La Secretaría de Educación Pública federal (SEP) incumplió con la entrega de la documentación relacionada con las asambleas en las que se consultaron los nuevos libros de texto gratuitos y los planes para el ciclo escolar 2023-2024, mismos que, por resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública (INAI) debía proporcionar a más tardar este jueves 21 de septiembre.
De acuerdo con la resolución al recurso de revisión RA 82222/23, emitida por el INAI el pasado 6 de septiembre, la SEP contaba con diez días hábiles para proporcionar la versión pública de las expresiones documentales sobre las asambleas, en las que se incluya los municipios donde se realizaron, los funcionarios públicos que participaron y el número de asistentes en cada uno de los foros.
Además, debía entregar las minutas, acuerdos, actas o cualquier documento resultado de los foros, pudiendo clasificar únicamente datos como nombre y domicilio de personas físicas.
Esta resolución se dio luego de que el INAI determinó que las asambleas correspondientes a este proceso se dieron entre mayo y enero de 2022, por lo que no se considera que estas continúen en desarrollo, o que el dar a conocer la información de las consultas pueda poner en peligro la elaboración de los libros que ya fueron entregados en los centros escolares.
También indica que las evidencias que dio la SEP sobre la participación de los asistentes son insuficientes para corroborar que estos actos se dieron conforme a las formalidades de un diálogo democrático.
En caso de que la SEP incumpliera con el mandato ―como ocurrió―, la resolución explica que se procederá de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece medidas de apremio contra el sujeto obligado, que pueden ser una amonestación pública o una multa de 150 hasta 1500 Unidades de Medida y Actualización.
El pasado 14 de junio, la SEP clasificó la información relacionada con las consultas de los nuevos libros de texto y planes escolares, en respuesta de la solicitud con folio 330026023002356, con el argumento de que los datos contenidos eran de carácter personal, y que al ser un proceso deliberativo en curso podía afectar el desarrollo de los materiales educativos.
Posteriormente, el pasado 9 de agosto, en conferencia de prensa la titular de la SEP, Leticia Ramírez, se comprometió a hacer pública esta información, y explicó que fue reservada por un “procedimiento jurídico”.
Leticia Ramírez dijo que la SEP buscaría la forma para poner a consulta la información sobre quiénes participaron en la elaboración de los materiales y las propuestas.
Debido a que en los días posteriores no ocurrió la difusión de estos datos, el 17 de agosto se le cuestionó nuevamente al respecto, y en respuesta la funcionaria afirmó ante medios de comunicación que un comité de transparencia de la SEP había desclasificado la información, misma que estaría a disposición de quien la solicite.
Tras este anuncio, Animal Político solicitó a la SEP la consulta de la información a través de su unidad de transparencia y área de comunicación, pero al día de hoy la documentación no ha sido proporcionada, ni se ha recibido respuesta por parte de los funcionarios responsables.
En la primera conferencia de prensa ofrecida por la SEP para hablar de los nuevos libros de texto, el director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, afirmó que su elaboración pasó por un proceso de consulta en el que participaron más de un millón de personas, en 32 asambleas.
Según el Quinto Informe de la actual administración de la SEP, de estas 56 mil 376 se dieron por parte de la comunidad educativa en los diferentes niveles de educación básica, y 976 mil 238 fueron virtuales, es decir, personas que se conectaron de manera remota a las reuniones.
Con estos datos, el gobierno afirma que un total de 1 millón 32 mil 614 personas participaron en esta consulta, lo cual no puede ser corroborado porque la documentación correspondiente continúa sin estar disponible para su lectura pública.
Aunque los nuevos libros de texto ya fueron entregados en escuelas de 29 de los 32 estados del país, estos continúan bajo proceso judicial, debido a un amparo interpuesto en mayo pasado por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), asociación que reclama que no hubo consulta de los materiales educativos, como establece la Ley General de Educación que debe ocurrir.
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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