comer, trabajar, generar ingresos, y seguir con su vida de alguna manera en lo que tienen una respuesta de las autoridades”, agrega la integrante de Sin Fronteras.
Ante este contexto “de tiempos tan tardados, desinformación, y de incertidumbre”, muchos migrantes también están optando por moverse de la frontera sur hacia el norte, lo que está generando muchas “deserciones” en las solicitudes de asilo.
Además de que, nuevamente, se están repitiendo escenas del pasado, como ejemplo, la del viejo ferrocarril conocido como ‘La Bestia’ repleto de migrantes que viajan en condiciones inhumanas y de inseguridad hacia la frontera con Estados Unidos.
De hecho, este martes 19 de septiembre, la empresa Ferromex anunció en sus redes sociales que detuvo temporalmente la operación de 60 trenes.
“Ante el notable incremento de personas migrantes concentradas en diversas regiones del país, y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas la utilización de trenes de carga para transportarse, Ferromex tiene detenidos temporalmente y hasta el momento 60 trenes, equivalente a la capacidad de 1 mil 800 camiones, en rutas hacia el norte del país, en las regiones impactadas por esta problemática social y humanitaria”, señaló la compañía en un comunicado.
Asimismo, Ferromex indicó que en días recientes se registraron “cerca de media docena de lamentables casos de lesiones o fallecimientos entre los grupos de personas que de manera individual o en familias, integradas incluso por niñas y niños, abordaron en su ruta hacia el norte, trenes de carga, a pesar del grave peligro que ello implica”.
La empresa ferroviaria detalló que la acumulación de migrantes “se ha incrementado de manera significativa” en el patio de operaciones y en los trenes a su paso por Torreón, Coahuila, donde hay más de 1 mil 500 personas; en Guanajuato, con más de 800; en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, con alrededor de mil; y en la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez, “donde más de 1 mil personas ocupan las góndolas de carga”.
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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